Hasta ahora, los cabecillas de “los Chatas”, “los Triana” y “los Urabeños” (Clan del Golfo) han manifestado deseos de pactar acuerdos con el Gobierno, pero solo en el último caso hay avances. Este es un informe realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, es investigado por la DEA, por sus presuntos negocios de narcotráfico transnacional. Foto cortesía de la Policía.

Junto al Clan del Golfo, “los Chatas” y “los Triana” se convirtieron en las primeras organizaciones criminales en manifestar el deseo de acordar con el Estado un sometimiento a la justicia de sus integrantes.

La voluntad del Clan del Golfo, una estructura narcoparamilitar que nació en 2007 en Urabá y que hoy extiende sus redes en 20 departamentos del país, fue expuesta a la opinión pública en septiembre del año pasado, por medio de un video en el que apareció su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”).

Los acercamientos con el Gobierno se aceleraron desde el anterior 9 de julio, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1908 de 2018 para el sometimiento de organizaciones criminales.

Una semana después, llegó a la Fiscalía General de la Nación una solicitud de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, máximo líder de la banda “los Triana”, quien está preso en la cárcel La Picota desde marzo.

Esta estructura delincuencial actúa en el norte de Medellín y en el corregimiento San Antonio de Prado, al igual que en los municipios de Bello, Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

En su propuesta, Triana Bustos ofreció indemnizar a varias víctimas de su organización, devolver viviendas despojadas, entregar un arsenal y ser el mediador para el sometimiento de otros integrantes. A cambio, pidió que esta colaboración le fuera retribuida con una rebaja en su eventual condena, por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Luego se conoció una carta de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), cabecilla de “los Chatas” y “la Oficina”, en la cual hizo pública su intención de contribuir al sometimiento a la justicia de otros delincuentes.

“Los Chatas” nacieron en Bello y se extendieron a las localidades vecinas de Girardota, Copacabana y Barbosa. También tienen redes en El Retiro y La Ceja, al tiempo que están conectados con el tráfico transnacional de drogas.

De esta manera, su jefe se ganó un sitial en la cúpula de “la Oficina”, la confederación que agrupa al 65% de los combos del área metropolitana.

En la misiva, sin embargo, “Tom” dijo que no estaba metido en actividades de narcotráfico y que no sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en respuesta a los constantes señalamientos de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Medellín.

Aseguró estar dispuesto a reparar a las víctimas, gestionar el desarme de las bandas del Valle de Aburrá y entregar material bélico.

De las tres bandas interesadas en lograr acuerdos con la justicia, solo el Clan del Golfo tiene a sus líderes en libertad (“Otoniel”, “Nicolás” y “Chiquito Malo”), mientras que “el Patrón” y “Tom” están tras las rejas, situación que podría restarles margen de negociación.

El año pasado, cuando todavía no existía la ley de sometimiento, la banda “la Terraza”, también de Medellín, intentó acercarse al Gobierno para pactar un acuerdo de desarme. No obstante, la iniciativa quedó sepultada con las capturas de su delegado Julio Perdomo (“el Viejo”) y del entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, quien apoyaba la propuesta (ver la NOTA RELACIONADA: Las reuniones que enredaron al secretario Villegas).

Con ese antecedente, es probable que “la Terraza” trate de nuevo de concretar un pacto con la justicia, y que en esa idea la acompañe la organización ilegal de “Robledo”.

Esto debido a que sus principales líderes, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), respectivamente, son socios en la actualidad. Los dos están presos en las cárceles de Cómbita y Valledupar, y los grupos bajo su mando podrían sumar más de 500 integrantes.

LA CASA DE NARIÑO DECIDIRÁ
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvo ayer un encuentro en Bogotá con el presidente electo Iván Duque. En la cita, el mandatario local le explicó el contexto criminal en la metrópoli antioqueña y expuso su postura frente a estas peticiones de los “peces gordos” de la mafia.

Al término de la cita, señaló: “seguiremos con el combate a estas estructuras, si esto hubiera sido un jardín de rosas para ellos, no estarían hablando en estos términos”.

Al ser preguntado por la carta de “Tom”, indicó que los que deben responder y formular las pautas sobre el tema son el Gobierno Nacional y la Fiscalía, “yo como alcalde espero instrucciones”.

Recordó que en el Valle de Aburrá delinquen cerca de 350 bandas, con cerca de 5.000 integrantes, por lo que este sometimiento no debe ser un asunto individual, sino colectivo, para sacar a estos grupos de circulación de una vez por todas.

NOTA RELACIONADA: “Otoniel”, jefe de “los Urabeños”, da la cara y habla de paz en un video.

El Inspector.

Así lo confirmó su abogado Luis Guerra, quien especificó que el cargo del cual lo acusaron fue conspiración para importar cocaína a EE.UU. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, se entregó a los agentes de la DEA en Panamá. Foto de archivo.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2012, al presentarse una situación en la que Arredondo participó como enlace entre narcotraficantes.

La historia comenzó con Yaneth Vergara Hernández, alias “la Tía”, una narcotraficante interesada en exportar droga desde los puertos controlados por el cartel de “los Urabeños” en el caribe colombiano.

Para ello, la mujer recurrió al jefe de “la Oficina” en aquel entonces, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), para que ese grupo sirviera de puente con el cartel.

