Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

NOTA RELACIONADA: Secuencia gráfica del ataque de asesinos profesionales en mall de Medellín.

Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

NOTA RELACIONADA: Le dieron la libertad a “el Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”.

El Inspector.

Este es uno de los hallazgos durante las primeras averiguaciones de las autoridades, tras la muerte de cuatro personas en la vereda Las Beatrices, del municipio de Santo Domingo. Este es el relato del hecho elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta finca del municipio antioqueño de Santo Domingo fue perpetrada la matanza. Foto de cortesía.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que, al procesar la escena del crimen, encontraron el rastro de la moto. Los asesinos pasaron el portón, se aproximaron a la casa del predio y abrieron la puerta disparándole a la chapa.

Se cree que el ataque ocurrió en la noche del pasado lunes 17 de enero, pues los dolientes informaron que perdieron la comunicación con sus seres queridos un par de horas antes. Los cuerpos fueron encontrados a la 1:00 p.m. del día siguiente, cuando entró a la propiedad un empleado de una empresa de tratamiento de aguas.

Por su posición final, se presume que las víctimas estaban descansando y no alcanzaron a reaccionar. A todas las ejecutaron con uno o tres disparos, propinados de cerca.

En la finca, a una hora de distancia del casco urbano del pueblo, no hubo testigos. “Los asesinos no robaron nada. Solo iban a matar y no dejaron sobrevivientes”, relató uno de los investigadores.

Los difuntos fueron identificados como Víctor Alfonso Gómez Laverde, agricultor de 50 años; su hijo Luis Miguel Gómez Álvarez, de 26 años y también campesino; la novia de este último, María Belén Agudelo Pineda, de 20 y ama de casa; y un amigo de los tres, Andrés Felipe Ochoa Velásquez, de 29 y agricultor.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que estas personas provenían del vecino municipio de Donmatías. Hacía tres semanas ocupaban la finca en la que fueron asesinadas.

Al parecer en las bases de datos policiales le figuran anotaciones por porte de estupefacientes a Luis Miguel Gómez, aunque no le aparecen condenas por delito alguno.

Una de las hipótesis que exploran los investigadores es que tuvo un problema con una estructura narcotraficante de Donmatías, razón por la cual huyó de esa localidad con sus allegados.

En dicho poblado el tráfico de narcóticos es controlado por las bandas del municipio de Bello, en especial las de “el Mesa”y “Pachelly”, según los investigadores.

Las expansión de las redes ilegales de las organizaciones bellanitas es uno de los más grandes desafíos para las autoridades antioqueñas.

“El Mesa”, “Pachelly”, “los Chatas” y “los Triana” extendieron sus tentáculos a las subregiones del Nordeste, Norte, Bajo Cauca, Suroeste y Oriente, donde protagonizan enfrentamientos con los grupos locales por el control de las plazas de vicio.

En esa dinámica, las facciones bellanitas han establecido alianzas con organizaciones de alcance interdepartamental, como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc.

Otro reto lo representan los homicidios cometidos en áreas rurales, que en 2021 fueron el 54% del total de casos (1.135 de 2.083).

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES
Luego de un consejo de seguridad, el director Operativo de Seguridad de la Gobernación, Sergio Alfonso Vargas, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a capturar a los responsables de la masacre.

“Invitamos a la comunidad a que venza el miedo y nos dé la información”, manifestó el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia.

Añadió que en las veredas de Santo Domingo habrá patrullajes mixtos de la Policía y el Ejército, para devolverle la tranquilidad a la población.

El general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de la Policía, indicó que la investigación le fue asignada a un grupo élite de funcionarios de la Dijín, que viajaron desde Bogotá para asumir la misión en compañía de la Fiscalía y agentes del departamento.

El Inspector.

La matanza sucedió a las 10:20 p.m. de este sábado 15 de febrero, en un local de comidas del barrio Antonio Nariño, en la carrera 107 con la calle 45A.

Las autoridades no revelaron, en principio, la identidad del sospechoso detenido con las armas después de la masacre. Foto cortesía de la Policía.

En el lugar departían la comerciante Daniela Henao Pareja, de 28 años y dueña de un carrito de comidas; el conductor Luis Miguel Gómez Loaiza, de 26; y los desempleados Juan Felipe Villa Castaño y José David Cano Ospina, de 28 y 29, respectivamente.

De repente llegaron tres hombres en motocicleta y abrieron fuego contra los presentes, para después escapar. Las víctimas fueron llevadas a la Unidad Intermedia de San Javier, donde no fue posible salvarlas.

Cerca del sitio había una patrulla de la Policía y un pelotón del Ejército, que llegaron a atender el caso. En el trayecto hubo un intercambio de disparos con algunos delincuentes, que aprovecharon la oscuridad para perderse entre la maleza que rodea el vecindario.

Drones y el helicóptero Halcón de la Policía se sumaron a la persecución, y con sus reflectores y cámaras de alta resolución ayudaron a ubicar un sospechoso de 27 años, cuando trataba de escapar por los tejados. Le encontraron una bolsa con dos pistolas 9 milímetros, una escopeta Mossberg calibre 20 y municiones.

En este lugar departían las víctimas, en el momento en que fueron acribilladas por los asesinos. Foto de cortesía.

Según las autoridades, es un presunto integrante de la banda “la Agonía” y se investiga si está conectado con la masacre. El coronel Ómar Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, declaró que tiene antecedentes por el delito de homicidio y que lo investigan por otros dos asesinatos perpetrados en San Javier en días pasados.

En la reacción y con ayuda de la comunidad, los uniformados lograron identificar a otros dos supuestos atacantes, los cuales están siendo buscados.

Sobre las causas de la violenta incursión, los investigadores ya tienen una hipótesis. Fuentes de Inteligencia manifestaron que horas antes de la masacre hubo un atentado cinco cuadras más abajo, en contra de un hombre apodado “César”, miembro de “la Agonía”, quien sobrevivió. En principio se cree que ese ataque lo realizaron integrantes del combo “Peñitas”.

En respuesta, algunos sicarios de “la Agonía” salieron a cazar gente de “Peñitas”. Se presume que uno de los muertos tenía conexión con ese grupo ilegal, de acuerdo con esta teoría policial.

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El Inspector.

Las víctimas fueron halladas en la madrugada del pasado 3 de septiembre, dos en una vía del municipio de Sabaneta y las otras dos muy cerca en La Estrella, empacadas en bolsas y cobijas, envueltas a su vez en papel adhesivo.

En este lugar, en límites de Sabaneta con La Estrella, encontraron dos de los cadáveres el 3 de septiembre. FOTO: cortesía Guardianes Antioquia.

Las autoridades identificaron a estas personas un par de días después: Mónica María Pineda Parra, de 45 años, expropietaria de una tienda de ropa; su hija transexual Mariana Burgos Pineda, de 26, y quien había regresado hacía poco de España; su prima Johana Andrea Henao Pulgarín, de 26 y dedicada a la cosmetología; y su pareja sentimental, William Montes García, de 60.

Así fueron dejadas las cuatro víctimas procedentes de Pereira. FOTO: cortesía

Según el dictamen forense, todos murieron por asfixia mécanica. La Policía estableció que esta familia provenía del barrio Alfonso López de Pereira. La cosmetóloga Johana se había radicado en Medellín hacía poco y sus parientes habían venido a visitarla.

En un principio se especuló que estas muertes podrían estar ligadas a una red de trata de personas que opera en distintas ciudades de Colombia, pero los investigadores no han esclarecido el caso.

Tampoco se sabe en qué lugar se produjeron los homicidios, antes de llevar los cuerpos en un vehículo a Sabaneta y La Estrella.

NO CESAN LOS HALLAZGOS

Una semana después, el 11 de septiembre, se produjo otro aberrante hallazgo en el río Medellín, en inmediaciones del barrio El Chagualo (centro de Medellín).

Se trató de un torso femenino y una pierna amputada, que estaban envueltos en costales y bolsas negras de plástico. La identidad de la víctima no se ha establecido plenamente.

En principio, los investigadores creen que se trata de un caso diferente al de las pereiranas.

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El Inspector.

Sucedió al amanecer de este martes 14 de mayo, en la Vía al Mar, entre el Cucaracho y el sector semirural Las Hamacas.

Este es el lugar en el que hallaron los cuatro cadáveres, en la frontera de Robledo y San Cristóbal. Foto de cortesía.

Según las primeras versiones de la Policía, los asesinatos se produjeron en otro lugar y los cuerpos fueron transportados hasta allí en un vehículo. Los agresores los cargaron hasta un barranco lodoso, a unos metros del asfalto; dos cuerpos quedaron en el borde y los otros rodaron por la pendiente, hasta un matorral.

Tras la inspección a los cadáveres, las autoridades constataron que todos tenían heridas de puñal en el cuello y unos habían sido degollados. El primer identificado fue Robert Manuel Palacios Moncada, de 20 años. En el sitio fue hallada una cédula de ciudadanía a nombre de Yordin Esteban Ruiz Ríos y están tratando de establecer si pertenece a uno de los finados.

Llama la atención que la cédula de Palacios sea de Segovia y la de Ruiz de Vegachí, Antioquia, aunque no se ha probado que vivían en esos municipios.

Esta es la tercera masacre ocurrida en Medellín en los últimos 15 meses. El 30 de enero de 2018, la banda “El Pesebre” mató a cinco hombres en una casa del barrio del mismo nombre, y esparció los cadáveres en varias cuadras a la redonda (ver la NOTA RELACIONADA: La “Odín Robledo” es el objetivo estratégico de las autoridades).

Y el 27 de diciembre, en una establecimiento comercial del barrio Lorena, sicarios abalearon a los comensales. En el acto murieron tres personas; la cuarta víctima falleció un mes después (ver la NOTA RELACIONADA: El Valle de Aburrá despidió a 2018 y recibió a 2019 con más muertes).

