Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz (“Douglas”) es uno de los líderes de “la Oficina” que estaría dando directrices frente a los acercamientos con el Gobierno. En esta imagen, el momento de su captura en 2009, junto a su lugarteniente alias “el Compa” (derecha). Foto de archivo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

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Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está encarcelado en Estados Unidos desde 2008, aunque sigue buscando acercamientos con el gobierno. Foto de archivo.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

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El Inspector.

Las suspicacias que ha despertado esta información errónea, sobre las consecuencias que tendría para el bajo mundo el eventual retorno de este personaje a Colombia, hacen reflexionar sobre los enigmas que rondan este caso. Por qué las declaraciones ante la Fiscalía estadounidense, en las que “Rogelio” ha confesado crímenes, no han sido utilizadas por la justicia colombiana para judicializarlo en nuestro país?

Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”, preso en la cárcel de Manhattan. Cortesía.

Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias “Rogelio”, nació el 5 de noviembre de 1966 en el municipio de Alejandría, Antioquia (48 años de edad).

De acuerdo con fuentes judiciales, en los años noventa se vinculó a “los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), un comando de mercenarios aliados con el Estado que le hicieron la guerra al Cartel de Medellín.

Para esta estructura fue de vital importancia el apoyo de “Rogelio”, quien gracias a su hermana Cruz Elena Aguilar, fiscal del Bloque de Búsqueda, obtuvo un trabajo en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Allí fungía de escolta y fue asignado como guardaespaldas de la familia de Pablo Escobar, amenazada por los enemigos del capo.

Aguilar aprovechaba esta cercanía para hacer labores de infiltrado y mantener a “los Pepes” informados sobre los movimientos y contactos de los seres queridos de Escobar, hasta que fue descubierto por Juan Pablo, el hijo mayor del “Patrón”.

El Cartel lo declaró objetivo militar y “Rogelio” recibió apoyo y protección de Diego Murillo Bejarano, alias “don Berna”, uno de los líderes de “los Pepes”.

Tras derrotar a las huestes de Escobar en 1994, Aguilar se convirtió en la mano derecha de “don Berna” para la ejecución de asesinatos, secuestros y trabajos de alto perfil ilegal. Lo acompañó en el montaje de poderosas estructuras clandestinas posteriores a “los Pepes”, como “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con las que su jefe dominó la mafia del Valle de Aburrá y Antioquia por casi dos décadas.

Según el registro de las autoridades, se desmovilizó con el bloque Héroes de Granada el 25 de julio de 2005, en el municipio de San Roque, y fungió como representante de los reinsertados en la ONG Corporación Democracia, con sede en Medellín.

El 2 de septiembre de 2005 se postuló a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero no cumplió con los procesos de verdad, justicia y reparación. Al contrario, a la sombra continuó moviendo los hilos del aparato criminal de “don Berna”.

Resulta curioso que no quedara registro de su paso por el CTI. La Fiscalía 45 adscrita a la Unidad de Justicia y Paz, en el marco de sus pesquisas sobre los desmovilizados, envió una solicitud al área de Recursos Humanos del ente judicial, preguntando por los términos en los que “Rogelio” trabajó allá. La respuesta oficial fue que este señor nunca tuvo contrato, pese a que muchos excolegas lo recuerdan entrando y saliendo de la oficina “como Pedro por su casa”.

EL COMBO DE “ROGELIO”

Durante 2004 y 2008, mientras “don Berna” participaba con otros comandantes de las Auc en el proceso de desmovilización, “Rogelio” ascendió hasta convertirse en un jefe de suma importancia en “la Oficina”, detrás de Gustavo Upegui y Daniel Mejía (“Danielito”).

El encarcelamiento de Murillo Bejarano generó desórdenes internos en la cúpula y Upegui fue  asesinado por órdenes de “Danielito” en 2006 en una finca de San Jerónimo. Su muerte fue vengada por Aguilar, quien de esta manera se convirtió en el máximo jefe de “la Oficina” después de “don Berna”.

“Rogelio” ejerció el mando con mano de hierro, según los relatos de algunos informantes a la Policía Judicial. Se rodeó de agentes corruptos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Gaula (Policía Antisecuestro), y de otros cabecillas de la banda como “Yiyo”, “Morro”, “Pichi Calvo”, “Luis”, “el Flaco”, “Beto”, “Andresito” y “el Pri”.

Contaba también con la asistencia de tres de los personajes más sangrientos y enigmáticos que ha tenido “la Oficina”, contratados para ejecutar torturas y desapariciones de víctimas sin dejar rastro alguno: “Guateque”, “Rey” y “Camilo”.

Es muy poca la información oficial disponible sobre “Guateque”, pero los investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo comentan que se dio a conocer como paramilitar en la ciudad de Montería, en Córdoba. Allí habría integrado el bloque Héroes de Tolová, creado por “don Berna” para controlar sus corredores de movilidad en el sur de ese departamento.

Cobró notoriedad por su experticia para desaparecer cadáveres, a los cuales descuartizaba, les arrancaba la piel, les extraía las vísceras y en algunos casos los calcinaba con ácido o combustible, para luego botar las cenizas al río o sepultarlas.

Cuando “don Berna” cayó a la prisión, se presume que “Rogelio” trajo a “Guateque” a Medellín y uno de sus primeros trabajos habría sido la aniquilación de “Danielito”.

La leyenda mafiosa -porque de esto no hay veredicto judicial- reza que los hombres de “Rogelio”, con apoyo del DAS, ubicaron a “Danielito” en una finca de Copacabana. “Yo sé a qué vinieron ustedes, pero no le hagan nada a mi familia”, habría dicho el cabecilla. Fue obligado a firmar documentos y traspasos de bienes y después ejecutado de un balazo en la cabeza.

