De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

NOTA RELACIONADA: Cayó “Keiler”, presunto jefe de sicarios de “la Terraza”.

Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

NOTA RELACIONADA: Sicarios asesinaron a “Pichi Gordo”, antiguo cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó hoy que el reo salió libre el pasado 21 de enero de la cárcel La Dorada (Caldas), en la cual estaba pagando una sentencia de 16 años por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

El beneficio fue otorgado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de La Dorada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo” o “Pavarotti”, miembro de “la Terraza” y “la Oficina”. Foto de archivo El Colombiano.

Rojas fue capturado en Panamá el 11 de febrero de 2013. Luego deportado a Colombia y, tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía, condenado en julio de ese año por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín.

En el marco de la investigación trascendió que “Pichi Gordo” era cabecilla de la banda “la Terraza” y jefe de sicarios de “la Oficina”, la principal confederación de bandas del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Señalan a “Pichi” por masacre y muerte de policías).

El homicidio por el cual fue sentenciado ocurrió el 10 de agosto de 2008 en el barrio Campo Valdés, del nororiente de la ciudad. La víctima fue el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, quien conducía una motocicleta en compañía de su esposa, cuando fue tiroteado por sicarios; la mujer quedó herida, pero sobrevivió. En las conversaciones interceptadas por la Fiscalía quedó claro que lo mataron por error, creyendo que era otra persona.

Rojas también fue investigado como presunto autor intelectual del homicidio de dos policías encubiertos de la Dirección Antinarcóticos, los subintendentes Franklin Moreno López y Sergio Castro Castro, quienes pretendían infiltrarse en “la Oficina” y fueron acribillados por mercenarios en la entrada del Jardín Botánico, el 12 de julio de 2012; sin embargo, la Fiscalía no lo acusó por esos hechos.

Ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”.

En septiembre de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones administrativas al incluirlo en la llamada Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras y las de otros siete cabecillas de “la Oficina”.

Según la fecha de detención, este hombre nacido en Medellín y practicante de la santería, solo estuvo tras las rejas por seis años y 11 meses, es decir, menos del 50% de su pena, gracias a los beneficios y descuentos que obtuvo por estudio y buen comportamiento en prisión.

“Pichi Gordo”, de 46 años, se suma a otros cabecillas históricos de “la Oficina” que han obtenido su libertad en los últimos cinco años, como “Beto”, “Frank”, “el Indio”, “Víctor Colitas”, “el Cebollero”, “el Ronco”, “Yiyo”, “Rogelio” y “Percherón”.

NOTA RELACIONADA: Libertad condicional para antiguo jefe de “la Oficina”.

El Inspector.

Fuentes del Inpec confirmaron  que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga envió la solicitud este lunes 16 de diciembre a la cárcel de Girón, Santander, donde se encuentra el interno pagando una sentencia de 16 años y cuatro meses por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de documento falso. Esta es la reseña de lcaso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En un allanamiento a un apartamento de “Frank” en Envigado (2012), la Policía decomisó estos fusiles FN Herstal de fabricación belga. Fotos de archivo de la Policía.

Al recibir el requerimiento, el Inpec inició una búsqueda en las bases de datos, encontrando que Vargas no tiene más procesos activos en otros juzgados, razón por la cual en las próximas horas le notificarán la libertad condicional.

Estuvo tras las rejas siete años, al parecer logrando rebajas en el tiempo de pena por buen comportamiento y estudio.

“Frank” fue cabecilla de “la Oficina” entre 2008 y 2012, durante uno de los periodos más violentos en la historia reciente del Valle de Aburrá. En ese entonces, luego de la extradición a EE.UU. del fundador Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), la organización que controlaba a todas las bandas de la región sufrió una fractura interna.

Se conformaron dos bandos, cada uno buscando heredar el trono de la estructura: de un lado, el capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”) con sus ejércitos privados; y del otro, los hermanos Ericson y Franklin Vargas Cardona, en coalición con otros jefes de la mafia como Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Felix Isaza Sánchez (“Beto”).

La confrontación incluyó a casi todas las bandas del área metropolitana, aliadas con una y otra facción, y las autoridades calculan que esos choques fueron los responsables de por lo menos el 80% de los 7.000 asesinatos perpetrados en Medellín en esos años.

Ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

ANTECEDENTES

“Frank” fue capturado por la Policía el 17 de febrero de 2012, en un centro comercial de El Poblado, y al momento de la detención portaba una cédula falsa. En los allanamiento a dos de sus propiedades en Medellín y Envigado le encontraron tres fusiles, una pistola, municiones de distintos calibres, 486 millones de pesos en efectivo, 5.000 dólares y 4.000 euros.

Ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Frank” con armas, millones y mucho sigilo.

El 6 de marzo siguiente, en una inspección a uno de sus carros (un automóvil Seat), los investigadores encontraron una sofisticada caleta que se abría con comando de voz. Escondía un fusil AK-47, tres pistolas más, un revólver, proveedores y municiones.

Las autoridades relataron que la organización de “Frank” estaba involucrada en la importación de armas de última generación, como la pistola FiveSeven y el subfisul FN Herstal, diseñados en Bélgica para perforar chalecos blindados.

Ver la NOTA RELACIONADA: Descubren nueva caleta de alias “Frank”.

El 11 de octubre de 2012 fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, a la mencionada pena de 16 años y cuatro meses.

Según los archivos policiales, este hombre de 44 años participó en múltiples disputas mafiosas, bajo el mando de “don Berna”. En los 90 integró la banda “los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), en una guerra sin cuartel contra el Cartel de Medellín.

En el 2000 ingresó a “la Oficina”, en otra batalla a muerte contra la primera generación de la banda “la Terraza”. En esa confrontación lideró las bandas de los barrios La Milagrosa, El Salvador, Buenos Aires y Loreto.

Por tales antecedentes, su eventual excarcelación genera inquietud entre las autoridades. Su hermano Ericson continúa en una celda de Estados Unidos desde 2013, pagando una condena de 25 años por cargos asociados al narcotráfico.

NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en cárcel de E.U.

El Inspector.

El Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Medellín le otorgó una rebaja del 40% de la pena al cabecilla de las bandas “los Chatas” y “la Oficina”, pues la ley contempla esos beneficios para quienes acepten la culpa de manera anticipada.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, fue capturado en una cabaña de El Peñol, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Mesa Vallejo, quien fue capturado el 9 de diciembre de 2017, purgará la sentencia por los cargos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y falsedad material en documento público. El fallo incluye una multa de 1.500 millones de pesos, aunque dicen los mismos juristas que estas penalidades jamás se pagan y raras veces se cobran.

Junto a “Tom” fueron condenados sus esbirros Wálter Varela Loaiza (“Basura”) y Jhon Mario Lopera Pineda, a 12 años de cárcel.

Los abogados de estas personas apelaron el fallo y el recurso será resuelto en los próximos meses por el Tribunal Superior de Medellín.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado probar la responsabilidad de “Tom” en crímenes más graves, como homicidios, secuestros y extorsiones, a pesar de que los investigadores presumen que ordenó y ejecutó esas conductas, por haber liderado “los Chatas” y “la Oficina” durante varios años.

En su contra siguen las pesquisas de la justicia estadounidense y la Fiscalía colombiana, tratando de hallar pruebas para formalizar un pedido de extradición a EE.UU., situación que todavía no han concretado.

NOTA RELACIONADA: “Tom” aceptó cargos y le espera más de una década en prisión.

El Inspector.

Sucedió este miércoles 31 de octubre, en una audiencia ante el Juzgado Quinto Penal Especializado de Medellín, vía teleconferencia, pues continúa preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, el día de su captura en El Peñol, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Según fuentes judiciales, Mesa Vallejo reconoció su responsabilidad por cuatro cargos: 1). concierto para delinquir, ligado a su jefatura en las citadas bandas; 2). lavado de activos, porque el día de su captura le decomisaron 14.000 dólares, 97’600.000 pesos y joyas valoradas en más de $10 millones, de origen ilícito; 3). porte ilegal de armas de fuego, por la incautación de tres pistolas; y 4). uso de documento público falso, por portar una cédula fraudulenta.

Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que la pena a imponer sería de 14 a 16 años de prisión. El juez cuenta con un mes para elaborar el fallo.

LA DESGRACIA DE LOS COMENSALES

“Tom” fue capturado por la Policía el 9 de diciembre del año pasado, cuando festejaba su cumpleaños con familiares, amigos y compinches en una cabaña de El Peñol, Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Tom” no aguantó la cacería de dos gobiernos).

En el operativo también fueron arrestados sus lugartenientes Wálter León Varela Loiza (“Basura”), Jhon Mario Lopera Pineda y Marlon Arley Mejía Araque (“Mono Marlon”), pero este último fue dejado en libertad posteriormente, pues no había orden de arresto en su contra y portaba una dosis mínima de marihuana.

En el allanamiento sorprendieron a tres pesos pesados del crimen organizado, que tampoco fueron detenidos en ese momento, aunque luego afrontaron adversidades. Uno de ellos fue John Jairo Velásquez Vásquez (“Popeye”), el antiguo sicario del cartel de Medellín, a quien le cayó la justicia el siguiente 25 de mayo.

La Fiscalía lo procesó por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, por su supuesta participación en el cobro de una deuda del narcotráfico; y también por amenazas e instigación para delinquir, debido a unas intimidaciones proferidas por la red social Twitter contra el entonces candidato presidencial Gustavo Petro y sus seguidores (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de alias “Popeye” con “la Oficina”).

El segundo pez gordo que celebraba con “Tom” fue Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, un jefe financiero de “la Oficina” que había regresado a Colombia en 2016, tras pagar una pena por narcotráfico en EE.UU. Tampoco salió airoso, pues la misma organización ordenó su asesinato un mes y medio después (enero 22), en una vía de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinaron a alias “Botija”, financista de “la Oficina”).

El tercero fue Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván” o “Barbas”), quien también estuvo preso en EE.UU. y volvió al país en 2013. Durante los últimos años logró conservar un bajo perfil, mas su invitación a la fiesta de “Tom” revivió la curiosidad de las autoridades en su contra.

Ahora la Policía sospecha que está implicado, presuntamente, en redes de microtráfico de drogas en el Valle de Aburrá, y la Alcaldía de Medellín ofreció hasta $50 millones de recompensa por información que lleve a su captura.

LO RONDA LA EXTRADICIÓN

El gobierno de EE.UU., que había asignado una recompensa de 2 millones de dólares en contra de “Tom”, está recopilando información para solicitar su extradición. En ese esfuerzo lo apoyan la Fiscalía y la Policía de Colombia, pues el presidente Iván Duque manifestó su deseo de autorizar el pedido internacional.

Entretanto, Mesa Vallejo trata de frenar esa situación. La estrategia ha sido unirse con otros jefes de la mafia del Valle de Aburrá para ofrecerse como gestores de paz de un eventual desarme de bandas en la capital antioqueña, y así obtener beneficios jurídicos, entre ellos la no extradición.

Desde 2017 han enviado cartas a la Casa de Nariño y a los medios de comunicación, solicitando un acuerdo de sometimiento a la justicia. Las misivas son firmadas por “Tom”, “Carlos Pesebre”, “Douglas”, “Beto” y “Diego Chamizo”, entre otros, pero el Gobierno no se ha pronunciado.

NOTA RELACIONADA: Bandas de Antioquia piden audiencia para someterse a la ley.

El Inspector.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, que despertó las alarmas en las autoridades del área metropolitana.

Así lucía, posterior a su captura en 2012, Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”. Foto de archivo.

Felix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto” o “el Mocho”, uno de los cabecillas históricos de la organización criminal “la Oficina”, está a punto de salir de la cárcel.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja le concedió la libertad condicional el pasado 31 de agosto, debido a que ya cumplió las tres quintas partes de su condena, al pagar seis años y tres meses de encierro (fue detenido en 2012).

La boleta de libertad ya está en las oficinas de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde está preso desde el 10 de junio de 2017. Fuentes del Inpec manifestaron que están revisando en las bases de datos para ver si existen requerimientos judiciales de alguna autoridad; en caso de que no aparezcan, sería liberado este fin de semana.

“Beto”, de 52 años, llegó a ser uno de los máximos cabecillas de “la Oficina” y del crimen organizado del Valle de Aburrá, gracias a su amistad con el capo Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) desde los años noventa.

Lo acompañó en la banda “los Pepes”, en la guerra contra el cartel de Medellín (1991-1993), y siguió a su lado en el exterminio de la organización “la Terraza” (1999-2002) y del bloque Metro de las Auc (2002-2004). En esas contiendas, fue víctima de un atentado con fusil en el municipio de Envigado, en el que perdió la mitad de su pierna izquierda (20/9/00). Desde entonces camina con una prótesis de metal.

Cuando se consolidó la estructura de “la Oficina” en el siglo XXI, “Beto” asumió un lugar en la cúpula. Bajo su autoridad estaba el dominio de los negocios ilícitos en Envigado y Sabaneta, así como las relaciones con los servidores públicos corruptos de la Fuerza Pública y las administraciones municipales.

La empresa criminal se apoderó del bajo mundo en el área metropolitana, sometiendo a los combos barriales a sis designios y coordinando actividades de narcotráfico, sicariato, extorsión, lavado de activos y cobro de deudas mafiosas, entre otras.

Tras la extradición de “don Berna” en 2008, se presentó una violenta pugna interna por el control de “la Oficina” (hasta 2011), en la que “Beto” fue uno de los protagonistas. Al final, sus fuerzas lograron imponerse a los adversarios.

La Policía Antinarcóticos lo capturó el 24 de mayo de 2012 en una casa del corregimiento San Antonio de Pereira, en el municipio antioqueño de Rionegro. Después, la justicia profirió dos condenas en su contra: por hechos de 2009, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 9 años por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y uso de documento falso; y por incidentes de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó otra de 5 años, también por concierto para delinquir agravado.

En junio de 2013 la Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio, embargándole 56 bienes (casas, fincas, locales, empresas y vehículos) valorados en 5 millones de dólares, que el cabecilla tenía en Envigado, Sabaneta, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.

El gobierno de Estados Unidos, que se fijó como objetivo contribuir al desmantelamiento de “la Oficina”, también le puso la mira a las acciones de “Beto”. En noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones financieras y lo incluyó en la Lista Clinton, en compañía de su hermano Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”), un agente de tránsito de Envigado, sospechoso de apoyarlo en sus actividades ilícitas (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

MOTIVOS DE LA DECISIÓN
En su providencia, el Juzgado de Tunja no solo tuvo en cuenta el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena. Según el fallo, conocido por este diario, tuvo en cuenta los estudios que realizó “Beto” en la prisión, y que le sirvieron para atenuar los años de condena. En sus evaluaciones y cartillas biográficas, el Inpec conceptuó que su conducta era “buena y ejemplar”, por lo que el juez estimó que “existe un compromiso del interno en su proceso de resocialización”.

En la petición de libertad, el abogado de Isaza aportó, entre otras cosas, una carta firmada por 68 vecinos del barrio El Trianón de Envigado, en la que afirman que el convicto “es una persona solidaria, comunicativa, deportista y líder”.

A pesar de esto, y considerando los antecedentes, la boleta de libertad expedida por el juez generó alerta en las autoridades de Medellín. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez, señaló que su Institución está evaluando la situación con la Fiscalía, para revisar si existen otros requerimientos judiciales en contra de “Beto”.

La salida de este hombre se da en momentos en que “la Oficina”, mediante comunicados públicos, viene informando que sus cabecillas están dispuestos a acordar un pacto de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional. En una carta enviada a la Presidencia de la República, el pasado 13 de marzo, 11 jefes criminales del Valle de Aburrá aseveran que buscan pacificar la zona desarmando a las bandas, y entre los firmantes aparece “Beto”.

NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”.

El Inspector.

Durante las audiencias de control de garantías, realizadas este lunes 5 de marzo en el Palacio de Justicia de Medellín, el presunto jefe y fundador de la organización criminal “los Triana” escuchó con gestos de incredulidad las motivaciones que tuvo el fiscal 70 de la Dirección contra la Criminalidad Organizada para expedir la orden de captura, que se materializó el pasado domingo en un condominio de lujo del municipio de Titiribí.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Fernando Triana Bustos tiene 46 años y la Fiscalía lo señala de haber fundado la banda “los Triana” en los años 90, en compañía de su hermano John Fredy Triana Bustos (“el Gordo”) y su primo Carlos Mario Triana Vásquez (“Mario Chiquito”). Foto de Santiago Mesa.

El jurista expuso que la investigación nació en octubre de 2013, cuando un ciudadano denunció que fue víctima de desplazamiento forzado por parte de esa banda.

Los investigadores comenzaron a recopilar información y establecieron que desde 2009 existen 40 expedientes asociados con desplazamientos intraurbanos promovidos por ese grupo ilegal, y testimonios de 20 personas que han declarado contra 150 de sus cerca de 300 integrantes.

“Ellos tienen gente en la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía, porque tienen mucha plata para comprar al que sea”, denunció uno de los testigos, según los documentos que leyó el fiscal en la sala.

Otros afectados señalaron que “los Triana” venden lotes ilegales en los sectores de Calle Vieja y La Gabriela, expenden drogas y aguardiente adulterado, controlan el mercado de canasta familiar y la distribución de gas por pipeta en los barrios de Santa Cruz (comuna 2), al igual que extorsionan y asesinan por dinero.

También indicaron que la facción adquiría la droga en laboratorios de cocaína del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, y que intervenían en cuestiones de deudas cobrando porcentaje.

“Todas las tiendas tienen que comprarle los huevos a Elkin Triana, sino no pueden vender”, y “los pagadiarios tienen que tener un certificado de la banda para poder trabajar”, manifestaron las víctimas citadas en el expediente.

Al escuchar estos señalamientos, Triana Bustos levantó las cejas y negó con la cabeza, mientras comía maní en el sillón de los acusados.

El fiscal prosiguió en sus planteamientos, comentando que en los últimos años habían sido asesinados cuatro ciudadanos que denunciaron formalmente a esa estructura, y que a uno de ellos le mataron dos hermanos, tan solo para forzarlo a aparecer en los velorios.

“Y si mi mamá estuviera muerta, me la desentierran también”, se quejó uno de los testigos, reflejando el temor que despierta este grupo en la comunidad.

DE NUEVO A PRISIÓN
Según las autoridades, la base de operaciones de “los Triana” es la comuna 2 de Medellín, pero sus redes se extienden al corregimiento San Antonio de Prado, Robledo, el suroriente de Bello y algunos barrios de Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

Se tiene conocimiento de sus actividades desde 1999, año en el que habrían masacrado a seis personas en el sector Cañada Negra, de Bello.

Por ese hecho, Elkin Triana pagó nueve años de una sentencia de 46. Antes se había fugados dos veces de la prisión de San Quintín (Bello).

Tras escuchar la presentación de la Fiscalía, que no tuvo objeción por parte de la defensa, el juez Segundo Penal Ambulante de Antioquia dictó medida de aseguramiento en la cárcel contra el detenido.

Su defensora le solicitó al juzgador que considerara la posibilidad de enviar a su cliente a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, “porque en otras corre peligro, pues su nombre lo precede”.

NOTA RELACIONADA: El jefe de la banda “los Triana” regresará a la cárcel.

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ANEXO: ASÍ FUE EL ALLANAMIENTO EN TITIRIBÍ

La captura fue en la madrugada del domingo en una finca valorada en $10.000 millones, en el condominio La Siria, de Titiribí. En el recinto dormían nueve personas, incluyendo a Elkin Triana, su esposa, su mamá y una hija.

Al cabecilla le decomisaron dos carros último modelo, dos pistolas de aire comprimido, 24’045.000 pesos en efectivo, tres recibos de Bancolombia con transacciones por 32 millones de pesos, celulares y equipos de almacenamiento electrónico. Según el acta de captura, Elkin Triana les dijo a los policías que “se quitaba el sombrero” por la forma en que actuaron.

El Inspector.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de la ciudad (radicado N° 05001310400920150025900), que el pasado 29 de septiembre emitió el fallo en contra del jefe de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e integrante de la cúpula de la banda “la Oficina”.

Esta es la reseña del caso, elaboraba por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez García tiene 43 años de edad y es oriundo de Medellín. Cortesía Policía Metropolitana.

Según el expediente, “Carlos Pesebre” ordenó la muerte de Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, el 15 de julio de 2005. La víctima era exmiembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en ese momento oficiaba como lugarteniente del cabecilla.

El crimen fue perpetrado por sicarios en el barrio Los Alpes. De acuerdo con las declaraciones de un testigo, la banda acusó a “el Meca” de robarse 750 millones de pesos, razón por la cual lo asesinaron.

Ramírez García recibe esta nueva condena en la cárcel de Valledupar (Cesar), donde pagaba otra de nueve años por concierto para delinquir agravado.

EL IMPERIO CRIMINAL
“Carlos Pesebre”, de acuerdo con el dosier policial, se inició en el mundo delincuencial en los años 90, participando en las Milicias Urbanas que la guerrilla tenía en Medellín. Después pasó al bando contrario, integrando el bloque Héroes de Granada y coordinando un grupo de paramilitares en las comunas 7 y 13 (Robledo y San Javier).

Cuando la facción se desmovilizó en 2005, Ramírez no participó del proceso y continuó delinquiendo a la sombra, trabajando para la mafia de “la Oficina”, al frente de lo que hoy se denomina “Odín Robledo”.

Este grupo actúa como una confederación de combos, cerca de 50, que operan en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16, en los corregimientos Altavista, San Cristóbal y San Antonio de Prado. Se dedican al sicariato, tráfico de drogas y armas, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones, robos, entre otras conductas.

Durante la última década, la agrupación obtuvo una especie de blindaje social en algunos barrios de la metrópoli paisa, “ganándose” a las comunidades con mercados, fiestas decembrinas y otras medidas.

“Carlos Pesebre” fue capturado por la Policía en 2013, en una finca del municipio de Urrao, cuando sostenía una reunión con sus lugartenientes.

SE DESMORONA LA BANDA
Luego de la condena por concierto para delinquir, fruto de un preacuerdo con la Fiscalía, Ramírez volvió a ser noticia en diciembre de 2014. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar revocó la medida de encarcelamiento en su contra, bajo el argumento de que es un padre cabeza de familia.

La situación fue interpretada por los organismos de seguridad como un intento de evadir la justicia, por lo que los investigadores comenzaron a escarbar los archivos para encontrar algún expediente que permitiera abrirle un nuevo proceso. Fue así como salió a flote el asesinato de alias “el Meca”, se emitió una orden de arresto y se frustró su salida de la prisión (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinato de un exsocio frenó la salida de “Carlos Pesebre”).

Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de la jueza que le concedió ese beneficio en principio.

Con “Carlos Pesebre” en la cárcel, la Policía y la Fiscalía comenzaron a golpear con severidad su estructura ilegal y sus principales cabecillas también cayeron a prisión: “Tatú”, “Maicol”, “Toño”, “Jotalibán”, “Piercing”, “Andresito”, “Caballo” y, recientemente, “el Diablo” (ver la NOTA RELACIONADA: Tres protagonistas de guerra de combos salieron del mapa).

En consecuencia, la “Odín Robledo” ha venido perdiendo territorios en los que antes comandaba, en especial en Robledo y San Cristóbal.