Tanto Robledo como San Cristóbal son dos de los sectores más violentos de la actualidad en la capital de Antioquia, debido al accionar de combos delincuenciales.

NOTA RELACIONADA: Mataron a dos jóvenes en un paraje rural de San Cristóbal.

El Inspector.

El crimen generó que varios de sus cabecillas y coordinadores fueran incluidos en el cartel de los más buscados, que ya está siendo repartido en varios puntos de la ciudad.

Estos son los supuestos miembros de la “Odín Robledo” incluidos en el volante. Si tiene información de ellos, puede compartirla en los teléfonos 314 557 3311 y 351 1386, así como en el correo fuenteshumanasmeval@gmail.com. Foto cortesía de la Policía.

La matanza, de acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, sucedió en una vivienda del barrio El Pesebre, de Medellín, el pasado 30 de enero. A las víctimas las torturaron y los cadáveres fueron envueltos en sábanas y repartidos en distintos puntos del área, de los cuales hallaron cuatro al día siguiente y uno más 48 horas después, en esquinas de El Pesebre y del barrio Ferrini.

Cuatro de los difuntos pertenecían a la misma familia: Jhon Esneider Colorado Herrera, su tío Sergio Andrés Herrera Martínez, el padrastro William Botero Duque y el cuñado Héctor Edilio Toro. Todos residían en el municipio de La Estrella, de donde habían salido una semana atrás. El grupo de fallecidos lo completó Santiago Vélez Galeano, de 20 años.

Allegados a las víctimas indicaron que se dedicaban a oficios varios, como la albañilería y pintura de casas. La principal hipótesis de las autoridades es que los mataron por asuntos relacionados con el microtráfico de drogas.

La respuesta institucional llegó el 1 de febrero. El alcalde Federico Gutiérrez, acompañado de los comandantes militares y policiales de la ciudad, llegó a El Pesebre a repartir volantes de los más buscados de la “Odín Robledo”, ofreciendo recompensas de hasta 20 millones de pesos por sus integrantes.

Indicó que la masacre habría sido orquestada por alias “Sombra”, “Cucho Iván”, “William” y “Zurdo”. Los panfletos fueron entregados incluso en las casas de algunos de ellos, ahí en El Pesebre.

Tanto Gutiérrez como el general Jorge Vargas, director de la Dijín de la Policía, comentaron que la semana anterior hubo una reunión con el director de la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.), en la que le pidieron colaboración para extraditar a varios jefes de bandas del Valle de Aburrá que siguen dando órdenes desde sus sitios de reclusión.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

En este momento, la “Odín Robledo” es el principal factor de inestabilidad para la seguridad de Medellín. Sus máximos jefes están encarcelados (“Carlos Pesebre”, “Tatú”, “Maicol”, “el Diablo”, “Camilo el Grande”, “Jotaliván” y otros), lo que ha provocado fracturas paulatinas en su estructura.

La organización es la que más territorio ocupa, con redes en las comunas de Robledo, San Javier, La América, Laureles, Belén y los corregimientos San Cristóbal y Altavista. Por eso su debilitamiento ha generado focos de violencia en distintos puntos del costado occidental del río Medellín, por cuenta de combos que ya “no le copian” al mando central y reclaman independencia o se aliaron con otras “odines” (ver la NOTA RELACIONADA: Robledo sufre por combos de nuevo).

Por estas razones, en los últimos dos años se deterioró la seguridad en barrios como Zafra, Los Alpes, Aures, Villa Flora, El Diamante, Nuevo Horizonte, Córdoba, El Volador, Caribe, La Iguaná y 20 de Julio. Los choques entre combos que antes estaban abrigados bajo la misma “razón”, dispararon el índice de homicidios y tienen a la comunidad intranquila. En lo corrido de 2018 se han registrado 61 asesinatos, mientras que en el mismo periodo del año pasado iban 46.

Por esta situación, acabar a la “Odín Robledo” es la prioridad de las autoridades locales, que ya están tras la pista de tres de sus principales alfiles: Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), Cristian Camilo Mazo Castañeda (“Sombra”) y Juan David Mosquera Arbeláez (“Lunar”).

NOTA RELACIONADA: Los supuestos motivos de “Carlos Pesebre” para atentar contra el Alcalde.

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ANEXO: VAN DOS MASACRES ESTE AÑO EN ANTIOQUIA

La matanza del barrio El Pesebre es la segunda perpetrada este año en Antioquia. La primera ocurrió el pasado 21 de enero, en el municipio de Yarumal. Tres hombres encapuchados y con armas de largo alcance llegaron de noche al estadero Las Margaritas, en la vereda La Estrella, y acribillaron a siete personas: Jairo de Jesús Cardona López, de 67 años; Édgar Enrique Ayala Rodríguez, de 32; Wálter David Ayala Velásquez, de 32; Jáder de Jesús Barrientos, de 25; Mirando Antonio Velásquez Valencia, de 23; Alejandro Vélez Valencia, de 17; y Ferney Santiago Barrientos Barrientos, de 17. Aunque las dos masacres se dieron en contextos diferentes, comparten el mismo móvil: asuntos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

El Inspector.

Esta crónica, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, demuestra que no siempre las bandas de Medellín trabajan para narcotraficantes. También aceptan contratos de grupos insurgentes.

Así presentaron las autoridades a los 12 detenidos en la operación. Los combos de “Carpinelo” y “Carambolas” se dedican al tráfico de drogas, sicariato, extorsiones, amenazas, control social y desplazamientos en las comunas 1 y 3. Foto cortesía de la Policía Metropolitana. 

En el reversadero del barrio Carpinelo, en el extremo nororiental de Medellín, el conductor Humberto* subió a la buseta de Coopetransa, dispuesto a iniciar el recorrido hacia el centro de la ciudad.

El reloj marcaba las 2:50 de la madrugada del 22 de septiembre de 2012, cuando de la oscuridad emergió una jauría de jóvenes, destilando furia por los poros. “¡Abra la puerta de atrás y no mire!”, le ordenaron.

Unos 10 hombres abordaron el vehículo, mientras Humberto temblaba en la cabina. “Apague la luz y arranque”, profirieron. El conductor inició un lento descenso por las empinadas calles del barrio, espantado porque a sus oídos llegaba el eco ahogado de una tortura a medio metro de distancia.

Todos los agresores proferían insultos al mismo tiempo, y entre los aullidos de esos lobos le pareció distinguir las súplicas de su presa, pero no se atrevió a mirar.

Tras pocas cuadras de recorrido, lo obligaron a detenerse y no levantar la vista. Humberto clavó la frente en el volante y creyó que lo iban a matar, para no dejar testigos, pero uno a uno se fueron bajando los salvajes. El último le advirtió, antes de desaparecer, “bote el muerto en Santo Domingo”.

El busero giró lentamente la cabeza y lo vio tendido en el pasillo, boca arriba, con el rostro hinchado por la golpiza y la garganta abierta de un tajo.

Tragó saliva y continuó la marcha, hasta encontrarse en la estación del Metrocable con una patrulla de Policía. Frenó en seco y les mostró a los uniformados que la violencia le había dejado un pasajero.

Lo que en un principio parecía un asesinato individual, terminó siendo una masacre, pues a medida que el Sol iluminaba las barriadas de invasión en los extramuros de Medellín, gritos de dolor despertaban a los vecinos. Tres cadáveres más aparecieron en el sector, con las mismas marcas de sevicia en la piel.

Los cuatro tenían algo en común: eran desertores de las Farc, que habían abandonado las filas de ese grupo guerrillero en el Suroeste antioqueño, para buscar un mejor futuro en la metrópoli.

El crimen estuvo impune por cuatro años y ocho meses, hasta que el pasado martes 30 de mayo la Fiscalía en coordinación con la Policía Metropolitana capturó a 12 personas presuntamente implicadas. Pertenecen a los combos de “Carpinelo” y “Carambolas”, y habrían perpetrado la matanza subcontratados por las Farc.

LA HUIDA DEL MONTE

El frente 34 de las Farc delinquía en los municipios antioqueños de Frontino, Urrao, Vigía del Fuerte y Murindó, así como en Quibdó, Chocó.

Decenas de personas nacidas en esas tierras fueron reclutadas desde los años 90, incluyendo a las cuatro víctimas de esta historia: Asadán Guzmán Santos, de 18 años; Elibar Quejada, de 28; y los hermanos Yesid y Alexis Romero Córdoba, de 29 y 31, respectivamente. Todos crecieron en Urrao y apenas estudiaron un par de años de Primaria, antes de ingresar a la insurgencia.

Testimonios de sus allegados, contenidos en el expediente del caso, detallan que el primero en desertar fue el grupo familiar de los Romero Córdoba, incluyendo a cuatro hermanos y al patriarca Óscar Darío Romero, en 2007.

Unos se quedaron en el pueblo y otros emigraron a Medellín, instalándose en un lote de invasión llamado Brisas del Edén, en la frontera de los barrios Carambolas y Carpinelo, de estrato uno. Fueron acogidos en ese entonces por la Agencia Colombiana para la Reintegración.

La guerrilla les cobró la traición en 2008, acribillando al papá Óscar Darío en el casco urbano de Urrao, y prometiendo no descansar hasta exterminar a sus vástagos.

Elibar Quejada estuvo dos años en las filas, en las que era apodado “Nelo”. Patrullaba las selvas del corregimiento Mandé, en Urrao, y de Arquía, en Vigía del Fuerte. Huyó del frente en 2010, porque le llegó el rumor de que sus mismos compañeros lo iban a matar; se entregó al Ejército e inició el proceso de desmovilización.

El de menos edad, Asadán Guzmán, tenía 17 años cuando las Fuerzas Militares lo detuvieron y entregaron al Bienestar Familiar en 2010; al año siguiente se desmovilizó.