El delegado para la tarea fue Arrendondo Ortiz, quien según su abogado, lo que hizo fue contactar a “la Tía” con Henry López Londoño (“Mi Sangre”), un cabecilla de “los Urabeños”, para que entre ellos acordaran los términos de la exportación.

Las cuatro personas involucradas ya están en prisiones de Estados Unidos, procesadas por cargos de narcotráfico.

Tras la firma de la aceptación de culpabilidad (plea agreement), Arredondo Ortiz fue recluido en el Centro de Detención Federal, una cárcel de Miami. La sentencia está programada para el próximo mes de marzo.

El abogado Guerra recordó que “Mateo” se entregó voluntariamente a la DEA, diligencia que se llevó a cabo en octubre pasado en Panamá. “Por este motivo, es muy probable que reciba una rebaja sustancial en la pena, del 50 por ciento o más”, señaló el jurista.

El cargo que reconoció ante el juez parte de una sentencia mínima de 10 años y una máxima de 60 (teniendo en cuenta los convenios jurídicos con Colombia). En el caso de “Mateo”, su sometimiento voluntario y posible colaboración en otros procesos penales, como el juicio venidero de “Mi Sangre”, le generarían el beneficio de una condena inferior a los 5 años tras las rejas.

OTRAS INVESTIGACIONES
Arrendo Ortiz, de 57 años y nacido en Itagüí (Antioquia), enfrenta además un proceso de carácter administrativo ante el Departamento del Tesoro. La entidad, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), lo incluyó en la Lista Clinton en 2014, aplicándole sanciones financieras por su presunta participación en una red de lavado de activos y apoyo logístico para “la Oficina”.

Dicho expediente, en el que también están incluidos cabecillas de la organización como “Beto”, “Omega” y el equipo de fútbol Envigado FC, sigue activo.

Por parte de la justicia colombiana, “Mateo” no tiene requerimientos pendientes ni órdenes de captura, aunque figura en organigramas de Inteligencia y ha sido mencionado en algunos procesos de otros miembros de “la Oficina”.

La Policía lo asocia con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), el tentáculo de la banda en los municipios de Envigado y Sabaneta, pero no ha sido judicializado por ello.

NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla de “la Oficina” se entregó en Estados Unidos.

El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ciudadano, conocido con el alias de “Mateo”, acordó su entrega tras varios meses de conversaciones. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”, militó en las Autodefensas pero no se desmovilizó. Foto de archivo.

El proceso se materializó la semana pasada en Panamá, donde lo recogieron los agentes de la DEA, y de allí fue trasladado a Miami. En la actualidad pernocta en el Federal Detention Center, ubicado en el centro de la ciudad.

En los años noventa, Arrendondo militó en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y fue uno de los asistentes del comandante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, pero no se desmovilizó. También escoltó a su hermano Rodolfo Murillo (“Semilla”), quien fue asesinado en 2001 en Medellín.

La Fiscalía y la Policía de Colombia adelantan pesquisas preliminares sobre Arredondo, por ser un supuesto miembro de la cúpula de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá. En particular, lo relacionan con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a las bandas de Envigado y Sabaneta, y vela por los intereses de “la Oficina” en el sur del área metropolitana.

A pesar de estos señalamientos, en contra de Arrendondo, también conocido como “el Señor de la M”, no hay órdenes de captura vigentes en el sistema judicial colombiano.

El gobierno de EE.UU. le puso la mira en 2014, cuando inició una ofensiva para desmantelar el aparato financiero de “la Oficina”. El 18 de noviembre de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras.

En esa oportunidad, “Mateo” apareció en un organigrama de la banda junto a otros cabecillas importantes como “Beto”, “Nene” y “Orión” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), entidad adscrita al Tesoro, declaró que Arredondo venía delinquiendo desde la década del ochenta.

Como parte de su sometimiento, “Mateo” firmó un preacuerdo con la Fiscalía estadounidense, mediante en cual pretende solucionar su situación judicial en ese país, aceptando un cargo por conspiración para delinquir. Este tema, sin embargo, apenas está en etapa de negociación.

Otros miembros de “la Oficina” han optado por el mismo camino en el pasado, entre ellos: “Rogelio”, “Yiyo”, “Careguayo”, “Perra Loca” y “Fredy Colas”, quienes pagaron penas inferiores a los 10 años y todavía carecen de procesos penales en Colombia.

NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” llegó a preacuerdo con el gobierno de EE.UU.

El Inspector.

Los videos, en los cuales el personaje hace un llamado de paz, empezaron a circular desde esta mañana, cuando el presidente Juan Manuel Santos informó que la estructura delictiva expresó su deseo de someterse a la justicia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la primera grabación, “Otoniel” aparece de pie leyendo un comunicado. Explica que su organización está “más unida que nunca” y que respeta los procesos de paz que se han acordado y los que están en marcha.

“Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total (…). En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de lograr una salida digna y voluntaria, una vez estén dadas las condiciones estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, reitera.

En el segundo video, el hombre aparece sentado y lee una carta dirigida al papa Francisco, quien esta semana vendrá de visita a Colombia.

Al Sumo Pontífice le dice: “somos hombres de Dios respetuosos de la ley divina”, y le pide que rece para lograr un acercamiento entre la banda y el Gobierno. “Creemos que con sus oraciones podemos salir adelante en nuestro propósito de dejar las armas”.