El cadáver jamás apareció, pues se cree que fue desmembrado y sus restos incinerados en una caneca. Las cenizas, presuntamente, quedaron esparcidas en la vía a La Catedral, en zona rural de Envigado.

El alias de “Guateque” ha sido relacionado con otras desapariciones de socios de “la Oficina”, como Jader Botero, alias “Gancho”, líder de la banda “Pachelly” de Bello (2010); y Ferney Moreno (“el Montañero”), cabecilla de la banda “Picacho” y de los combos del Centro autodenominados “convivires” (2012).

Los informantes han dicho además que “Guateque” practica la magia negra y que sus creencias le obligan a dormir casi siempre en las proximidades de lugares sacros (iglesias y osarios), para no ser atormentado por las almas de las más de mil víctimas que tendría a cuestas.

Alias “Rey” o “Cantinflas” tiene una función similar a la del anterior dentro de la organización e incluso comparte con él la práctica de la brujería. Lo último que se supo de este ciudadano, al parecer atormentado por desórdenes mentales, es que suele viajar con frecuencia a Centroamérica.

El tercero en la lista de estos siniestros secuaces es “Camilo”, “Carracas” o “Cumbamba”, apodos otorgados a Carlos Alberto Zapata Herrera, un exagente del Gaula que, supuestamente, se corrompió.

Aunque carece de orden de captura, lo indagan por su supuesta participación en la desaparición de Vicente Castaño Gil (“el Profe”), uno de los precursores de las Auc.

Este crimen fue confesado por “Rogelio” a un fiscal de E.U. y los detalles los entregaron en sus declaraciones Byron Jiménez (“Gordo Pepe”) y Rodrigo Alberto Zapata, exmiembros de la llamada Casa Castaño. Indicaron que, siguiendo órdenes de “don Berna”, “H.H.” y otros comandantes de las Auc, varios mercenarios de “la Oficina” incursionaron en camionetas a la finca Sal si Puedes, del municipio antioqueño de Nechí, en marzo de 2007.

Al verse acorralado, “el Profe” se encerró en una caseta aledaña a la vivienda principal y dentro del baño se suicidó con un revólver calibre 32 que siempre llevaba en un maletín. Los delincuentes tomaron el cadáver y a punta de machete y motosierra lo desmembraron.

Luego derribaron la caseta donde se perpetró la mutilación y, para borrar toda evidencia, sus muros, techo y enseres fueron arrojados al río Nechí, junto a los restos de Vicente.

La barbarie fue grabada con celules dotados de cámaras y, según los declarantes, allí aparece “Camilo” despedazando al occiso.

El 17 de noviembre de 2013 fue detenido en El Poblado, en Medellín, para que respondiera un interrogatorio sobre la tortura y asesinato del secuestrador de un comerciante, en hechos cometidos en el año 2000 en Venecia, Antioquia.

Tras esa detención, la Policía Metropolitana lo señaló de ser un integrante de “la Oficina”, pero después de asistir al interrogatorio en la Fiscalía, en el que negó su participación en la muerte investigada, fue dejado en libertad.

Un veterano fiscal, quien en la década pasada trabajó con el Gaula, contó que siempre le impresionó la facha de Zapata, quien parecía aprovechar su fealdad y prominente barbilla como táctica intimidatoria. “A veces se disfrazaba de mujer para hacer los interrogatorios. Era muy raro”, dijo el funcionario.

Se presume que los secuaces de “Rogelio”, además de las muertes de “Danielito” y Vicente Castaño, habrían ejecutado las de Francisco Cifuentes Villa (“Pacho”), un expiloto del Cartel de Medellín e informante de la DEA asesinado en Caucasia (2007); y la de Héctor Duque (“Monoteto”), lugarteniente del narcoparamilitar Carlos Jiménez (“Macaco”), abaleado en Argentina (2008), entre otros.

También los sindican del secuestro de Luis Ortiz, un agente de la ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas de E.U.), quien se había infiltrado en una red de narcos colombianos (2005).

PROCESO HIPERLENTO

“Don Berna” fue extraditado a E.U. el 13 de mayo de 2008. A  los dos meses, “Rogelio” hizo un acuerdo con la justicia de ese país y, tras reuniones en Argentina, se sometió a los norteamericanos.

En esos acercamientos fue clave su hermana Cruz Elena Aguilar, quien hoy vive en La Florida y trabaja como asesora jurídica de extraditables colombianos. Se casó con un exoficial del Gaula.

Han pasado ya siete años y la justicia de esa nación no ha dictado sentencia en el caso de “Rogelio”, recluido en la cárcel de Manhattan. Enredos judiciales por las muertes de “Pacho” Cifuentes y el secuestro del agente de ICE complicaron la situación, además de la muerte por causas naturales del juez del Distrito Sur de Nueva York que llevaba su expediente.

Aguilar ha colaborado con los estadounidenses, facilitando el sometimiento de otros cabecillas como Mauricio López (“Yiyo”), cuya entrega se materializó en 2009. Intentó lo mismo con “Nito”, “Morro” y “Pichi Calvo”, pero fueron asesinados antes de cerrar el pacto con los americanos en 2009, 2012 y 2014, respectivamente.

La colaboración de Aguilar también se vio reflejada en la captura y extradición de Luis Fernando Castaño (“Botija” o “la Firma”), cabecilla financiero de la agrupación; y rindió testimonio en el proceso penal que terminó con la extradición y condena a 13 años de cárcel del general (r) Mauricio Santoyo, exjefe del Gaula y antiguo aliado de sus huestes.

La defensa de “Rogelio” espera que el tiempo sufrido en la cárcel le sea conmutado en la sentencia y obtener rebajas por la colaboración brindada, aunque se desconoce cuándo será la condena.

Entretanto, preocupa que los procesos contra “Rogelio” no avancen en Colombia. Aquí tuvo una indagación por concierto para delinquir y figuró en el afiche de los más buscados por la Policía, con una recompensa de 50 millones de pesos.

