En lo que va de 2025 se han registrado 75 ataques. Con esta tecnología, los grupos armados ilegales infringen miedo tanto en la tierra como en el cielo. Este es el balance.
En varios departamentos de Colombia, pero sobre todo en Norte de Santander y en Cauca, hay un sonido que paraliza. Es un zumbido agudo, mecánico y constante; es un dron. Su tecnología permite recorrer largas distancias sin tener un controlador humano cerca, al tiempo filma, mide, toma fotografías y, tristemente, laza explosivos. Todo eso sin exponer al victimario.
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En lo que va de 2025, el Ejército Nacional ha registrado 75 ataques. El ataque más reciente sucedió el fin de semana, en la vereda Caspicaracho, corregimiento de Olaya, en el municipio de Balboa (Cauca). Allí, el grupo armado residual Carlos Patiño, una de las estructuras al servicio de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, arremetió contra la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3. Hubo tres heridos; un suboficial y tres soldados. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad.
El fin de semana anterior a aquel ataque, Norte de Santander no pudo esquivar los daños. Una agresión con drones llegó hasta la población civil (atrapada entre un enfrentamiento entre el Frente 33 y el ELN), y dejó un niño muerto y 12 lesionados en Tibú.
Según el más reciente sondeo de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, aunque la utilización de este tipo de tecnología en la guerra no es algo nuevo (incluso el Ejército la ha utilizado), sí preocupa el incremento de casos.
Según un informe del Ministerio de Defensa, del 1 de enero al 18 de marzo, los ataques con drones a la fuerza pública aumentaron en un 100%, puesto que en ese mismo periodo del año pasado (2024) no se dieron ataques de este tipo. Ese mismo informe data que para final de 2024, se registraron 115 ataques con esa tecnología, este año ya van 75.
Su popularidad se debería a que son fáciles de conseguir. Laura Bonilla, subdirectora de pares, aseguró en el sondeo: “Un buen aparato se consigue por menos de cinco millones de pesos. La venta es libre para civiles, y cualquier intento de prohibición probablemente solo engrosaría otro mercado ilegal”.
En Colombia, según la fundación, los ataques se registraron desde 2020. “Se ha documentado el uso de drones por parte de disidencias de las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado como el Clan del Golfo, tanto para propósitos ofensivos —ataques con explosivos— como para vigilancia estratégica”, afirmó Bonilla.
Pares también registró que grupos armados ilegales estarían haciendo convocatorias por medio de WhatsApp para atraer expertos en drones, tanto para manejarlos como para capacitar a otros. “En varias regiones se habla incluso de “droneros”, un nuevo rol táctico en auge dentro de la guerra irregular”, dijo Bonilla.
En entrevista con RCN, la directora agregó detalles al respecto: “No solamente el Frente 33, en el Catatumbo también el ELN están, vía chat, vía otros instrumentos de comunicación, intentando reclutar droneros”. Estos reclutamientos se centrarían en encontrar poblaciones vulnerables, como migrantes.
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“Necesito dos chamitos que no den boleta, para manejar mini 4 y matriz 300”, se lee en los chats revelados, en los que también agregan “Los recogen en Villa del Rosario y los llevamos a Tibú, allá arreglan con el comandante. La liga me la entregan a mí porque es directamente con ellos el negocio”.
El mayor problema que enfrentan las autoridades para combatir estos ataques es que tener un dron no es ilegal. Al mismo tiempo, prohibir su compra y venta solo trasladaría el problema a la clandestinidad.
“No creo que sea un tema regulatorio. El problema es que la legislación no resuelve lo esencial. No puedo prohibir el plástico porque se usa para hacer minas antipersona. Son materiales de uso cotidiano, muy difíciles de restringir”, dijo Bonilla en entrevista con La FM, radio del medio citado.
El uso de drones, sin embargo, sí incumple con un límite establecido en el Derecho Internacional Humanitario. En él, se establece que los actores armados respetar los principios de distinción y proporcionalidad, puesto que los drones que fabrican los grupos ilegales lanzan metralla de forma imprecisa, afectando a los civiles.
Pares establece que “en Colombia, se han denunciado ataques nocturnos, camuflaje con símbolos de rendición, e incluso el uso de sustancias químicas. Todo ello podría constituir crímenes de guerra, pero no hay aún una vía judicial clara para juzgar estas nuevas formas de agresión. La guerra con drones va más rápido que el derecho”. Por lo tanto, hacen un llamado a aumentar la fuerza pública.
Laura Bonilla aseguró en La Fm que, además de aumentar la presencia de la fuerza pública en las zonas de conflicto, se necesita un apoyo más fuerte del Estado. Según la subdirectora de Pares, los soldados se enfrentan a desigualdades estratégicas en medio del combate.
“Lo que tendríamos que hacer es incrementar la capacidad de la fuerza pública, especialmente en inteligencia. El Estado se demora entre uno y dos años en adquirir un dron, mientras que cualquier persona lo puede comprar y recibir en días. La estructura institucional es muy lenta y costosa”, dijo.
Además, señaló la importancia de la ayuda recibida por Estados Unidos, y lamentó los recientes recortes presupuestales. “Los recortes de Estados Unidos han afectado bastante esas dos capacidades: inteligencia y capacidad operativa”.