Ambos videos, cuya duración individual no supera el minuto y medio, habrían sido grabados en agosto de 2017, según el propio presentador. La Fiscalía y la Policía está analizando su autenticidad, para confirmar si en realidad se trata de “Otoniel” y un comunicado original de su organización.

“Los Urabeños” o “Clan del Golfo” delinquen desde 2007, después de la negociación de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Están conformados por antiguos mandos medios de las Auc y narcotraficantes, con influencia y redes delincuenciales en 22 departamentos del país, España, Venezuela y cuatro continentes.

Las autoridades les atribuyen masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, abusos sexuales, extorsiones y desplazamientos, entre otros delitos (ver la NOTA RELACIONADA: De la bonanza cocalera a un infierno peor).

Alias “Otoniel” es el narcotraficante más buscado de Colombia, después de haber sido paramilitar y guerrillero del Epl. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia.

El Inspector.

Este hombre de 46 años, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, se venía perfilando como uno de los voceros de la organización criminal “la Oficina” con miras a la negociación de un eventual acuerdo de sometimiento con el Gobierno Nacional.

Julio Perdomo, alias “el Viejo”, fue detenido en una residencia del barrio La Palma, en Medellín. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

La captura de Perdomo fue ejecutada por agentes de la Policía este 15 de marzo, en una vivienda de la calle 27 con la carrera 79, del barrio La Palma, tras una investigación liderada por la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado.

En la audiencia de garantías, en el Palacio de Justicia de la ciudad, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de drogas y desplazamiento forzado. Las desplazadas habrían sido dos familias de la comuna 8 (Villa Hermosa), en hechos de julio 2016 y el 5 de marzo pasado.

La Policía señaló a Perdomo de estar al mando de al menos 250 personas, como presunto cabecilla de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos con influencia en las comunas 8, 9 y 10 de la capital de Antioquia.

En la audiencia, “el Viejo” rechazó los cargos en contra, y el juzgado le dictó medida de aseguramiento, la cual se efectuará en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Allá está recluido otro personaje señalado de liderar la misma facción: Diego Muñoz Agudelo, alias “Diego Chamizo” (ver la NOTA RELACIONADA: Envían a la cárcel a “Diego Chamizo” y sus lugartenientes).

Un mes antes de su arresto, la Policía había capturado a su hermano Wiston Perdomo, cuando se movilizaba con su esposa en una moto cerca al barrio La Libertad. Fue recluido en la cárcel, porque presuntamente portaba más de un kilo de cocaína; su defensa señala que esto fue un montaje de los uniformados.

LAS GESTIONES PARA “LA OFICINA”

Perdomo había salido de la cárcel en 2014, luego de pagar 50 meses de prisión por concierto para delinquir, en compañía de su esposa y otras 20 personas de su grupo delincuencial. Una vez en libertad, comenzó a estudiar Enfermería Veterinaria, pensando en darle un viraje a su vida.

De forma paralela, inició gestiones para apoyar a “la Oficina” en su intención de lograr un acuerdo de sometimiento a la justicia, aprovechando las normas expedidas con el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Perdomo tenía el visto bueno de importantes jefes de la organización, como “Douglas”, “Pichi Gordo”, “Barny”, “Carlos Pesebre”, “Diego Chamizo” y “Soto”, para adelantar los acercamientos entre los combos y las autoridades locales. En ese  proceso contaba con la asesoría de abogados.

Acompañó el sometimiento a la justicia de algunos integrantes de la “Odín la Terraza” y la “Odín Caicedo”, que fueron presentados ante la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, como una muestra de la aparente voluntad de paz de “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Combos aprovechan un decreto de gestores de paz).

Frente a estas gestiones, no hay una respuesta oficial de las autoridades. Se sabe que la Fiscalía General de la Nación  estudia la viabilidad del tema, y que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está enterada, aunque no se involucra.

Hay que decir que no todas las estructuras de “la Oficina” están unidas en torno a las citadas intenciones de paz. Los que sí aparentan estarlo, enviaron el pasado 12 de marzo un comunicado a la opinión pública, donde aseguraban que no estaban detrás del plan para atentar contra la vida de Claudia Carrasquilla, directora Seccional de Fiscalías de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: ¿De dónde viene el plan criminal contra la fiscal de Medellín?)

“Consideramos que dichas acusaciones hacen parte de un plan oportunista y mediático, con el fin de mostrar resultados en el tema de seguridad y así poder justificar la política represiva”, indicaron en el documento.

Agregaron que “estas medidas coercitivas quebrantan nuestra voluntad expresa y manifiesta de avanzar hacia un eventual proceso que facilite la transición de nuestros liderazgos en favor de la paz urbana” y “ratificamos que nuestra organización tiene un control total en las bandas y hasta el momento no las hemos orientado para atentar militarmente contra la institucionalidad del Estado”.

Esto último no es del todo cierto. A los intentos de negociación de sometimiento no se han sumado algunos grupos criminales poderosos del Valle de Aburrá, como “los Triana”, “los Mondongueros”, “los Chatas”, “la Unión” y “Trianón”, por lo que  la coalición que envió el comunicado no tiene el “control total” sobre los combos.

