Por Juan Diego Ortiz Jiménez
La intención de la Alcaldía de Medellín de darle un giro al establecimiento público Olaya Herrera quedó en firme con la radicación ante el Concejo del proyecto de acuerdo 047 de 2021, por medio del cual se crea una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice) que pueda incursionar en nuevas líneas de negocio.
El cambio pretende ampliar la gama de servicios aeronáuticos y aeroportuarios para el desarrollo de nuevas infraestructuras. Pero dividamos la propuesta en tres para conocer a fondo sus propósitos: (1) naturaleza jurídica, (2) objeto social y (3) dirección de la sociedad.
1. La creación de una empresa del estado
El centro de la propuesta es la transformación del establecimiento público Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice), que estará vinculada al despacho del alcalde. Esa nueva entidad se llamará Empresa de Desarrollo Aeroportuario y Aeronáutico de Medellín - Olaya Herrera. Tendrá personería y autonomía administrativa, financiera y patrimonial.
Una breve reseña acá del Olaya. El terminal aéreo nació de forma oficial el 5 de julio de 1932, conocido primero como campo de aviación Las Playas y, 29 días después, bautizado vía acuerdo municipal, como el Olaya Herrera. Surgió gracias a la licencia de 15 años otorgada por el Gobierno Nacional para explotar el transporte aéreo en la región a la sociedad Umca (Urabá Medellín Central Airways Inc.), cuyo accionista era el empresario antioqueño Gonzalo Mejía, de acuerdo con el libro Aeropuerto Olaya Herrera de Hernán Javier Giraldo y David Ramírez.
El terminal fue entregado al Municipio de Medellín por el Fondo de Inmuebles de la Nación, en el marco del contrato de comodato suscrito el 3 de diciembre de 1985. Seis años después, a través del Acuerdo No. 55 del 23 de diciembre de 1991, fue creado el Establecimiento Público Aeroparque Olaya Herrera.
En 2001, el Concejo modificó el Acuerdo 55 en varios apartes, por lo que el establecimiento público pasó a llamarse Aeropuerto y no Aeroparque, dándole además facultades para administrar otros aeropuertos y asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Desde entonces la entidad funciona como ente descentralizado.
En esta breve reseña, finalmente, el terminal fue entregado en concesión, junto con otros cinco aeropuertos de la región, a un operador privado (Airplan), quien desde 2008 y mediante el contrato de concesión 8000011, está a cargo de la operación, administración, explotación, adecuación y modernización de seis aeropuertos concesionados (además del Olaya, el José María Córdova de Rionegro, Los Garzones de Montería, el Antonio Roldán Betancur de Carepa, El Caraño de Quibdó y Las Brujas de Corozal).
Producto de un otrosí firmado en 2015, el plazo de esa concesión es mínimo hasta 2032 y máximo hasta 2048. ¿De qué depende el término? De cuanto tarde el concesionario en obtener unos recursos esperados: con precios de 2007, ese monto debía llegar a $2,2 billones y con corte al 31 de diciembre de 2019 el recaudo iba en $850.000 millones. También depende de si se hacen o no más inversiones.
Después de EPM, el establecimiento Olaya Herrera es el que más recursos transfiere al Municipio: en 2020 le giró $10.000 millones a la Alcaldía de Medellín, producto de los excedentes financieros presentados durante 2019 y las utilidades de la concesión del año, a pesar de la parálisis de cinco meses del sector por la pandemia.
2. Se modifica y adiciona el objeto social
La propuesta es que la Eice tenga como objeto generar, gestionar y prestar servicios aeronáuticos y aeroportuarios. Asimismo, la prestación de los servicios públicos necesarios y complementarios para el funcionamiento y administración de aeropuertos, consultoría, interventoría y asesoría en desarrollo de proyectos afines.
Podrá asociarse con públicos o privados para construir, administrar u operar todo tipo de aeropuertos o aeródromos e infraestructura complementaria. También podrá adelantar la gestión inmobiliaria para sí o para terceros, en el desarrollo de proyectos. El lote seguirá bajo la administración de la Eice, igualmente las obligaciones de la declaratoria de bien cultural.
Según la exposición de motivos de la alcaldía, la actual configuración limita la entidad: “su accionar debe enfocarse en aspectos de naturaleza comercial y no únicamente en el ejercicio de funciones administrativas”.
