El 70 % del territorio de Medellín, constituido por su suelo rural, ha experimentado un crecimiento desbordado de viviendas informales. Según datos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en los cinco corregimientos de la ciudad existen 11.592 predios identificados sin matrícula real.
El seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), basado en las conclusiones de los Planes Especiales de Ordenamiento Corregimentales (Peoc), explica que esta expansión desordenada se ha dado por múltiples factores, entre ellos, la falta de control urbanístico, el desconocimiento de las normas, la cultura de la informalidad, los urbanizadores piratas y la falta de incentivos para la protección y producción del suelo rural.
Este panorama ha generado un aumento de construcciones ilegales, en las cuales se destaca la proliferación de las parcelaciones de vivienda campesinas, sin la respectiva licencia urbanística.
La informalidad se evidencia en que el POT de 2014 definió 31 polígonos para la conservación, 37 para la restauración de actividades rurales y 23 para la generación de actividades sostenibles en los corregimientos. De estas 91 áreas priorizadas, solo 5 % cumplen con la instalación de redes de energía y solo 7% está inscrito en el registro de Catastro. Esto se traduce en que, al menos, el 93 % del territorio productivo y de protección definido por el POT en los corregimientos se encuentra en la informalidad.
“Hay un desacople entre la densidad que está establecida normativamente y la que realmente se presenta en el territorio. La revisión de las densidades es un compromiso del acuerdo 48 (POT)”, reconoció Claudia García, subdirectora de Planeación Territorial, durante una sesión del Concejo.
Fragmentación predial
Wbeimar Cano, corregidor de Santa Elena, detalló que la dinámica urbana ha llevado a que los citadinos busquen acogida en los corregimientos por la tranquilidad y el aire limpio.
“Los nuevos habitantes han generado problemas sanitarios y de disposición de residuos sólidos. Nos están desvirtuando la ruralidad, casi que se ha convertido en suelo suburbano. El campesino no tiene posibilidad de explotar agrícolamente sus predios”, dijo.
La alta urbanización también ha provocado cambios en la vocación de los suelos de protección y producción, lo que genera, según los Peoc, alta fragmentación predial, aumento de las densidades habitacionales e incremento en el déficit de infraestructuras en las zonas campesinas.
El modelo de ocupación territorial del POT plantea la disminución de los suelos de expansión y la limitación de nuevas áreas para la vivienda campestre, con el fin de liberar áreas para la producción del suelo rural. Pese a ello, no se ha aumentado la productividad ni los suelos para los ecosistemas estratégicos por el creciente número de viviendas informales.
José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial, detalló que 77 % de las infracciones urbanísticas identificadas por los corregidores se dan por falta de licencia de construcción, con mayor recurrencia en San Cristóbal y San Antonio de Prado. Los restantes casos tienen lugar por ocupación del espacio público y edificación en los retiros de quebradas.
¿Ajustar el POT?
Una de las medidas que adoptó el Plan de Ordenamiento para conservar y mejorar la producción agropecuaria fue el Distrito Rural Campesino.
Apenas este año se realiza la formulación del instrumento para la elaboración de propuestas agroforestales e incentivos a la producción agropecuaria. Sin embargo, las directrices trazadas por el POT poco se han hecho efectivas en las zonas rurales.
Alexis Mejía, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Antonio de Prado, criticó que cuatro años después de la aprobación del POT, “vemos una ciudad que no coincide con la propuesta en el papel”.
El concejal Carlos Alberto Zuluaga afirmó que los corregimientos están atrasados en su desarrollo debido a que la norma que los rige no es compatible con la dinámica social. Aseguró que se requieren ajustes, correcciones y complementaciones, que sin ir en contravía a lo estipulado en términos generales, sirvan para reorientar una política territorial rural.
La petición fue secundada por líderes comunales que pidieron actualizar el POT, teniendo en cuenta la nueva dinámica de vida en los corregimientos, hecho que aumentaró el costo de vida y la informalidad.
41.7
puntos tiene la zona rural en el Índice de Calidad de Vida. La urbana alcanza 48.97.