El arresto de Perdomo podría ser una prueba de que las autoridades no están convencidas de la presunta voluntad de paz del crimen organizado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió al comunicado de la banda, un día después de esta captura: “Eso que ellos llaman política represiva, es contra ellos, quienes han generado tanto temor en Medellín. Basta ya de amenazas contra la gente. No más”.

También dijo que “si alguien ha hecho brecha social son bandas criminales como ‘la Oficina’, con los desplazamientos, homicidios, la venta de drogas”.

NOTA RELACIONADA: De líderes comunales a cabecillas (¡y viceversa!).

La interpretación de esta norma ha facilitado la entrega a la justicia de ocho miembros de las bandas “la Terraza”, “Altavista”, “13 de Noviembre”, “el Guayabo” y “la Libertad”, que delinquen hace más de dos décadas en el área metropolitana y que en las últimas semanas han mostrado una repentina voluntad de paz.

Esta es la investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los que se entregaron: 1). John Montoya (alias “Puto”); 2). Juan Carlos Bedoya (“el Cabe”); 3). Jairo Gallego (“Gallego”); 4). Víctor Pérez (“Víctor”); 5). Elkin Arroyave (“Vikingo”); 6). John Galvis (“Chómpiras”); 7). Alexánder Molina (“Buche”); 8). Carlos Mazo (“Caliche”). Fotos de cortesía.

Esta historia empezó a configurarse el 20 de junio del presente año, cuando en el aeropuerto Eldorado de Bogotá detuvieron a Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, exintegrante de la Dirección Nacional del Eln. El arresto fue en cumplimiento de una orden de captura por cargos de secuestro extorsivo, homicidio y hurto agravado, por hechos ocurridos el 17/9/00 en Buenaventura, Valle del Cauca.

La captura de “Felipe Torres” prendió las alarmas para los delegados de los acercamientos de paz entre el Gobierno y esa facción insurgente. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que, como un acto para generar confianza en la contraparte, el presidente Juan Manuel Santos, por medio del Ministerio de Justicia, expidió el 19 de julio el Decreto 1175 de 2016.

Esta norma, que reglamenta artículos de la Ley 1592 de 2012 (sobre reincorporación de miembros de grupos armados y disposiciones para acuerdos humanitarios), se basa en las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente de la República para garantizar el derecho a la paz, conservar el orden público en toda la Nación, diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos y conceder beneficios jurídicos a miembros de grupos armados para contribuir al logro de la paz.

El decreto de seis artículos, que comenzó a regir el mismo 19 de julio, contempla que “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Dice que los beneficiarios deberán estar a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias de su proceso penal, comprometerse “a actuar como gestores de paz”, rendir un informe mensual de esa actividad a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que el Gobierno generará las condiciones necesarias para facilitarles la tarea.

Con la regla en vigencia, el presidente Santos nombró gestor de paz a “Felipe Torres”, quien fue liberado, y a Gerardo Bermúdez (“Francisco Galán”), con lo que el diálogo con el Eln se revitalizó.

En principio se creyó que solo podían aspirar a esa designación militantes de guerrillas o exparamilitares postulados a la ley de Justicia y Paz; sin embargo, el decreto no hace ninguna delimitación, tan solo se refiere a “miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

En esa clasificación cabe, al parecer, cualquiera de las 2.005 bandas de crimen organizado que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía tienen identificadas en Colombia.

UNA ENTREGA TRAS OTRA
El 28 de julio, nueve días después de la firma del decreto, se entregó a la justicia John Montoya (“Puto”), miembro del combo de “Altavista”.

Entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre se sometieron cuatro de “la Terraza”: Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”), Jairo Alonso Gallego (“Gallego”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“Vikingo”).

El 25 de octubre se presentó John Fredy Galvis Buitrago (“Chómpiras”), de la banda “la Libertad”. El 1° de noviembre, en diferentes fiscalías, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés (“Caliche”), del combo “13 de Noviembre”; y Alexánder de Jesús Molina Londoño (“Buche”), de la banda “el Guayabo” de Itagüí.

Todos ellos tenían órdenes de captura pendientes en su contra. Algunos se presentaron en la Fiscalía y otros en la Alcaldía de Medellín.

Agentes judiciales, que pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, manifestaron que algunas de estas personas llegaron diciendo que querían ser gestores de paz, y otros indicaron que se habían presentado a la justicia obedeciendo órdenes de sus patrones, quienes pretendían mostrar sus entregas como “un gesto de paz”.

Las fuentes agregaron que en la oleada de entregas estarían interesados cabecillas de la organización criminal “la Oficina” que están en la cárcel, pagando penas superiores a los 15 años, entre ellos “Douglas”, “Barny”, “Pichi Gordo” y “Carlos Pesebre”.

El Colombiano buscó una opinión del Ministerio de Justicia frente a esta novedosa situación, pero la entidad no quiso pronunciarse.

UNA OPORTUNIDAD
El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia y quien en el pasado asesoró desmovilizaciones de las Auc, acompañó en el presente los sometimientos voluntarios de los cuatro integrantes de “la Terraza”. A la fecha, el Gobierno no les ha concedido el estatus de gestores ni los jueces se han pronunciado.