Según fuentes judiciales, la defensa de Ramírez apeló la última sentencia y quedó a la espera del proceso en el Tribunal Superior de Medellín.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

Esto han indicado fuentes de la Fiscalía, tras señalar que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar, por petición de la defensa del sentenciado, cambió la detención intracarcelaria a la que está sometido, por la domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner García, alias “Carlos Pesebre”, es cabecilla de “la Oficina” y la “Odín Robledo”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Cortesía Policía.

García Ramírez está pagando en la prisión de Valledupar una pena de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace un par de meses lo sancionó incluyéndolo en la Lista Clinton, siguió delinquiendo y orquestando su banda desde la celda.

El argumento con el cual la defensa solicitó el cambio en la medida de aseguramiento es, de acuerdo con las fuentes judiciales, que “Carlos Pesebre” es padre de familia y la jurisprudencia debe velar por la protección de los menores de edad.

Bajo este mismo pretexto recibieron la detención domiciliaria otros dos cabecillas de “la Oficina” condenados, con el agravante de que ambos se fugaron de las casas a las cuales los llevaron: Hernán Darío Giraldo Gaviria (“Cesarín”) en 2014 y Carlos Hernández Ossa (“Duncan”) en 2010.

Voceros del Inpec confirmaron que la solicitud del juzgado llegó en la tarde de este viernes (diciembre 5) al establecimiento de Valledupar. Ahora el área jurídica de esa dependencia analiza la hoja de vida (proceso de sustanciación) del detenido para determinar si no existen otros requerimientos judiciales que obliguen a frenar su salida.

En caso de que no los haya, “Carlos Pesebre” dirá el domicilio en el cual continuará cumpliendo la pena, que será visitado por una trabajadora social, y el Inpec notificará a la Policía del Cuadrante y hará registros periódicos. Se presume que, si no hay impedimentos, su traslado se daría en la tarde de este sábado 6 de diciembre.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

De acuerdo con la Fiscalía, la historia comenzó el 3 de noviembre de 2011, cuando un comerciante de la Central Mayorista de Antioquia salía de una caballeriza del municipio de Sabaneta y fue sometido y raptado por un grupo delincuencial.

Carlos Correa, alias “don Pepe”, fue detenido en una urbanización de Sabaneta. Cortesía Policía Metropolitana.

A la semana siguiente al plagio, “don Pepe” y tres secuaces fueron al parqueadero del Almacén Éxito de El Poblado, a recibir una suma cercana a los 17.000 millones de pesos para liberar al comerciante. En ese preciso instante les cayeron los agentes de la Dirección Antisecuestro, capturándolos en el acto (ver la NOTA RELACIONADA: “Don Pepe” y los cabecillas que pasan de agache).

Junto a Correa López arrestaron a Óscar de Jesús Bedoya García, alias “Camellete”; John Alexánder Restrepo Londoño y Jaime Alonso Quiceno Sánchez. A estos dos últimos la Policía los señaló de hacer trabajos logísticos para el cabecilla, como la compra y venta de vehículos y la administración de bienes y propiedades obtenidas de manera ilegal.

El 16 de noviembre siguiente. la víctima se presentó ante las autoridades y dijo que no había estado secuestrado, sino que estuvo de viaje unos días y se ausentó de la ciudad. Tras retirar la denuncia penal, “don Pepe” y sus compinches obtuvieron la libertad.

No obstante, los agentes del Gaula determinaron que el comerciante retiró la denuncia bajo amenazas de muerte, por lo que el proceso se reactivó y la Dijín capturó a Correa López el 19 de abril de 2013, en un apartamento de Sabaneta (ver la NOTA RELACIONADA: Así pescaron a “don Pepe”, supuesto líder de “la Oficina”).

En ese instante, el cabecilla era uno de los máximos líderes de “la Oficina” y de su principal tentáculo en Itagüí, la banda “la Unión”. En la misma sentencia judicial por secuestro extorsivo, también fueron condenados a 20 años y 8 meses dos de los copartícipes del crimen: John Alexánder Restrepo Londoño y “Camellete”, conocido en el bajo mundo por haber sido la mano derecha de alias “Yiyo”, otro jefe histórico de la organización. Ambos están prófugos.

La defensa de “don Pepe” apeló la sentencia y será el Tribunal Superior de Medellín quien resuelva ese recurso.

El Inspector.

Por estrategia o por casualidad, las acciones coincidieron con los eventos Colombiamoda y la previa de la Feria de las Flores; no obstante, la lucha contra la criminalidad, sin claudicar, es una iniciativa que siempre se agradece.

Capturados en la Operación Vulcano contra una célula de "los Triana" que delinquía en el barrio La Gabriela, de Bello. Cortesía Policía.

Las sentencias y operativos también demuestran, en el fondo, lo activas que son las facciones criminales del Valle de Aburrá, una constante que afecta a la comunidad desde los años noventa.

Esta es la relación de los hechos más recientes contra estas estructuras:

JULIO 4

En la Operación Vulcano, el Gaula Metropolitano detuvo a 16 presuntos integrantes de una célula criminal de la “Odín los Triana”, que delinquía en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Los arrestados estarían implicados en el asesinato de un líder del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García (el 4 de mayo de 2o13), y el desplazamiento forzado de 10 familias de la zona.

JULIO 10

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a 15 años de cárcel a Ferney Mauricio Acevedo Muñoz, alias “Reyes”, cabecilla del combo “La Loma”. El sentenciado participó en el desplazamiento forzado de 74 familias en el sector La Loma, localizado en el borde del corregimiento San Cristóbal con la comuna 13. El hecho ocurrió entre el 5 y el 8 de mayo de 2013, y por ello también han sido condenados otros 13 miembros del combo, a penas entre 8 y 13 años (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades no pudieron evitar desplazamiento en La Loma).

JULIO 11

En la Operación Neptuno I arrestaron a “el Tatuado” y “el Mono”, en el corregimiento San Antonio de Prado y el barrio El Playón de Medellín. Al parecer son integrantes de una “Convivir”, al servicio de la “Odín Picacho”, y habrían sido delegado por los cabecillas alias “Soto” y “Diadema” para “comenzar una incursión ilegal en el Parque Lleras”, dice el informe policial.

JULIO 15

La Fiscalía informó que el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín condenó a 37 años y 4 meses de cárcel a Juan Camilo Patiño Holguín, alias “Peyoyo” o “Boca e’ Bagre”, cabecilla de la banda “La 38″ de la comuna uno (Santo Domingo). El delincuente asesinó a un lavador de buses de 17 años de edad, al parecer porque se negó a integrar el combo. El homicidio sucedió el 28 de abril de 2010 y por él hay otros dos sentenciados: Luis Campuzano Zapata (“Chupadedos”) y Carlos Posada García (“el Zarco”), ambos con una pena de 38 años.

JULIO 16

– La Policía adelantó una operación estructural contra la banda “La María” del municipio de Itagüí, dedicada al cobro de extorsiones, el desplazamiento forzado y las amenazas, entre otros delitos. Fueron capturados 15 supuestos integrantes, incluyendo al cabecilla Juan Carlos Serna Jaramillo, y otros cinco ciudadanos que ya estaban previamente en la cárcel.

– Eduardo Alberto Murillo Mena, alias “el Diablo”, recibió la máxima pena que contempla el Código Penal colombiano: 60 años de cárcel, por la masacre de cinco personas en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. El crimen sucedió en un apartamento de la urbanización Las Flores, el 30 de abril de 2011. Entre las víctimas había una mujer, quien fue acribillada delante de su hija de 12 años (ver la NOTA RELACIONADA: Ajustes de cuentas generan dos nuevos horrores).