Es lo único, pues la información de crímenes conexos con el narcotráfico que ha confesado en E.U. (como la desaparición de Vicente Castaño) no ha sido empleada por la Fiscalía de Colombia para abrirle procesos, ni siquiera por el mismo punible de tráfico de estupefacientes.

Los procesos de extinción de dominio tampoco marchan. Los informantes han dicho a las autoridades que Aguilar conserva propiedades a través de testaferros en los municipios de Girardota y Medellín, incluyendo apartamentos y edificios en El Poblado y locales en el centro comercial Los Molinos. Dichas propiedades serían administradas por familiares.

Otra de las situaciones pendientes es establecer si “Rogelio”, de acuerdo con lo dicho por las mismas fuentes, estaría conforme con que Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, sea el nuevo líder de “la Oficina” en el Valle de Aburrá. Este aspecto tiene inquietos a la DEA y al Departamento del Tesoro de E.U., que hace un año tienen a “Tom” en la mira.

La lentitud con la que las ramas judiciales de Colombia y E.U. han obrado en el caso de “Rogelio” no deja de ser intrigante, pues él es depositario de información sobre múltiples guerras criminales y alianzas paraestatales desde los años 90, en las que actuó como ejecutor. Sus confesiones, siete años después, continúan siendo “top secret”.

El Inspector.

Muchos horrores de aquella época han quedado en la impunidad. Uno de ellos son los crímenes de “los Pepes”, una organización enemiga de Escobar, que desangró a la ciudad a punta de bombas, secuestros y sicariatos, en su carrera vengadora contra el capo. Solo un hombre fue condenado por esos hechos, y está muerto. Esta es la historia, reconstruida por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la finca La Manuela, en el municipio de El Peñol, luego de que "los Pepes" la dinamitaran en 1993. Pablo Escobar la había llamado así en honor a su hija menor. Archivo El Colombiano.

El primero de marzo de 1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño White.

Su cadáver magullado apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar”, firmado por “los Pepes”.

Tres días después, otro grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe (jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la Procuraduría”, signado por el mismo grupo.

Con una serie de atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores, autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la rúbrica de “los Pepes”. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín.

En una sentencia de radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.

Y prosigue: “Pero otros que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.

Para los investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.

ABSOLUCIONES
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.

El grupo operó entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y aplicando el sicariato desenfrenado.

Pese a estas conductas, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.

La sentencia con radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.

Los delitos que les endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.

No obstante, muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso.

En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados:conformación de grupos armados ilegales.

La pena fue de 13 años y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá (ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”).

LOS INFORMANTES
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.

En un fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del 21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de ‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso), miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había hecho”.

El paso del tiempo confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano.

Diego (“el Ñato”), también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las autodefensas en Colombia.

Lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.

“Semilla” fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de 2001.

En uno de sus diálogos con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.

Según estudios de Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda (1992/93).

A cada uno se le asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el V0016.

De “los Pepes”, el Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y “Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como “informantes casuales”.

De “los Pepes” originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”, “Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?

DURO DE INVESTIGAR
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”).

La Fiscalía 15 adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.

El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo  había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.

Murillo, desde la prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su nombre.

Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre su supuesta militancia en “los Pepes”.

El traslado provocó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 16 de enero, enviara una carta al fiscal General Eduardo Montealegre, en la que sustentaba un “serio motivo de preocupación” por esa medida.

“La decisión significa un desestímulo para la mencionada fiscal quien, a juicio de la Sala, era una de las dos mejores fiscales con que contaba la Unidad de Justicia y Paz de Medellín y estaba comprometida con el esclarecimiento de la verdad y la celeridad en el proceso de Justicia y Paz. Estos procesos, por la magnitud de los delitos cometidos y la trascendencia para el país, necesitan de los mejores fiscales y su desmantelamiento paraliza la gestión de la Sala de Justicia y Paz”, dice la misiva.

A pesar del reclamo, hubo cambio de titular en la Fiscalía 15. Al preguntarle por la suspicacia que generaba en el ambiente el traslado de funcionaria, antes de iniciar las versiones libres por los actos de “los Pepes”, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, argumentó de esta manera lo decidido: “No debe haber lugar a sospechas, es una decisión que tomamos para darle más realce al caso, asignaremos a una persona de más perfil”.

A la fecha, sin embargo, no han comenzado las diligencias con Murillo.

El expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 20 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre, firmado por “los Pepes”.

El Inspector.

Desde entonces, hace más de una década, esta banda parida en el municipio de Bello delinque impunemente y expande su área de influencia, sin que las autoridades logren propinarle golpes contundentes.

Aunque la Policía tiene identificados a los supuestos jefes de la banda, no existen requerimientos judiciales en su contra, por lo cual obra la presunción de inocencia. Cortesía.

El primer valiente que se atrevió a perseguirlos se llamaba Yirman Arly Giraldo Valderrama y a sus 29 años era jefe de Policía Judicial en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Medellín. A finales de los noventa le fue encomendada la misión de desmantelar esa cofradía ilegal, que trabajaba de manera articulada con las huestes del capo “don Berna”.

Las amenazas no se hicieron esperar, al parecer filtradas por colegas corruptos en el organismo judicial, según se ventiló en la pasada audiencia de imputación (2012) de Diego Murillo Bejarano, alias “don Berna”. El investigador fue trasladado a la ciudad de Pereira para proteger su vida, pero su muerte ya estaba pagada.

La investigación contra “los Chatas” estaba muy adelantada y el CTI decidió que Giraldo debía regresar a la capital antioqueña, bajo la figura de comisión especial, para darle el jaque mate a la organización en un operativo, pues nadie más que él conocía los detalles del expediente.

