La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

NOTA RELACIONADA: Semana de horror para la mafia: cayeron ‘Sebas’, el arsenal, ‘Colas’, la droga y ‘Yam’.

Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

NOTA RELACIONADA: En un avión de la DEA terminó el sueño millonario de “Falcon”.

El Inspector.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

NOTA RELACIONADA: “Pichi Belén” cayó sin llegar a ser el capo que pretendía.

La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

NOTA RELACIONADA: “Soto” pidió perdón y pagará 9 años de cárcel.

Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

NOTA RELACIONADA: Las conclusiones del pacto de bandas en Bello.

EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

NOTA RELACIONADA: “El Patrón” y los cabecillas excarcelados sin pagar ni media condena.

- – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – — – – – –  —  – – — -

ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Según la Policía, este hombre era uno de los principales lugartenientes de Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”), el líder de la “Odín Picacho”, a quien ahora acompañará en prisión.

Así fue la captura de alias “Tavito”, en un apartamento del exclusivo sector La Loma del Indio, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

“Tavito” fue detenido por la Policía este martes 26 de septiembre, en un apartamento de una urbanización localizada en el sector Loma del Indio, en Medellín. En el procedimiento le decomisaron 3 millones de pesos en efectivo y tres celulares.

Al día siguiente, el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado, los cuales él rechazó en el estrado.

Gustavo Andrés Torres Castañeda, alias “Tavito”. Foto de cortesía.

De acuerdo con el ente acusador,  “en junio de 2012, Torres Castañeda desplazó de los barrios Doce de Octubre y Nuevo Jerusalén a dos núcleos familiares, entre ellos una líder comunitaria, porque no aceptó trabajar con la organización criminal”.

Tras la captura de su jefe “Soto” el pasado mes de marzo, alias “Tavito” ascendió en la cúpula de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a varios combos de la comuna 6 y el corregimiento San Cristóbal de Medellín, así como de los barrios París y Nuevo Jerusalén del vecino municipio de Bello.

El informe de la Policía Metropolitana destaca que sostuvo una disputa con Giovanni David Cataño Cadavid (“Cataño”), cabecilla de la banda “Oficina del Doce”, por el poder dentro de la “Odín Picacho”, situación que generó algunos asesinatos este año.

“Tavito” también es investigado por su presunta participación en la masacre de cinco personas en el barrio Santander (2011) y por la venta ilegal de lotes baldíos en sus áreas de influencia.

NOTA RELACIONADA: “Soto” pidió perdón y pagará 9 años de cárcel.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, que aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y falsedad material de documento público.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El sentenciado Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes policiales recordaron que el poder de “Soto” comenzó a notarse en el Valle de Aburrá desde 2013. En aquel entonces hubo un reacomodo en la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que delinquen en las comunas 5, 6 y 10 de Medellín.

El líder de esa facción era el paramilitar desmovilizado Ferney Moreno López, alias “el Montañero”, quien fue desaparecido – y al parecer ejecutado- por su misma gente el 10 de septiembre de 2013 (ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”).

El mando sobre la “Odín Picacho” y las más de 30 bandas asociadas lo asumió “Soto”, lo que también le valió un lugar en la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”, la estructura mafiosa que regula la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá.

Estableció una alianza con otros cabecillas del área metropolitana, como alias “Tom”, de la “Odín los Chatas”, y “Diego Chamizo”, de la “Odín Caicedo”, lo que le permitió expandir sus tentáculos hasta el corregimiento San Cristóbal de Medellín y los barrios París, La Maruchenga y Nuevo Jerusalén de Bello.

También se consolidaron, de acuerdo con el expediente judicial, sus redes en el centro de la capital antioqueña, donde patrocinó varios de los grupos conocidos como “Convivir”, dedicados a la extorsión y la vigilancia ilegal.

Pese a esta acumulación paulatina de poder, “Soto” se había mantenido a la sombra y sin padecer ninguna operación en contra de su banda por parte de la Fuerza Pública.

Su persecución cobró relevancia para los organismos de seguridad cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a sancionar con la Lista Clinton a sus socios “Tom”, “Diego Chamizo” y otros cabecillas de “la Oficina” (2014-2015).

Y la cacería se agudizó en enero de 2017, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, en plena cumbre de generales de la Policía Nacional en Medellín, le pidió al director de esa institución, general Jorge Nieto, que le diera prioridad a las capturas de “Tom” y “Soto”.

