Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Fuentes judiciales informaron que el caso más reciente es el de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, cabecilla y fundador de la organización criminal “los Triana”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Triana, apodado “el Patrón”, recibió el beneficio de detención domiciliaria en el mes de marzo. Foto: archivo El Colombiano.

Esta estructura delinque en las comunas de Santa Cruz, Popular, Robledo y Aranjuez, al igual que en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, los municipios de Bello e Itagüí y la subregión del Suroeste antioqueño.

“El Patrón” fue detenido por la Policía (por cuarta vez en su vida) el 5 de marzo de 2018, en una finca de lujo del municipio de Titiribí. Según los registros de la Procuraduría, el 29 de octubre de 2018 fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir agravado, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

A pesar de la sentencia, el pasado mes de marzo salió de la cárcel La Picota de Bogotá. Según el Inpec, la orden llegó por una boleta de libertad del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, que notificó a la institución carcelaria que Triana Bustos había recibido el beneficio de detención domiciliaria.

A los investigadores judiciales les llamó la atención que le concedieran este beneficio, teniendo en cuenta que solo había estado en prisión un año y cinco meses.

NOTA RELACIONADA: Supuesto fundador de “los Triana” se declaró inocente.

Esta no es la primera vez que recibe esta clase de rebajas. Su expediente, presentado en las audiencias de control de garantías por parte de la Fiscalía, señala que se ha fugado dos veces de la antigua cárcel de San Quintín (Bello) y que en 1999 lo condenaron a 46 años de cárcel por la masacre de seis personas en el sector Cañada Negra, de los cuales solo estuvo nueve años encarcelado.

Elkin Triana es el cuarto cabecilla de la mafia de Medellín que ha regresado a la calle en el último semestre, favorecido por una autoridad judicial.

El 6 de marzo salió de la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, Julián Andrey González Vásquez (“Barny”), antiguo jefe de sicarios de “la Oficina” y “la Terraza”. Estaba condenado a 17 años por tres homicidios, concierto para delinquir y porte ilegal de años, pero apenas estuvo cinco años tras las rejas.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Palmira autorizó su excarcelación, al otorgarle el beneficio de detención domiciliaria.

El 21 de enero el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de La Dorada (Caldas) le concedió la libertad condicional a Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien también había sido cabecilla de “la Terraza” y “la Oficina”, junto a su socio “Barny”.

Estaba condenado a 16 años por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Solo estuvo recluido seis años y 11 meses, y ya salió de la cárcel de La Dorada.

Y el pasado 16 de diciembre, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó la libertad condicional a Franklin Andrés Vargas Cardona, excabecilla de “la Oficina” y de la banda “Caicedo”.

Salió de la cárcel de Girón, Santander, después de pagar siete años de encierro, de una condena de 16 años y cuatro meses por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de documento falso.

Las organizaciones delincuenciales que han liderado siguen activas, dedicadas al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, desplazamientos forzados, desapariciones forzosas y secuestros, entre otros crímenes. Las autoridades judiciales consultadas no han especificado el motivo de cada excarcelación, aunque están revisando qué impacto podrían tener en la criminalidad de la ciudad.

NOTA RELACIONADA: A “Barny”, exjefe de sicarios de “la Oficina”, le dieron detención domiciliaria.

El Inspector.

El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que alias “Barny” o “Bebesaurio”, como es conocido en el mundo delincuencial, salió de la cárcel de Palmira (Valle del Cauca) el pasado 6 de marzo. Su excarcelación fue autorizada por Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Palmira.

El Inpec no especificó los motivos de la decisión, pero indicó que González seguirá cumpliendo la sentencia en detención domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura y traslado de “Barny” en Bogotá, en enero de 2015. Foto: cortesía de la Policía.

De acuerdo con su extenso prontuario, “Barny” tiene 41 años y es oriundo de La Merced, Caldas. Su carrera ilegal creció de la mano de la banda “la Terraza”, que delinque en el Centro y el Nororiente de Medellín, así como en las subregiones del Oriente y Suroeste antioqueño.

Como jefe de sicarios, estuvo al servicio del capo José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), con quien ascendió hasta la cúpula de “la Oficina”, la macro estructura criminal que coordina a las principales bandas del Valle de Aburrá.

