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Antioquia sigue ante un fragoso camino en Derechos Humanos

  • Otros focos del informe del IPC son la situación de las mujeres y la situación de los exintegrantes de las Farc. FOTO Manuel Saldarriaga
    Otros focos del informe del IPC son la situación de las mujeres y la situación de los exintegrantes de las Farc. FOTO Manuel Saldarriaga
Por Juliana Gil gutiérrez | Publicado el 11 de diciembre de 2019

A William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, la muerte de un compañero le opacó los primeros días de Navidad. El 19 de noviembre un grupo de hombres armados tocó la puerta de la casa de Walter Rodríguez en la vereda San Miguel y se lo llevaron sin decir a dónde. Su cuerpo sin vida en medio de la vereda La Esmeralda mostraría el destino final de esa visita que apagó la vida de uno de los líderes de la asociación.

Llegó el miércoles. Eran las 9 de la mañana y tenía una reunión con los líderes campesinos. Walter no llegó, pero sí la noticia de su asesinato por un actor armado que aún no logran identificar. “Uno está en riesgo todos los días, sobre todo en un territorio donde ha habido desplazamientos y masacres”, relata. Ese caso no ha sido el único del último mes: el 6 de diciembre también fue asesinado el líder veredal Humberto Londoño.

Ante casos como esos el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y doce actores de la sociedad civil, entre líderes sociales, defensores ambientales y grupos sindicales, presentaron ayer un informe con el panorama en Derechos Humanos en el departamento.

La coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, Nathaly Tobar, fue la encargada de enlazar los reportes de las organizaciones. Para Tobar la situación no se puede ver entre blancos y negros, sino que “es necesario analizarlo con un enfoque territorial para tener una lectura de las dinámicas que confluyen en los territorios”.

Casos que aún preocupan

En Bajo Cauca, de acuerdo con datos del IPC, de enero a octubre 101 personas fueron amenazadas y 236 asesinadas. En Urabá, el confinamiento fue uno de los hechos que se presentó con mayor frecuencia (66%), seguido por el desplazamiento (27 %) y las amenazas (7 %). Respecto a Medellín el reporte indica que las comunas más afectadas por homicidios son La Candelaria, San Javier, Robledo, Belén y Castilla. El número de asesinatos va este año en 554 según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) reseña también el desplazamiento forzado de 281 indígenas de enero de 2018 a septiembre de 2019 en Bajo Cauca, Cáceres y Caucasia. En ese periodo 1.064 indígenas han sido confinados; 26 niños, niñas y adolescentes indígenas, reclutados.

En el departamento este año se han registrado 136 hechos de violencia contra sindicalistas, de los que 13 son homicidios. También se registran 400 agresiones a defensores de Derechos Humanos.

A pesar de las denuncias, la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, rescata que en su gestión se han vinculado 108.000 personas de zonas rurales y urbanas a programas en Derechos Humanos y se creó una política pública en este tema con la participación de 1.500 líderes rurales y urbanos. “Corresponderá a los próximos cuatro gobernadores implementarla. Queda sancionada y reglamentada”, dijo Ramírez.

Justamente el Gobierno Nacional presentó ayer una política pública para todo el país para fortalecer el tema de Derechos Humanos.

Contexto de la Noticia

radiografía plan gobierno en derechos

El presidente presentó ayer la política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que presentó el Gobierno contempla garantizar el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos, fortalecer la institucionalidad en este ámbito, promover la transparencia, integridad y la lucha por la corrupción. Está direccionado a robustecer capacidades de las organizaciones y personas que se dedican a la defensa de los derechos y promover la cultura de respeto alrededor de esta labor.

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