154
piscinas entre privadas y públicas funcionan en la comuna de Belén.
3
piscinas registradas tiene, entre privadas y públicas, el sector de Guayabal.
Aunque el marco normativo de las piscinas en el país, en especial el decreto 0554 de 2015, fue derogado en marzo pasado, la Secretaría de Salud de Medellín y las del Valle de Aburrá, vienen haciéndoles seguimiento en calidad del agua y buenas prácticas sanitarias para garantizar la tranquilidad de los bañistas.
En el caso de Medellín hay 872 piscinas funcionando de las 934 que tiene la ciudad. Las otras no operan por falta de recursos de los propietarios o no las volvieron a usar o son decorativas.
Para su buen funcionamiento, la Secretaría de Salud de la ciudad realiza un monitoreo de la calidad del agua y evaluación de buenas prácticas sanitarias tres veces al año y emite un concepto sanitario tanto de las de uso restringido como las de unidades residenciales, hoteles, casafincas, universidades y colegios, así como de las 96 públicas que tiene Medellín que son del Inder, cajas de compensación y estaderos.
Este concepto establece que el 15,3 por ciento tanto de las públicas como las de uso restringido tienen concepto favorable (les expiden un sello verde); un 83,2 por ciento son favorables con requerimiento (sello amarillo) y 1,5 por ciento desfavorable (sello rojo).
Es fundamental la calidad
Diana Acevedo, técnica de Aguas de Uso Recreativo de la Secretaría de Salud de Medellín, aseveró que hace falta que se reglamenten las normas, porque hasta el momento no se sabe qué entidad debe hacer cumplir las disposiciones sobre criterios técnicos y dispositivos de seguridad de las piscinas y en el caso de Medellín no se ha asignado esa competencia.
Agregó que en las tres visitas que hacen, las muestras las realizan, en especial, los fines de semana que es cuando más usuarios hay.
Informó que en los últimos resultados de los exámenes microbiológicos que han realizado encontraron que un 27 por ciento de las piscinas de Medellín tienen presencia de pseudomonas aeruginosa (bacterias), que ocasionan dermatitis, conjuntivitis y otitis.
“Son difíciles de combatir porque se vuelven resistentes a los químicos, entonces no es suficiente el cloro que se le echa a la piscina y su presencia demuestra que hay deficiencia en el cepillado y en la desinfección de la poceta.
“Claro que se ha mejorado porque hasta hace tres años el porcentaje era mucho más alto y casi todas las piscinas tenían presencia de este microorganismo”.
Añadió que en otro aspecto que se ha mejorado es el control de coliformes, que son microorganismos de materia fecal y solo se ha encontrado en los tres trimestres de 2015 en un seis por ciento de las piscinas examinadas, que es una cifra mínima.
Otros microorganismos que permanecen en el 25 por ciento de las piscinas son los heterótrofos, que son indicadores de contaminación y deficiencia de procesos de desinfección, pero no causan daños para la salud.
La funcionaria indicó que en cuanto a los parámetros fisicoquímicos se observa un mayor cumplimiento en las normas, lo que quiere decir que los operarios se han capacitado, han estudiado y ya hacen un mayor control.
En este aspecto hay que cumplir con el PH del agua que siempre debe estar entre 7 y 7,4; la alcalinidad total (se debe ajustar si se usa cloro estabilizado); aluminio; amonio, bromo libre, bromo total; cloro residual libre, cloro combinado; cobre; dureza total, y color, materias flotantes, olor, transparencia y temperatura.
Limbo jurídico
Alfonso Álvarez, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Unidades Residenciales, Asurbe, expresó que este tema de las piscinas sigue en un limbo jurídico, aunque se constituyó, con el Departamento una sala especializada de piscinas y les solicitaron a las Secretarías de Salud, proveedores, a los representantes de los conjuntos residenciales y otras entidades que pasaran propuestas para hacer la reforma, pero hoy no hay una norma que dé claridad sobre el tema. El proceso aún continúa.
Pero así las leyes estén en el limbo, si se nota que es muy obvio el riesgo, las secretarías toman acciones correctivas para preservar la salud, la seguridad y la vida de los bañistas, comentó.
“Las unidades, aseveró, están en un dilema con esta inestabilidad jurídica, porque si de pronto hacen unos arreglos y correctivos y luego eso no es, entonces van a perder tiempo y dinero. No obstante, eso no quiere decir que no tienen que proteger la seguridad y la vida, porque si una unidad no hace nada por falta de claridad en esas disposiciones y pasa algo, seguramente los van a recriminar, pero en estos momentos la cosa está muy complicada, hasta para los mismos funcionarios que se quedan como en el aire”.
Alba Lucía Franco, quien administra tres unidades con piscina, dijo que la ley que se cayó traía una disposición muy drástica y era la capacitación de los piscineros, que tenía que ser de 600 horas en el Sena, que hasta ahora no ofrece estos cursos en Medellín. También es dura la exigencia de pago de salvavidas para piscinas que tengan más de 10 usuarios menores de 12 años, porque las cuotas de los copropietarios no da para ese rubro.
Dijo que en el caso de la calidad del agua es fácil cumplir, porque las mismas secretarías y expertos van indicando cómo debe hacerse el mantenimiento.
Concluyó que en lo que tiene que ver con la infraestructura sí hay complicaciones, ya que aún los mismos funcionarios no se ponen de acuerdo. “Uno manda hacer un trabajo y luego otro lo rechaza”.
