¿Qué tanto importa afuera de las fronteras de un país la detención de uno de sus expresidentes? Como era de esperarse, la noticia de que Álvaro Uribe se convirtió en el primer exmandatario elegido democráticamete en ser asegurado por orden judicial en Colombia se esparció en medios de comunicación de todo el mundo.
Desde el 4 de agosto hasta la fecha, los despliegues informativos han sido variados. El cubrimiento más robusto se hizo desde Estados Unidos, en medios con audiencias hispanohablantes, mientras que la mayoría de medios europeos apenas registraron la noticia.
En 115 piezas periodísticas que se publicaron en 20 medios de otros países, revisadas por EL COLOMBIANO, se destaca en general un manejo aséptico de la información: 67 de las piezas sostuvieron un tono neutral, ofreciendo los datos básicos del proceso judicial en el que la Corte Suprema dictó la medida de aseguramiento contra Uribe o bien poniendo en la balanza argumentos a favor y en contra de la decisión. Esto podría explicarse por la utilización de información recopilada por agencias de noticias en 36 de los artículos, mientras que 66 fueron contenido propio y 12 fueron columnas de opinión.
Visiones diversas
Pero más allá de los números, ¿cuáles fueron las miradas que dio el mundo a la detención del expresidente? Las posturas más contrapuestas se reflejaron en medios con agendas definidas. El Panam Post, por ejemplo, un periódico creado por latinos en Estados Unidos que se declara promotor de la ideología libertaria, emprendió una férrea defensa del derecho de Uribe a enfrentar su proceso en libertad.
De 11 textos publicados sobre el tema por el Panam Post, 8 presentaron argumentos en contra de la medida de aseguramiento. Incluso, su editora general, la economista colombiana Vanessa Vallejo, redactó un perfil titulado “Cómo Uribe salvó a Colombia: lo que la izquierda quiere que olvidemos”, que hace un recuento de la lucha contra el terrorismo y las Farc en ambos períodos presidenciales del exmandatario.
También fueron invitados como columnistas personas afines al Centro Democrático, como la excandidata al Senado por esa colectividad, Ana María Abello, quien hizo eco del llamado de la defensa del expresidente a que la Corte publique el expediente judicial completo.
Diametralmente opuesto fue el tono del cubrimiento hecho por Russia Today (RT), el medio que más publicó a favor de la decisión judicial. La cadena internacional de televisión financiada por el gobierno ruso publicó 9 textos de los que 5 compilaron solamente razones a favor de la medida.
De otro lado, la versión en español de CNN, cadena de televisión con sede en Atlanta, EE. UU., emitió 18 piezas periodísticas, convirtiéndose en el medio que cubrió el tema de forma más extensa. Se destacan los espacios de análisis propiciados por los periodistas Camilo Egaña, Fernando del Rincón y Carmen Aristegui, que sentaron a la mesa a integrantes del Centro Democrático, como María del Rosario Guerra o María Fernanda Cabal, así como al senador Iván Cepeda, como contraparte en el caso. La cadena también publicó columnas de opinión desde diferentes orillas.
Fox News, considerado el principal competidor de CNN en Estados Unidos y de tendencia más conservadora, no tiene en su sitio web ninguna mención al caso del expresidente.
Mientras que The New York Times, que en 2019 desató una confrontación con el uribismo por su cubrimiento de la Directiva 300-28 del Ministerio de Defensa, que fijaba metas operacionales para las Fuerzas Militares y podría causar riesgos a civiles similares a los que ocurrieron en la época de los falsos positivos, solo publicó un texto con pormenores del proceso judicial de Uribe.
El País (España), por su parte, centró su cubrimiento en la agitación política que vive Colombia a partir de la medida, e invitó como columnista a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien tituló “Quienes valoran el Estado de derecho deben apoyar a la Corte Suprema colombiana”, mientras que los periodistas Santiago Torrado y Francisco Manetto señalaron en dos de sus textos que el presidente Ivan Duque “presiona para reformar la justicia a partir de la decisión de la Corte”.
En América Latina
De los medios revisados por EL COLOMBIANO, 12 son latinoaméricanos. El diario que más uso hizo de la opinión fue el mexicano Reforma, que incluyó una editorial en la que calificó la seguridad democrática uribista como “una política de corrupción y muerte” y la comparó con políticas adoptadas por expresidentes de ese país, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Reforma también incluyó una columna del escritor colombiano Santiago Gamboa, que recalca que Uribe, “el político más influyente de Colombia de las últimas dos décadas, empezó a vivir su otoño”.
En diarios como El País (Uruguay) y ABC (Paraguay), la noticia pasó casi desapercibida, con escasas menciones en espacios secundarios. El tema obtuvo un desarrollo más amplio en El Comercio (Perú), El Universal (México) y La Tercera (Chile).
¿Consecuencias?
