El triunfo como alcaldesa de Bogotá de Claudia López, una mujer abiertamente Lgbtiq, reflejó un cambio en la sociedad colombiana que, a la luz de los resultados de las elecciones de 2019 en el resto del país, va más allá de la capital.
22 candidatos con identidades sexuales y de género diversas asumieron el pasado 1 de enero como alcaldes, diputados, concejales y ediles en Colombia, según las cuentas del movimiento Voto por la Igualdad (compuesto por 7 ONG enfocadas en el tema), la única entidad en Colombia que lleva este monitoreo de candidatos desde hace 12 años.
Algunos de estos nuevos funcionarios están fuera de las principales capitales, como la concejal del municipio de Caimito, en Sucre, Paola Pastrana, o Alexis Belcazar, concejal del Charco, departamento de Nariño.
De acuerdo con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo (organización que coordina el seguimiento), la cantidad de funcionarios electos va en aumento en la última década: en 2015 fueron elegidos seis miembros de la comunidad Lgbtiq, mientras que en 2011 el saldo fue de una persona.
Según Voto por la Igualdad, los resultados de 2019 ubican a Antioquia como el departamento donde más candidatos diversos alcanzaron cargos de elección popular.
Cinco de los 22 nuevos funcionarios mencionados son del departamento: los concejales de Bello, Jorge Giraldo Ospina (Partido Liberal); San Rafael, Luis Emilio Agudelo y Jhon Botero (ambos del Partido Conservador); Amagá, Andrés Felipe González (Centro Democrático); y el edil de Medellín Fausto Arroyave (Liberal).
Castañeda agrega que, pese al mencionado monitoreo, es posible que haya más funcionarios abiertamente miembros de la comunidad que sean identificados en los próximos meses.
Voces nuevas
“Cada vez estamos más cerca de la igualdad”, asegura Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde. Para el funcionario, la labor política previa de figuras como López y Lozano abrió camino para que la identidad de género no sea un estigma sobre los candidatos.
Los liderazgos diversos no están alineados con un solo partido. En Amagá, el concejal Andrés Felipe González llegó a su cargo aspirando por el Centro Democrático, uno de los partidos que lideró las marchas contra la llamada “ideología de género” en 2016.
González, exdirector de la Mesa Lgbtiq de Amagá, afirma que escogió su partido porque se identifica con sus ideales. Sin embargo, difiere en las posturas sobre educación sexual: “Es un tema fundamental que debe tratarse desde la primera infancia. Presentarle a los niños las diversidades sexuales, para que en el futuro escoja cómo quieren identificarse”.
La condición sexual o de género (y la defensa de sus derechos) puede ser una bandera política en sí misma. “Lo personal es político”, señala Natalia Moreno, doctora en Estudios de Género de la Universidad Nacional, citando a la académica estadounidense Carol Hanisch. “Mientras se mantenga la discriminación contra estas personas, la disputa por sus derechos se libra en la arena electoral”.
De todas maneras, algunos hechos demuestran que la igualdad aún está lejos de ser alcanzada: la expectativa de vida de las personas trans sigue siendo de 35 años en América, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; es decir, el promedio de lo que se vivía en el mundo en el siglo XIX. Un estudio de Caribe Afirmativo, publicado en 2013, muestra que el 53 % de las mujeres que se declararon abiertamente homosexuales en Medellín fueron despedidas de sus trabajos por ello.
“En este momento y en este contexto”, dice Castañeda, “es noticia que un funcionario público se identifique como Lgbtiq”. La búsqueda por la igualdad, sin embargo, implica construir una sociedad en la que el ejercicio de los derechos deje de ser una novedad