JULIO 17

En la Operación Odiseo, la Policía golpeó al combo “el Acopio”, adscrito a la “Odín Robledo”. En varios allanamientos fueron capturadas 14 personas, y a cinco más que ya estaban en la cárcel les imputaron nuevos cargos. Entre los procesados están el cabecilla José Otalivar Cahavarría, alias “Jotalibán”, al igual que “el Gomelo”, “Grillo”, “Juanini”, “Bincho”, “el Cabe”, “la Chinga”, “Pantera”, “Rusbel”, “Maravilla”, “Alvarito”, “Mellizo”, “Chicho” y “Jerson” (ver la NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán, supuesto cabecilla de Robledo).

JULIO 18

Un juez penal dictó medida de aseguramiento en prisión contra Hugo Alejandro Zuleta Arango, alias “Alejandro”, supuesto miembro del combo “Pico Pico”. La Fiscalía lo procesó por el asesinato a bala del comerciante de oro Héctor Darío Mejía Henao, cometido el 3 de julio de 2010 en el barrio Castilla. La madre del finado lo denunció y por ello fue desplazada del vecindario. El detenido negó los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.

JULIO 21

Un juzgado dictó medida de aseguramiento en prisión contra Jhomer Alejandro González, de 29 años y presunto miembro del combo “el Alto” de Aranjuez. Al parecer, el pasado 3 de junio este hombre le disparó desde una motocicleta a un ciudadano, quien resultó impactado en la cabeza cuando viajaba con su novia en otra moto, en Aranjuez. La víctima sobrevive hasta ahora, con graves secuelas.

JULIO 22

– Tras un tiroteo en el barrio Castilla, donde resultó herido Andrés Felipe Florez Londoño, de 26 años, la Policía capturó a cinco presuntos sospechosos, al parecer miembros del combo “La 40″: Harold Rendón, Cristian Valderrama, Milton López, Luis Cortés y Yirman Rodríguez. Les incautaron cuatro armas cortas y municiones, y al día siguiente el juez de garantías los envió a la cárcel por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

– En el barrio El Picacho fue capturado alias “Gabrielito”, presunto cabecilla de la “Odín Picacho”, quien portaba una pistola Glock 9 milímetros con 20 cartuchos y dijo llamarse Gabriel Jaime Jaramillo Rodríguez. Este caso desató polémica, pues al día siguiente un juez le otorgó la detención domiciliaria. La decisión fue catalogada como “una burla a los esfuerzos de la Fuerza Pública” por parte del alcalde Aníbal Gaviria.

– La Fiscalía informó que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín condenó a 39 años y 8 meses de cárcel a Héctor Fabio Vanegas Arias, alias “Varela”, integrante del combo “el Hueco” de la comuna 1 (Santo Domingo). El 23 de diciembre de 2009 el sentenciado asesinó a tiros al tendero Conrado Gómez Gómez, en su propio local del barrio Granizal; otro adulto quedó herido. La causa del ataque, según la Fiscalía, fue que la víctima se negó a pagar la vacuna.

JULIO 23

– El Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín dictó medida de aseguramiento en la cárcel contra Andrés Felipe Chaverra Cuesta, de 19 años y presunto integrante del combo “el Orinal” de la comuna 13. La Fiscalía le imputó a alias “Chaverra”  los delitos de concierto para delinquir agravado y el desplazamiento forzado de 47 integrantes de una familia del barrio Nuevos Conquistadores. Por este hecho también están encarcelados alias “Harold” y “Piedrahíta”.

– En un apartamento del barrio Villatina fueron capturados 12 presuntos integrantes del combo “13 de Noviembre”, asociado a la “Odín Caicedo”. Estaban al parecer encargados del microtráfico de estupefacientes en la comuna 8 y el sector Barrio Triste, del centro de Medellín. Les decomisaron 30 municiones y 50.600 dosis de marihuana y perico.

JULIO 24

El Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena de 50 años de cárcel contra el sicólogo Juan Gonzalo Gañán Sánchez, alias “Salo” o “Chalo”, integrante de la organización criminal “los Triana”. El sentenciado estuvo implicado en un caso de sicariato el 27 de noviembre de 2010 en la vereda La Miel del municipio de Caldas: varios matones hurtaron un taxi y a punta de fusil y pistolas asesinaron a Braulio Gallego Román y a un adolescente de 15 años; otro adulto salió herido. Según la Fiscalía, el crimen ocurrió porque “los Triana” pretendían apoderarse de las plazas de vicio de la zona. “Chalo” fue detenido en pleno enfrentamiento a bala con la Policía.

JULIO 25

En la Operación Neptuno II fue capturado alias “el Zarco”, a quien la Policía Metropolitana señala de ser un cabecilla de “las Convivir”, trabajando a órdenes de la “Odín Caicedo”. Aunque la detención fue en el centro de Medellín, la influencia delincuencial del sujeto estaba enfocada en el suroriente de la capital paisa, extorsionando a los comerciantes del Parque del Poblado y el Parque Lleras.

NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín.

El Inspector.

A las 8:00 a.m. de ayer, los funcionarios del Inpec fueron a hacer la ronda en la vivienda de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias “Cesarín”, ubicada en la calle D con la manzana 14F del barrio La Laguna, en Puerto López, Meta.

Su susto fue mayúsculo al constatar que este hombre, condenado a 20 años y 9 meses por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, no estaba en la residencia. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cuando "Cesarín" fue capturado en 2009 en el municipio de Giraldo (Antioquia), andaba con el secretario privado del comandante de la Policía Metropolitana de entonces, el general Dagoberto García. Cortesía.

“Se realizan acciones conjuntas con la Policía para dar con el paradero del prófugo y recapturarlo lo más pronto posible”, informó el Inpec en un lacónico comunicado.

Al momento de su captura en 2009, la Policía informó que “Cesarín” o “el Abogado” integraba la cúpula de “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá, y tendría influencia sobre 50 combos, principalmente en el occidente de Medellín y el corregimiento San Cristóbal.

Su condena se debe a que fue el autor intelectual del asesinato del empresario antioqueño Argemiro Salazar, a quien los sicarios acribillaron en el Centro por negarse a pagar extorsiones (15/8/09).

Sin embargo, ni siquiera llevaba cuatro años cumplidos de la sentencia, cuando el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Villavicencio le concedió el beneficio de la detención domiciliaria, el pasado 12 de diciembre.

El argumento, indica la resolución judicial, es que probó ser padre cabeza de familia de dos niños de 8 y 10 años.

Su defensa explicó que los menores estaban al cuidado de su abuela paterna Gilma Gaviria, la cual no pudo continuar la tarea por dolencias cardiacas. En cuanto a la madre, está ausente: “Yo siempre le dije a mi hijo que esa muchacha no le convenía, porque se mantenía tomando y bailando”, declaró la señora al Bienestar Familiar.

Las leyes que protegen a los menores favorecieron al cabecilla, quien salió de la celda el 13 de diciembre con el propósito de cuidar a los niños, acto que quizá ya no pueda cumplir siendo prófugo.

Por ser cabeza de familia también le dieron la detención domiciliaria en 2010 a Carlos Hernández Ossa, alias “Duncan”, otro jefe de la banda. A los pocos días se fugó de su casa en Bogotá, sin que hasta hoy se sepa el paradero.

Ese mismo año también se voló de la domiciliaria en Medellín Daniel Alejandro Serna, apodado “Kener”, aunque este integrante del clan fue recapturado 38 horas después.

“Se tenía la sospecha de que ‘Cesarín’ pudo haber utilizado una especie de reemplazo, haciendo una suplantación de sí mismo, y darse a la fuga”, explicó hoy el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional.

Añadió que “haciendo una segunda verificación con los correspondientes equipos, se pudo constatar por parte del Inpec que aquella persona no estaba en su lugar de residencia. Esto de los hijos no ha sido más que una trampa para burlar a la justicia, acción que nos impone un nuevo reto, no hay desánimo en la Institución, no es el primer delincuente que valiéndose de artimañas burla temporalmente la acción de la justicia”.

El general Palomino manifestó que “conociendo la peligrosidad de este bandido ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos, porque es una amenaza para la sociedad”.

