Sergio Suárez era el puente de un negocio criminal hacia la legalidad. Aprovechándose de su cargo en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Suárez presuntamente intervenía en los protocolos normales para que una red de contrabando pudiera comercializar sin problema medicamentos para tratar enfermedades vitales como el cáncer y el VIH que estaban alterados y en mal estado.
El trabajo de Suárez era claro y conciso. Desde su cargo en la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de esa entidad intervenía para que los otros funcionarios de la entidad otorgaran registros sanitarios y resoluciones de importación a la comercializadora farmacéutica de contrabando que evidentemente no cumplía con los requisitos sanitarios exigidos por la ley.
La red criminal estaba compuesta, además de Suárez, por otras 13 personas, entre trabajadores de otras farmacéuticas constituidas legalmente, comercializadoras y hasta personal de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Todos fueron judicializados ante la Fiscalía y están a la espera de un fallo final por parte del juez.
Así funcionaba el negocio
Parecía un negocio redondo porque, en Colombia, los medicamentos de uso institucional para tratar ese tipo de enfermedades, que se catalogan como vitales, no son distribuidos masivamente por su alto costo.
Entonces, según las investigaciones de la Fiscalía, la red criminal ingresaba al país de manera ilegal los productos para cubrir esa demanda que al parecer no tenía un proveedor competente. Sin embargo, esas medicinas llegaban vencidas y en mal estado, por lo que el trabajo de los funcionarios del Invima, entre ellos Suárez, era fundamental para darle continuidad al negocio.
Según el Director Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, luego que los medicamentos llegaran al país desde Venezuela a ciudades fronterizas como Cúcuta, los trasladaban hasta Bogotá en precarias condiciones y a modo de encomiendas para darles apariencia de legalidad.
Para ello, la red delictiva acordaba con una empresa de transporte en específico, el número de placa y el número celular del conductor del bus para acordar la entrega de medicamentos en las terminales de transporte o en alguna vía pública.
Posteriormente, el protagonismo era para Suárez. Los fiscales del caso encontraron que entre enero de 2021 y julio de 2023 presuntamente intercedió en 15 oportunidades para lograr la expedición de los documentos y de esta manera soportar la venta de los medicamentos alterados de la estructura delictiva. Es decir que, gracias a ese trámite, lograban modificar las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un medicamento auténtico para tratar enfermedades como cáncer y VIH.
Además de interferir en esos papeles, Suárez también debía borrar cualquier tipo de multa o sanción que pudieran afectar a la comercializadora para que pudiera entregar los medicamentos a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.
A cambio de eso, Suárez “acordaba al interior del Invima, el pago de sumas de dinero para ser repartidas con funcionarios. Dineros que fueron entregados en parques aledaños al Invima, restaurantes, centros comerciales y en su propio lugar de residencia”, expresó la fiscal encargada durante la audiencia contra el exfuncionario.
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El paso a seguir era hacer la conexión con los hospitales. Para ello, la red delictiva tenía registros en la Cámara de Comercio, bajo la actividad económica de comercializadores de productos farmacéuticos y medicinales con razones sociales que utilizaban como fachada para generar facturas y órdenes de compra falsas.
Luego, a través de una comercializadora de medicamentos, captaban diferentes pacientes con enfermedades de este tipo, a quienes se les gestionaba ante la EPS la entrega y aplicación de medicamentos de alto costo importados desde Estados Unidos, India, China, pero que resultan ser falsificados.
Con el propósito de lograr dicho cometido, se encargaban de conseguir médicos en las EPS que formularan estos medicamentos a su conveniencia a cambio de remuneraciones económicas.
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Por ser el puente conductor para que la red pudiera comercializar de manera “legal” los medicamentos que conseguían en el mercado negro a muy bajo costo, Suárez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, ambos en calidad de autor. Suárez no aceptó los cargos pero fue capturado por funcionarios del CTI, luego de que se presentara para atender una orden judicial en su contra. Otras 13 personas de la red criminal cayeron con él y la Fiscalía continúa con las investigaciones a otros funcionarios del Invima.