El 9 de diciembre de 1999 el funcionario arribó a un taller llamado Sellomatic, en el barrio La Gran Avenida de Bello (calle 32 con la carrera 50), a reclamar un carro al cual le estaban haciendo arreglos. Allá le llegaron los sicarios, acribillándolo a tiros dentro del establecimiento. El episodio ocurrió en el marco de una racha asesina contra los miembros del CTI que investigaban a las estructuras lideradas por “don Berna”, que dejó 12 muertos entre 1997 y 1999.

HEGEMONÍA ILEGAL

En la década del 2000, “los Chatas” iniciaron un proceso de expansión desde el barrio Las Cabañas, en Bello. En sus filas, según investigadores judiciales, llegaron a militar futuros cabecillas de “la Oficina”, como los hermanos Ericson y Franklin Vargas Cardona, alias “Sebastián” y “Frank”, respectivamente.

Las operaciones realizadas por la Fuerza Pública para frenar ese crecimiento no han sido contundentes, la mayoría de las capturas son por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes contra algunos individuos. El 11 de noviembre de 2009 la Sijín arrestó a tres presuntos integrantes de la banda, de 19, 25 y 26 años, que se dedicaban al fleteo (hurto a clientes de entidades bancarias).

El fallecido investigador del CTI, Yirman Giraldo.

Los apresaron en una vivienda del barrio Las Cabañitas (calle 25 con carrera 57), donde les incautaron una pistola con silenciador, un revólver y municiones. Les inmovilizaron un taxi y tres motos, una de ellas robada. Al parecer su método de hurto era actuar alrededor de bancos de Medellín y Bello, donde intimidaban a las víctimas a bordo de motocicletas, y luego entregaban las armas a dos mujeres que viajan en un taxi, según informó la Policía en ese momento.

En la actualidad hay tres hombres a la cabeza de la facción. El principal líder, al parecer, es Juan Carlos Mesa Vallejo, apodado “Carlos Chata”, “Tom” o “Ton”. Es oriundo de Bello y tiene 45 años. De acuerdo con fuentes policiales, tiene un rasgo particular: en su juventud perdió algunos dientes frontales, razón por la cual le implantaron unas prótesis que aparentan ser más grandes que las demás piezas; quizá esta sea una explicación para el mote de “Ton” (abreviatura de “Dientón”).

Entre sus aficiones está coleccionar botas militares de marca, y al hombre que presuntamente administra sus negocios y da la cara por él en las reuniones le dicen “el Gomelo”, según pesquisas policiales.

Los otros líderes del clan serían, presuntamente, su hermano Elkin Alonso Mesa Vallejo, alias “Elkin Chata”; y Geová Buriticá Hincapié, denominado “Camilo Chata” o “el Viejo”. Hay que decir que ninguno de los tres supuestos jefes de la organización tienen orden de captura.

En la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en contra de Franklin Vargas Cardona, alias “Frank” (11 de octubre de 2012), el juez retoma una de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el proceso que derivó en una condena de 16 años y 4 meses de prisión por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso.

Se trata de una carta de 2011 enviada a la Sijín por un informante que dijo conocer de cerca a la gente de “la Oficina”, y al que la Fiscalía le dio credibilidad al confirmar varios datos. El documento dice: “En Bello la plata la recibe Carlos Mesa Vallejo, alias Chata, quien  está encargado de los combos de La Meseta, Playa Rica, El Carmelo, Los del Mesa, Salento, Cabañas y Cabañitas, El Tapón y barrio Prado de Niquía, La Maruchenga; vacunan la empresa de buses Hato Viejo, el comercio en el Parque de Bello, todos los negocios de la plaza de mercado; maneja los laboratorios para el procesamiento de la droga cerca del municipio en la zona rural, surte las plazas de vicio en todos estos barrios. Este individuo le rinde cuentas a Frank”.

En el mismo proceso judicial, la Fiscalía presentó un correo electrónico enviado por otro informante, quien dijo ser exmiembro del cartel de Medellín. La nota dice que Vargas Cardona “controla al combo de Los Chatas, que se localiza en Bello, los cuales manejan laboratorios para la producción de cocaína en zonas rurales de San Félix y Tierradentro, de los municipios de Bello y San Pedro. Allí le copian Geová Buriticá, conocido como El Viejo o Camilo; Elkin Chata, que se llama Alonso Mesa Vallejo; y Juan Carlos Mesa, tienen mucho poder en Bello y Copacabana”.

El pasado 12 de febrero las autoridades incautaron un cargamento de 2.3 toneladas de marihuana en el municipio de Girardota, que iban camufladas en un camión. El general José Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “la droga venía del Cauca para la organización de ‘los Chatas’, de ‘Tom’, para ser distribuida en el área metropolitana”.

Para los analistas judiciales, “los Chatas” son en la actualidad la banda más poderosa del Norte del Valle de Aburrá, con influencia en las localidades de Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa; de igual manera, con redes en la comuna 6 (Doce de Octubre) de Medellín.

Incluso le habrían quitado ese trono a la estructura de “Pachelly”, otra de las tradicionales de la zona. “Los Chatas” son sospechosos del homicidio de alias “Nerón”, cometido dentro de un vehículo el pasado mes de enero en Bello. Esta víctima habría sido un presunto cabecilla financiero de “Pachelly”.

“Tom” es ahora una de las siete cabezas de “la Oficina”, junto a “Carlos Pesebre”, “Fredy Colas”, “Don Pepe”, “Barny”, “Pichi” y “Mateo”. Lleva cerca de dos décadas delinquiendo a la sombra, presuntamente, sin que hasta ahora haya sentido una verdadera presión de parte del Estado, salvo la del difunto investigador Yirman Giraldo.

NOTA RELACIONADA: Un temblor sacude a la mafia de Bello.

El Inspector.

