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EPM rindió cuentas culpando al Concejo por su balance financiero
El gerente Jorge Carrillo también le envió reclamos a la Procuraduría por seguimiento a Ituango.
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Jorge Andrés Carrillo, gerente general de Empresas Públicas de Medellín, durante el evento de rendición de cuentas realizado ayer en la UVA de La Armonía en Manrique. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA
11 de mayo de 2023
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Señalando al Concejo como el principal responsable de la reducción de ingresos que sufrió la empresa el año pasado, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, concluyó ayer la rendición de cuentas de esa entidad.
En un evento que duró cerca de dos horas, el funcionario pasó revista a los proyectos y temas más polémicos que marcaron la gestión de esa compañía en 2022 y aprovechó la oportunidad no solo para lanzarle dardos a esa corporación, sino también a la Procuraduría, que tiene su vista puesta en la nueva licitación de Hidroituango y lanzó una alerta que se hizo pública el pasado miércoles.
“El grupo tuvo unas utilidades de $4,1 billones, que corresponde a un crecimiento del 26%, pero cuando vemos que pasó con EPM (matriz) las mismas decayeron en un 10%. En las rendiciones de cuentas, si bien tratamos de mostrar todo lo positivo, también nos corresponde mostrar lo que no nos salió bien. ¿Qué no nos salió bien? Que fuimos en cinco oportunidades al Concejo a pedir que nos dejaran enajenar las acciones de UNE”, expresó el gerente, sosteniendo que durante los últimos dos años la compañía había registrado tendencias de utilidades negativas y tenía en sus manos una proyección que apuntaba en la misma dirección para el cierre de 2022.
“Lo dijimos en cada oportunidad y aún así algunos concejales tomaron la decisión de no permitir la enajenación”, añadió Carrillo, insistiendo en la narrativa que desde finales de marzo pasado viene también sosteniendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio del proyecto con el que se busca extraer más utilidades de las habituales para transferirlas al presupuesto del Distrito.
Además de esa declaración, que en el Concejo ha sido calificada por múltiples sectores como imprecisa (debido a que, según los tiempos entregados por la misma EPM, la venta de las acciones de EPM no iba a concretarse antes de 2022), en la rendición también quedaron incluidos otros temas polémicos, como la nueva licitación de Hidroituango, el proyecto para un supuesto congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y hasta el desempeño de Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe que asumió la mitad de la operación de la desaparecida Electricaribe.
Por el lado de Hidroituango, que el pasado miércoles 10 de mayo cerró la ventana para que las empresas interesadas en la licitación compraran los derechos para participar de ese proceso, Carrillo señaló que habrían sido 12 las firmas que se habrían sumado, pero se abstuvo de precisar sus nombres y se limitó a decir que hacia el final de esta semana EPM haría pública esa información.
“El listado es de doce empresas. Probablemente el día de mañana (hoy) lo vamos a publicar. Son más que en la anterior oportunidad. Hay empresas internacionales y nacionales. Mañana (hoy) se cumple otro hito importante que es la visita obligatoria. Entonces quedarán habilitadas para participar aquellas que compraron el pliego, más aquellas que asistan a la visita. El cierre de esta licitación está para el 28 de junio”, informó.
Sobre Ituango, Carrillo también fue interrogado por la visión de la compañía frente las observaciones que formuló la Procuraduría a la solicitud pública de ofertas abierta, que quedaron resumidas en un oficio enviado a EPM el pasado 8 de mayo.
En ese documento, cabe recordar, el Ministerio Público consideró preocupante, por ejemplo, hechos como que EPM se estaría basando en información financiera de entre 2019 y 2021 para evaluar a los posibles oferentes, sin que hasta ahora se conozcan los resultados financieros de 2022, claves en un contexto en donde la volatilidad del dólar, la inflación y el comportamiento de las tasas de interés han cambiado.
Así mismo, el ente vio con ojo crítico los tiempos para la preparación y la presentación de las ofertas en ese proceso, los criterios empleados por EPM para evaluar la experiencia de los oferentes, los obstáculos para asegurar esas obras finales y hasta los reducidos plazos para dar trámite a preguntas, adendas y aclaraciones que puedan surgir en esa etapa precontractual.
Pese a que el gerente omitió referirse en concreto a estos puntos, al responder sobre el tema, sí aprovechó para enviarle un reclamo a la procuradora Margarita Cabello, considerando que esas preocupaciones del ente no habrían tenido que hacerse públicas.
“Nos llama la atención que información que se le suministró a la Procuraduría está hoy en medios de comunicación y es información reservada. Yo si quiero hacerle un llamado muy respetuoso a la señora procuradora general, Margarita Cabello, de que en el marco de ese proceso salvaguardemos ese tipo de información, porque genera inconvenientes para el proceso”, dijo el funcionario.
Por el lado de Afinia, que a finales de marzo pasado recibió un préstamo de 450.000 millones de EPM para su plan de inversiones (mucho más de los $330.000 millones que según EPM se redujeron en las transferencias), Carrillo insistió en que la ejecución de dicho plan iría por buen camino, argumentando que indicadores como las horas de interrupción del servicio promedio y la frecuencia de interrupción viene mejorando (-17% y -28% respectivamente).
Frente al proyecto de congelar tarifas, el gerente insistió en que la empresa sigue dispuesta a asumir ese escenario, pero sin entregar cifras sobre su impacto, se limitó a señalar que se estaría recabando la información financiera y regulatoria con miras a que ese congelamiento ocurra en lo que queda de 2023.
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