En septiembre de 2014 el Departamento del Tesoro de EE.UU. le aplicó sanciones financieras, al incluirlo en la llamada Lista Clinton junto a varios lugartenientes de “la Oficina”. La persecución en su contra hizo que se refugiara en Costa Rica, donde se casó y fundó una empresa de seguridad privada.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

Dedicado a la magia negra, al igual que otros integrantes de esa organización ilegal, usó todo tipo de rezos para evitar su captura; sin embargo, el pesar por la lejanía de sus familiares hizo que regresara al país y fuera capturado por la Policía en Bogotá, en enero de 2015.

La investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada comprobó que “Barny” fue coautor de tres asesinatos en Medellín, al coordinar a los sicarios que los ejecutaron. Entre las víctimas estuvo el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, a quien mataron por error en el barrio Campo Valdés, el 10 de agosto de 2008.

La lista sigue con John Edwar García Chavarría, abaleado el 26 de agosto de ese mismo año en una panadería del barrio Aranjuez. Y el 25 de octubre de 2008 los mercenarios de “la Terraza” mataron también al policía Rodolfo Gaviria Barragán, en la entrada de su casa en Aranjuez.

NOTA RELACIONADA: Las primeras tres muertes que le endilgan a “Barny”.

González reconoció su responsabilidad en estos hechos, a cambio de una rebaja en la pena, y firmó un preacuerdo con la Fiscalía. En consecuencia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 17 años por homicidio simple, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Su salida de la cárcel ha generado inquietud en las agencias de seguridad, en especial porque ya son tres los exjefes de “la Oficina” que dejaron la cárcel en los últimos cuatro meses. Los anteriores fueron Franklin Vargas Cardona (“Frank”) y Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”).

Tanto “Barny” como “Pichi Gordo” están investigados también por el doble asesinato de dos suboficiales de la Policía Antinarcóticos, perpetrado el 12 de julio de 2012 en la entrada del Jardín Botánico de Medellín. Los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro trataban de infiltrarse en “la Oficina” para capturar a sus cabecillas, pero fueron descubiertos y acribillados. La Fiscalía y la Policía, aunque sospecharon de los susodichos, no les han imputado este hecho.

NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”.

El Inspector.

La inminente excarcelación de este hombre, llamado Freyner Alonso García Ramírez, había indignado a las autoridades de Medellín, que cuestionaron la forma en que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar cambió la medida de aseguramiento que pesaba contra el cabecilla de la banda “la Oficina”, bajo el argumento de que es un padre cabeza de familia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Agentes del CTI viajaron de Medellín a Valledupar, para notificarle la nueva orden de captura a “Carlos Pesebre”. Archivo.

Desde que llegó la notificación al área jurídica del Inpec, los investigadores judiciales comenzaron a escarbar los expedientes pensando hallar otros motivos para procesarlo. Fue así como retomaron un incidente del año 2005, que la Fiscalía había reseñado en la audiencia de imputación tras la captura de “Carlos Pesebre”, en marzo de 2013.

Según el informe, que citó la versión de un desmovilizado de las Auc, el 15 de julio de 2005 fue asesinado a tiros en el barrio Belén Los Alpes un exintegrante del DAS, de nombre Mauricio Alberto Velásquez Valencia. El occiso, apodado “el Meca”, era lugarteniente de “Carlos Pesebre” en “la Oficina”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, al igual que en los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.

El testigo reinsertado, quien desertó de la estructura de “Carlos Pesebre”, declaró al ente acusador que el patrón acusó a “el Meca” de haber hurtado 750 millones de pesos y por eso, supuestamente, ordenó su muerte.

Ese relato sirvió de base para la nueva orden de captura por homicidio agravado, expedida este martes 9 de diciembre por la Fiscalía 104 Seccional de Medellín.

Al momento de recibir la notificación, García Ramírez se preparaba para ser trasladado a una residencia de Valledupar, en la que pensaba pasar la temporada decembrina y el resto de la sentencia de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Sin embargo, no fue autorizada su salida de la celda, informó el Inpec.