NOTA RELACIONADA: Atrapan a un cabecilla de banda, pero sueltan a otro.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, quien emitió el sentido del fallo condenatorio contra Camilo Piedrahíta Monsalve, alias “la Máscara” o “Lucky”, y Juan Carlos Restrepo Gallego, apodado “Cafés”.

Con este volante la Policía estuvo buscando a los sospechosos de la masacre. Cortesía.

La matanza ocurrió el 19 de septiembre de 2010 en el bar “El Punto Cervecero”, del sector Miramar, en el noroccidente de la ciudad. La gente bebía, bailaba  y charlaba cuando aparecieron los sicarios de madrugada. Iban en una moto y un taxi robado en Belén, y dispararon de manera indiscriminada con pistolas y una subametralladora 9 milímetros.

Murieron  Cruz Elena Agudelo Martínez (38 años), Manuel Guillermo Valencia (23), Johny Alexánder Espitia (25) y dos adolescentes de 16 años, llamados Sandrit Blanco Izquierdo y Manuel Emilio Arias. Ocho personas resultaron heridas. El crimen fue ejecutado por la organización criminal “los Machacos”, que delinque en las comunas 5 y 6.

La Policía imprimió volantes con los alias de los tres principales sospechosos: “Checho” (quien era menor de edad cuando sucedió la masacre), “Cafés” y “la Máscara”. Estos dos últimos huyeron de Antioquia, pero la Policía los arrestó el 9 de julio de 2011, en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Les incautaron tres pistolas Pietro Beretta, una escopeta de repetición y dos silenciadores, según la Fiscalía.

Tras el fallo condenatorio del juzgado, queda pendiente la audiencia de lectura del fallo, donde el juez expondrá los argumentos de la decisión y el monto de la pena. La Fiscalía ha pedido la máxima sentencia: 60 años, por múltiple homicidio agravado, ocho tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. Ambos están en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

Por su parte, alias “Checho” estuvo escondido en la ciudad de Santa Marta (Atlántico), aunque regresó a Medellín para celebrar su cumpleaños número 18 al peor estilo de los traquetos, con una bullosa rumba callejera. La Policía lo apresó el 27 de agosto de 2011 y lo judicializó por la masacre.

No obstante, lo benefició la Ley de Infancia y Adolescencia, que lo abrigaba en el instante en que empuñó las armas para acribillar a la gente. A los pocos meses volvió a la calle, en libertad. Se dice que regresó a sus escondites de la Costa Atlántica, burlando a la justicia por el momento.

NOTA RELACIONADA: Masacre en el Día del Amor y la Amistad.

El Inspector.

En consecuencia, “Carlos Pesebre” será condenado el próximo 21 de octubre a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, al igual que Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”) y Andrés Felipe Álvarez López (“Andresito”). Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

"Carlos Pesebre" será recluido en la cárcel de Valledupar, Cesar. Cortesía Policía Metropolitana.

En el caso de Javier Ventura Marín Álvarez (“Tatú”), la sentencia será de 10 años porque se suma el delito de desplazamiento forzado.

El juez condicionó el preacuerdo al pago de $65 millones a dos víctimas de extorsión y desplazamiento, y la devolución de un parqueadero del que se había apropiado la banda mediante intimidaciones, en el barrio Laureles.

La Policía señala a “Carlos Pesebre” de liderar una facción de la estructura mafiosa “la Oficina”, conocida como la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista.

Aunque el preacuerdo levantó ampolla en varios sectores de la opinión pública, que consideran muy baja la pena, la Fiscalía informó que en contra de “Carlos Pesebre” avanzan otras investigaciones por delitos distintos, en las unidades de Vida y Derechos Humanos.

Los reseñados tuvieron vínculos con las autodefensas en el pasado, delinquiendo en el Occidente de la ciudad.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

En la audiencia, realizada en el Palacio de Justicia de la ciudad, se determinó que las penas serían de 4 años y 3 meses para algunos, 6 años y 3 meses para otros, y 11 años, 7 meses y 15 días para unos cuantos. Sumadas, las condenas representan 87 años y 7 meses a la sombra. Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fueron presentados los miembros de "los Chivos" capturados en la Operación Perseo. Cortesía Policía Metropolitana.

Las personas afectadas por la decisión judicial son: Hugo Armando Suaza Ramírez (alias “Hugo”), Diego Édison Gallón Caro (“Moquillo”), Andrés Felipe Alzate Cano (“Pipe Gomina”), Luis Felipe Ramírez Cardona (“Pipe Trino”), Róbinson Alejandro Ríos Mejía (“Titico”), Diego Alejandro Ocampo Álvarez (“Diego Rata”), Dany Arley Pérez (“la Nea”), Carlos Fernando Yepes Jaramillo (“Calucho”), Luis Alberto Sepúlveda Giraldo (“Ojón), Sebastián Suaza Ochoa (“Chatán”), Édgar de Jesús Suaza Ramírez (“Mellizo”), Carlos Yonatan Aristizábal Duque (“Digimón”) y Alonso Guerra (“Caposay”).

Todos ellos, de acuerdo con fuentes judiciales, habían aceptado mediante un preacuerdo su responsabilidad por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Pública.

La investigación, adelantada por la Fiscalía 37 contra las Bandas Emergentes, había arrojado que estas personas integraban la banda de “los Chivos”, una estructura ilegal dedicada al cobro de extorsiones, tráfico de armas y estupefacientes, sicariato, desplazamiento forzado y amenazas, entre otras conductas punibles.

Los principales afectados por sus acciones eran residentes del corregimiento Altavista y varios barrios de Belén, como El Rincón, La Loma de Los Bernal, Los Alpes, La Palma y La Gloria.

La mayoría de ellos fueron capturados en la Operación Perseo, ejecutada por la Policía y la Fiscalía el pasado 3 de julio (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe de la Fuerza Pública al corazón de “los Chivos” ). Los cabecillas de la estructura eran miembros de una misma familia: “Hugo”, su hermano “Mellizo”, y su hijo “Chatán”.

A varios de ellos, como el propio “Hugo”, “Digimón” y “Caposay”, les sumarán otros procesos pendientes en diferentes despachos, por lo cual podrían incrementarse sus días en la celda; a este último, por ejemplo, le resta una sentencia por violencia intrafamiliar.

La mayoría responde por sus penas en la cárcel de El Pedregal, en el corregimiento San Cristóbal.

NOTA RELACIONADA: Cayó el hombre más buscado de Altavista.

El Inspector.

Pero una cosa son los señalamientos y otra los juicios, porque a la fecha, solo dos jefes de esa banda han sido judicializados y condenados por el delito de homicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la justicia ha sido incapaz de responsabilizarlos en el estrado por esas muertes? ¿Por qué estos cabecillas de primera línea no han recibido sentencias severas por derramar sangre a través de sicarios?

Cuando ocurrió la matanza de 8 personas en Envigado, el 2 de julio de 2010, la Policía indicó que la causa era la guerra entre "Valenciano" y "Sebastián". A ninguno de ellos le han abierto cargos por eso. Foto de Esteban Vanegas.

Una de las explicaciones es que la mayoría de estos expedientes han sido asumidos por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, cuyo “sello particular” parece ser procesar a la gente por la conducta de concierto para delinquir,  con preacuerdos de por medio. Esto, al fin de cuentas, genera penas inferiores a los 17 años en promedio, que sumados a los beneficios por confesión y buena conducta en prisión, se reducirían aún más.

Frente a estos temas, cada vez pierde más fuerza la Unidad de Vida de la Fiscalía, que judicializa a los sospechosos por homicidios y en esa instancia podría lograr, incluso, la pena máxima de 60 años. Para citar un ejemplo reciente, esta Unidad debería asumir por derecho propio el caso de la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), sin embargo, una semana después del hecho el expediente fue asignado a la de Bandas Emergentes.