La detención se concretó el pasado 22 de marzo, cuando la Dijín allanó una residencia en el barrio La Colina (ver la NOTA RELACIONADA: Marzo fue terrible para el crimen organizado y sus asesinos).

El Ministerio de Defensa publicó en Tuiter que Soto Isaza era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’” y “uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

El proceso penal estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que además de imputarle el concierto para delinquir en calidad de cabecilla, y la falsedad material de documento público (andaba con dos cédulas piratas), lo señaló de ser “el responsable del desplazamiento de una familia de Nuevo Jerusalén, porque no estaban de acuerdo con el actuar de la banda”.

En otro despacho judicial cursa una investigación diferente en su contra, por su supuesta participación en una masacre perpetrada en el barrio Santander de Medellín (01/4/11), en la que dos hombres y tres mujeres fueron acribillados dentro de un taxi.

NOTA RELACIONADA: Un año después de la masacre del taxi.

El Inspector.

La operación fue ejecutada en la tarde de este miércoles 22 de marzo por policías de la Dijín, en coordinación con la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado.

Este fue el momento en el que un policía le leyó los derechos del capturado a Carlos Mauricio Soto Isaza. Foto cortesía de la Policía.

Al momento de su detención, “Soto” portaba una cédula de ciudadanía con una identidad diferente, lo que por unos instantes retrasó el proceso de individualización por parte de los agentes. Tras confirmarlo, le pusieron las esposas y lo condujeron a la Fiscalía, que pretende imputarle cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y uso de documento falso.

Aunque Soto Isaza era un objetivo de alto valor estratégico para las autoridades hace un par de años, encontrarlo se volvió una prioridad desde el pasado mes de enero, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió personalmente su detención al director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto.

Al celebrar la captura, el Ministerio de Defensa publicó en su perfil oficial de Tuiter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado'” y que “es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

En las cuentas del Ministerio, “Soto” es el segundo al mando y el primero sería Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, quien continúa en libertad.

Con este arresto, los investigadores presumen que las riendas de la “Odín Picacho” podría tomarlas su socio Giovanny Cataño, supuesto cabecilla de una banda que opera en el noroccidente de Medellín, conocida como “la Oficina del Doce”.

A continuación, reproducimos un perfil de “Soto”, el cual habíamos publicado en un informe anterior:

¿QUIÉN ES ALIAS “SOTO”?

De acuerdo con la información que reposa en expedientes de la Dirección contra el Crimen Organizado y la Unidad de Vida de la Fiscalía, Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto” o “Cucho”, es el presunto líder de la “Odín Picacho”.

La confederación ilegal se dedica al sicariato, fleteo, narcotráfico, usurpación y venta de lotes, extorsiones, desplazamientos forzados, amenazas y al parecer está implicada también en la minería criminal en municipios como Barbosa y Buriticá. Esta organización reúne combos que actúan en las comunas 5, 6 y 10 de Medellín y el corregimiento San Cristóbal. Sus redes se extienden a la zona suroccidental de Bello, en especial en los barrios La Maruchenga, París y el sector de invasión Nueva Jerusalén.

El apodo de “Soto” comenzó a sonar en el bajo mundo desde 2011, cuando lideraba el combo de “París”. Consolidar su identidad fue un proceso complicado para las autoridades, pues al parecer se presentaba con diferentes nombres y documentación alterada.

Investigadores judiciales, que solicitan la reserva de su identidad por tratarse de expedientes en curso, señalan que ascendió en la jerarquía criminal después de la desaparición forzada de Ferney Alonso Moreno López, alias “el Montañero”, denunciada por su familia en diciembre de 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”).

“El Montañero” fue hasta entonces el jefe de la “Odín Picacho” y de los combos locales del centro de Medellín, autodenominados “convivires”.

Cuando “Soto” asumió el grupo, apoyado por su aliado “Tom”, hubo enfrentamientos en el Centro y el Doce de Octubre, que dejaron varios homicidios.

Uno de los hechos por los que está investigado este hombre es la masacre de cinco personas dentro de un taxi, ejecutada a las 7:30 p.m. del 1 de abril de 2011. En una vía del barrio Santander, en el noroccidente de Medellín, un grupo de sicarios motorizados interceptó el vehículo de servicio público, acribillando a los pasajeros.