Para el penalista, el Decreto 1175 es la esencia de las entregas reseñadas. “Es la herramienta jurídica más novedosa del Gobierno para construir paz en el país. Es una opción para aquellos que no hacen parte de grupos con estatus político”, dice Pineda.

¿Pero estos muchachos de los combos sí tienen voluntad de paz, o están aprovechando una ventaja jurídica para eludir las penas?
“Hay que ir al origen del asunto: en Colombia hubo una negociación con las autodefensas, los errores de ese proceso dieron lugar a las bacrim (bandas criminales). Los desmovilizados son una nueva clase social. Hay que mirar con admiración y no con desconfianza la posibilidad de sacar un fusil del conflicto (…) El Gobierno debe ver esos hechos y establecer un protocolo en búsqueda de abrir esa opción para centenares de ellos que quieren tener una vida digna”.

¿Eso implica una mesa de diálogos con estos grupos?
“En Medellín no es novedoso que se hable de diálogos con delincuentes. El primero fue el de Pablo Escobar y el Gobierno Nacional de la época, que concluyó con la construcción de la cárcel La Catedral; después se habló de la ‘donbernabilidad’, en la que los crímenes descendieron a índices nunca antes vistos; y en la actualidad se habla del ‘pacto del fusil’. La pregunta es: ¿por qué si esas son realidades fácticas, y el Gobierno está en su intención de construir la paz, no aprovechar estos gestos de buena voluntad? No tiene que ser visto como un diálogo político, pero sí como una necesidad estructural para el desmonte de la macrocriminalidad en las ciudades. Medellín podría ser un buen laboratorio para eso”.

LA VISIÓN DE LA ALCALDÍA
A pesar de todos estos movimientos jurídicos, la Alcaldía de Medellín se sostiene en la tesis de que los integrantes de las bandas se están sometiendo debido a la presión que ejerce la Fuerza Pública.

El mandatario Federico Gutiérrez, con ocasión de la entrega de los miembros de “la Terraza”, dijo:“la presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba” (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Por qué el Alcalde de Medellín dice que los combos aumentaron los homicidios por el trabajo de las autoridades?).

El secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ante quien se han entregado cinco de los ocho ilegales, afirma que a su despacho no ha llegado información sobre el uso del decreto por parte de los combos. “Eso ya es potestad de la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos es la intermediación entre la persona o su representante y la Fiscalía. Sobre esos hechos no conocemos, y en la conversación que sostuvimos con ‘Chómpiras’, dijo que el sometimiento es porque no soportaban la persecución ni vivir escondidos; lógicamente, una persona cuando se entrega tiene acceso a mayores beneficios que alguien que es capturado”, argumenta Villegas.

¿Por qué se han entregado tantos miembros de combos y en tan poco tiempo?
“En la Secretaría lo han hecho ‘el Cabe’, ‘Vikingo’, ‘Víctor’, ‘Gallego’ y ‘Chómpiras’. Con este último tuvimos una conversación y él dice que estaba cansado de esconderse y huir. Con anterioridad se había capturado a miembros de los combos ‘la Libertad’ y ‘la Terraza’ (las bandas de esos cinco). El motivo (de las entregas) es que hay una eficiencia por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con la investigación y desmantelamiento de estas estructuras, entonces cuando ven que aquí hay una institucionalidad fuerte tienen dos alternativas: que los capturen o entregarse”.

¿Esas personas le han manifestado a la Alcaldía la voluntad de facilitar el sometimiento de otros integrantes de sus grupos?
“No señor, a mí no me lo han manifestado. Probablemente los abogados habrán hecho esas afirmaciones o hablarán de esos temas con la Fiscalía”.

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En lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, la situación relatada no tiene precedentes cercanos en la ciudad. En el caso de Farc y Eln, lo más probable será que los tribunales especiales de paz, derivados de los acuerdos con el Gobierno, se encarguen de procesar a sus exmiembros.

En cuanto a combos y bandas criminales, por ahora serán los jueces ordinarios y la interpretación que estos le den al decreto, los que decidan su destino.

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ANEXO: LOS ACERCAMIENTOS DE “LOS URABEÑOS”
La banda “los Urabeños” (o “Clan del Golfo”), que delinque a nivel nacional, desde 2015 le ha hecho propuestas al Gobierno y a la Fiscalía, con el propósito de llegar a una negociación. Por medio de panfletos se han autodenominado como “el tercer actor armado del conflicto”, sin el cual no habría una paz completa. Valiéndose de abogados y hasta asesores espirituales, han contactado a personalidades de la política para lograr algún acercamiento con la Casa de Nariño y llevaron a la Dirección Central de la Fiscalía un documento con las propuestas de sometimiento. Ycomo prueba de voluntad, ordenaron la entrega a la Fiscalía de 12 “urabeños”en Roldanillo, Valle (febrero 11/2015).

NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros.

El Inspector.

Se trata de John Fredy Galvis Buitrago, alias “Chómpiras”, quien en compañía de un abogado se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, este martes 25 de octubre. Allí la Policía le hizo efectiva una orden de captura en su contra, por concierto para delinquir agravado.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Chómpiras”, presunto cabecilla del combo “la Libertad”. Cortesía Policía.

En la misma mañana, agentes de la Dijín allanaron una vivienda en la carrera 18 con la calle 56 del barrio La Libertad, en la comuna 8 (Villa Hermosa). De acuerdo con el reporte oficial, el lugar era empleado por ese combo como bodega, y allí incautaron cinco armas de fuego y cerca de 80 kilos de marihuana.