Por eso hoy fue capturado de la manera más descuidada, cuando al parecer hacía compras navideñas en el centro comercial Santafe de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Organigrama de Inteligencia Policial sobre la estructura de mando de alias "Sebastián", en la cual aparece "Adiel". Solo falta por capturar "Fredy Colas". Cortesía.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán es desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Audefensas, estructura en la cual conoció al patrón Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

El capo le dio la confianza para liderar los combos de la comuna 1 (Popular) de Medellín, al frente de la banda de ‘San Pablo’. El 26 de mayo de 2005, cuando ‘Don Berna’ huyó de la zona de distención de Santa Fe de Ralito (donde el Gobierno negociaba la desmovilización con los paramilitares), temiendo su inminente extradición a Estados Unidos, ‘Adiel’ le demostró su apoyo liderando un famoso paro de transportes en el 80 por ciento de la ciudad.

Cuando Murillo Bejarano fue enviado a E.U. el 13 de mayo de 2008, Covaleda al parecer se asoció con Félix Alberto Isaza Sánchez (‘Beto’), José Leonardo Muñoz Martínez (‘Douglas’) y Ericson Vargas Cardona (‘Sebastián’), herederos al mando de la organización criminal ‘La Oficina’, quienes protagonizaron una guerra contra su otrora socio ‘Valenciano’ por el control del bajo mundo.

Fuentes policiales señalan que en la comuna 1 no se cometía un delito sin el consentimiento de ‘Adiel’ o ‘Adier’, a quien la Fiscalía 10 Especializada le sigue una investigación por la supuesta comisión de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. La banda de ‘San Pablo’ es sindicada por las autoridades de participar, además, en actos de sicariato, microtráfico de drogas, lesiones personales, tráfico de armas y cobro de ‘vacunas’ extorsivas a todas las rutas de buses de la zona nororiental y establecimientos comerciales.

El sospechoso pasará esta noche en la sede de la Sijín del barrio Caribe y mañana será presentado en la audiencia de control de garantías.

Covaleda, indicaron funcionarios judiciales, se había “salvado” de un operativo realizado el año pasado, en el cual fueron capturados 17 presuntos integrantes de la banda. En dicha investigación la Sijín de Medellín logró expedirle por primera vez una orden de captura al capo ‘Sebastián’, último jefe conocido de ‘La Oficina’ y socio de la gente de ‘San Pablo’.

Paralelamente, la Dirección de Inteligencia (Dipol) estaba diseñando en Bogotá la ‘Operación Esparta’, en la cual identificó a varios hombres del círculo cercano de ‘Sebastián’. Cuando lo capturaron el pasado 8 de agosto en una finca del municipio de Girardota, revelaron un organigrama en el cual aparecía ‘Adiel’, en compañía de ‘Beto’, ‘Frank’, ‘Chaparro’, ‘Guayabo’ y ‘Fredy Colas’.

Pero esto pareció importarle poco al susodicho, que desprevenido recorría los pasillos del centro comercial buscando aguinaldos.

NOTA RELACIONADA: Golpe a estructura criminal de la zona nororiental.

El Inspector.

Sus acciones, auge y caída regresaron a la memoria colectiva la semana pasada, cuando la Fiscalía le imputó la muerte y desaparición de los miembros de su cúpula a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Con base en lo dicho por este extraditado, las indagaciones del ente acusador, las versiones de exmiembros del clan y entrevistas a investigadores judiciales, Revelaciones del Bajo Mundo reconstruye el expediente judicial de ‘La Terraza’.

Tres jefes de 'La Terraza', de izquierda a derecha: 'El Negro' Elkin, 'El Zarco' o 'San Pedro' y 'Gorra'. Cortesía de la Fiscalía.

Esta historia comienza a principios de 1994, después de la muerte del capo del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria (2 de diciembre de 1993). El clan ‘Perseguidos por Pablo Escobar’ (‘Los Pepes’), una vez cumplida su misión de acabar con el Cartel, se disuelve.

Sus líderes continúan en la ilegalidad, aunque ahora pensando en construir estructuras paramilitares que combatieran a la guerrilla en todo el país y afianzaran el negocio del narcotráfico. Entre ellos estaban la familia Castaño Gil, Diego Murillo (‘Don Berna’) y Carlos Mauricio García Fernández (‘Rodrigo’ o ‘Doble Cero’), entre otros.

La ausencia del patrón Pablo Escobar, provocó el caos en el mundo del hampa, pues las bandas, ahora sin patrocinador, comenzaron a buscar sus propios ingresos. “Se disparó el secuestro extorsivo, saqueaban los camiones repartidores en los barrios, atracaban bancos, creció el robo de motos y carros”, recuerda un investigador policial que vivió aquellos tiempos.

Pero el trono de la criminalidad del área metropolitana no estuvo vacío por mucho tiempo y ‘Don Berna’ se apoderó de él. Entre las primeras cosas que hizo fue organizar a todas las pandillas en estructuras bajo su mando, y delegó la tarea y los contactos en dos hombres de confianza: Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’ o ‘Daniel Bum’, y Miguel Ángel Pérez Madrid, apodado ‘Tigrillo’, según el expediente policial. El primero había sido agente de Tránsito de Envigado y el segundo era hermano de Marlon Pérez Madrid, quien fue jefe del Departamento de Orden Ciudadano (DOC) de Envigado, una institución pseudopolicial al servicio del Cartel.

Estos personajes fueron los voceros de Murillo Bejarano en las comunas y lograron ‘alinear’ a los cabecillas barriales en la causa del nuevo patrón. Todo se jerarquizó bajo ‘La Terraza’, una banda que había existido en los tiempos del Cartel y logró sobrevivir, contrario a otras de su misma estirpe como ‘Los Magníficos’, ‘Los Cascos de Oro’, ‘La Ramada’ y ‘Los Priscos’, que se extinguieron.

Este nuevo ejército irregular se encargó de organizar el cobro de ‘vacunas’ extorsivas al comercio y también se financió con aportes de narcotraficantes como ‘Berna’, ‘Pacho’ Cifuentes y ‘Colorete’, para citar algunos.