Pero más allá del cubrimiento mediático, surge la pregunta de si la detención de un expresidente, algo que podría ser considerado como un asunto doméstico, podría generar alguna repercusión en la imagen de Colombia o en su política exterior.
Este fin de semana, por ejemplo, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, publicó en Twitter una declaración en la que califica a Uribe como “héroe amigo” y pidió su libertad. David Castrillón, investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la U. Externado, explica que “otros países no siguen tan de cerca las personalidades en Colombia sino las dinámicas y en ese sentido, saben, por ejemplo, del proceso de paz y lo que eso significó para el país sin detenerse en cuál presidente lo llevó a cabo, cuáles eran sus antecedentes o qué rol desempeñó Uribe en él”.
Sobre futuras repercusiones, Castrillón ejemplifica con la forma en que el proceso podría incidir en la relación entre Colombia y Estados Unidos, un escenario en el que “sin entrar a predecir quién gane las elecciones, los demócratas pueden ver esta medida como el reflejo de un país que está comprometido con la ley y donde ninguna persona está por encima de ella”.
También, explica, miembros del Partido Demócrata en años recientes han mostrado su apoyo al proceso de paz. “Desde la administración de Obama se notaba ese respaldo, pues se llegó a incluir la paz en Colombia como uno de los intereses nacionales de EE.UU. De llegar un nuevo gobierno demócrata a la Casa Blanca es posible que vean a la institucionalidad colombiana como un aliado sólido”.
Por su parte, Diego Cediel, experto en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, coincide en interpretar que las eventuales consecuencias o reacciones de este entramado judicial podrían darse desde y hacia Estados Unidos, pero acota que “en especial Iván Duque es el heredero y es el presidente que fue ungido por Uribe. Entonces la medida de aseguramiento inevitablemente afecta la visión internacional y el proyecto de política exterior que pueda adelantar el presidente”.
La razón, explica el académico, es que Uribe “no es solo una figura nacional determinante y definitiva, sino que se ha convertido en una especie de figura hemisférica: Venezuela, por ejemplo, tiene una particular forma de referirse a él y lo considera un enemigo, mientras que actualmente, Estados Unidos lo considera un aliado”.
Cediel destaca la carta que 20 expresidentes iberoamericanos firmaron el pasado 11 de agosto en moción de apoyo a Uribe y destaca que “esto prueba que lo que pase con él no es una cuestión solamente doméstica, porque sus discrepancias con el chavismo, con Correa y con Díaz-Canel en Cuba lo han convertido en una figura política relevante para el hemisferio, representa un proyecto con resonancia en otros países y por eso su proceso tiene una repercusión en la política exterior”.
No obstante, aclara el experto, “si uno observa el registro periodístico de la Deutsche Welle o El País de España, los medios han puesto su mira en cómo se ha llevado el proceso y en cómo Duque, como presidente, en un ánimo de agradecimiento y apoyo ha dado señales de interferencia en la decisión y eso está mal visto internacionalmente. Es el presidente intentando tocar los terrenos de la jurisdicción penal y eso a todas luces no está bien, sea que lo haga Duque o que lo haga el chavismo, el correísmo o el macrismo”.
De otro lado, desde la perspectiva económica, Wilman Gómez, director de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. de Antioquia, puso en perspectiva que durante su gobierno, el expresidente “saltó a la tribuna y dijo ‘éste es un país de inversionistas y empresarios’ y con ese credo, construyó su política pública, que entre otras cosas, buscaba retomar el control del Estado en las zonas rurales donde había conflicto para reactivar, por ejemplo, las empresas agroindustriales. El país alcanzó lo que se conoce como grado de inversión, es decir, se vio muy rentable, estable y seguro para la generación de rendimiento y riqueza”.
Sin embargo, advirtió, “su detención nada tiene que ver con sus medidas económicas de la época ni con las señales de estabilidad que dio a la economía doméstica y al mundo. No veo por qué pueda verse de inmediato afectada la inversión extranjera directa en Colombia o por qué se le baje el grado de inversión al país por este lío judicial que él está atravesando”.
Con él coincide Daniel Cardona Valencia, especialista en Mercado de Valores y magíster en Finanzas: “pensaria que los inversionistas están enfocados en las proyecciones económicas de los países con relación a la pandemia y en las estrategias que desarrollen los gobiernos para salir de las crisis, no en la estabilidad judicial o el juzgamiento a un presidente”.
A su turno, el doctor en Análisis y Política Económica, Enrique López Enciso, afirma que no se espera una afectación económica, porque hasta el momento se ha respetado la institucionalidad. No es una medida que afecte la inversión extranjera, al menos mientras no ocurra algo más. Mientras todo siga como está no se aprecia una afectación.
30
meses lleva la Corte Suprema adelantando el proceso judicial de Álvaro Uribe.
