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30 años buscando la verdad
EL COLOMBIANO recopila los principales hechos de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.
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07 de noviembre de 2015
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ese a que ya han transcurrido 30 años desde aquel día en el que un comando del grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, en la memoria de los colombianos aún están frescas las imágenes de aquel edificio ardiendo en llamas, de los helicópteros con miembros de la fuerza pública desembarcando en la azotea y de los tanques de guerra entrando por la puerta principal del complejo judicial.
El resultado de aquel trágico día es conocido por todos: en un hecho sin precedentes en el mundo, ese siete de noviembre el país se enteró que durante la toma del Palacio 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia perdieron la vida, y que a ellos se sumaron las muertes de otros funcionarios judiciales, civiles, guerrilleros y militares que completaron las 95 víctimas fatales que dejaron las 28 horas de combates.
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Y es que aunque instancias nacionales e internacionales ya han proferido decisiones judiciales al respecto, parece que las heridas no han cerrado y el pueblo colombiano todavía se debate entre aquellos que defienden las acciones emprendidas por las fuerzas democráticas del Estado para recuperar el edificio, y quienes afirman que detrás del operativo militar hubo graves violaciones a los Derechos Humanos que no han sido esclarecidas por la justicia y cuyos responsables está en la impunidad.
Hasta ahora, los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega han sido llamados a juicio por la desaparición forzada de once personas. En primera instancia, el general (r) Ramírez fue absuelto. Posteriormente, en segunda instancia, el general (r) Arias Cabrales fue condenado a 35 años por la desaparición de cinco personas: Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería), Bernardo Beltrán, David Suspes Celis, la guerrillera Irma Franco y Luz Mary Portela, cuyo cuerpo fue hallado recientemente por la Fiscalía en una fosa.
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Por su parte, al coronel (r) Plazas Vega, quien como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército tuvo como misión coordinar el ingreso de los vehículos blindados al Palacio, se le impuso una condena de 30 años de prisión por la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez. Sin embargo, la defensa del militar interpuso un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia que debe ser resuelto próximamente y que según algunas versiones extraoficiales podrían absolverlo.
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Mientras tanto por una amnistía y un indulto concedidos por los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco, respectivamente, a los que se acogieron los integrantes del M-19, estos hoy gozan de libertad y llevan una vida normal en distintos sectores de la sociedad. Así fue la toma y la recuperación del Palacio de Justicia por parte de las autoridades.
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