El cuarteto residía con bajo perfil en la misma zona de ranchos de tabla con sus familias, sobreviviendo del subsidio gubernamental para reinsertados y trabajos ocasionales de albañilería, hasta que los espías enviados por sus antiguos jefes los localizaron.

SUBCONTRATO CRIMINAL

“Hubo una reunión entre los altos mandos del frente 34, ‘Pedro Baracutado’, ‘Melkin’ y ‘el Iguano’. Comentaron que necesitaban reunir plata para contratar a un combo de Medellín y que estos ejecutaran a los desertores”, relató a la Fiscalía Octavio*, un desmovilizado de la subversión.

Entre 2010 y 2012, la facción contaba con una célula de milicianos infiltrada en el Programa de Reinserción del Gobierno. “Esta gente disimulaba que se había desmovilizado, pero seguían trabajando para las Farc. Su tarea era identificar a otros reinsertados y excamaradas que colaboraban con el Ejército, para mandarlos a matar. Sus jefes eran ‘Fredy’ y ‘Tomás’”, prosiguió el testigo.

Una de sus primeras víctimas fue el desmovilizado Elievar Quejada (familiar de Elibar), asesinado a tiros en el Centro en agosto de 2012. Quince días después, la célula ubicó a los demás exguerrilleros en Brisas del Edén y contactó a los delincuentes de la zona.

Los investigadores aún no han determinado cuánto dinero pagaron las Farc por los homicidios, lo cierto es que el contrato fue ejecutado por los combos de “Carpinelo” y “Carambolas”, tras una reunión con integrantes de la célula en el barrio Bello Oriente, el 17 de septiembre de 2012. Según la Policía, ambos pertenecen a la “Odín San Pablo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación que agrupa a bandas de las comunas 1 y 3.

MADRUGADA DE HORROR

Un día antes de la masacre, Yesid Romero Córdoba recibió dos llamadas al celular. En la primera, una voz anónima le dijo “que ya sabían dónde vivía y que iban por él”; en la segunda, una familiar le contó que a su hermano medio Gilmar Romero Mosquera, que todavía seguía en la guerrilla, le habían propinado cuatro disparos en una vereda de Frontino, y que no sabían nada más de él.

Las dos cosas le pusieron los nervios de punta y comenzó a beber licor desde las 3:00 p.m., en su casa de Brisas del Edén. Más tarde se le unieron Alexis, Elibar y Asadán.

A las 11:00 p.m. los presagios empezaron a volverse realidad. Según los vecinos, una horda de integrantes de “Carpinelo” y “Carambolas”, armados con revólveres y changones, pasó registrando rancho por rancho, constatando quiénes estaban adentro. Rodearon la montaña, murmurando sobre posibles rutas de entrada y salida, y a los curiosos les decían que estaban vigilando porque les avisaron que había “personal sospechoso en la zona”.

A las 2:00 de la madrugada, Elibar y Asadán salieron a comprar más licor, pero tardaron en regresar, por lo que los hermanos Romero apagaron la luz y se acostaron. Su sueño fue interrumpido una hora más tarde por los alaridos de Elibar que, desde afuera, llamaba a Yesid.

No tuvieron tiempo de levantarse, porque los intrusos derribaron la puerta, penetraron los cuartos y les clavaron las primeras puñaladas. Los arrastraron a la calle, donde vieron a Elibar bañado en sangre y sometido por los captores. Al muchacho Asadán ya se lo habían llevado para el reversadero de Carpinelo, donde a bordo de un bus le robaron el alma con 22 cuchilladas, de acuerdo con la necropsia.

Los Romero fueron conducidos a un cafetal. A pesar de la gritería, ningún vecino se asomó, pues en algunos barrios de la ciudad enterarse de un crimen se paga con la vida.

Cuando se apagaron los quejidos, amigos y familiares salieron a buscarlos. Primero vieron la camisa amarilla de Yesid, cubierta de lodo y carmín, marcas de arrastre en el pantanero y, junto a un tiradero de basura, los cuerpos torturados y apuñalados de Alexis y Elibar.

El cadáver de Yesid apareció más abajo, en una calle del barrio San José La Cima N°1, desnudo y con 53 heridas de arma blanca.

ESPERANDO A LA JUSTICIA

Tres familias salieron desplazadas del sector y están en el Programa de Protección de Testigos. Luego de una investigación liderada por la Unidad Seccional de Vida de la Fiscalía, la Policía capturó el pasado 30 de mayo a 12 supuestos miembros de “Carambolas” y “Carpinelo”.

Se trata de los coordinadores de zona Yeiner Orrego Luna (“Tuto”), Elkin Gómez Ospina (“Chumilo”), Maicon Londoño Londoño (“Chinga”), Argenedis Úsuga Úsuga (“Cachetes”), William Vera Zapata (“Cegatón”) y Carlos Ortega Betancur (“Macuin”).

También cayeron Niber Mazo Duarte, Carlos Pérez Higuita (“Mauro”), Cristian Muñoz Sarrazola (“Petete”), Emilsen Muñoz Sepúlveda, Carlos Ossa Cano e Iván Darío Guzmán Gutiérrez.

En la audiencia de control de garantías les imputaron cargos por homicidio, tortura, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, los cuales rechazaron en el estrado. Durante la diligencia, el ente acusador reveló los pormenores de esta tragedia anunciada.

“Este resultado es muy importante, las personas de esta organización asesinan a unos reinsertados que hacían presencia aquí. Resalto el trabajo articulado de la Policía y la Fiscalía”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez en rueda de prensa.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, comentó que lo importante fue haber esclarecido estos hechos, “porque las víctimas fueron sometidas a un trato cruel y torturas”.

A los procesados, el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Los presuntos autores intelectuales, “Pedro Baracutado”, “Melkin” y “el Iguano”, están concentrados con sus combatientes en la zona veredal transitoria de Vigía del Fuerte y hacen parte del proceso de desarme de la guerrilla. En el caso de que sean juzgados por esta matanza, será en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz.

La masacre de Brisas del Edén sucedió un mes antes de que las Farc y el Gobierno anunciaran en Noruega que ya habían diseñado la agenda para abordar el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Estos muertos fueron de los últimos que dejó esa guerra.
*Las identidades de testigos se reservan por seguridad.

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ANEXO: LOS JUZGARÁ LA JUSTICIA ORDINARIA
En este caso, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las bandas de “Carpinelo”y “Carambolas”habrían cometido el crimen por un contrato ilegal con las Farc. Teniendo en cuenta que la guerrilla ahora será juzgada por una Jurisdicción Especial de Paz, ¿habrá posibilidad de que los miembros de esos combos también accedan a ese sistema penal, incluyendo los beneficios que trae? Claudia Carrasquilla responde: “¡Ni de riesgos! Esos delincuentes solo pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. La Jurisdicción de Paz se aplica solo a personas que participaron en el conflicto armado interno, y eso no incluye los casos de ‘outsourcing’ (subcontratación) criminal”.

El Inspector.

La impunidad ronda el expediente de la Masacre de Envigado, cometida en la madrugada del 31 de diciembre de 2012, con saldo de 9 muertos. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la finca de la masacre hallaron un fusil AK47, una subametralladora MP5, dos revólveres y dos pistolas. Sobrevivió la mujer del mayordomo, quien dormía en una casa vecina. Foto de Edwin Bustamante.

Según la información reportada aquel momento, un grupo de personas celebraba la fiesta de Fin de Año en una finca del sector Galicia, en la vereda El Salado.

La propiedad estaba en alquiler desde hacía un año y allí permanecía Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro”, desmovilizado de las Autodefensas y uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal “la Oficina”.

Desde la víspera de Año Nuevo estaba festejando con amigos e invitados, hasta que un escuadrón de mercenarios, vistiendo prendas de la Policía, incursionó en el predio, separó a los presentes en grupos y los acribilló a balazos.

Además de “Morro”, fallecieron: Hugo Fernando Urán Mesa (apodado “el Panadero”), de 42 años y administrador de la finca; Harold Maya Cano (“Cachorro”), de 25 y comerciante de ganado; Carlos Andrés González Hernández (“Mosco” o “Alambre”), de 36 y dueño de una compraventa de motos; y el mayordomo Juan Carlos Chica Arias.

Con ellos perecieron cuatro mujeres invitadas a la fiesta: Gloria Natalia López Posada, cosmetóloga de 28 años; Diana Marcela Montoya Montoya, vendedora de ropa de 30; la modelo Carolina Arango Geraldino, de 22; y Daniela Wilches Arango, de 24 y estudiante de Comunicación Social.

La Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Envigado condenaron el hecho y prometieron resultados en contra de los asesinos; hasta se ofreció una recompensa de $20 millones por información que ayudara a esclarecer el crimen, pero nada de eso ha pasado.

UNA DIFÍCIL INVESTIGACIÓN
El caso le fue asignado a la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que desde un principio enfrentó dificultades para adelantar las pesquisas.

De un lado, la escena del crimen fue, al parecer, alterada por policías que llegaron a la finca antes de la inspección judicial; por el otro, ninguna persona se ha atrevido a testificar, por miedo.

La hipótesis principal apunta a que la masacre fue cometida por “la Oficina”, la misma banda a la que presuntamente pertenecía “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

Después de aquel incidente, ocurrieron otros homicidios de gente estrechamente relacionada con el desmovilizado, con lo que las cifras de muertes derivadas del ajuste de cuentas aumentaron. Entre esas víctimas están sus exsocios alias “Conejo” (25/1/13), “Pichi Calvo” (12/6/14) y “Mao Tatuajes”(25/1/15), cuyos asesinatos tampoco han sido esclarecidos por la justicia.

Fuentes judiciales confirmaron que, a la fecha, no hay ni una sola persona capturada por la Masacre de Envigado.

“El caso nació muerto y así se quedó”, señaló un funcionario, quien solicitó la reserva de identidad por tratarse de una investigación en curso.