El pasado fin de semana, la Dijín había realizado dos operativos para capturar al “Chómpiras”, pero este había logrado escabullirse.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la entrega del cabecilla. “Es el segundo jefe al mando del combo ‘la Libertad’, que se dedica a la venta de estupefacientes en el Pasaje la Bastilla del centro de la ciudad”, comentó el mandatario local.

Añadió que este año ya habían sido capturadas nueve personas de la misma organización.

El sometimiento de Galvis Buitrago se suma a los de cuatro miembros de la banda “la Terraza” (alias “el Cabe”, “Gallego”, “Víctor” y “el Vikingo”) y uno más del grupo de “Altavista” (“Puto”), ocurridos en el último trimestre.

NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros.

El Inspector.

Las suspicacias que ha despertado esta información errónea, sobre las consecuencias que tendría para el bajo mundo el eventual retorno de este personaje a Colombia, hacen reflexionar sobre los enigmas que rondan este caso. Por qué las declaraciones ante la Fiscalía estadounidense, en las que “Rogelio” ha confesado crímenes, no han sido utilizadas por la justicia colombiana para judicializarlo en nuestro país?

Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”, preso en la cárcel de Manhattan. Cortesía.

Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias “Rogelio”, nació el 5 de noviembre de 1966 en el municipio de Alejandría, Antioquia (48 años de edad).

De acuerdo con fuentes judiciales, en los años noventa se vinculó a “los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), un comando de mercenarios aliados con el Estado que le hicieron la guerra al Cartel de Medellín.

Para esta estructura fue de vital importancia el apoyo de “Rogelio”, quien gracias a su hermana Cruz Elena Aguilar, fiscal del Bloque de Búsqueda, obtuvo un trabajo en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Allí fungía de escolta y fue asignado como guardaespaldas de la familia de Pablo Escobar, amenazada por los enemigos del capo.

Aguilar aprovechaba esta cercanía para hacer labores de infiltrado y mantener a “los Pepes” informados sobre los movimientos y contactos de los seres queridos de Escobar, hasta que fue descubierto por Juan Pablo, el hijo mayor del “Patrón”.

El Cartel lo declaró objetivo militar y “Rogelio” recibió apoyo y protección de Diego Murillo Bejarano, alias “don Berna”, uno de los líderes de “los Pepes”.

Tras derrotar a las huestes de Escobar en 1994, Aguilar se convirtió en la mano derecha de “don Berna” para la ejecución de asesinatos, secuestros y trabajos de alto perfil ilegal. Lo acompañó en el montaje de poderosas estructuras clandestinas posteriores a “los Pepes”, como “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con las que su jefe dominó la mafia del Valle de Aburrá y Antioquia por casi dos décadas.

Según el registro de las autoridades, se desmovilizó con el bloque Héroes de Granada el 25 de julio de 2005, en el municipio de San Roque, y fungió como representante de los reinsertados en la ONG Corporación Democracia, con sede en Medellín.

El 2 de septiembre de 2005 se postuló a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero no cumplió con los procesos de verdad, justicia y reparación. Al contrario, a la sombra continuó moviendo los hilos del aparato criminal de “don Berna”.

Resulta curioso que no quedara registro de su paso por el CTI. La Fiscalía 45 adscrita a la Unidad de Justicia y Paz, en el marco de sus pesquisas sobre los desmovilizados, envió una solicitud al área de Recursos Humanos del ente judicial, preguntando por los términos en los que “Rogelio” trabajó allá. La respuesta oficial fue que este señor nunca tuvo contrato, pese a que muchos excolegas lo recuerdan entrando y saliendo de la oficina “como Pedro por su casa”.

EL COMBO DE “ROGELIO”

Durante 2004 y 2008, mientras “don Berna” participaba con otros comandantes de las Auc en el proceso de desmovilización, “Rogelio” ascendió hasta convertirse en un jefe de suma importancia en “la Oficina”, detrás de Gustavo Upegui y Daniel Mejía (“Danielito”).

El encarcelamiento de Murillo Bejarano generó desórdenes internos en la cúpula y Upegui fue  asesinado por órdenes de “Danielito” en 2006 en una finca de San Jerónimo. Su muerte fue vengada por Aguilar, quien de esta manera se convirtió en el máximo jefe de “la Oficina” después de “don Berna”.

“Rogelio” ejerció el mando con mano de hierro, según los relatos de algunos informantes a la Policía Judicial. Se rodeó de agentes corruptos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Gaula (Policía Antisecuestro), y de otros cabecillas de la banda como “Yiyo”, “Morro”, “Pichi Calvo”, “Luis”, “el Flaco”, “Beto”, “Andresito” y “el Pri”.

Contaba también con la asistencia de tres de los personajes más sangrientos y enigmáticos que ha tenido “la Oficina”, contratados para ejecutar torturas y desapariciones de víctimas sin dejar rastro alguno: “Guateque”, “Rey” y “Camilo”.

Es muy poca la información oficial disponible sobre “Guateque”, pero los investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo comentan que se dio a conocer como paramilitar en la ciudad de Montería, en Córdoba. Allí habría integrado el bloque Héroes de Tolová, creado por “don Berna” para controlar sus corredores de movilidad en el sur de ese departamento.