Desde un principio, ‘La Terraza’ comenzó a tomar alas propias, a ganar autonomía y demostrar que a futuro se saldría de las manos de sus jefes. Por eso, para imponer condiciones, se ordenó la ejecución de ‘Tigrillo’, quien a juicio de los altos mandos pretendía independizarse y exponía las operaciones del grupo con un estilo de vida extravagante. En febrero de 1995, mientras estaba en la funeraria Ochoa de Envigado, lo acribillaron a bala.  Su lugar en la cofradía lo asumió Elkin Sánchez Mena, alias ‘El Negro’, ‘Digno’ o ‘El Viejo’.

SICARIOS DE ÉLITE

Así murió uno de los 12 funcionarios del CTI asesinados por 'La Terraza', entre 1997 y 1999.

Mientras en la zona rural de la nación, las Autodefensas Unidas de Colombia (1997 en adelante) sembraban el terror en el marco de su lucha antisubversiva, en el área urbana ‘La Terraza’ ejecutaba sus trabajos de “alto perfil”.

Según las investigaciones de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, que lidera las imputaciones contra el extraditado ‘Don Berna’, esa banda realizó varios de los asesinatos y secuestros más sonados a finales de los años noventa y el 2000, en Medellín y Bogotá.

Los hombres de ‘El Negro’ Elkin, siguiendo las órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño y de ‘Don Berna’, asesinaron al penalista Jesús María Valle Jaramillo, al humorista Jaime Garzón y a los investigadores sociales Mario Calderón y Elsa Alvarado. También raptaron a la congresista Piedad Córdoba y a cuatro investigadores de la ONG Instituto Popular de Capacitación, en cuya sede del barrio Prado Centro arrojaron una bomba.

De igual manera, entre 1997 y 1999 mataron a 12 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los cuales estaban tras la pista de las Autodefensas y ‘La Terraza’.

A principios de 1999 surgieron rencillas entre los patrones y la organización, que reclamaba una mayor participación en el negocio. Un investigador de la Fiscalía cuenta que había celos porque “la gente de ‘La Terraza’ no ganaba tanto dinero como otros hombres que siempre fueron protegidos por ‘Berna’, es decir, la gente que luego formó ‘La Oficina': ‘Rogelio’, ‘Valenciano’ y ‘Yiyo’ estaban entre esos preferidos”.

La situación se complicó cuando ‘La Terraza’ asaltó el edificio Villa Paola en Laureles, donde hubo varios muertos. “Carlos Castaño aseguró que se robaron una plata (millones de dólares) que debía ser para él, mientras que los de la banda dijeron que allá no habían encontrado nada”, relata la fuente.

El punto de quiebre fue la ‘Operación Milenio’, ejecutada por la DEA y la Policía Nacional en octubre de 1999 en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y México, en la cual arrestaron a 31 narcotraficantes, incluido Fabio Ochoa Vásquez, sobreviviente de la época del Cartel.

Varias rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa quedaron huérfanas y ‘Don Berna’ y sus protegidos empezaron a apoderarse de ellas. ‘La Terraza’ solicitó parte de esas redes, y se les negó, por lo que declararon su independencia. Castaño y Murillo no iban a permitir la insurección y entonces comenzó la guerra.

EL EXTERMINIO

Si entre enemigos la guerra es despiadada, entre amigos es mucho peor. ‘La Terraza’ y los paramilitares conocían bien los asuntos del uno y del otro, y en las calles y campos empezaron a morir los aliados e integrantes de cada bando.

A ‘Don Berna’ le asesinaron a su hermano Rodolfo Murillo Bejarano, alias ‘Semilla’, en un concesionario de carros de El Poblado, en el 2000. Después le acribillaron a un hombre de confianza, apodado ‘El Míster’, en el sector Mangazul de Envigado. En ese episodio, ocurrido el 20 de septiembre del mismo año, perdió la pierna Félix Alberto Isaza Sánchez, alias ‘Beto’, otro protegido de ‘Don Berna’ y futuro cabecilla de ‘La Oficina’.

Precisamente, los protegidos de Murillo encabezaron la guerra urbana contra ‘La Terraza’ y así nació ‘La Oficina’ en el 2000 (que es diferente a la que operó en la época del Cartel a órdenes de Pablo Escobar). ‘Danielito’, ‘Rogelio’, ‘Yiyo’, ‘Valenciano’, ‘Douglas’, ‘Nito’, ‘Sebas’ y ‘Frank’ enfilaron sus aparatos sicariales contra sus antiguos socios y sus familias, muchas bandas se retiraron de ‘La Terraza’, se unieron a ‘La Oficina’ y la sangre corrió una vez más por las ya teñidas esquinas de Medellín.

Sin embargo, esta guerra no se decidió en la capital antioqueña, sino en el vecino departamento de Córdoba. Con la excusa de pactar una tregua, Carlos Castaño invitó a la cúpula de ‘La Terraza’ a una fiesta de desagravio en la finca Perra Perdida, ubicada en el corregimiento Villanueva, del municipio de Valencia. ‘El Negro’ Elkin, con su organización diezmada, no tuvo más remedio que aceptar meterse a la boca del lobo.

El 3 de agosto de 2000 se ejecutó el exterminio en aquel predio. Un comando integrado por combatientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), liderado por ‘Móvil 5′, ‘El Rino’ y ‘El Amigo’, se enfrentó a los miembros de ‘La Terraza’, interceptándolos en un camino cuando viajaban en tres camionetas.

Según la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, en el hecho murieron nueve personas de la cúpula y escoltas de la banda: el jefe Elkin ‘El Negro’ Mena Sánchez; Wilson Raúl Mosquera, alias ‘Gorra'; Alexánder Londoño Londoño, con el mote de ‘El Zarco’ o ‘San Pedro'; Jaime Mateus Moya, ‘Lotar’ o ‘El Tatuado'; Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, ‘Yeimar'; Hugo Iván Correa Correa; Giovanni Figueroa Mosquera; Juan Fernando Cárdenas, ‘Papo'; y el último permanece como NN.

