Por el momento hay una mesa de conversaciones con el ELN, que ya cumplió su tercer ciclo de negociaciones; seis acercamientos pendientes de iniciar la etapa de diálogos; y múltiples grupos, extraditados y peces gordos en lista de espera, los cuales han mostrado su voluntad de sumarse al plan de la Casa de Nariño, sin que todavía los tengan en cuenta.
Los que lograron avances
Al terminar un debate de control político realizado la semana pasada en el Congreso, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, declaró que su despacho está ad portas de iniciar la etapa de “fase dialógica” con seis tipos de estructuras.
En la lista estaba el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia guerrillera comandada por Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”) y cuyo cese bilateral quedó en veremos.
Le sigue la Segunda Marquetalia, otra agrupación escindida de las antiguas Farc, cuyo principal líder es Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”).
Estas dos organizaciones narcosubversivas tienen presencia con sus frentes en Colombia y Venezuela.
El listado continúa con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidas en el bajo mundo como “los Pachenca”, las cuales tienen tentáculos en Magdalena y La Guajira.
En cuanto a los procesos de paz urbana, están incluidos “Los Shottas” y “los Espartanos”, dos facciones enemigas de la banda “la Local”, que delinquen en Buenaventura (Valle del Cauca).
En Quibdó, la capital de Chocó, hay avances con las bandas “los Mexicanos”, “los Locos Yam” y las “Fuerzas Armadas RPS”.
Y en el Valle de Aburrá se concretaron los acercamientos con los principales grupos armados, cuyos cabecillas están congregados en la cárcel de Itagüí, Antioquia. En esta instancia participan “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Triana”, “la Agonía”, “Pachelly”, “el Mesa”, “Niquía Camacol”, “la Unión” y “los Pesebreros”, entre otros.
En el conjunto de las organizaciones con las que el Gobierno entraría en fase dialógica podría incluirse al cartel narcotraficante Clan del Golfo, con presencia en 20 departamentos, pero en las últimas semanas las exploraciones entraron en un periodo de enfriamiento.
El Gobierno y el Clan mantuvieron un cese al fuego entre enero y marzo de 2023, que se rompió debido al paro armado instigado por la estructura ilegal, en medio de las protestas de mineros informales del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
Pese a esta situación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) aseguró que sigue en contacto con “dos facilitadores” del Clan del Golfo.
Al pasar a la etapa de diálogos con las organizaciones reseñadas, “con todos vamos a hablar de los derechos de las víctimas y de transformaciones territoriales, no habrá pactos de impunidad”, señaló Rueda. Y agregó que “con cada grupo, según su naturaleza, desarrollaremos las estrategias que correspondan para los escenarios jurídicos”.
Los que están en espera
A diferencia de los anteriores, hay otras bandas y jefes mafiosos que también han pedido pista en la “paz total”, pero a la fecha no han tenido respuesta o ni siquiera han mirado sus cartas.
Entre esas organizaciones están “la Inmaculada”, una de las bandas más violentas de Tuluá (Valle); “los Caparros”, una disidencia del Clan del Golfo que actúa en el Bajo Cauca; y “los Rastrojos Costeños”, que delinque en Barranquilla. Las tres expresaron su deseo de paz en una carta enviada al presidente Petro el 19 de julio de 2022, antes de su posesión.
En la misma misiva figuraban el Clan del Golfo y “los Mexicanos”, que sí obtuvieron avances con el Gobierno.
La lista de espera continúa con los excomandantes y desmovilizados de las Autodefensas paramilitares, quienes en múltiples oportunidades han pedido que los consideren para este plan.
Algunos de ellos conformaron mesas de “paz total” en las cárceles en las que están recluidos, como en Cómbita (Boyacá) y La Picota (Bogotá), y aunque han tenido reuniones con la Oacp, no hay nada concreto en el horizonte.
El pasado enero, la Mesa de Paz de Cómbita ofreció la entrega de 250 hectáreas de tierra a los campesinos de Ituango, para que cambiaran cultivos de coca por fríjol.
Las tierras, en la vereda Pascuitá, fueron donadas por Jaime Angulo Osorio, condenado por nexos con paramilitares y presidente de dicha Mesa. Al evento de entrega, el 4 de febrero, no asistió nadie del Gobierno.
Carlos Úsuga (“Cuarentano”), excabecilla del Clan del Golfo, y otros internos de la cárcel La Picota, desarrollaron un software para ayudar a descongestionar las cárceles. El algoritmo detecta qué internos ya cumplieron su pena, pero siguen presos.
Su propuesta, en el marco de la “paz total”, fue presentada al Inpec, más no tuvo eco en el Ministerio de Justicia.
Pablo Sierra (“Alberto Guerrero”), exjefe del bloque Cacique Pipintá de las AUC, recluido en la cárcel de Cómbita, le propuso al Gobierno, como gesto de paz, el desarme de 80 a 100 excombatientes de su antigua estructura.
También quedó en lista de espera, igual que otros excomandantes paramilitares que están extraditados en EE.UU., como “don Berna”, “Cuco Vanoy” y Salvatore Mancuso, quienes han mandado cartas al Palacio de Nariño para que los tengan en cuenta en la “paz total”.
Todo indica que ahora les tocará “armarse”, pero esta vez de paciencia, mientras la ola de los acercamientos de paz llega a sus celdas.
ANEXO: PARA SABER MÁS
Grupos a los que no les suena la paz
En Colombia hay cerca de 2.000 grupos de crimen organizado, según la Policía, y con varios de los más violentos no hay acercamientos del Gobierno o ni siquiera han mostrado interés en la paz total. Entre ellos están “los Pelusos”, del Catatumbo; “Oficina Caribe”, que actúa en Santa Marta y Barranquilla; “los de Abajo”, disidencia de “los Caparros” que opera en El Bagre; “Libertadores del Nordeste”, de Segovia y Remedios; “Puntilleros”, de los Llanos Orientales; “Clan Oriente”, que delinque en el Oriente y Magdalena Medio de Antioquia; y “Tren de Aragua”, grupo colombovenezolano con células en Cúcuta, Bogotá, Aguachica e Ipiales.
