Laura* y José* le apostaron todo al sueño de vivir en el edificio Atalaya de la Mota. A mediados de 2019 vendieron su carro, la propiedad pequeña donde vivían y contrajeron un crédito para adquirir un apartamento en el segundo piso de una de las torres de la urbanización. Nunca imaginaron la película que estaban por vivir: en menos de un año, el edificio se sacudiría por fallas estructurales, una pandemia los dejaría sin empleo y, encima, las facturas seguirían llegando.
“Estamos en una situación muy difícil, de mucha incertidumbre. Mi esposo es vendedor ambulante y mi hijo trabajaba en el centro comercial Monterrey, pero ahora todo está cerrado”, narró Laura, una de las copropietarias del edificio que, el pasado 23 de octubre, presentó una afectación estructural en una columna del piso dos de los parqueaderos, lo que obligó a su completa evacuación.
Desde entonces, Laura y su familia duermen en una habitación en casa de sus suegros. “Afortunadamente la constructora nos ha seguido suministrando un subsidio con el que nos alimentamos”, dijo. Sin embargo, este es insuficiente ante las facturas que continúan llegando: cuota hipotecaria del apartamento en Atalaya, impuesto predial, cobro de administración y cuota para pagarles a los abogados y al ingeniero que los asesoran.
“Por tres meses, el banco nos congeló la cuota del crédito. Tampoco hubo cobro de impuesto predial”, aseguró. Sin embargo, a partir de marzo, las facturas empezaron a llegar de nuevo.
Un caso similar narra Gloria León, también copropietaria, quien asegura que ha pasado los tiempos de cuarentena en un apartaestudio junto a su esposo y su hija. “No tenemos electrodomésticos porque todo quedó allá y aquí no tendríamos espacio”, explicó.
La fe sí la conserva. “Esperamos volver pronto. Pagamos arriendo y el resto de facturas correspondientes a Atalaya”, expresa, y reconoce que ha sido posible sobrellevar la situación gracias al subsidio de la constructora. “Nos ha cumplido desde el día cero”.