Algunos quedaron en la carretera, otros lograron llegar al planchón del río Sinú, donde los apresaron y les dieron muerte. A todos los arrojaron a ese afluente, por lo que los cadáveres nunca aparecieron; tan solo se recuperó el de ‘Yeimar’, que flotó hasta la superficie.

En el tiroteo fallecieron también dos miembros de las Accu, incluido ‘El Amigo’. Ese mismo día, la estructura paramilitar mandó un comunicado público a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, anunciando lo ocurrido. “Consideramos que, ya descabezada la cúpula de estas bandas delincuenciales, será más fácil para las autoridades erradicar la desbandada delincuencial que esta acción ha originado. Estamos seguros que nuestro método de justicia, radical pero inevitable, contribuye a la paz y tranquilidad del pueblo antioqueño”, escribieron con ironía los paramilitares.

La retaliación de ‘La Terraza’ no solo fue con sicariato y bombas, sino mediática. Comenzaron a enviar a mensajes en video y escritos a los medios de comunicación, y a conceder entrevistas, en las que sindicaban a Carlos Castaño y a ‘Don Berna’ de ordenar los asesinatos. Así mismo, señalaron a los miembros de la Fuerza Pública que, al parecer, trabajaban con aquellos.

Escena del carro-bomba en el parque Lleras. Archivo de El Colombiano.

Algunos de los oficiales mencionados en esos documentos son los generales Enrique Mora Rangel y Harold Bedoya, del Ejército (ambos retirados hoy), y el entonces mayor de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, quien llegó al grado de General, fue jefe de Seguridad del presidente Álvaro Uribe y hoy está en una cárcel de Estados Unidos, donde aceptó el cargo de conspiración para apoyar a una organización terrorista (por sus nexos con las Auc y ‘La Oficina’).

La guerra continuó y el 10 de enero de 2001 explotó un carro-bomba en el parqueadero del centro comercial El Tesoro, de Medellín, que dejó una muerta y 53 heridos. El 16 de mayo del mismo año mataron a Ronald Arroyave Castaño, alias ‘Ronald’, un cabecilla de ‘La Terraza’. Al día siguiente estalló una bomba en el parque Lleras de Medellín, dejando ocho civiles muertos y 138 lesionados. Hay que decir que la autoría intelectual de las dos bombas no se ha esclarecido aún por parte de las autoridades, pero los principales sospechosos son ‘Don Berna’, ‘La Terraza’ y después la guerrilla.

El último líder asesinado de la banda fue Dany Alberto Posada Patiño, alias ‘El Flaco’ o ‘New Wave’. A su cónyuge, Ángela María Torres George, la gente de Murillo la desapareció el 14 de septiembre de 2001. Según ‘Don Berna’, ella era integrante de ‘La Terraza'; la mamá de la mujer, Raquel George, se niega a creerlo y solo pide que le digan dónde está el cadáver.

Para el año 2002 no quedaba nada de esa organización y las fuerzas de Murillo, que en ese entonces también habían conformado los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas, se concentraron en una nueva guerra: acabar al bloque Metro, que comandaba ‘Doble Cero’, su antiguo compañero de ‘Los Pepes’.

Hoy en día, ‘Don Berna’ paga una condena de 31 años de prisión en Estados Unidos, por narcotráfico, y la justicia colombiana apenas ha iniciado las imputaciones en su contra por los delitos cometidos en nuestro país.

LA OTRA ‘TERRAZA’

“Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”, dice el refrán popular. Después de semejante derramamiento de sangre, ha surgido otra banda en el sector La Terraza, una zona ubicada entre los barrios Santa Inés y Las Granjas, de la comuna 3 de Medellín (Manrique).

Como aquellos de la década del noventa, se hacen llamar ‘La Terraza’ y tienen influencia en las comunas 3 y 4 (Aranjuez), al mando de alias ‘Chicho’. Hoy en día obedecen los designios de ‘La Oficina’ y controlan combos más pequeños.

Entre 2010 y 2011 protagonizaron sus propias batallas, en particular contra la extinta banda de ‘El Desierto’, y también perdieron a un cabecilla: ‘Fresita’ o ‘Juanfer’, descuartizado por órdenes de la propia organización. Habrían ejecutado crímenes de alto impacto, como la muerte del coordinador del Grupo de Bandas Criminales del CTI y el atentado al presidente del Concejo de Medellín. ¿Será que las autoridades logran desarticularla, antes de que haya más muertos?

Una vez más, “quien no conoce su historia…”.

El Inspector.

Hace algunos meses se instaló en la ciudad de Maracay, cercana al mar Caribe, en una urbanización de estrato medio alto llamada La Soledad, hasta donde llegaron los uniformados a capturarlo, en un operativo binacional.

Así estaba 'Valenciano' al momento de la captura en Maracay, Venezuela. Foto de cortesía.

La detención de Bonilla se presentó a las 10:00 p.m. de ayer, junto a 15 presuntos escoltas (todavía no han trascendido sus identidades) y una colombiana. El hombre de 39 años estaba más delgado debido a un bypass gástrico, además tenía gafas y barba, cuestión que no le ayudó a evadir el cerco.

El presidente Juan Manuel Santos, en visita al homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, confirmó hoy la noticia. ‘Valenciano’, también apodado ‘El Marrano’, ‘El Jugador’ o ‘El Futbolista’, fue conducido a Caracas, a la espera de una eventual deportación hacia Estados Unidos.

