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La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen 48 horas para presentarle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un informe sobre la presunta “vulneración de los derechos fundamentales al sufragio, a elegir y ser elegido en condiciones de igualdad y transparencia para todos los colombianos”.
Así lo decidió la magistrada Claudia Suárez Vargas, en respuesta a una tutela instaurada por el abogado Sergio Alzate González, quien interpuso la acción judicial en contra de las señaladas entidades.
El jurista, integrante de la ONG Colombia Transparente, argumentó en su exposición que los métodos y el software usados por la Registraduría y el CNE en la pasadas elecciones legislativas no ofrecen garantías a los sufragantes y que es necesaria la implementación de otra veeduría en el proceso.
En su tutela también solicitó la suspensión del “uso, operación e implementación del software de selección de jurados, de transmisión y recepción de información electoral, de preconteo, de escrutinio auxiliar, escrutinio municipal, escrutinio departamental, escrutinio general, dispuestos por Disproel; y el software de escrutinio nacional y consolidación de datos de Indra, hasta que culmine la auditoría externa, internacional e independiente con el fin de evitar perjuicios irremediables, hasta tanto se resuelva de fondo el amparo solicitado”.
El Tribunal resolvió admitir la tutela para su estudio, pero no concedió la suspensión del uso del software, por el siguiente motivo: “(...) podría causar un perjuicio grave e irreparable a otros derechos o intereses jurídicos involucrados de terceros, como la empresa Indra Sistemas S.A. y la Unión Temporal Disproel, pues se partiría de adjudicar como ciertas las irregularidades de los pasados comicios del 13 de marzo de 2022, cuando de acuerdo con el mismo escrito de tutela son hechos que se encuentran en investigación, y que en todo caso, no excluyen la posibilidad de la auditoría externa que se realizaría a dicho software utilizado para el escrutinio posterior a las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022”, sustentó la magistrada en su decisión de este miércoles 25 de mayo.
El tribunal les dio dos días a la Registraduría y al CNE para que “rindan un informe sobre los hechos y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante en su escrito de tutela”, los cuales se contarán a partir del momento en que las partes sean notificadas oficialmente.
Al mismo tiempo envió copias del fallo a las empresas Indra Sistemas S. A. y la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales (Disproel), para que, si así lo consideran (no es obligatorio para ellas), presenten también sus informes, pues son partes interesadas en el proceso.
Una vez tenga dichos informes, el tribunal entrará a analizar la tutela y emitir un fallo de fondo, aunque no es claro si le alcanzará el tiempo para hacerlo antes de las elecciones de primera vuelta.
La semana pasada el registrador Nacional, Alexánder Vega, denunció ante la Fiscalía al autor de la citada tutela, Sergio Alzate, Según el funcionario, dicho abogado estaría haciendo falsas acusaciones en su contra, tal cual informó Caracol Radio.
De otro lado, este jueves el propio Vega anunció “no hay posibilidad de fraude electoral en Colombia” y que “todas las garantías están dadas” para los sufragios presidenciales del próximo domingo.
El registrador detalló que “no puede haber fraude porque son varios los actores que intervienen en el proceso electoral: la Registraduría, los partidos políticos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral, así como los organismos de control. Todo el proceso es susceptible de trazabilidad y cualquier inconsistencia, sea dolosa o de buena fe, es detectable en el escrutinio”.
La entidad informó en un comunicado que “más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes para hacer acompañamiento técnico y observación electoral”.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.