Tampoco han cooperado otros cabecillas de “la Oficina” que, por hechos diferentes, han caído a la cárcel, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Diego Chamizo”, “Yordi”, “Tuto”, “Fredy Colas” y “Carlos Pesebre”, entre otros, que según los investigadores sabrían lo que sucedió, pero guardan silencio.

NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado.

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ANEXO: OTRAS MASACRES QUE NO HAN SIDO RESUELTAS 
La de la vereda El Salado de Envigado no es la única masacre que en la última década sigue impune en el Valle de Aburrá. A continuación, otros hechos que tampoco tienen capturas después de varios años:
- La masacre del taxi: el 1 de abril de 2011, cinco personas fueron acribilladas por sicarios cuando iban en un taxi, en vía pública del barrio Santander de Medellín. Entre las víctimas había dos supuestos delincuentes, apodados “Peña”y “Coco”, y tres mujeres que los acompañaban; de ellas, una era menor de edad y otra estaba embarazada. Se presume que el crimen lo cometió la “Odín Picacho”, liderada por alias “Soto” (NOTA RELACIONADA: Un año después de la masacre del taxi).
- Masacre en el parque de Envigado: el 8 de agosto de 2009, cinco hombres fueron asesinados cuando iban en dos carros, junto al parque principal de Envigado. Las víctimas eran un abogado, un arquitecto y tres empresarios; cuatro de ellos venían del Valle del Cauca a disfrutar la Feria de las Flores (NOTA RELACIONADA: La violencia toca a los 10 municipios).

El Inspector.

Así lo dio a conocer ayer Esteban Mesa García, secretario de Gobierno del Departamento, quien añadió que hasta el momento se desconocen las causas y autores de este crimen, configurado como la masacre número 25 ocurrida en Antioquia en los últimos cinco años.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este predio del corregimiento Puerto Valdivia, en Valdivia, mataron a las cinco personas. Cortesía.

Los hechos se presentaron antes del mediodía de este viernes (octubre 16), cuando un vecino de la vereda Monte Frío, a tres horas de la cabecera corregimental de Puerto Valdivia, escuchó varios disparos.

Corrió hacia una propiedad cercana, en el sitio El Alto del Mico, y vio allí los cuerpos abaleados de cinco personas, cuatro de ellas de la misma familia. En el interior de la vivienda, según la información preliminar de las autoridades, los enseres estaban revolcados.

Las víctimas fueron remitidas a la vecina localidad de Yarumal, donde los criminalistas de la Policía Antioquia lograron la plena identificación: Édgar de Jesús Alzate Zabala, de 49 años; su esposa Luz Yanet Zapata Ospina, de 39; los hijos Jhon Jairo Zapata Ospina, de 19, y Jefer Andrés Alzate Zapata, de 16. El quinto asesinado es un N.N. masculino, apodado “el Costeño”, quien al parecer trabajaba con la familia.

El secretario Mesa comentó que la zona donde ocurrieron los hechos se caracteriza por la abundancia de cultivos de coca y la presencia de grupos armados como las Farc, “los Urabeños” y otras estructuras de narcotráfico.

Una de las hipótesis preliminares busca establecer si el móvil de la matanza se relaciona con esa problemática. Al respecto, el coronel Ramiro Riveros, comandante de la Policía Antioquia, dijo que “algunos cuerpos fueron encontrados al lado de un laboratorio artesanal de droga”.

NOTA RELACIONADA: Crimen de Amalfi recordó que en Antioquia no cesan las masacres.

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ANEXO: LAS MASACRES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

- Desde el año 2010 hasta hoy, en Antioquia se han perpetrado 25 masacres, entendidas como las acciones criminales que dejan cuatro muertos o más.
- Los hechos ocurrieron en Medellín (9 casos), Envigado (2), El Peñol (2), Caucasia (1), Amalfi (1), San Roque (1), San Jerónimo (1), Santa Rosa de Osos (1), Marinilla (1), Sopetrán (1), La Pintada (1), Uramita (1), Remedios (1), Santa Bárbara (1) y Valdivia (1).
- En la mayoría de estos hechos estuvo presente la mano del crimen organizado.
- Las masacres más numerosas en el área rural sucedieron en Caucasia (13 de marzo de 2011), cuando en la vereda La Arenoza asesinaron a 10 personas; y en Santa Rosa de Osos (7 de noviembre de 2012), donde una banda fusiló a 10 trabajadores de una finca en la vereda Aguaditas.
- La matanza más numerosa en la zona urbana ocurrió el 31 de diciembre de 2012, con 9 víctimas en Envigado.

El Inspector.

La muerte de 9 personas a manos de sicarios que incursionaron en la vereda El Salado sigue impune y la Fiscalía y la Policía no han logrado esclarecer los hechos ni expedir una sola orden de captura. Esta es la investigación periodística de seguimiento al caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fachada de la finca en la cual se cometió la matanza. Foto de Edwin Bustamante.

“He preguntado a la Fiscalía y hasta el momento no hay resultados en la investigación, todavía están en proceso”, ratifica el alcalde envigadeño, Héctor Londoño.

Es claro que el objetivo de los mercenarios aquella madrugada del 31 de diciembre de 2012 era Jorge Pérez Marín, alias “Morro”, uno de los cabecillas de la banda “la Oficina”. Las demás víctimas sufrieron el horror por estar celebrando el Año Nuevo con quien no debían.

Después de lo ocurrido, el mapa del crimen organizado en el área metropolitana se fue transformando a partir de otros homicidios, capturas y alianzas entre facciones ilegales.

Pese al silencio que reina sobre el tema y la ausencia de buenas fuentes que guíen a las autoridades, el nuevo orden que ha emergido en el bajo mundo da pistas sobre a quiénes les convenía la muerte de “Morro”.

El deceso de Pérez fue el inicio de una purga interna en la que no solo fue eliminada de tajo toda su línea de mando, sino otros cabecillas que tenían en común el manejo de las finanzas en “la Oficina” y su oposición a crear alianza con “los Urabeños”.

EL COLOMBIANO ha dialogado con funcionarios de la Fuerza Pública, Fiscalía y el gobierno de E.U., que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso, para reunir las huellas dispersas de este enigmático caso.

1. La reunión que sembró la desconfianza

En octubre de 2012, dos meses antes de la matanza, uno de los jefes históricos de la organización criminal “la Oficina”, Carlos Aguilar (“Rogelio”), envió una carta a dos antiguos socios en Medellín:Jorge Pérez (“Morro”) y Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”). Según fuentes judiciales, les pedía que contemplaran la opción de someterse a la justicia de E.U. a cambio de beneficios.

“Rogelio” está en la cárcel de Manhattan desde 2008, cuando hizo un acuerdo con la DEA pensando en tener una condena rápida por narcotráfico. Sin embargo, procesos de otras agencias por homicidio y secuestro, complicaron su situación. Han pasado más de seis años y ni siquiera le han dictado sentencia; para rematar, el juez de la corte del Distrito Sur de Nueva York que llevaba su caso falleció de causa natural en 2014, lo que retrasará más el fallo.

Desesperado, Aguilar comenzó a colaborar con información y gestionar sometimientos de sus exsocios. En 2009 lo intentó con Fabio Vélez (“Nito”), pero “la Oficina” temió que él los delatara y lo mató en Rionegro (01/9/09).

Su carta a “Morro” y “Pichi Calvo” fue traída a Medellín por su hermana, la exfiscal del Bloque de Búsqueda, Cruz Elena Aguilar, junto a un prestigioso abogado de La Florida.

A la primera reunión, en un establecimiento de El Poblado, asistieron Pérez y Metaute. Allí los enteraron de la propuesta y de cómo funcionaba el sistema penal estadounidense. A la segunda reunión, el mismo mes, solo fue “Morro”.

Los investigadores indicaron que a “Pichi Calvo” no le sonó la idea y que “la Oficina” y los funcionarios corruptos con los que trabaja, comenzaron a temer una traición de “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

 2. Exterminio de ala financiera

En la madrugada del 31/12/12, un comando sicarial irrumpió en la finca La Piscina de la vereda El Salado, en Envigado. Acribillaron a “Morro”, quien llevaba un año residiendo ahí, y a ocho invitados para la fiesta de Año Nuevo.

La masacre fue el principio de un exterminio en las entrañas de “la Oficina”. A los 25 días, los mercenarios asesinaron a “Conejo” en el barrio Laureles de Medellín, y a “Cachetes” en el barrio Santa Fe; ambos fueron trabajadores de “Morro”, según la Policía.

Después la aniquilación se concentró en cabecillas e integrantes del ala financiera de “la Oficina”. El 22/2/13 murió “el Primo” cuando conducía su carro en la vereda El Salado, la misma de la masacre; a los dos días abalearon a “Patetigre”en un parqueadero del barrio El Salvador de Medellín; y tres días más tarde la muerte le llegó a “el Zarco” en el barrio El Portal de Envigado.

Las rencillas no quedaron saldadas ahí. Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”), amigo y socio de “Morro” y quien al final rechazó la propuesta de “Rogelio”, fue asesinado el 12/6/14 en el estacionamiento de una discoteca de Las Palmas. En el hecho murió su acompañante Iván Ciro Muñoz (NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Y el pasado 25 de enero abalearon en la vía Las Palmas, a la altura de Envigado, a Mauricio Ramírez (“Mao Tatuajes”), quien según investigadores judiciales fue aliado de “Morro” y “Pichi Calvo”.

La mayoría de estas víctimas, además de supuestas relaciones ilegales en la estructura de “la Oficina”, tenía otra característica en común: se oponían a formar alianza con la banda “los Urabeños”, temiendo que estos se apoderaran del bajo mundo en el Valle de Aburrá.

3. Reacomodo en el bajo mundo

La matanza y los crímenes posteriores reflejan una división en la cúpula de “la Oficina”, la mafia que hasta 2012 controlaba el 90% de los combos del Valle de Aburrá.

