La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-037/24, declaró inexequible el artículo 322 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que concedía al Ministerio de Hacienda la autonomía para contratar de manera directa la administración de los recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) mediante sociedades fiduciarias de carácter público.
Lo que la Corte decidió fue dejar sin valor el artículo que suprimió la necesidad de realizar una licitación pública para la selección de las entidades encargadas de administrar los fondos del Fonpet. Y este mismo daba autorización al MinHacienda para hacer procesos de contratación directa.
El fallo del alto tribunal se da en respuesta a la demanda de la ciudadana Luisa Fernanda Guarín Plata, quien sustentó que el artículo en cuestión violaba el principio de unidad de materia. Es decir, que esta solo debe tratar sobre un solo asunto.
Su argumento principal fue que el artículo no tenía una relación real con el todo del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que debía ser incluido en el mismo
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Según la nueva sentencia, lo establecido por el Gobierno en el Plan de Desarrollo iba en contra de la Constitución porque cambiaba de manera definitiva las normas para administrar los recursos del Fonpet.
La sentencia C-037 de 2024 tiene efectos inmediatos, porque según la Corte reafirma la importancia de la transparencia, además del cumplimiento de los procedimientos legales en la gestión de los fondos de pensiones de las entidades territoriales
Otra discusión
Otro de los temas relacionados con el ministerio de Hacienda que causó discusión fue la confirmación del ministro Ricardo Bonilla sobre un borrador de decreto que entregaría mayores facultades el presidente Gustavo Petro sobre las vigencias futuras en obras de infraestructura.
Bonilla señaló que ya era hora de “revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencias futuras que están comprometidas”, en medio de un seminario de Anif y Fedesarrollo.
Según el ministro, el objetivo del Gobierno es redireccionar los recursos a objetivos concretos y la posibilidad de renegociar algunos de esos contratos. “¿De dónde vamos a sacar la plata para los puntos críticos de las obras si la plata está concentrada en vigencias futuras y en otras obras que no se están entregando?”, dijo.
Sin embargo, Bonilla dijo que “no es que uno pueda arbitrariamente revisar los compromisos de las vigencias futuras”. El anuncio del Gobierno ya causó un llamado de atención de la calificadora Fitch.