El gerente del establecimiento público, Jesús Sánchez Restrepo, explicó que el actual objeto social está solo destinado a la administración del lote, por lo que se pretende, con la modificación, entrar en nuevas líneas de negocio como la consultoría, la actualización de planes maestros aeroportuarios, servicios en tierra y la administración de labores aeronáuticas mediante la constitución de una nueva empresa pública.
“Si con la modificación de 2001 pudimos entrar en el negocio de administrar aeropuertos, como Eice tendríamos posibilidad, por ejemplo, de operar los aeropuertos regionales y locales que hoy son, en su mayoría, propiedad de la Aeronáutica o de los municipios. No existe una empresa pública operadora de aeropuertos, podríamos ayudar a la Aerocivil a atender con términos de calidad esos terminales”, explicó.
Puso como ejemplo el caso de Aeropuertos Nacionales de España (Aena), empresa pública que es el operador de 46 aeropuertos y dos helipuertos en ese país, más la gestión de otros 16 internacionales (en 2019 movilizó 275,2 millones de pasajeros). Fue creada en 2011 como sociedad mercantil estatal, a partir de la segregación de los activos del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
3. Dirección y control de la nueva empresa
Será dirigida por un gerente general y una junta directiva. Esta última será controlada por el alcalde que la integrará y presidirá, y además nombrará seis integrantes: tres miembros independientes con experiencia en el sector de servicios aeronáuticos y tres miembros de “los estamentos sociales”. El gerente y el secretario general asistirán con voz pero sin voto a la junta.
La administración contará con un año a partir de la publicación del acuerdo para implementar la transformación de establecimiento público.
Sánchez explicó que desde 2015 el establecimiento público tiene un consejo directivo (hoy lo integran siete personas: cuatro representantes del Municipio y tres representantes del sector privado, todos designados por el alcalde) y una gerencia general, estructura que se mantendrá en sus líneas gruesas, salvo que se ampliarán las funciones.
¿Y sobre el traslado qué?
Durante la instalación de las sesiones ordinarias en el Concejo, el alcalde Daniel Quintero anticipó el proyecto del cambio del objeto social del establecimiento público Olaya Herrera. Indicó que la actual concesión va mínimo hasta 2032, lo que plantea la discusión del traslado de la terminal aérea.
“Hay que ir preparando el camino, no puede implicar un cierre sino un traslado. Para eso se necesitan estudios que tardan cinco años de un eventual aeropuerto en Ovejas (referencia a Llano de Ovejas en San Pedro de Los Milagros) o en Santa Fe de Antioquia. Queremos dejar planteadas las semillas iniciales de ese proceso para preparar la ciudad”, dijo.
Mencionó la premura de que el Gobierno Nacional, antes de que termine este periodo en 2022, compre las tierras que aseguren la segunda pista del aeropuerto José María Córdova. “En cualquier caso, Medellín tiene que construir un nuevo aeropuerto, bien sea en Ovejas o en Santa Fe”, acotó.
Sin embargo, en las nueve páginas del proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo no se menciona esa posibilidad. El gerente Sánchez explicó que independiente de la decisión que tome la ciudad sobre la salida o no del Olaya y la futura destinación del lote, la nueva empresa se dedicará a desarrollar infraestructura y a prestar servicios aeronáuticos.
“Si en el futuro la decisión de ciudad es sacar el aeropuerto y construir nuevos terminales, esta nueva empresa puede ser la que desarrolle dichos proyectos y pueda ser operadora y comercializadora de las nuevas infraestructuras”, precisó.
Reiteró que no se trata de cerrar el Olaya Herrera porque la ciudad no puede quedarse desconectada y perder el papel que el terminal aéreo juega en la aviación nacional, sino que se plantea para el debate un traslado a San Pedro o a Santa Fe de Antioquia, aunque dijo que no sería solo uno, sino varios aeropuertos para ampliar la conectividad.
Liz Katherine Martínez Moreno, magíster en Construcción y autora de un estudio de planeación del suelo en torno al aeropuerto, opinó que es válido ambientar el debate pero que este debe madurar con la definición de elementos fácticos.
“Es un proceso que debe responder a la pregunta de qué es lo más conveniente para la ciudad en relación a beneficios y perjuicios del aeropuerto, a responder qué ciudad se quiere. Si la decisión es trasladarlo, se deben definir su destinación, el responsable de su administración, cuidado y mantenimiento, qué impacto tendrá en los barrios cercanos y si se libera la restricción de construir en altura por la operación del aeropuerto”, concluyó.
