En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Se trata de Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, miembro de la cúpula de la organización ilegal “la Oficina” y condenado a 20 años por conspiración para distribuir cocaína en aquel país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Maximiliano Bonilla es oriundo de Villavicencio, Meta, pero se crió en Medellín. Comenzó su carrera criminal de la mano de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), uno de los fundadores de “la Oficina” a finales de los 90. Llegó a EE.UU. en diciembre de 2011. Foto de archivo El Colombiano.

El Colombiano tuvo acceso a documentos de su proceso penal (caso criminal N°08-140WFK), que reposan en la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, con sede en Brooklyn. De acuerdo con la información, Bonilla envió una petición a dicho tribunal el pasado 27 de abril.

En su misiva, solicitó que lo favorecieran con un confinamiento casero, invocando la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 116-236 o Cares Act, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo anterior. Dicha norma, entre otras medidas, instó al Buró de Prisiones (equivalente al Inpec en Colombia) a flexibilizar la autorización de detenciones domiciliarias, para mitigar el impacto de la propagación del virus en las cárceles.

En su argumentación, “Valenciano” invocó una frase del expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primero y único objeto de un buen gobierno”.

Acto seguido, escribió que encarcelado tenía menos chance de sobrevivir a la pandemia, pues el distanciamiento social es imposible y todo el sistema de ventilación de las celdas está interconectado, lo que hace que contagiarse “sea cuestión de tiempo”.

Alegó que tiene 47 años, presión arterial elevada y colesterol alto, por lo cual consume medicamentos.

También enfatizó que su comportamiento ha sido óptimo y ha recibido clases sobre el manejo de la ira, aeróbicos, yoga, crossfit e introducción al mercado de la bolsa de valores, entre otras; y que ha estado leyendo libros sobre el autocontrol, manejo del estrés y “el coraje para cambiar”.

Bonilla está recluido en la cárcel de Lewisburg, Pennsylvania, y pidió que le concedieran la detención en el domicilio del tío de su suegra, en Carolina del Sur.

Según él, estará en esa casa mientras dure la crisis sanitaria, y regresará a la celda una vez el Gobierno lo autorice.

“NO ES PERSONA CONFIABLE”

Enterado de esta petición, el fiscal de Distrito, Seth D. Ducharme, envió a la Corte una comunicación el pasado 24 de agosto, solicitándole al juez federal William F. Kuntz II que la rechazara.

En su exposición, hizo un recuento del prontuario de “Valenciano” como miembro de “la Oficina”, “la organización heredera de la infraestructura de narcotráfico de Pablo Escobar”.

Señaló que el detenido ascendió hasta ser un jefe de ese grupo, encargado de las operaciones de droga en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y socio del cartel mexicano “los Zetas”, con el que exportó más de 45 toneladas de cocaína. “Esto lo convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo”, redactó Ducharme.

El fiscal detalló que “Valenciano” no era confiable, porque ya había traicionado un acuerdo de cooperación con los norteamericanos. Dicho pacto lo realizó con la Fiscalía el 14 de diciembre de 2008, cuando prometió aceptar las acusaciones y que trabajaría como informante de la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), para obtener rebaja en la sentencia.

Sin embargo, luego de pactar con los funcionarios, regresó a Colombia para protagonizar una guerra por el control de “la Oficina” y sus negocios, en contra de Ericson Vargas (“Sebastián”), otro de los líderes de la organización (hoy preso en EE.UU. también).

La pelea involucró a más de 300 bandas del Valle de Aburrá, que se alinearon con uno y otro capo, y duró tres años. Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 hubo 5.859 homicidios tan solo en Medellín, la mayoría atribuidos a esa disputa mafiosa.

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La Casa Blanca asignó una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, quien fue capturado el 27 de noviembre de 2011 en Venezuela, y desde allí extraditado.

Ducharme afirmó que no califica para la domiciliaria porque es extranjero, lo que le dificultaría recibir los servicios médicos que ya tiene en prisión; que su edad no lo hace de alto riesgo para covid-19 y que no está comprobado que la presión sanguínea elevada lo haga más propenso al contagio; y que no demostró que en la casa de Carolina del Sur estaría a salvo del virus.

“La historia de violencia y desobediencia lo hace un candidato no confiable para el confinamiento casero, y un peligro para la comunidad, en especial por las mínimas capacidades de las autoridades para su monitoreo (por causa de la pandemia)”, concluyó.

A la fecha, el juez Kuntz no ha emitido su veredicto sobre la petición de Bonilla. Los tiempos judiciales en EE.UU. se ralentizaron por la cuarentena, debido a lo cual el pronunciamiento podría darse en octubre, según fuentes judiciales.

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ANEXO: LOS EXPEDIENTES DE “VALENCIANO” EN COLOMBIA

En Colombia, Maximiliano Bonilla no tiene condenas, pero sí cuatro investigaciones penales en curso. Una de ellas, por concierto para delinquir agravado, data de 2009 y está en etapa de juzgamiento.
Las demás están en “indagación preliminar”, según la Fiscalía: una por el delito de extorsión (2009); otra como indiciado de homicidio (2000); y una más por el asesinato del investigador del CTI, Jaime Piedrahíta, perpetrado por sicarios en 1997 en el municipio de Itagüí.
Por esas investigaciones, tiene órdenes de captura pendientes en nuestro país, por parte de despachos judiciales de Medellín y Bogotá.

El Inspector.