Otra de las explicaciones, de acuerdo con fiscales consultados, es que la consecución de pruebas relacionadas con los homicidios de esta banda es muy difícil por tres razones: cuando determinan una muerte, en la cadena de ejecución del crimen intervienen muchas personas, lo que hace difícil rastrear su participación; la alta capacidad de intimidación a los testigos, que evita formular denuncias y entregar información; y su poder de corrupción, por el cual hay funcionarios públicos infiltrados que se encargan de torcer los procesos.

Entre los argumentos también se tiene que hay fiscales que, por miedo, evitan enfrentarse a estos mafiosos en un proceso penal de largo aliento, con penas de muchos años de por medio. Para estos servidores es mejor hacer preacuerdos y salir rápido del caso. Algunos de ellos lo justifican afirmando que “así se reduce el desgaste del aparato judicial del Estado” y otros simplemente dicen que el Gobierno y la Fuerza Pública son incapaces de protegerlos ante cualquier amenaza. 

En términos concretos, estas son los procesos y condenas contra los cabecillas de “la Oficina”:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”: condenado a 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En el marco de la ley de Justicia y Paz, en el que participa en calidad de desmovilizado, le han imputado varios homicidios perpetrados por la banda “la Terraza” entre 1996 y 2000.

Gustavo Upegui: antes de ser asesinado en 2006, salió absuelto de un proceso judicial por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”: procesado en Estados Unidos por narcotráfico y su supuesta participación en la muerte del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, quien para la fecha (2007) era informante de la DEA. También lo investigan por el secuestro de un agente de la Agencia de Inmigración (ICE) en Medellín.

Mauricio López Cardona, “Yiyo”: los mismos cargos de “Rogelio”, salvo el caso de Cifuentes Villa.

Fabio Acevedo, “don Efe”: procesado por concierto para delinquir.

Daniel Alejandro Serna, “Kener”: acusado del homicidio de un joven en 2003 en Amagá y condenado a 6 años por concierto para delinquir, ambos cargos derivados de su militancia en las Autodefensas. Judicializado por fuga de presos. 

Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”: condenado a 3 años por porte ilegal de armas y falsedad en documento. Le dieron detención domiciliaria en una casa de Bogotá, de la cual se fugó en 2010. En su contra hay una Circular Roja de Interpol.

José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”: condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Franklin Andrés Vargas Cardona, “Frank”: sentenciado a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso. Hubo preacuerdo con la Fiscalía. El Juzgado, inconforme con dicho pacto, ordenó compulsar copias para que se habrán investigaciones por la supuesta participación de “Frank” en las muertes de Efraín Maldonado (“don Efra”) y el empresario de vehículos Robert Bohórquez.

Félix Alberto Isaza Sánchez, “Beto”: condenado a 9 años y 6 meses por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Hizo preacuerdo con la Fiscalía.

Dairo Alberto Muñoz Torres, “el Indio”: capturado y procesado por concierto para delinquir.

Jean Fernando Espinoza, alias “Yam” o “la Firma”: el expolicía firmó un preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 15 años de cárcel por porte ilegal de armas de uso civil y militar. 

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “el Compa”: condenado a 36 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Aún no ha sido extraditado.

Maximiliano Bonilla Orozco, “Valenciano”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Espera la sentencia en una cárcel de Nueva York.

Alirio de Jesús Rendón Hurtado, “el Cebollero”: condenado a 4 años y 2 meses por concierto para delinquir, con preacuerdo con la Fiscalía. Y sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de activos.

Fabio Édison Gómez Ruiz, “Riñón”: tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio agravado y tentativa de homicidio de agravado, por un tiroteo de 2003, en el que sicarios bajo su mando mataron a dos personas e  hirieron a otra. También está judicializado por concierto para delinquir.

Hugo Albeiro Quintero, “el Patrón de Bello”: condenado a 7 años y medio por concierto para delinquir agravado. Ya está en su casa, con libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

Hernán Darío Giraldo Gaviria, “Cesarín”: condenado a 20 años y 9 meses por ser el autor intelectual del homicidio del empresario Argemiro Salazar en 2009.

Víctor Manuel Quintero Alzate, “Víctor Colas”: tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, será condenado a 6 años y un mes de cárcel por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

César Augusto Correa López, “don Pepe”: condenado a 38 años y 6 meses por el asesinato de un investigador del CTI en 1997. Absuelto de un proceso por extorsión. Actualmente está libre.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, “Adiel”: después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 6 años por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi”:  capturado y procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El anterior registro demuestra que muy pocos de los presuntos líderes de “la Oficina” están respondiendo por homicidios ante la justicia. Y entonces, ¿quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

Se trata de Johan Sebastián Galván Úsuga, alias “Galván”, de apenas 18 años, a quien la Fiscalía procesó por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Esta es la historia del personaje, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Galván" fue enviado a la cárcel Bellavista, a la espera del juicio. Foto de cortesía.

La investigación de las autoridades en contra del joven arrojó que nació el 18 de de agosto de 1994 en el municipio de Bello, pero siendo pequeño se fue a vivir a Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca.

Se crió en dicha zona, donde “los Urabeños” o “Gaitanistas” ejercen influencia hace cinco años, y allí habría ingresado a las filas de la banda criminal.

Se presume que alias “Don Daniel”, supuesto cabecilla de esta estructura ilegal, lo envió el año pasado a Medellín para defender los intereses del clan en Altavista, un área clave para consolidar la ruta del tráfico de armas y droga por el occidente Antioqueño, desde y hacia Urabá. Le dieron un dispositivo blackberry y 800.000 pesos mensuales, con los cuales se radicó en el sector La Lágrima.

Allí sostuvo un noviazgo con una mujer 10 años mayor que él, madre de dos hijos, y con armamento enviado por “Don Daniel” habría iniciado una guerra contra la banda local “los Chivos” y los combos asociados a “la Oficina” (“los Pájaros” y “Buenavista”), confrontación que provocó la mayoría de los 30 asesinatos ocurridos en el corregimiento en 2012, según la estadística de Medicina Legal.

Los investigadores del Grupo de Delitos contra la Vida de la Sijín ejecutaron un operativo en su contra el pasado viernes 11 de enero, a las 10:00 a.m. Lo sorprendieron en unas escaleras de La Lágrima y allí le dieron captura.

Varios ciudadanos salieron de sus casas para tratar de impedir el arresto y los agentes tuvieron que pedir refuerzos a la estación Belén. Con las esposas en la mano, “Galván” susurró: “Ahora sí se nos van a meter al barrio”, refiriéndose a sus enemigos de “los Chivos”, interesados en retomar la zona.

La Fiscalía expidió una orden de captura contra el presunto sicario por su supuesta participación en el asesinato de Jhonatan Arley Betancur Álvarez, de 21 años, perpetrado el pasado 7 de septiembre, al frente de una ladrillera del sector.

Fuentes judiciales manifestaron que también se investiga a “Galván” por otros crímenes de relevancia pública en Altavista: el homicidio de Julián García González, de 19 años y apodado “Pupo”, atacado dentro de su casa, hecho en el cual su madre recibió un balazo en el pie (15/12/12); los atentados a tiros contra los hermanos Luis Fernando y Diego Alberto Restrepo Zapata (22/7/12 y 23/7/12); y el homicidio de un adolescente de 15 años que se quedó dormido en un bus y sin querer traspasó la “frontera invisble” que demarcan las bandas (12/10/12).
 
En la actualidad, indicaron investigadores policiales, hay tres bandos ilegales disputándose los territorios en el corregimiento: “los Urabeños” o “Gaitanistas”, “los Chivos” y “la Oficina”. El botín es el millonario cobro de “vacunas” extorsivas a rutas de buses, ladrilleras y comercio, el microtráfico de estupefacientes y el combustible hurtado al oleoducto de Ecopetrol que pasa por la zona.