Cobró notoriedad por su experticia para desaparecer cadáveres, a los cuales descuartizaba, les arrancaba la piel, les extraía las vísceras y en algunos casos los calcinaba con ácido o combustible, para luego botar las cenizas al río o sepultarlas.

Cuando “don Berna” cayó a la prisión, se presume que “Rogelio” trajo a “Guateque” a Medellín y uno de sus primeros trabajos habría sido la aniquilación de “Danielito”.

La leyenda mafiosa -porque de esto no hay veredicto judicial- reza que los hombres de “Rogelio”, con apoyo del DAS, ubicaron a “Danielito” en una finca de Copacabana. “Yo sé a qué vinieron ustedes, pero no le hagan nada a mi familia”, habría dicho el cabecilla. Fue obligado a firmar documentos y traspasos de bienes y después ejecutado de un balazo en la cabeza.

El cadáver jamás apareció, pues se cree que fue desmembrado y sus restos incinerados en una caneca. Las cenizas, presuntamente, quedaron esparcidas en la vía a La Catedral, en zona rural de Envigado.

El alias de “Guateque” ha sido relacionado con otras desapariciones de socios de “la Oficina”, como Jader Botero, alias “Gancho”, líder de la banda “Pachelly” de Bello (2010); y Ferney Moreno (“el Montañero”), cabecilla de la banda “Picacho” y de los combos del Centro autodenominados “convivires” (2012).

Los informantes han dicho además que “Guateque” practica la magia negra y que sus creencias le obligan a dormir casi siempre en las proximidades de lugares sacros (iglesias y osarios), para no ser atormentado por las almas de las más de mil víctimas que tendría a cuestas.

Alias “Rey” o “Cantinflas” tiene una función similar a la del anterior dentro de la organización e incluso comparte con él la práctica de la brujería. Lo último que se supo de este ciudadano, al parecer atormentado por desórdenes mentales, es que suele viajar con frecuencia a Centroamérica.

El tercero en la lista de estos siniestros secuaces es “Camilo”, “Carracas” o “Cumbamba”, apodos otorgados a Carlos Alberto Zapata Herrera, un exagente del Gaula que, supuestamente, se corrompió.

Aunque carece de orden de captura, lo indagan por su supuesta participación en la desaparición de Vicente Castaño Gil (“el Profe”), uno de los precursores de las Auc.

Este crimen fue confesado por “Rogelio” a un fiscal de E.U. y los detalles los entregaron en sus declaraciones Byron Jiménez (“Gordo Pepe”) y Rodrigo Alberto Zapata, exmiembros de la llamada Casa Castaño. Indicaron que, siguiendo órdenes de “don Berna”, “H.H.” y otros comandantes de las Auc, varios mercenarios de “la Oficina” incursionaron en camionetas a la finca Sal si Puedes, del municipio antioqueño de Nechí, en marzo de 2007.

Al verse acorralado, “el Profe” se encerró en una caseta aledaña a la vivienda principal y dentro del baño se suicidó con un revólver calibre 32 que siempre llevaba en un maletín. Los delincuentes tomaron el cadáver y a punta de machete y motosierra lo desmembraron.

Luego derribaron la caseta donde se perpetró la mutilación y, para borrar toda evidencia, sus muros, techo y enseres fueron arrojados al río Nechí, junto a los restos de Vicente.

La barbarie fue grabada con celules dotados de cámaras y, según los declarantes, allí aparece “Camilo” despedazando al occiso.

El 17 de noviembre de 2013 fue detenido en El Poblado, en Medellín, para que respondiera un interrogatorio sobre la tortura y asesinato del secuestrador de un comerciante, en hechos cometidos en el año 2000 en Venecia, Antioquia.

Tras esa detención, la Policía Metropolitana lo señaló de ser un integrante de “la Oficina”, pero después de asistir al interrogatorio en la Fiscalía, en el que negó su participación en la muerte investigada, fue dejado en libertad.

Un veterano fiscal, quien en la década pasada trabajó con el Gaula, contó que siempre le impresionó la facha de Zapata, quien parecía aprovechar su fealdad y prominente barbilla como táctica intimidatoria. “A veces se disfrazaba de mujer para hacer los interrogatorios. Era muy raro”, dijo el funcionario.

Se presume que los secuaces de “Rogelio”, además de las muertes de “Danielito” y Vicente Castaño, habrían ejecutado las de Francisco Cifuentes Villa (“Pacho”), un expiloto del Cartel de Medellín e informante de la DEA asesinado en Caucasia (2007); y la de Héctor Duque (“Monoteto”), lugarteniente del narcoparamilitar Carlos Jiménez (“Macaco”), abaleado en Argentina (2008), entre otros.

También los sindican del secuestro de Luis Ortiz, un agente de la ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas de E.U.), quien se había infiltrado en una red de narcos colombianos (2005).

PROCESO HIPERLENTO

“Don Berna” fue extraditado a E.U. el 13 de mayo de 2008. A  los dos meses, “Rogelio” hizo un acuerdo con la justicia de ese país y, tras reuniones en Argentina, se sometió a los norteamericanos.