Los fallecidos fueron Estiven Peña Pastrana (“Peña”) y Johnatan Álvarez Rojas (“Coco”), presuntos enemigos de la facción. Junto a ellos murieron tres mujeres que los acompañaban: Andrea Peña Castaño, de 24 años; la embarazada Jenifer Urrego, de 21; y una adolescente de 16.

Minutos antes de la masacre, “Peña” y “Coco” habían sido detenidos por policías de la estación Santander (hoy llamada Doce de Octubre), y después liberados sin una razón aparente. La situación generó sospechas, por la presunta complicidad de los uniformados con los asesinos, lo que provocó la destitución de un capitán, un intendente y un agente de esa unidad policial, el 20 de junio de 2011.

A la fecha no hay ninguna persona capturada por esta masacre, por la que también son investigados los principales lugartenientes de “Soto”: alias “Boyaco”, “Tavo” y “Vayiya”.

En la actualidad, “Soto” sería además uno de los cabecillas de la estructura operativa de “la Oficina”, en asocio con “Tom” (“Odín los Chatas”) y “Diego Chamizo”.

NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten.

El Inspector.

Luego de la primera reunión entre los altos mandos policiales, el jueves 19 de enero, Gutiérrez le agradeció al comandante de esa institución, general Jorge Hernando Nieto, su presencia en la capital antioqueña y el apoyo en la lucha contra la extorsión y el tráfico de drogas.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

En la imagen, el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana; el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas; y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Róbinson Sáenz.

“Yo sí tengo un pedido para mi General (Nieto) y es que nos concentremos en erradicar todo tipo de criminalidad en Medellín, que la gente viva tranquila, que logremos desarticular esas estructuras como la ‘Odín Picacho’ y ‘Odín Robledo’ (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico)”, declaró Gutiérrez.

E.U. recibirá la información sobre “Tom” en el correo electrónico DEA-Bogota-Tips@usdoj.gov. También en los teléfonos 300 683 2586 y 300 685 1375. Foto: cortesía.

Acto seguido, indicó que “aquí hay dos objetivos importantes de la criminalidad que hay que empezar a ponerles nombre, necesitamos todo el apoyo de la institucionalidad para capturar a alias ‘Tom’ y alias ‘Soto’. Es importante que la ciudadanía se sienta tranquila”.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, es el hombre más buscado del Valle de Aburrá. En 2014 fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le aplicó sanciones económicas, congelando sus cuentas bancarias y transacciones comerciales.

Y el año pasado el gobierno norteamericano ofreció una recompensa de dos millones de dólares por su captura, un hecho sin precedentes en la persecución contra “la Oficina”.

Su base de operaciones es el municipio de Bello, donde liderada la “Odín los Chatas” (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

En su contra también cursa un expediente en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía colombiana. Este organismo, en coordinación con la Dijín, ha sido responsable de la captura de otros jefes de esa organización, conocidos como “Gomelo” y “Jonás”, y  Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”), hermano de “Tom”.

¿QUIÉN ES ALIAS “SOTO”?

De acuerdo con la información que reposa en expedientes de la Dirección contra el Crimen Organizado y la Unidad de Vida de la Fiscalía, Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto” o “Cucho”, es el presunto líder de la “Odín Picacho”.

Carlos Soto, alias “Soto” o “Cucho”. Cortesía.

Esta organización reúne combos que actúan en las comunas 5, 6 y 10 de Medellín y el corregimiento San Cristóbal. Sus redes se extienden a la zona suroccidental de Bello, en especial en los barrios La Maruchenga, París y el sector de invasión Nueva Jerusalén.

La confederación ilegal se dedica al sicariato, fleteo, narcotráfico, usurpación y venta de lotes, extorsiones, desplazamientos forzados, amenazas y al parecer está implicada también en la minería criminal en municipios como Barbosa y Buriticá.

El apodo de “Soto” comenzó a sonar en el bajo mundo desde 2011, cuando lideraba el combo de “París”. Consolidar su identidad fue un proceso complicado para las autoridades, pues al parecer se presentaba con diferentes nombres y documentación alterada.

Investigadores judiciales, que solicitan la reserva de su identidad por tratarse de expedientes en curso, señalan que ascendió en la jerarquía criminal después de la desaparición forzada de Ferney Alonso Moreno López, alias “el Montañero”, denunciada por su familia en diciembre de 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”).

