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La guerra por el control de los partidos parece una guerra a muerte. Por un lado, el Gobierno de Gustavo Petro quiere saltarse la institucionalidad de las colectividades para buscar entre las bases los votos que requieren sus reformas, en especial la de salud, y por el otro, los jefes de los partidos no están dispuestos a que los desautoricen y menos en plena época electoral.
Y es precisamente por esto último que alistan toda una estrategia de contraataque para demostrarle a la Casa de Nariño que las bancadas de los partidos Liberal, Conservador y de La U deben actuar de acuerdo con las directrices de las directivas y no con los intereses particulares del autodenominado “gobierno del cambio”.
La batalla estalló el viernes previo al inicio de la Semana Santa, cuando –pese a todos los pronósticos y portazos dados por estas colectividades–, el Ejecutivo logró que 6 de los 9 ponentes que tiene en la Comisión Séptima de la Cámara, firmaran la reforma a la salud promovida por la ministra Carolina Corcho.
Ahí estaban plasmadas dos rúbricas de dos representantes que desafiaron las directrices de las colectividades que les avalaron para obtener la curul que hoy ostentan, y por la cual les pagan poco más de 35 millones de pesos mensuales.
Se trata del conservador Gerardo Yepes, y de Camilo Esteban Ávila, de La U, quienes, incluso, les pidieron a sus colectividades que los dejen seguir en independencia para apoyar la reforma de Petro. Algunos hablan de acuerdos burocráticos por debajo de la mesa, y otros simplemente de que el lobby de Corcho los convenció.
Mientras los partidos hacen pesquisas internas para determinar realmente por qué estos dos legisladores desobedecieron, las directivas de esas colectividades ordenaron cónclaves para la próxima semana con el fin de tomar una decisión definitiva frente al tema.
La cita de conservadores y La U quedó para el martes 11 de abril, y la del Partido Liberal se convocó para el día siguiente. Lo que pretenden el expresidente César Gaviria (Liberal), el senador Efraín Cepeda (Conservador) y la exgobernadora Dilian Francisca Toro (La U) es que los mismos congresistas avalen la aplicación de la ley de bancadas que los obliga a todos a votar de forma unánime cualquier proyecto que se tramite en el Congreso.
Y la quieren aplicar para que Yepes y Ávila, y el liberal Germán Rozo, quien terminó reunido con Corcho hace dos semanas de forma privada en Arauca y sin consultarle a su partido –no son pocas las voces que advierten que el Gobierno también les arrebató ese voto a los tradicionales en la Comisión Séptima de la Cámara–, puedan ser sancionados si al final le dan su respaldo a la polémica reforma a la salud.
Ese castigo va desde quitarles el derecho al voto en nombre de los partidos, pasando por la expulsión y hasta poder tramitar una demanda de pérdida de investidura por desacato a las normas del partido por el que se eligieron. Ante esto, a través de mensajes del ministro del Interior, Alfonso Prada –quien guía a nombre del Ejecutivo los debates legislativos–, les ha hecho saber que pueden contar con el respaldo de la Casa de Nariño.
Sin embargo, el propio funcionario reconoció esta semana en El Tiempo que a él mismo le sorprendió la radicación a última hora de la ponencia de la reforma de la salud. Esto, en todo caso, no lo frena de seguir con la estrategia de saltarse a las cabezas de los partidos, con quienes se ha reunido el propio presidente Gustavo Petro para buscar que desde las bases parlamentarias apoyen los intereses de Palacio.
De fondo, la pelea tiene que ver por votos en la Comisión Séptima de la Cámara, donde arrancan las reformas a la salud, pensional y laboral. Y la primera es la que quieren salvar con premura. En esa célula legislativa hay 21 representantes, de los cuales 4 son del Pacto, uno de Comunes y dos de las curules de víctimas; estos están firmes con el Gobierno. Alianza Verde tiene dos más, pero solo uno está con Petro; y, de ahí para adelante, es ganancia la pesca que hagan Corcho y el Gobierno.
Si se aseguran a los dos disidentes, más el de Rozo, quedarían ya con los 11 votos que requieren para salvar la reforma, por lo que la semana de Pascua es clave para determinar si son liberales, conservadores y La U quienes controlan a sus representantes o si –por el contrario– Petro y su equipo político les ganaron el pulso y se los ‘voltearon’. La puja está ardiendo.