En la actualidad, aunque conserva gran parte de sus tentáculos, debe compartir la hegemonía del bajo mundo con “los Urabeños”, una organización de origen narcoparamilitar con redes en tres continentes, 17 departamentos de Colombia y que estableció alianzas con bandas de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa y Caldas, y en Medellín con grupos de las comunas 6, 8, 10, 13, 16 y los corregimientos Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Para no irse a una guerra desgastante y de alto costo, “la Oficina” y “los Urabeños” formalizaron un pacto clandestino de no agresión en julio de 2013, mediante el cual redujeron las confrontaciones armadas entre sus facciones y se repartieron las zonas para el tráfico de drogas y microextorsión (NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos).

La cúpula de “la Oficina” funciona como un comité directivo, integrado por cabecillas de las comunas y municipios del área metropolitana, y no todos estaban de acuerdo con la entrada de “los Urabeños” a su fortín histórico. El difunto “Morro”y “Pichi Calvo”(ala financiera), “don Pepe” y “Tuto” (Itagüí), “Fredy Colas” (comunas 8 y 10), y “Barny” y “Pichi Gordo” (nororiente) se resistían a la alianza y a compartir los territorios.

4. Emerge un nuevo orden en “la oficina”

Tras la masacre, las autoridades comenzaron una racha de capturas de cabecillas de “la Oficina”. Quizá por coincidencia, o por una movida maestra de la mafia, cayeron a la cárcel los principales jefes que se oponían a la alianza con “los Urabeños”, en especial los de los clanes del nororiente de Medellín e Itagüí.

Uno tras otro fueron detenidos “Pichi Gordo” (10/2/13), “don Pepe” (19/4/13), “Yordi” (06/8/13), “el Tigre”(26/10/13), “Tuto” (10/6/14), “Saya” (03/8/14) y “Barny”(09/2/15).

“Fredy Colas” firmó un preacuerdo para someterse a la justicia de E.U., que lo investiga por lavado de activos. A estos hechos se sumaron las muertes de “Pichi Calvo” y “Mao Tatuajes”, con lo que en la cúpula de “la Oficina”quedaron reinando los jefes proclives a la sociedad con “los Urabeños”.

Según fuentes de la Fiscalía y del gobierno de E.U., el hombre más fuerte en el comité directivo de “la Oficina” es Carlos Mesa, alias “Tom”. Lo sigue en importancia Carlos Arredondo (“Mateo”).

Ambos tienen indagaciones preliminares en E.U. por narcotráfico y lavado de activos, y el Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton. En Colombia carecen de órdenes de captura, pero los investigan por sus redes en el Valle de Aburrá y la alianza con “los Urabeños”para negocios en el Norte y Occidente de Antioquia.

La armonía entre los dos grupos hegemónicos favoreció que Medellín en los últimos dos años alcanzara reducciones históricas de homicidios.

5. Lista Clinton y fútbol

En la finca donde fue perpetrada la masacre, hallaron varias planillas con los equipos inscritos en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Fuentes judiciales afirmaron que tres oncenos estaban resaltados:Envigado F.C., Arco Zaragoza y Tiendas Margos.

Para el Departamento del Tesoro de E.U. y la DEA, que le seguían la pista a “Morro” y “Pichi Calvo”, estos dos personajes al parecer lavaban el dinero del narcotráfico con transacciones financieras en el mercado futbolero.

Fue así como esa dependencia incluyó en la Lista Clinton, en noviembre de 2014, a personas y entidades presuntamente ligadas al blanqueo de activos para “la Oficina”, “Morro” y “Pichi Calvo”, en particular los relacionados con aquellos tres equipos resaltados en la planilla: Juan Pablo Upegui y su madre Margarita Gallego, copropietarios de Envigado Fútbol Club y la empresa de ropa Tiendas Margo’s, fabricante de los uniformes del citado equipo. Esas dos entidades quedaron igualmente en el listado.

También designaron en la lista a Óscar Echeverry Pareja (“el Mosco”), socio de Upegui y cazatalentos para las divisiones inferiores de Envigado F.C., quien usaría como cantera de talentos al club aficionado Arco Zaragoza.

Entre julio y noviembre del año pasado, el Tesoro sancionó a 58 ciudadanos y empresas supuestamente asociados con las redes de lavado para la banda, congelando sus transacciones financieras y visas. Los miembros de la cúpula quedaron reseñados, aunque la mayoría no tiene orden de captura en Colombia; entre ellos, “Tom”, “Mateo”, “Diego Chamizo”, “Fredy Colas”, “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Chaparro”, “Mono Amalfi”, “Beto”, “Nene” y “Orión”.

“Además de su participación en el tráfico de narcóticos, ‘la Oficina’ es cómplice de lavado de dinero, extorsión y asesinatos por encargo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro (NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

6. El silencio de los no inocentes

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado tiene la tarea de esclarecer la masacre, pero dos años y dos meses después, es poco el avance. Ni siquiera una orden de captura ha expedido, tampoco allanamientos.

Sobre el hecho hay un silencio absoluto, no hay testigos y los informantes solo divagan. Los cabecillas de “la Oficina” que están en la cárcel saben lo que ocurrió, pero se niegan a hablar. Es el caso de “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Yordi” y “Pichi Gordo”.

Lo absurdo es que varios fueron beneficiados en sus penas gracias a preacuerdos con la misma Dirección contra el Crimen Organizado, que no les exigió cooperación con datos, sino la mera aceptación de unos cargos. “La verdad de la matanza está tras las rejas”, dice un investigador, quien pide reserva de su nombre.

También persisten los intentos por torcer la investigación. Fuentes cercanas al tema comentaron que la delincuencia ha ofrecido $12 millones por el informe de los criminalistas que estuvieron en la escena, donde de forma inusual hubo personal mezclado de CTI y Sijín, cuando lo pactado es que se turnan las inspecciones cada 24 horas; $3 millones por un blackberry de “Conejo”, el lugarteniente asesinado de “Morro”; y otra suma no especificada por el paradero de la empleada doméstica que sobrevivió a la matanza porque se fue a dormir temprano en la casa vecina.

La teoría más fuerte apunta a que la masacre fue ordenada por una falange de la propia “Oficina”, y hay dos móviles sobre la mesa: para que “Morro” no delatara a sus miembros en E.U., y por su oposición a la alianza con “los Urabeños”. De hecho, se investiga si estos últimos participaron en la planeación y ejecución, en asocio con sus facciones aliadas de “la Oficina”.

Lo cierto es que este crimen está impune y los muertos que parecen estar asociados son muchos más que nueve.

El Inspector.

Las causas de la matanza son difusas: a guerrilleros, “urabeños” y hasta al Ejército han señalado de esta atrocidad, que nos hace recordar que las masacres son una maldición que está lejos de abandonar nuestra región.

Esta es la finca en la que ocurrieron los hechos, en Amalfi, Antioquia. Foto de Juan Antonio Sánchez.

La investigación preliminar sugiere que el crimen fue perpetrado a las 2:00 a.m. del viernes 12 de diciembre, en una finca con piso de tierra, en el sector El Silencio de la vereda Monos, en Amalfi.

Los sanguinarios les arrebataron la vida a dos hombres y cinco mujeres, varios de ellos mientras dormían: los esposos Margarita Herrera Rendón, de 55 años, y Adelmo de Jesús  Castrillón Arroyave, de 65; también a Mónica García Jaramillo, a las hermanas Mariana y Melisa Castrillón Herrera (menores de edad y nietas de la pareja) y dos NN masculino y femenino, ambos adultos. Sobrevivió una bebé de 45 días de nacida, al parecer hija de la occisa Mónica García, cuyo paradero se desconoce, aunque se rumora que un familiar se la llevó luego de la tragedia.

En la inspección a la escena del crimen, los técnicos forenses encontraron, según el reporte de la Policía Antioquia: un morral de campaña verde, que guardaba 3 hamacas, un par de botas negras, un uniforme dril pixelado (camuflado militar), un machete y elementos de aseo personal. También hallaron un chaleco arnés color negro, un radio de comunicaciones, 4 baterías de Blackberry, 2 proveedores con 62 cartuchos de calibre 5.56, 6 cartuchos 38 largo, 3 granadas de mano IM26 de fragmentación, una cantimplora, un oncho, una chapuza para revólver, un proveedor para pistola 9 mm, 4 celulares, 5 Sim Card, 17 tarjetas prepago, 2 placas para motocicleta, 4 cargadores para celular, 18 panfletos alusivos a la guerrilla del Eln (en una casita contigua a la vivienda principal, sobre la cama) y 2 libretas con “información de actividades delictivas”.

Al parecer las víctimas fueron ejecutadas en estado de indefensión. Foto de Juan Antonio Sánchez.

¿POR QUÉ OCURRIÓ?

Son varias las hipótesis que se han tejido sobre el incidente. Para comenzar, los esposos Castrillón Herrera y sus nietas menores de edad eran parientes de los excomandantes paramilitares Daniel y Fredy Rendón Herrera, alias “don Mario” y “el Alemán”. Aunque una retaliación contra los familiares de estos capos es la teoría más débil, ellos lo han aprovechado para solicitar protección del Estado a su núcleo familiar e insinuar que las muertes ocurrieron por las confesiones que ellos han hecho en sus versiones ante la Fiscalía.

El segundo móvil apunta a que en la vereda se presentó un enfrentamiento armado entre los subversivos del Eln y la organización criminal “los Urabeños”, dos grupos que llevan varios años de enemistad en la región. Se cree que dos guerrilleras recibieron refugio en la vivienda de los Castrillón Herrera, lo que motivó la masacre de todos los habitantes del lugar.

De ser cierta esa versión, encierra una paradoja: “los Urabeños” habrían asesinado a los seres queridos de su propio fundador, “don Mario”.