“El Montañero” fue hasta entonces el jefe de la “Odín Picacho” y de los combos locales del centro de Medellín, autodenominados “convivires”.

Cuando “Soto” asumió el grupo, apoyado por su aliado “Tom”, hubo enfrentamientos en el Centro y el Doce de Octubre, que dejaron varios homicidios.

Uno de los hechos por los que está investigado este hombre es la masacre de cinco personas dentro de un taxi, ejecutada a las 7:30 p.m. del 1 de abril de 2011. En una vía del barrio Santander, en el noroccidente de Medellín, un grupo de sicarios motorizados interceptó el vehículo de servicio público, acribillando a los pasajeros.

Los fallecidos fueron Estiven Peña Pastrana (“Peña”) y Johnatan Álvarez Rojas (“Coco”), presuntos enemigos de la facción. Junto a ellos murieron tres mujeres que los acompañaban: Andrea Peña Castaño, de 24 años; la embarazada Jenifer Urrego, de 21; y una adolescente de 16.

Minutos antes de la masacre, “Peña” y “Coco” habían sido detenidos por policías de la estación Santander (hoy llamada Doce de Octubre), y después liberados sin una razón aparente. La situación generó sospechas, por la presunta complicidad de los uniformados con los asesinos, lo que provocó la destitución de un capitán, un intendente y un agente de esa unidad policial, el 20 de junio de 2011.

A la fecha no hay ninguna persona capturada por esta masacre, por la que también son investigados los principales lugartenientes de “Soto”: alias “Boyaco”, “Tavo” y “Vayiya”.

En la actualidad, “Soto” sería además uno de los cabecillas de la estructura operativa de “la Oficina”, en asocio con “Tom” (“Odín los Chatas”) y “Diego Chamizo”.

NOTA RELACIONADA: El pulpo de “la Oficina” sigue vivo.

El Inspector.

Se trata del combo “la Paralela”, que delinque en los barrios Toscana, Héctor Abad Gómez, Plaza Colón y la Paralela, el cual perdió 21 integrantes en una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con la ayuda de perros entrenados, los policías hallaron las drogas y las armas de la banda. Cortesía Policía Metropolitana.

En la acción, ejecutada esta semana, los uniformados realizaron 33 allanamientos, arrestando a 19 personas con orden de captura y a dos más en flagrancia. Les incautaron cuatro armas de fuego, 201 balas de distintos calibres,  17.575 gramos de marihuana, 123 gramos de cocaína y $1’360.000 en efectivo.

Según el informe oficial del caso, entre los capturados hay dos coordinadores de zona, apodados “La Marrana” y “Colas”, al igual que 10 traficantes de alucinógenos conocidos como “Cristina”, “La Macha”, “El Culo”, “Juanpa”, “Luis”, “Huevo”, “Farmaton”, “Pegaso”, “Yuliana” y “El Perro”.

También arrestaron a cinco recolectores del dinero ilícito:  “El Mecánico”, “El Bajito”, “El Burro”, “El Espa” y “Albino”; y a cuatro “campaneros” (vigilantes) denominados “El Zarco”, “Cucaracho”, “Kevin” y “Mompi”.

Estas personas tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y cohecho por dar y ofrecer.

La Fiscalía informó que las plazas de vicio de esta banda “funcionan las 24 horas del día y reciben aproximadamente 150 millones de pesos al mes, producto de la venta de alucinógenos. Integrantes de la mencionada banda ofrecían dinero a los policías del sector para que se alejaran del lugar y así poder vender los estupefacientes”.

El general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, reconoció que aunque este fue un golpe duro para ese combo, quedó pendiente de capturar su cabecilla principal, cuyos datos no entregó.

Lo que sí está claro, de acuerdo con la investigación judicial, es que “la Paralela” rinde cuentas a la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas con influencia en las comunas 5 y 6 de Medellín (Castilla y Doce de Octubre) y la frontera suroccidental del municipio de Bello (barrios París, La Maruchenga y Nueva Jerusalén).

Su líder es alias “Soto”, un delincuente de alto perfil al que las autoridades no han podido seguirle el rastro. Se sabe que tiene alianzas con otros grupos criminales, como “los Chatas”, “la Oficina” y “los Urabeños”. Su ascenso en el bajo mundo ha estado de la mano de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, extorsiones y venta de drogas, pero ni siquiera le han expedido una orden de captura.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial y policial contra combos del Valle de Aburrá.

El Inspector.