En esos acercamientos fue clave su hermana Cruz Elena Aguilar, quien hoy vive en La Florida y trabaja como asesora jurídica de extraditables colombianos. Se casó con un exoficial del Gaula.

Han pasado ya siete años y la justicia de esa nación no ha dictado sentencia en el caso de “Rogelio”, recluido en la cárcel de Manhattan. Enredos judiciales por las muertes de “Pacho” Cifuentes y el secuestro del agente de ICE complicaron la situación, además de la muerte por causas naturales del juez del Distrito Sur de Nueva York que llevaba su expediente.

Aguilar ha colaborado con los estadounidenses, facilitando el sometimiento de otros cabecillas como Mauricio López (“Yiyo”), cuya entrega se materializó en 2009. Intentó lo mismo con “Nito”, “Morro” y “Pichi Calvo”, pero fueron asesinados antes de cerrar el pacto con los americanos en 2009, 2012 y 2014, respectivamente.

La colaboración de Aguilar también se vio reflejada en la captura y extradición de Luis Fernando Castaño (“Botija” o “la Firma”), cabecilla financiero de la agrupación; y rindió testimonio en el proceso penal que terminó con la extradición y condena a 13 años de cárcel del general (r) Mauricio Santoyo, exjefe del Gaula y antiguo aliado de sus huestes.

La defensa de “Rogelio” espera que el tiempo sufrido en la cárcel le sea conmutado en la sentencia y obtener rebajas por la colaboración brindada, aunque se desconoce cuándo será la condena.

Entretanto, preocupa que los procesos contra “Rogelio” no avancen en Colombia. Aquí tuvo una indagación por concierto para delinquir y figuró en el afiche de los más buscados por la Policía, con una recompensa de 50 millones de pesos.

Es lo único, pues la información de crímenes conexos con el narcotráfico que ha confesado en E.U. (como la desaparición de Vicente Castaño) no ha sido empleada por la Fiscalía de Colombia para abrirle procesos, ni siquiera por el mismo punible de tráfico de estupefacientes.

Los procesos de extinción de dominio tampoco marchan. Los informantes han dicho a las autoridades que Aguilar conserva propiedades a través de testaferros en los municipios de Girardota y Medellín, incluyendo apartamentos y edificios en El Poblado y locales en el centro comercial Los Molinos. Dichas propiedades serían administradas por familiares.

Otra de las situaciones pendientes es establecer si “Rogelio”, de acuerdo con lo dicho por las mismas fuentes, estaría conforme con que Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, sea el nuevo líder de “la Oficina” en el Valle de Aburrá. Este aspecto tiene inquietos a la DEA y al Departamento del Tesoro de E.U., que hace un año tienen a “Tom” en la mira.

La lentitud con la que las ramas judiciales de Colombia y E.U. han obrado en el caso de “Rogelio” no deja de ser intrigante, pues él es depositario de información sobre múltiples guerras criminales y alianzas paraestatales desde los años 90, en las que actuó como ejecutor. Sus confesiones, siete años después, continúan siendo “top secret”.

El Inspector.

El presunto cabecilla de la organización criminal “la Oficina”, según confirmaron fuentes judiciales, llegó a un preacuerdo con los agentes estadounidenses que lo perseguían por su presunta participación en una red internacional de lavado de activos. Esta es la reseña del  caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Fredy Colas” irá a Estados Unidos para responder por lavado de activos. Foto de cortesía.

Mira Pérez, quien había logrado permanecer en el anonimato por varios años y carecía de órdenes de captura en Colombia, quedó expuesto a la opinión pública cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de E.U., lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras en julio de 2014 (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

En esa investigación, el Tesoro lo relacionó con el clan Mejía y con las redes de lavado transnacional de Ayman Saied Joumaa, alias “el Turco”, el lavador más buscado del planeta y supuesto miembro del grupo Hezbolá de Medio Oriente.

Pese al señalamiento, “Fredy Colas” continuó su agitada vida nocturna, con viajes entre Cartagena y Medellín. El pasado 9 de noviembre fue detenido por la Policía Metropolitana en las afueras de una discoteca de la capital antioqueña, luego de que algunos clientes del establecimiento lo reconocieron por el afiche de la Ofac.

Apenas estuvo detenido cuatro horas y después dejado en libertad, porque no le hallaron requerimientos judiciales en nuestro país (ver la NOTA RELACIONADA: Dejan libre a “Fredy Colas” porque no tiene orden de captura).

Los acercamientos de “Fredy Colas” con la DEA habrían comenzado a principios de 2014, pero en dos oportunidades el presunto cabecilla no llegó a las reuniones pactadas.

Tras el preacuerdo firmado en diciembre, se presume que viajará a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país; no obstante, las autoridades de Colombia no han confirmado que haya salido de aquí.

Otros líderes de “la Oficina” que en el pasado hicieron acuerdos con la DEA son los desmovilizados Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”) y Mauricio López Cardona (“Yiyo”), entre 2008 y 2009.

Y en los últimos siete años han extraditado a otros miembros y socios importantes como “Botija”, “Sebastián”, “Valenciano”, “don Pacho”, “Gordo Tavo”, “Nano” y el “Tuso Sierra”. Todos responden por las ofensas a la sociedad estadounidense,  ¿y sus víctimas en Colombia? ¿Y sus deudas con la justicia local? Esa respuesta está en el limbo.

NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.