Allí es solicitado por una corte del Distrito Este de Nueva York, por el delito de conspiración para introducir cocaína a esa nación, en asocio con el cartel mexicano de ‘Sinaloa’ y la banda ‘Los Zetas’. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

Bonilla Orozco, natural de Villavicencio (Meta), se crió en Castilla, al noroccidente de Medellín, donde su padre integraba la banda ‘El Carrusel’. Maximiliano padre fue asesinado en 1987 y a su hijo, de 15 años, lo apadrinó Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien era cercano a  la familia.

Con este padrino en el mundo de la mafia, ‘El Jugador’ ascendió de sicario a cabecilla de la organización ‘La Oficina’. Consolidó la hegemonía del narcotráfico en la Costa Atlántica (departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira), con redes hacia Centroamérica (Panamá, Honduras, Costa Rica y México), Venezuela y Estados Unidos, para la exportación de estupefacientes. En suelo colombiano formó alianzas con ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’, otras agrupaciones asociadas al tráfico de droga.

'Valenciano' es padre de cuatro hijos.

Cuando extraditaron a ‘Don Berna’ en 2008, ‘Valenciano’ fue uno de los que quiso tomar el control de la estructura, y entró en confrontación con otro cabecilla: Ericson Vargas, apodado ‘Sebastián’, ‘Sebas’ o ‘Sandra’. Esa pugna involucró a cerca de 300 combos del Valle de Aburrá, triplicando los homicidios en la zona entre 2008 y 2011.

A lo largo de esos tres años, Bonilla fue cediendo terreno en la guerra del Área Metropolitana, mientras se concentraba en sus transacciones internacionales y escapaba de una creciente persecución de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Tras la captura, quien se postula como su posible sucesor es Carlos Esneider Quintero Galvis, alias ‘Esneider’, ‘El Costeño’, ‘El Gomelo’ o ‘ Fercho’. Es su mano derecha en el tema sicarial y máximo líder de ‘Los Mondongueros’, el principal brazo armado a órdenes de ‘Valenciano’.

Con 30 años de edad, ‘Esneider’ al parecer ya heredó los contactos de su patrón en la Costa Atlántica, Panamá y Venezuela. Está requerido por múltiples crímenes, entre ellos concierto para delinquir, homicidio, extorsión y hurto.

Por lo pronto, el análisis del contexto actual del conflicto urbano de Medellín arroja que la caída de ‘Valenciano’ no impactará de manera fuerte a la ciudad, pues hoy las bandas afines a él son muy pocas (‘Los Mondongueros’, ‘Los Machacos’, ‘Los Bananeros’, ‘Los Edificios’, ‘Asturias’ y ‘Calatrava’) comparadas con las de ‘Sebas’ y su socio ‘Beto’.

Hoy en día la lucha parece ser entre los combos de estos dos últimos líderes de ‘La Oficina’ contra la incursión de la organización ‘Los Urabeños’, que ya tomó el control de los corregimientos de la capital paisa. Falta ver qué decisiones tomará ‘Esneider’, para ver si el crimen se reacomoda y de qué manera.

NOTA RELACIONADA: Jefes de ‘La Oficina’ son prioridad para Estados Unidos.

El Inspector.

En el caso de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, recuerdo que a finales de 2007 la Policía ofrecía 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a su captura. En enero de este año aumentó a 800 millones y pronto dio un brinco a los 1.000. A mediados de 2008 la cifra iba en 3.000 y hoy en día su rostro aparece en un cartel de 5.000 millones de pesos.

Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'.

Hace 44 años nació en el municipio de Amalfi, al nordeste de Antioquia, y es hermano de Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, uno de los jefes más nombrados de las desmovilizadas Auc. Justamente, el 15 de agosto de 2006 culminó el proceso de dejación de las armas de 1.538 combatientes del bloque Élmer Cárdenas, al cual pertenecían los hermanos.

Pero a ‘Don Mario’ no lo convenció ese asunto y conservó parte de la estructura delictiva, la consolidó a través de los regueros de sangre y hoy batalla para controlar un corredor estratégico que va del Bajo Cauca, pasando por Córdoba y Antioquia, hasta la subregión de Urabá y Chocó.

El señorío violento sobre estos territorios le asegura la “gerencia” de las principales rutas del narcotráfico, situación por la cual ha entrado en brusca disputa con la ‘Oficina de Envigado’. Esta guerra incluso ha dejado muertes en Medellín, donde todavía está tratando de consolidarse.

Su fama se extendió a nivel nacional el 3 de abril, cuando envió un video suyo a los canales de televisión. Allí se presentaba como un comerciante e informaba que tenía cautivos a 25 hombres que habían ido a matarlo por órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. En el video, el amalfitense posó en un escritorio junto a un cuadro de caballos.

Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

Luego formó alianza con Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, otro poderoso narcotraficante y desmovilizado del occidente antioqueño, el cual ya fue capturado por la Policía.

En los últimos meses es mencionado a diario en los medios de comunicación, porque cada vez se destapan más escándalos relacionados con su poder de corrupción. Dos generales de la Policía y dos directores seccionales de Fiscalías han caído en la lupa de los investigadores por sus supuestas conexiones con el capo.

La mera sospecha de un nexo, bastó para tumbar del cargo al general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional Seis de Policía y principal responsable de la cacería de ‘Don Mario’ en sus áreas de operaciones. Detrás de él perdió el puesto el general Jesús Gómez Méndez, comandante de la Regional Cuatro.

General (r) Marco Antonio Pedreros.

General (r) Jesús Gómez Méndez.

El caso más sonado y sobre el cual se han recopilado más pruebas, es el que involucra al fiscal Guillermo León Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Medellín y hermano del ministro del Interior de Colombia, Fabio Valencia Cossio. En estos momentos, Guillermo permanece en la cárcel de Itagüí en calidad de imputado por cinco delitos.

Audiencia preliminar de Guillermo León Valencia Cossio.

¿Hasta dónde llegarán los tentáculos de este corruptor? Seguro lo sabremos en la medida que se incremente la recompensa.