La estructura más golpeada ha sido la de los combos patrocinados por “los Urabeños”, que en los últimos meses perdieron Aguasfrías a manos de “la Oficina” (luego de una pugna de dos años) y los barrios Mano de Dios y La Esperanza, de cuenta de “los Chivos”.

Entre los cabecillas más buscados del corregimiento están alias “Mayo”, “El Viejo”, “La Nea”, “Hugo” y “Brocha”. También “Don Daniel”, un enigmático personaje, aún no individualizado, de quien se sabe que tiene base en Sopetrán y se desplaza por las aguas del río Cauca en un un jet sky.

“Galván” fue presentado ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Medellín, en cuyo estrado negó los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El juez le dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel Bellavista, a la espera de la continuación del proceso penal.

Con dato curioso, debido a su edad, el muchacho no tenía aún la cédula y fueron los propios policías quienes tuvieron que tramitársela ante la Registraduría, pues sin ese documento no podían presentarlo en el juzgado.

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El Inspector.

La sentencia pudo ser más alta, pero el procesado Wilder Alonso Sierra, de 24 años, había aceptado los cargos en la audiencia de garantías del pasado 23 de febrero, por lo cual le concedieron una rebaja de la mitad de la pena.

Él era William Román, un líder cuyo sueño era lograr que el corregimiento de San Cristóbal progresara.

El asesinato ocurrió el 10 de julio de 2011 en la vereda Travesías de San Cristóbal, cuando dos sujetos golpearon la puerta en la casa de William, quien tenía 42 años. Cuando él abrió, le dispararon en la cabeza y huyeron con rumbo desconocido.

El condenado Wilder Sierra, alias 'Pocillo'.

La Sijín capturó a ‘Pocillo’ el 22 de febrero y el 25 de mayo el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín le aplicó la condena por homicidio y porte ilegal de armas, que hoy paga en la cárcel Bellavista.

Para las autoridades, el móvil del asesinato es claro: en su calidad de líder comunitario, Román denunció en múltiples oportunidades, ante los medios de comunicación y las autoridades, una creciente ola delincuencial en San Cristóbal, traducida en amenazas a la población y cobro de extorsiones al transporte público.

La delincuencia organizada lo vio como un obstáculo y matándolo lo sacó del camino. La condena de ‘Pocillo’, en consecuencia, debe ser el principio de la persecución policial, pues todavía quedan el otro sujeto que participó en el sicariato y aquellos que ordenaron la muerte.

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El Inspector.

Ese, sin embargo, no es el caso de alias ‘Douglas’, un presunto cabecilla de la organización ‘La Oficina’, quien lleva más de tres años en el juzgamiento y todavía no se resuelve su situación jurídica.

Alias 'Douglas', capturado el 15 de abril de 2009, está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Y todo indica que tardará otros meses más, porque la justicia de nuevo le metió el freno y echó reversa, en una audiencia de la semana pasada (14 de mayo).

Ese día, los asistentes al recinto en el Palacio de Justicia de Medellín esperaban que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado definiera el número de años de condena que agobiarían a José Leonardo Muñoz Martínez.

Esto porque el anterior 23 de febrero, ese despacho había anunciado que el sentido del fallo sería condenatorio, por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo; y absolutorio, para los delitos de desaparición forzada, extorsión y dos homicidios.

La sorpresa fue que apareció una nueva jueza en el Juzgado Quinto, que reversó la decisión de su predecesor. La jurista indicó que observó fallas en los procedimientos de la Fiscalía desde el principio, pues en la etapa de imputación, le imputó unos delitos al detenido, en la acusación lo acusó por otros, y después del juicio, en los alegatos finales, pidió que lo condenaran por unos diferentes.

Similar situación habría ocurrido con las otras tres personas vinculadas a ese caso: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias ‘El Compa’), Sergio Alejandro Salazar Muñoz y Estefanía Cardona Rendón.

La decisión de la juez fue anular la actuación de la Fiscalía desde los alegatos conclusivos, es decir, después del juicio; en consecuencia, se quedó sin piso el sentido del fallo, instancia que tendrá que repetirse. Esta proclama fue apelada.

Aprovechando la conyuntura, la defensa de ‘Douglas’ pidió que se anulara de una vez todo el juicio, por considerar que había una violación al debido proceso. Esta petición la rechazó la juez y el abogado apeló.

Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Medellín resuelva las dos apelaciones, para ver si valida o no la anulación de la actuación de la Fiscalía, y si acepta o no la petición de anular el juicio. Una vez tomadas las decisiones, se retomará el curso de las audiencias. Por ahora, los cuatro procesados continuarán en sus respectivas cárceles.

En el aire quedó la razón por la cual hubo cambio de juez, algo que resultó determinante en este asunto judicial. La judicatura no lo explicó oficialmente, por lo que en los corredores del Palacio se manejan tres versiones : que el anterior togado se enfermó, que se jubiló y orondo se fue o que lo relevaron del cargo porque su periodo había terminado y llegó alguien nuevo por concurso de méritos.

Sobre el tema de ‘Douglas’, hay que aclarar una falsa noticia que circuló en un medio de comunicación de la Capital. El pasado 9 de mayo mataron a tiros en el municipio de Itagüí a la abogada Leyda Acosta Enciso, quien ejercía en el departamento del Meta y al parecer la citaron aquí para eliminarla.

Posteriormente se publicó que era abogada del citado cabecilla, cuestión que desmintieron los propios defensores de Muñoz Martínez. “Ni siquiera la conocíamos”, dijeron Fermín Amado Saavedra y Luz Esperanza Medina, quienes han representado a este personaje desde el principio.

La investigación, sin embargo, va por buen camino, pues al parecer la occisa portaba una carta al momento del homicidio, la cual está en poder de la Fiscalía y sería la clave para esclarecer quién ordenó su muerte.

Mientras se resuelve el enredo de su proceso, Muñoz Martínez sigue afirmando que es inocente, que él no es “ese tal ‘Douglas’ de ‘La Oficina’ que la Policía menciona”.

Para retomar esta historia desde los antecedentes, les recomiendo la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de ‘Douglas’.

El Inspector.

El Juzgado 23 Penal del Circuito sentenció a pagar 23 años de cárcel a Harry Edwar Castro Durango, un muchacho de apenas 19, conocido por el apodo de ‘Harry’ o ‘Harrison’.

Alias 'Harry' está en la cárcel Bellavista, de Bello. Foto de cortesía.

El crimen en cuestión sucedió el 18 de agosto de 2011 en el barrio La Colina, del suroccidente de la ciudad, cuando el mencionado abaleó a los hermanos Andrés y Santiago Giraldo Tabares. La agresión se presentó cuando las víctimas estaban en estado de indefensión, atendiendo un accidente de tránsito.

Andrés, quien estuvo en la Armada Nacional por dos años, era operario de una empresa de textiles; Santiago estudiaba Ingeniería Industrial y trabajaba de coordinador en una fábrica de productos plásticos.

Santiago (izquierda) y Andrés Giraldo Tabares. Fotos de cortesía.

Al parecer ‘Harrison’ ejecutó la acción sicarial para poder ingresar al combo de ‘La Colinita’ o ‘La Baranda’, cuyo cabecilla es alias ‘Ember’ o ‘Caretorta’. Aún falta por esclarecer cuáles fueron las razones de los autores intelectuales del hecho y demás partícipes.

La pena de 23 años por homicidio y porte ilegal de armas (proferida el pasado 15 de marzo) se logró por un preacuerdo entre Castro Durango y la Fiscalía, pues la sentencia original rondaba los 47 años de cárcel. El procesado, además de aceptar los cargos, se comprometió a colaborar con las autoridades.

Esta situación causó decepción en la familia de las víctimas, que esperaban una condena más alta. De hecho, tuvieron que irse del barrio por las amenazas en su contra.

Para conocer este caso desde el principio, pueden consultar la NOTA RELACIONADA: Mercenarios arrebataron las vidas de dos hermanos.

El Inspector.