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, celebró la decisión y comentó que su Administración, en asocio con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, le estaban haciendo seguimiento al tema. Evitando la excarcelación de García, “la institucionalidad se fortalece y le da confianza a la ciudadanía”, dijo el mandatario.

NOTA RELACIONADA: “Carlos Pesebre” saldrá de prisión por ser cabeza de familia.

El Inspector.

Esto han indicado fuentes de la Fiscalía, tras señalar que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar, por petición de la defensa del sentenciado, cambió la detención intracarcelaria a la que está sometido, por la domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner García, alias “Carlos Pesebre”, es cabecilla de “la Oficina” y la “Odín Robledo”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Cortesía Policía.

García Ramírez está pagando en la prisión de Valledupar una pena de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace un par de meses lo sancionó incluyéndolo en la Lista Clinton, siguió delinquiendo y orquestando su banda desde la celda.

El argumento con el cual la defensa solicitó el cambio en la medida de aseguramiento es, de acuerdo con las fuentes judiciales, que “Carlos Pesebre” es padre de familia y la jurisprudencia debe velar por la protección de los menores de edad.

Bajo este mismo pretexto recibieron la detención domiciliaria otros dos cabecillas de “la Oficina” condenados, con el agravante de que ambos se fugaron de las casas a las cuales los llevaron: Hernán Darío Giraldo Gaviria (“Cesarín”) en 2014 y Carlos Hernández Ossa (“Duncan”) en 2010.

Voceros del Inpec confirmaron que la solicitud del juzgado llegó en la tarde de este viernes (diciembre 5) al establecimiento de Valledupar. Ahora el área jurídica de esa dependencia analiza la hoja de vida (proceso de sustanciación) del detenido para determinar si no existen otros requerimientos judiciales que obliguen a frenar su salida.

En caso de que no los haya, “Carlos Pesebre” dirá el domicilio en el cual continuará cumpliendo la pena, que será visitado por una trabajadora social, y el Inpec notificará a la Policía del Cuadrante y hará registros periódicos. Se presume que, si no hay impedimentos, su traslado se daría en la tarde de este sábado 6 de diciembre.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

A las 8:00 a.m. de ayer, los funcionarios del Inpec fueron a hacer la ronda en la vivienda de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias “Cesarín”, ubicada en la calle D con la manzana 14F del barrio La Laguna, en Puerto López, Meta.

Su susto fue mayúsculo al constatar que este hombre, condenado a 20 años y 9 meses por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, no estaba en la residencia. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cuando "Cesarín" fue capturado en 2009 en el municipio de Giraldo (Antioquia), andaba con el secretario privado del comandante de la Policía Metropolitana de entonces, el general Dagoberto García. Cortesía.

“Se realizan acciones conjuntas con la Policía para dar con el paradero del prófugo y recapturarlo lo más pronto posible”, informó el Inpec en un lacónico comunicado.

Al momento de su captura en 2009, la Policía informó que “Cesarín” o “el Abogado” integraba la cúpula de “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá, y tendría influencia sobre 50 combos, principalmente en el occidente de Medellín y el corregimiento San Cristóbal.

Su condena se debe a que fue el autor intelectual del asesinato del empresario antioqueño Argemiro Salazar, a quien los sicarios acribillaron en el Centro por negarse a pagar extorsiones (15/8/09).

Sin embargo, ni siquiera llevaba cuatro años cumplidos de la sentencia, cuando el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Villavicencio le concedió el beneficio de la detención domiciliaria, el pasado 12 de diciembre.

El argumento, indica la resolución judicial, es que probó ser padre cabeza de familia de dos niños de 8 y 10 años.

Su defensa explicó que los menores estaban al cuidado de su abuela paterna Gilma Gaviria, la cual no pudo continuar la tarea por dolencias cardiacas. En cuanto a la madre, está ausente: “Yo siempre le dije a mi hijo que esa muchacha no le convenía, porque se mantenía tomando y bailando”, declaró la señora al Bienestar Familiar.

Las leyes que protegen a los menores favorecieron al cabecilla, quien salió de la celda el 13 de diciembre con el propósito de cuidar a los niños, acto que quizá ya no pueda cumplir siendo prófugo.

