En tres semanas sabremos si la Alcaldía de Medellín acepta o descarta el proyecto de prisión municipal que funcionaría en el corregimiento San Cristóbal, con el que se busca descongestionar los calabozos de las estaciones policiales y los centros de retención transitorios.
Así lo confirmó a EL COLOMBIANO el secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, quien afirmó que la propuesta está en etapa de estudio de factibilidad para determinar si es viable desde el punto de vista jurídico, estratégico, técnico y financiero.
“Lo que tenemos hasta ahora es una imagen virtual, faltan los estudios de suelo, los planos y la financiación por medio de la Agencia de Alianzas Público Privadas (APP) ”, contó el funcionario, refiriéndose al render que presentó la pasada Administración Municipal el 27 de septiembre de 2019.
Ese día la ciudadanía conoció la idea de la Cárcel Municipal de Medellín, una granja penitenciaria que sería construida a un costado de la actual penitenciaría de El Pedregal, contiguo a la antigua Vía al Mar.
En el cálculo de prefactibilidad, la Alcaldía indicó que el costo rondaría los $106.000 millones y tendría cuatro pabellones para albergar 1.314 reclusos (1.260 sindicados y 54 condenados), con posibilidad de ampliarlos a 2.000.
La edificación incluiría espacios deportivos, aulas para capacitación y enseñanza de oficios, y recintos para la administración de justicia.
La entonces directora de la Agencia APP, Cristina Zambrano, dijo en su momento que “el objetivo es contratar a un privado para la construcción, mantenimiento, capacitación en servicios agrícolas y otros servicios asociados”.
Y agregó: “hay una obligación legal que nos dice que en los próximos tres años tenemos que tener una cárcel municipal”.
La obligación legal hace referencia a un fallo del Tribunal Superior de Medellín, proferido el 20 de julio de 2019, en respuesta a una tutela instaurada por la Personería.
Esa entidad invocó el amparo a los derechos fundamentales de la población reclusa, que no estaba siendo recibida en las cárceles administradas por el Inpec, debido al alto índice de hacinamiento a nivel nacional. Estas personas eran enviadas a los calabozos de estaciones policiales, unidades de reacción inmediata y centros transitorios de detención, que no contaban (ni antes ni ahora) con las condiciones necesarias para albergar a toda esa gente.
Al momento de la tutela, en estos sitios con capacidad para 215 presos, había 1.367, lo que significaba un sobrecupo del 596,7 %.
El Tribunal tuteló el derecho a la dignidad humana de los internos, solicitó al Inpec que los empezara a recibir en sus cárceles de forma paulatina, en especial Bellavista y El Pedregal; y les dio tres años a las autoridades administrativas para la construcción de un presidio que cubra la demanda metropolitana de encarcelados.
El mayor Luis Rincón, enlace de la Policía Metropolitana para el manejo de los privados de la libertad, contó que desde que se profirió el fallo, el Inpec empezó a recibir grupos de presos que estaban en los calabozos, con lo que el índice de hacinamiento bajó de 596,7 % a 490 %, “lo cual sigue siendo muy alto y todos los días nos llegan más reclusos”.
Tal cual ha denunciado EL COLOMBIANO en informes pasados, la crisis ha derivado en condiciones degradantes de salubridad, peste y violencia en estos lugares, sin contar con el aumento del tráfico y consumo de vicio tras los barrotes y las investigaciones disciplinarias y penales por corrupción, en contra de los uniformados que permiten ese mercado negro.
El secretario Acevedo dijo que todavía no hay un plan B para solventar el problema, por lo que la nueva cárcel de San Cristóbal es buena opción. Mientras estudian la propuesta, para ver si es posible que salga a licitación este año, la administración avanza en otra medida de contingencia.
Se trata del reacondicionamiento de un antiguo Centro Día para mendigos, en La Candelaria, que se convertiría en un centro transitorio de detención para 500 personas. Según Acevedo, estaría en servicio en máximo tres meses.