La tercera hipótesis sugiere que fue un ajuste de cuentas interno entre miembros del frente Capitán Mauricio del Eln, que delinque en esta zona del nordeste antioqueño.

Algunos pobladores manifestaron a la Defensoría del Pueblo que en el enfrentamiento armado previo a la masacre participó el Ejército, versión que fue desmentida de forma categórica por la Institución castrense, que aseguró que no tenía operaciones en curso en el área.

Entre las víctimas hubo una niña de 11 años, que soñaba con ser policía. Foto de Juan Antonio Sánchez.

LAS MASACRES QUE HACEN LLORAR A ANTIOQUIA

El funesto episodio de Amalfi recordó que Antioquia ha sido una región azotada por los asesinatos múltiples en el último cuatrienio.

A diferencia de las dos décadas pasadas, cuando los actos terroristas de los carteles, las guerrillas y los paramilitares sacudían los cimientos de la población civil, las masacres de la actualidad – entendidas como un acto que deja cuatro víctimas y más – se deben en su mayoría a disputas de bandas de crimen organizado, seguidas de actos de intolerancia y venganzas personales.

Sin contar lo sucedido en Amalfi, que aún está en etapa preliminar de investigación, estas son las 21 matanzas que han hecho llorar a Antioquia desde 2010, de acuerdo con la recopilación elaborada por El Colombiano:

1. Explosión en albergue de indigentes
Cuatro habitantes de calle muertos y 16 heridos, entre ellos varios policías, dejó la detonación de un artefacto explosivo en la entrada de un albergue del sector La Minorista, en el centro de Medellín. Acaeció en la madrugada del 22 de marzo de 2014, cuando los mendigos eran conducidos por los uniformados y uno de ellos cargaba la bomba en un costal. Las autoridades endilgaron el crimen a las disputas de bandas del microtráfico de drogas.

2. Masacre en El Peñol
El 12 de enero de 2014 fueron hallados los cadáveres de cuatro jóvenes de 15, 16, 17 y 18 años, en un sendero rural de la vereda El Morro, del municipio de El Peñol. Las víctimas tenían señales de tortura y estaban degolladas. La hipótesis preliminar apunta a que se trató de una retaliación por supuestos robos a fincas de la zona.

3. Ataque a una familia en Medellín
Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, fueron asesinados a machetazos en su vivienda del barrio Villa Laura, en el occidente de Medellín. Ocurrió el 14 de julio de 2013, cuando las víctimas fueron descubiertas por un infante de 11 años que entró a la casa.

4. La masacre de Envigado
En la madrugada del 31 de diciembre de 2012, un comando de sicarios incursionó en una finca alquilada de la vereda El Salado, en el municipio de Envigado, asesinando a tiros a cinco hombres y cuatro mujeres. El ataque estaba dirigido contra un occiso en particular: el desmovilizado Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro”, cabecilla de la organización criminal “la Oficina”.

5. Matanza en San Roque
El 16 de noviembre de 2012, en la vereda Trinidad de San Roque, fueron acribillados cinco presuntos integrantes de la banda “los Pechilisos”, cuando al parecer se encontraban hurtando madera y metal de los antiguos rieles del ferrocarril. La autoría se endilgó a la organización “los Urabeños”.

6. Cacería y linchamiento en San Jerónimo
El asesinato a machetazos del campesino guitarrista Nolberto Bedoya, el 11 de noviembre de 2012, desató la ira de la comunidad en el municipio de San Jerónimo. Armados con palos y machetes, buscaron a los cuatro sospechosos por el monte de la vereda Alto Colorado, y en las dos horas siguientes los lincharon. La Policía solo llegó a recoger los cadáveres.

7. Hallazgo en la Curva del Diablo
En la madrugada del 10 de noviembre de 2012, cuatro cadáveres fueron arrojados desde una camioneta en el barrio Moravia de Medellín, justo en el sector conocido como la Curva del Diablo. Los tres hombres y la mujer estaban envueltos en sábanas y con señales de asfixia mecánica. La teoría del caso apunta a una pugna de combos de la zona nororiental de la ciudad.

8. Masacre en Santa Rosa de Osos
Debido a que el patrón de una finca no quiso pagar una vacuna extorsiva, integrantes de la banda “los Renacentistas del Norte” fusilaron a 10 de sus trabajadores y los remataron con granadas. Sucedió el 7 de noviembre de 2012, en la finca La España de la vereda Aguaditas, en el municipio de Santa Rosa de Osos.

9. Feroz enfrentamiento en la comuna
Tres policías asesinados a punta de fusil y granadas, un supuesto sicario abatido y un vecino muerto a bala en la confusión de los hechos, fue el resultado de un enfrentamiento entre las autoridades y el anillo de seguridad de alias “el Gomelo”, el delincuente más buscado de la comuna 8 de Medellín. Ocurrió el 4 de noviembre de 2012, en el barrio Villatina, donde fue arrestado el criminal herido.

10. Un carro abandonado en Marinilla
El 1 de noviembre de 2011 las autoridades encontraron un automóvil abandonado en una carretera del municipio de Marinilla. Adentro yacían los cadáveres de cinco hombres, todos oriundos de Bello. La hipótesis del caso fue un disputa entre bandas delincuenciales.

11. Tragedia en la cancha La Maracaná
Cinco personas muertas y seis heridas dejó un ataque armado en la cancha La Maracaná, en límites de las comunas 5 y 6 de Medellín. El crimen fue perpetrado cuando se jugaba un partido de futbol aficionado, en la noche del 26 de julio de 2012, y fue motivado por una pugna entre combos delincuenciales.

12. La masacre de Sopetrán
El 24 de abril de 2011, en plena celebración de la Semana Santa, un comando sicarial de “los Urabeños” ingresó a una finca de recreo en la vereda El Rodeo del municipio de Sopetrán y secuestró a 10 personas. El 21 de mayo siguiente, las autoridades encontraron una fosa común en la vereda El Pomar, con 9 cadáveres. Uno de los secuestrados sigue desaparecido.

13. Horror en un taxi
En la noche del 1 de abril de 2011, dos integrantes de un combo fueron dejados en libertad en una estación policial de la comuna 6 de Medellín. Fueron recogidos en un taxi por tres mujeres, una de ellas embarazada, y unas cuadras más adelante los interceptaron sicarios motorizados. Las cinco personas fueron masacradas, solo sobrevivió el taxista.

14. Tragedia familiar en La Pintada
Un expolicía asesinó a bala a su esposa, a su pareja de suegros y a su hijo de 9 años de edad. Después se enfrentó a tiros con la Fuerza Pública, hasta tomar la decisión de autoeliminarse. Sucedió el 14 de marzo de 2011, en una vivienda del casco urbano del municipio de La Pintada. La comunidad iracunda quiso asaltar la morgue para hurtar el cadáver del expolicía y arrojarlo al río Cauca, pero las autoridades lo impidieron.

15. La matanza de Caucasia
En una carretera polvorienta de la vereda La Arenoza, en el corregimiento Cuturú de Caucasia, fueron hallados los cadáveres descompuestos de 10 campesinos y cultivadores de hoja de coca. Los encontraron el 13 de marzo de 2011, maniatados y repartidos a lo largo de un kilómetro de la vía. El móvil fue la guerra entre las bandas “los Urabeños” y “los Rastrojos”.

16. Asalto sicarial en un apartamento
Cuatro hombres asesinados a tiros y cinco más heridos dejó una incursión sicarial en el sector San Rafael, del barrio Guayabal de Medellín. Ocurrió cuando integrantes de la banda “la Unión” celebraban una reunión en el sitio, en la noche del 11 de marzo de 2011.

17. Ataque de mercenarios en lancha
Cuatro hombres procedentes del Valle de Aburrá fueron acribillados por sicarios en una finca de la vereda El Marial, en el municipio de El Peñol. Según la Policía, los agresores atravesaron la represa de Guatapé en una lancha, en la madrugada del 9 de febrero de 2011, y se hicieron pasar por miembros del CTI de la Fiscalía.

18. Masacre en un rancho de La Sierra
El 9 de febrero de 2011, en un rancho de tablas del barrio La Sierra de Medellín, fueron asesinadas cuatro personas a punta de disparos, incluyendo una pareja de esposos. La causa fue el enfrentamiento de combos de la ciudad.

19. La masacre del Día del Amor y la Amistad
Cinco muertos y ocho heridos dejó un ataque de sicarios a un bar del sector Miramar, en la comuna 6 de Medellín, cuando los asistentes disfrutaban del Día del Amor y la Amistad, el 19 de septiembre de 2010. El motivo fue una disputa de combos delincuenciales.

20. Noche de terror en Uramita
El 6 de julio de 2010 fue hallado un cadáver envuelto en bolsas, abandonado en un paraje rural del municipio de Uramita. Al día siguiente sus familiares viajaron desde Medellín para la velación, en el corregimiento Las Juntas. Cuando iban de regreso, a bordo de un taxi y un campero, fueron agredidos con granadas y tiros de fusil, a la altura de la vereda El Chupadero. Murieron siete personas, entre ellas una bebé de 2 años. La hipotesis policial del caso fue una retaliación entre bandas criminales.

21. Masacre en la zona rosa de Envigado
En la noche del 2 de julio de 2010, dos facciones enemigas de la organización criminal “la Oficina” se enfrentaron en el bar Gurú, ubicado en el centro del municipio de Envigado. Murieron 8 personas inocentes, entre ellas un ciudadano estadounidense, y 12 más resultaron heridas.

El Inspector.

La última cita de su vida la cumplió a las 9:00 a.m. de este jueves 12 de junio, en un bar-discoteca del kilómetro 3 de la vía Las Palmas, en el suroriente de Medellín.

Alias "Pichi Calvo" falleció junto a su vehículo blindado, en el parqueadero de un establecimiento público. Cortesía.

