El anuncio de las delimitaciones para siete páramos en Colombia, hecha este sábado por el Gobierno Nacional, con lo que llega a 30 de estos ecosistemas protegidos, tiene un sabor agridulce.
Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos insiste en que cumplirá su meta de tener los 37 complejos paramuros del país delimitados para su protección antes de salir de la Casa de Nariño, aún tiene que lidiar con el primero de todos, Santurbán, cuya línea de protección fue tumbada por la Corte Constitucional.
A juicio del alto tribunal, el trazo de la línea de protección no tomó en cuenta a todos los actores afectados por el páramo.
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Al respecto, este mismo sábado, el Ministerio del Medio Ambiente informó que se hicieron las primeras reuniones con los actores del tema, para avanzar en esta tarea de la Corte, para la que se tiene hasta noviembre de este año.
Entre el miércoles y el jueves pasado se presentaron los avances y propuestas preliminares de participación y comunicación para consideración, comentarios y retroalimentación del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales; Directores de las Corporaciones de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, (CDMB), la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor); el representante del Área Metropolitana de Bucaramanga, los alcaldes de los municipios de Vetas, California, Suratá y Matanza y delegados de la alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.
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“La concertación y los acuerdos razonables deben ser la guía de todo el proceso”, sostuvo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo, que invitó a estas entidades a desarrollar un trabajo conjunto que permita llevar a cabo con éxito las órdenes de la Corte.
Otros de los temas de discusión durante la jornada estuvieron orientados hacia la convocatoria por nodos o zonas geográficas, intereses convergentes, la reconversión y sustitución de actividades que degraden el páramo y mecanismos de financiación.
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