Por ser cabeza de familia también le dieron la detención domiciliaria en 2010 a Carlos Hernández Ossa, alias “Duncan”, otro jefe de la banda. A los pocos días se fugó de su casa en Bogotá, sin que hasta hoy se sepa el paradero.

Ese mismo año también se voló de la domiciliaria en Medellín Daniel Alejandro Serna, apodado “Kener”, aunque este integrante del clan fue recapturado 38 horas después.

“Se tenía la sospecha de que ‘Cesarín’ pudo haber utilizado una especie de reemplazo, haciendo una suplantación de sí mismo, y darse a la fuga”, explicó hoy el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional.

Añadió que “haciendo una segunda verificación con los correspondientes equipos, se pudo constatar por parte del Inpec que aquella persona no estaba en su lugar de residencia. Esto de los hijos no ha sido más que una trampa para burlar a la justicia, acción que nos impone un nuevo reto, no hay desánimo en la Institución, no es el primer delincuente que valiéndose de artimañas burla temporalmente la acción de la justicia”.

El general Palomino manifestó que “conociendo la peligrosidad de este bandido ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos, porque es una amenaza para la sociedad”.

NOTA RELACIONADA: Atrapan a un cabecilla de banda, pero sueltan a otro.

El Inspector.

Mientras tanto, un juzgado decidió cambiar la medida de encarcelamiento por una detención domiciliaria a favor de Hernán Darío Giraldo, alias “Cesarín”, uno de los cabecillas de la organización criminal “la Oficina”. Este es el reporte de los casos, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El padre Óscar Ortiz fue administrador parroquial en El Limonar desde 1999 hasta 2010. Foto de Colprensa.

La historia del padre Óscar es de odios y amores. Como administrador parroquial de la iglesia San José del Limonar, en el corregimiento San Antonio de Prado, se ganó la adoración de cientos de feligreses desde 1999, los cuales le atribuían desde milagros, hasta la pacificación de la zona a partir de pactos con los combos armados.

Sin embargo, a la Fiscalía llegaron varias denuncias que lo relacionaban como líder de la banda “los Desmovilizados del Limonar”, implicado en torturas, desplazamientos forzados y amenazas a algunos pobladores, los cuales eran intimidados con el pretexto de ser ateos, satánicos o “no colaborar con el padrecito”, tal cual figura en el expediente (ver la NOTA RELACIONADA: Sacerdote condenado por ser cabecilla de un combo).

También está inmerso en una investigación sobre la presunta falsa desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, en 2003, en la cual habría participado como supuesto auspiciador del montaje.

En 2010 fue capturado en la casa cural, pero dos años más tarde el Juzgado Adjunto al Cuarto Penal del Circuito Especializado lo declaró inocente (08/8/12) por el cargo de concierto para delinquir.

Tras recobrar la libertad, fue recibido con aleluyas de parte una muchedumbre en San Antonio de Prado. Durante algunos meses, ofició la misa en la iglesia del parque principal y en otras del municipio de Itagüí.

La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión y el 1 de agosto de 2013 el Tribunal Superior de Medellín revocó la medida en segunda instancia. En consecuencia, Ortiz fue condenado a 19 años de cárcel en calidad de reo ausente, pues en ese momento se desconocía su paradero.

José de Jesús Díaz Moncada, abogado defensor del padre Ortiz, manifestó anoche que aún no había sido notificado oficialmente del arresto. No obstante, se sostuvo en la inocencia del sacerdote y recordó que actualmente hay interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de anular en última instancia la condena.

“Todavía no se ha dicho la última palabra en materia jurídica”, señaló el defensor.

PADRE DE FAMILIA

El caso de Hernán Darío Giraldo, alias “Cesarín” o “el Abogado”, se conoció apenas esta semana. Está condenado a una pena 20 años y 9 meses por el homicidio agravado del empresario Argemiro Salazar (ver la NOTA RELACIONADA: Famoso negociante fue sicariado en el Centro), pero apenas estuvo tres años en la celda.

Hernán Giraldo, alias "Cesarín".

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Descongestión de Villavicencio aceptó en diciembre un recurso presentado por su defensa, en el cual se demostraba que el procesado es en la actualidad padre cabeza de familia. En consecuencia, su estatus pasó de detención carcelaria a domiciliaria.