El comerciante de 42 años llegó en una camioneta 4Runner blindada, conducida por Iván Darío Ciro Muñoz, de 26. Cuando estaban en el parqueadero, afuera del vehículo, fueron sorprendidos por sicarios, quienes les dispararon.

Cuatro impactos de bala terminaron con los días de “Pichi Calvo” en la escena del crimen, mientras que su acompañante fue conducido a un centro hospitalario con heridas de gravedad y pronóstico reservado. Los atacantes lograron escapar.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el finado era cabecilla de “la Oficina”, y que estaba vinculado a la investigación por la masacre del 31 de diciembre de 2012 en el municipio de Envigado, en la que murieron 9 personas, entre ellas su socio Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

Fue junto a este personaje que inició la carrera delincuencial de “Pichi Calvo”, de acuerdo con investigadores judiciales, que piden la reserva de su identidad. Metaute y Pérez despegaron siendo sicarios en el oriente de Medellín, al servicio de la banda “la Terraza”, que en los años 90 controlaba a casi todos los combos del Valle de Aburrá.

En aquel entonces, narran los investigadores, comenzaron a llamarlos “los Hermanitos” o “los Calvos”. Uno de los jefes financieros de la organización, Gustavo Upegui, los vinculó a su esquema de seguridad y allí empezaron a tener roce con las altas esferas de la mafia.

Ascendieron en la estructura y, ya con el grado de cabecillas, ingresaron al club de los traquetos. Junto a “Mateo”, “Mao” y “One Two Three” (o “Juantutri”, hoy muerto), lideraron actividades de narcotráfico y microtráfico de estupefacientes para “la Oficina”.

“Morro” extendió sus redes en Barrio Antioquia, la plaza de vicio más emblemática de Medellín, y “Pichi Calvo” se dedicó a establecer los contactos en Centroamérica, por lo cual viajaba constantemente.

Fuentes policiales comentan que entre los años 2000 y 2007, a Metaute le figuran 16 anotaciones, las veces que lo sorprendieron portando armas de fuego con salvoconducto en fechas en que estaba prohibido el porte. En el 2005 se desmovilizó con el bloque Héroes de Granada de las Autodefensas.

Los investigadores aseguran que parte del dinero obtenido por el narcotráfico, lo lavaba en transacciones de jugadores de fútbol, en equipos de Antioquia, el Eje Cafetero y Santander.

Cuando mataron a “Morro”, su entrañable socio, “Pichi Calvo” se fue de la ciudad. Al interior de “la Oficina” comenzaron las acusaciones de lado a lado, y algunos insinuaron que él participó de esa traición. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada por la Fiscalía, que lleva a cuestas la investigación de la masacre y 18 meses después no ha producido ni una sola captura.

Varios jefes de “la Oficina” se repartieron los negocios que antes eran de Pérez, y a Barrio Antioquia entraron patrones que antes no tenían cabida, como Didier Ríos López, alias “Tuto”. Metaute, presuntamente, heredó una parte de su exsocio en esa zona, cuya administración corría por cuenta de “Nacho Güevas” y “los Mellos”.

Pese a todos estos indicios, en contra de “Pichi Calvo” nunca hubo una orden de captura. Todo lo hizo a través de terceros y cuartos, por eso era uno de los cabecillas más enigmáticos del grupo ilegal. Igual de misterioso que las manos que orquestaron su muerte.

NOTA RELACIONADA: Matan a dos supuestos trabajadores de alias “Morro”.

El Inspector.

Este sábado (mayo 10), antes de que saliera el Sol, los vecinos encontraron dos envoltorios en una vía pública, en la avenida 40 con la diagonal 57 de Niquía, sector Los Apartamentos (Bello). Al parecer habrían sido dejados allí por sujetos que se desplazaban en un automóvil.

En esta vía del sector Los Apartamentos (Bello) hallaron los dos cadáveres envueltos en sábanas. Foto de cortesía.

Se trataba de una sábana amarilla y una roja, que envolvían sendos cadáveres, al parecer desmembrados. Los investigadores del CTI se los llevaron para Medicina Legal sin desenvolverlos, de modo que no fue posible identificarlos, ni siquiera saber el sexo, en la primera inspección.

Mientras esto ocurría en aquella vía, sonaron los balazos en un paraje del parque ecológico Montecarlo, en cercanías del barrio Manrique, en el nororiente de Medellín. Allí murieron los jóvenes Francisco Antonio Valencia Gómez y Yeison Estiven Arboleda, de 23 y 21 años de edad.

No menos grave fue el asesinato del subintendente de la Policía, Luis Román Restrepo, el pasado jueves 8 de mayo. El suboficial acababa de terminar su turno y viajaba de civil en un bus de servicio público que había abordado en el barrio Aures.

De repente unos tipos le dispararon dentro del automotor, quitándole la vida. Román prestaba servicio en la cárcel para policías que hay en Robledo. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez, la primera hipótesis del crimen apunta a un intento de hurto.

De otro lado, el pasado 1 de mayo fueron asesinadas tres personas y dos más quedaron heridas, en un ataque sicarial a una vivienda del sector Lovaina. Dos de los occisos fueron identificados como Óscar Tulio Lopera Garzón, de 36 años y apodado “Kaká”, y José Fernando Calle Calle, de 41 y conocido como “Puche”.

Según las primeras indagaciones, los mercenarios interceptaron a un mensajero que iba rumbo a esa casa con un servicio de comida a domicilio. Haciéndose pasar por él, golpearon la puerta, y una vez abierta dispararon contra los presentes.

Una de las teorías del caso es que el sector de Lovaina, en el barrio San Pedro, está siendo disputado por varios combos que quieren adueñarse de sus lucrativas y tradicionales plazas de vicio.

También se investiga si el múltiple crimen guarda relación con un episodio del 7 de mayo, no muy lejos de allí, en el barrio Miranda. En la maleta de un taxi fue encontrado un cadáver NN masculino de 20 a 25 años, con señales visibles de tortura. Una identificación preliminar suponía que se trataba del conductor del taxi, Jeison Fabián Ruiz Díaz, cuyo vehículo había sido robado dos días atrás.

Por último, el pasado 29 de abril fueron acribillados a tiros tres jóvenes dentro de una finca de la vereda La Loma, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Por una supuesta disputa entre bandas ilegales, murieron José Bernardo Rueda Sepúlveda, de 21 años y apodado “Lobo”; Jeison Wbeimar Henao Vargas, de 22 y con el mote de “Pechi” o “Papero”; y un adolescente de 17.

Esta reseña demuestra que hay varios focos de violencia en el Valle de Aburrá, que algo se está agitando en el bajo mundo del crimen organizado. Ojalá las autoridades lo detecten pronto, antes de que corra más sangre.

El Inspector.

Cuatro jóvenes torturados y degollados sería el resultado, de acuerdo con una hipótesis preliminar, de una venganza por un supuesto robo a una propiedad.

En este camino veredal de El Peñol fueron encontrados los cuerpos. Cortesía de www.mioriente.com

El hallazgo de los cuerpos se presentó en la noche de este viernes 12 de enero, en un sendero rural de la vereda El Morro, a unos cinco minutos del casco urbano.

Los occisos son muchachos de 15, 16, 17 y 18 años, residentes en la localidad. El coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía Antioquia, declaró que se desconoce todavía quién ejecutó la masacre.

Sin embargo, recalcó que se investiga una hipótesis, según la cual los muchachos estarían comprometidos en actos delictivos. Un robo a una finca de la zona sería su “pecado”, indicaron pobladores del área. Algunos familiares de los jóvenes manifestaron que estos no estaban metidos en cosas malas.

En 2011 ocurrió el antecedente más cercano de una matanza en El Peñol, aunque en aquella oportunidad las víctimas eran provenientes del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Dos matanzas atribuidas a retaliaciones criminales).

De confirmarse la hipótesis que analizan las autoridades, estaríamos ante otro acto de venganza a manos de ciudadanos que contratan a malhechores o actúan por sí mismos. Un hecho tristemente frecuente en nuestra región.

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El Inspector.

Siempre se ha rumorado que el día de su captura, "don Mario" estaba con una famosa modelo y presentadora colombiana, aunque la Policía guarda silencio sobre eso. Cortesía.

El combate dejó cinco personas asesinadas dentro de una camioneta Toyota Hilux de placa oficial, cuya carrocería fue traspasada por tiros de fusil. De acuerdo con la investigación, los occisos fueron el patrullero Víctor Alfonso Ramírez Osorio y el subintendente Watson Eduardo Rojas, ambos integrantes activos del Gaula en ese momento; también fallecieron el subteniente (r) Wálter Mauricio Martínez Chía, exmiembro del Gaula; el civil Eduar García Arroyo yel desmovilizado Frende Alberto Suárez Ramírez, alias “Camarrenga”.

Durante las audiencias, “don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los mercenarios, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Al final de la audiencia de ayer, a la que asistió por videoconferencia, el condenado pidió perdón a las familias de sus víctimas, y dijo que para él “también era difícil” porque pasaría mucho tiempo en prisión sin sus seres queridos.

La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, quien emitió el sentido del fallo condenatorio contra Camilo Piedrahíta Monsalve, alias “la Máscara” o “Lucky”, y Juan Carlos Restrepo Gallego, apodado “Cafés”.

Con este volante la Policía estuvo buscando a los sospechosos de la masacre. Cortesía.

La matanza ocurrió el 19 de septiembre de 2010 en el bar “El Punto Cervecero”, del sector Miramar, en el noroccidente de la ciudad. La gente bebía, bailaba  y charlaba cuando aparecieron los sicarios de madrugada. Iban en una moto y un taxi robado en Belén, y dispararon de manera indiscriminada con pistolas y una subametralladora 9 milímetros.

