Este año la celebración de la Semana Santa en Envigado tendrá un ingrediente adicional: la Alcaldía podrá, si así lo considera, financiar total o parcialmente esta celebración religiosa sin riesgo de acciones legales por invertir recursos en ello.
Así lo definió la Corte Constitucional, al resolver una demanda contra el artículo 8° de la Ley 1812 de 2016, que dispone que las administraciones de Envigado y Antioquia están autorizadas para asignar partidas presupuestales, anualmente, para el desarrollo de la Semana Santa, declarada en esa misma ley como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Nación.
El demandante, de acuerdo con la Corte, planteaba que dicho artículo “transgrede la igualdad en materia religiosa, al autorizar partidas presupuestales en pro de un culto de carácter particular, como lo es la religión Católica, desfavoreciendo a las personas o comunidades que no comparten esta confesión”.
La Sala añadió que el demandante también argumentó que en la norma “no se advierte cuál es el valor cultural desde el punto de vista histórico, artístico o científico de este evento, en comparación a las realizadas por las demás parroquias, ciudades y/o credos e iglesias a lo largo del país en esas fechas”.
Entre los argumentos escuchados por la Corte, está el de la Universidad de Antioquia, que planteó que la norma es inexequible, “pues se desconoce el principio de laicidad y neutralidad del Estado, y no es constitucionalmente válido destinar recursos para este tipo de actividades que terminan por beneficiar a una determinada confesión”.
No obstante, para el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, si bien las acciones de la Semana Mayor son de órdenes religiosas, con el tiempo se ha convertido en expresión cultural, por lo que debe protegerse.
“Las autoridades no deben promover ni financiar actividades de naturaleza religiosa, aunque si el elemento preponderante secular, es por ejemplo el turismo, la cultura, la música, en esos casos sí es constitucional”, aseguró.