El espíritu de esta decisión radica en evitar sufrimientos a los hijos por los errores de los padres, sin embargo, existe un antecedente en el cual una situación parecida fue aprovechada por otro cabecilla de “la Oficina”.

En 2010, Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”, recibió el beneficio de detención domiciliaria en Bogotá, por ser cabeza de familia. Días después se fugó, sin que hasta hoy se sepa de su paradero (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto líder de la mafia se fugó de su casa).

En su momento, la Policía le atribuyó a “Cesarín” el dominio sobre 50 combos del Valle de Aburrá, con especial influencia en el corregimiento San Cristóbal y el Centro de Medellín. Integraba la cúpula de “la Oficina” y manejaba redes de corrupción dentro de la Fuerza Pública.

Aún se desconoce si regresará a Medellín o irá a otra ciudad. ¿Será que ya se rehabilitó y dedicará su tiempo al cuidado de la hija?

El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 9:00 a.m. de hoy (febrero 4), en la carrera 95 con la calle 48c, en la frontera de los barrios San Javier y La Pradera, del occidente de Medellín. He aquí el relato, elaborado por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

El reo fue llevado a la unidad intermedia de San Javier, pero fue imposible salvarlo.

Al sitio, según la investigación preliminar de la Policía, llegaron dos sujetos con las prendas de la guardia carcelaria, al parecer fingiendo una visita de chequeo a Juan Esteban Carvajal Zuluaga, quien estaba en condición de detención domiciliaria por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas.

Las autoridades indicaron que los agresores le dispararon en la sala de la casa y después huyeron. La víctima fue trasladada a la unidad intermedia de San Javier, donde murió.

Diana Rúa, directora Regional Noroeste del Inpec, precisó que por ahora está descartada la participación de funcionarios de su entidad en el hecho. “Se trató de personas que usaron nuestro uniforme para tener acceso a la vivienda, valiéndose de que era una persona (el occiso) que tenía un brazalete electrónico y era vigilado por nosotros, y dentro de su misma casa lo dieron de baja”, declaró.

NOTA RELACIONADA: En la cárcel han matado a tres.

El Inspector.

El incidente del arma camuflada en el alimento se presentó en el aeropuerto local Enrique Olaya Herrera, de acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana.

Por el arma incautada dentro del pan no hubo capturas, tampoco se ha esclarecido quién la iba a recibir en Carepa. Fotos cortesía de la Policía.

Un escáner de rayos X detectó la pistola calibre 7.65 con dos proveedores, la cual estaba dentro de un pan redondo, metido en la caja de un videojuego. La encomienda tenía como destino el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño.

No menos sorprendente es el arsenal encontrado en un apartamento del barrio Las Palmas, en el oriente de la ciudad, el pasado 12 de enero: un fusil Herstal de fabricación belga y calibre 5.7×28 milímetros (en Colombia se han incautado dos en toda la historia, ambos en Medellín), y dos pistolas FiveSeven del mismo calibre y fabricante.

A la izquierda se ve el fusil Herstal, con mira telescópica y de difícil consecución en el mercado de armas.

También tres pistolas Glock (dos de calibre 45 y otra de 9 milímetros) y dos pistolas Pietro Beretta, además de un par de silenciadores, municiones, radios de comunicación y cuatro motocicletas. En el allanamiento la Policía capturó a María Alexandra Monsalve Mejía, de 19 años, quien estaba en el apartamento de su novio con el arsenal.

La Fiscalía le imputó el delito de conservación de armas y municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y el  Juzgado 41 Penal Municipal le impuso una detención domiciliaria como medida de aseguramiento mientras continúa el proceso penal.

Detalle de las pistolas FiveSeven con su respectiva munición. Les dicen las 'matapolicías' porque traspasan el chaleco antibalas.

El arsenal, indicó la Policía, pertenecía al combo ‘Las Palmas’, el cual trabaja para Ericson Vargas Cardona, alias ‘Sebas’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’.

Para profundizar en el tema, los invito a repasar las siguientes NOTAS RELACIONADAS: El tráfico de armas se refina y aún no tiene freno,

El ‘San Andresito’ de las armas importadas y

Porte de armas de fuego está suspendido en Medellín.

El Inspector.