Murieron  Cruz Elena Agudelo Martínez (38 años), Manuel Guillermo Valencia (23), Johny Alexánder Espitia (25) y dos adolescentes de 16 años, llamados Sandrit Blanco Izquierdo y Manuel Emilio Arias. Ocho personas resultaron heridas. El crimen fue ejecutado por la organización criminal “los Machacos”, que delinque en las comunas 5 y 6.

La Policía imprimió volantes con los alias de los tres principales sospechosos: “Checho” (quien era menor de edad cuando sucedió la masacre), “Cafés” y “la Máscara”. Estos dos últimos huyeron de Antioquia, pero la Policía los arrestó el 9 de julio de 2011, en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Les incautaron tres pistolas Pietro Beretta, una escopeta de repetición y dos silenciadores, según la Fiscalía.

Tras el fallo condenatorio del juzgado, queda pendiente la audiencia de lectura del fallo, donde el juez expondrá los argumentos de la decisión y el monto de la pena. La Fiscalía ha pedido la máxima sentencia: 60 años, por múltiple homicidio agravado, ocho tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. Ambos están en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

Por su parte, alias “Checho” estuvo escondido en la ciudad de Santa Marta (Atlántico), aunque regresó a Medellín para celebrar su cumpleaños número 18 al peor estilo de los traquetos, con una bullosa rumba callejera. La Policía lo apresó el 27 de agosto de 2011 y lo judicializó por la masacre.

No obstante, lo benefició la Ley de Infancia y Adolescencia, que lo abrigaba en el instante en que empuñó las armas para acribillar a la gente. A los pocos meses volvió a la calle, en libertad. Se dice que regresó a sus escondites de la Costa Atlántica, burlando a la justicia por el momento.

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El Inspector.

La Alcaldía ofreció 40 millones de pesos de recompensa para quien suministre información sobre esta matanza, perpetrada en el sector Villa Laura, de la comuna 13.

En una vivienda de esta cuadra, en Villa Laura, sucedió el múltiple homicidio. Foto de Santiago Olivares.

El crimen fue descubierto en la tarde de ayer (domingo 14 de julio), cuando un infante de 11 años entró a la vivienda y vio a sus seres queridos asesinados en diferentes sitios: la sala, la cocina y una habitación.

Según las autoridades, todos murieron a punta de machete en un extraño episodio, pues los vecinos aseguran que no escucharon nada y la puerta de la casa no estaba forzada.

Las víctimas fueron Juliana Mazo Hoyos, de 26 años, y su hija de 6; también sus padres Inés Hoyos López, de 52, y Martín Mazo, de 59. Eran propietarios de un local de venta de buñuelos.

La Alcaldía lamentó lo sucedido y ofreció la recompensa, al tiempo que la Policía indicó que podría tratarse de un caso de violencia intrafamiliar (esta es la hipótesis principal).

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El Inspector.

Esta situación se desató el pasado viernes, cuando Luis Cértica llegó hasta la Personería de la localidad y dijo que un grupo armado había asesinado a sus dos padres y cinco hermanitos, con edades de tres a 11 años. Los hechos, según su historia, habían ocurrido en el sector El Rayo, a unas 10 horas del casco urbano.

Funcionarios de la Alcaldía de Tarazá prometieron brindarle asistencia médica al indígena denunciante, quien acá aparece custodiado por la Policía. Foto de Róbinson Sáenz.

Lo señalado disparó las alarmas entre las autoridades civiles y militares y los medios de comunicación. El primer problema que apareció fue que la zona era de alta presencia guerrillera y había campos minados, estaba en plena selva y el acceso era muy difícil. Luego, el denunciante de 19 años no supo decir el sitio exacto de los hechos en un sobrevuelo en un helicóptero de la Fuerza Pública.

Los funcionarios veían inconsistencias en la declaración e iniciaron una labor investigativa, logrando ubicar ayer a la madre del indígena en el vecino municipio de El Bagre. No estaba muerta, como había dicho el joven. La señora advirtió que hace más de un año no tenía noticias de su muchacho, quien padecía un desequilibrio mental, y que su esposo sí había muerto, pero hacía 20 años en una riña.

Los servidores públicos reunieron a la madre con el joven, como una prueba de que la masacre no existió. Una fantasía producto de su condición, es la primera hipótesis para explicar lo que pasó.

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El Inspector.

Dijo que siete personas fueron masacradas dentro de una vivienda en un paraje veredal conocido como El Rayo, a unas 10 horas del casco urbano. Eran sus familiares.

La denuncia de la masacre fue formulada en Tarazá por un familiar de las víctimas. Foto de Archivo El Colombiano.

De acuerdo con su relato, un grupo armado llegó hasta la casa y acribilló a los esposos Celestino Certico González y Margarita Ogani, miembros de una comunidad indígena, de 45 y 49 años respectivamente. En el hecho también asesinaron a sus hijos: tres niños de 11, 11 y 4 años, y dos niñas de 5 y 3.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, y el alcalde de Tarazá, Héctor Giraldo, se negaron a confirmar la noticia hasta que el Ejército llegara al sitio a verificar la información. El problema es que el acceso es muy complejo, pues El Rayo está en el Cañón de Iglesias, un área selvática y montañosa infestada de guerrilla.

Allí hace presencia la compañía Alberto Martínez del frente 18 de las Farc, al mando de alias “Yeison” o “Pelusa”. En caso de confirmarse la matanza, serían los primeros sospechosos.

Un helicóptero militar hizo un sobrevuelo por el área, pero el denunciante de 19 años no pudo localizar el sitio exacto desde el aire. Las tropas temen que haya campos minados, por lo que esperarán hasta mañana para ingresar y verificar lo sucedido.

Esta es la segunda masacre que se registra en Antioquia en menos de una semana. El pasado martes (30 de abril) asesinaron a cuatro personas de una misma familia en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Roque. Los occisos fueron Onofre Antonio Londoño Diosa, de 63 años; sus hijos Adolfo y Dayro Alexánder Londoño Arias, y el sobrino Jorge Arbey Londoño, todos mayores de 30 años.

Según el general José David Guzmán, comandante de la Región 6 de la Policía, las víctimas vívían en el barrio Belencito, de la comuna 13 de Medellín, y hacía un año habían partido hacia San Roque. Por información que permita esclarecer el hecho hay una recompensa de hasta 30 millones de pesos.

Para completar este oscuro panorama, otro homicidio múltiple fue ejecutado ayer (mayo 2) en la frontera del corregimiento San Cristóbal con la comuna 13. De acuerdo con la información preliminar, a las 4:40 p.m. dos tipos con pistolas arribaron hasta una vivienda del barrio Bellavista.

En las afueras asesinaron a Carlos Andrés Acevedo Acevedo (apodado “Mico”), de 32 años, y Juan Carlos Barrera Correa (“Cabezón”), de 43. Resultó herido un menor de 13 abriles que estaba en el sitio comprando un gallo que uno de los occisos vendía.

La Policía arrestó a un sospechoso del ataque, alias “Kawa”, de 30 años, presunto integrante del combo de “la Loma”.

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El Inspector.

“En ese sitio es muy frecuente el consumo de estupefacientes y ahí estaban las víctimas, al parecer dedicadas al consumo, cuando los acribillaron sin consideración”, relató Arnulfo Serna, secretario de Seguridad de la Alcaldía. Este es el recuento del caso, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Contra este muro, que bordea la cancha de Barrio Cristóbal, fueron masacrados los hombres. Cortesía.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche de este lunes (abril 1), cuando un grupo de personas estaba reunido en una manga aledaña a una cancha de fútbol. Según fuentes policiales, dos sujetos llegaron al lugar y les preguntaron: “¿Quién vende la droga?”. Tras un breve silencio, dispararon contra los presentes usando armas automáticas, y luego huyeron en una motocicleta.

Los afectados fueron trasladados a centros médicos, donde cuatro perdieron la vida y uno sobrevivió con heridas. La Policía Metropolitana ya identificó a tres occisos: Diego Alejandro Mariscal Londoño, de 23 años; Aron Echavarría Muñoz, de 18; un NN de 25 a 30 y un adolescente de 15 (cuyo nombre se reserva por requisito de ley).

El secretario Serna indicó que eran residentes del vecindario y que no registran antecedentes penales. “Son preocupantes estas muertes, esperamos que hoy con el presidente Santos y el general León Riaño podamos afinar las estrategias contra el crimen en la ciudad”, agregó.

Esta es la segunda masacre perpetrada en el Valle de Aburrá en apenas dos días. El pasado Sábado Santo (marzo 30) acribillaron a tres hombres que iban en un camioneta, en una vía pública del municipio de Bello; en la acción hubo una víctima colateral, una vendedora de empanadas atropellada por el vehículo en su fallido intento de huida. La Policía, en principio, atribuyó lo sucedido a un ajuste de cuentas al interior de la banda “Pachelly”.

Y ese mismo sábado, pero en la mañana, fueron hallados dos cadáveres descuartizados y envueltos en costales, a orillas del río Medellín, a la altura del barrio Palermo de Medellín. Los restos eran de Santiago Andrés Tangarife Arrubla, de 19 años, y su amigo de 17, los cuales habían abordado un vehículo el día anterior en un sector de Aranjuez. Sus cabezas no aparecieron.

Ambos residían en el barrio Brasilia y, según Serna, tenían anotaciones policiales por hurto y tráfico de estupefacientes. Una hipótesis que estudian las autoridades es que al parecer estaban involucrados en la pérdida de un dinero producto de las drogas, versión que han negado los familiares, para quienes los muchachos no tenían amenazadas ni problemas conocidos.

Para este martes está programado el regreso a Medellín del general José Roberto León Riaño, director de la Policía, quien acompañado de varios oficiales intentará frenar esta racha de violencia en el área metropolitana. Con él estará el presidente Juan Manuel Santos, quien adelanta una gira nacional en lugar críticos para la seguridad.

El Inspector.