Los bloqueos viales se mantendrán por parte de los manifestantes, quienes piden atención y apoyo del Gobierno Nacional.
El precio del kilo de arroz al por mayor en Medellín observa una reducción de $273, pues en junio del año anterior, según el Dane, era de $4.049 y está actualmente en unos $3.776.
Esta contracción refleja, en parte, el llamado de atención que a comienzos de este mes hizo la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), en el sentido de que el precio del arroz paddy verde pagado al productor en las principales zonas arroceras del país, ha disminuido entre $10.000 y $15.000 por carga.
El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, recordó que en junio de 2024 los productores recibieron en promedio cerca de $225.000 por carga, precio que a la fecha ha descendido hasta $158.000 en la zona Llanos.
Para el dirigente gremial, este panorama es preocupante, ya que la continua disminución de los precios a los agricultores sigue ocurriendo, a pesar del sinnúmero de reuniones realizadas con los diferentes actores de la cadena, con el Ministerio de Agricultura como garante de la protección a la producción de alimentos.
El fin de semana, horas antes de que los arroceros iniciaran un nuevo paro, la cartera de Agricultura anunció una medida de apoyo para el sector, con el propósito de respaldar a las familias que derivan su sustento del cultivo del cereal.
Se trata del proyecto de resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, texto que está publicado para comentarios en la web del Ministerio de Agricultura.
La medida propone que todo agente económico que comercialice arroz blanco en el país, ya sea a nivel mayorista o minorista, deberá informar de manera clara, visible y verificable el país de origen del producto, en sus empaques, en los puntos de venta físicos y plataformas digitales transaccionales.
Ayer, mientras en el puente Internacional Rumichaca en Ipiales, Nariño, las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Comercio, Diana Morales, anunciaban las medidas para contrarrestar el contrabando de arroz y papa en las zonas de frontera, los promotores del paro arrocero aseguraban que Gobierno Nacional no ha buscado realizar mesas de diálogo y aún no convocaba a los líderes de la protesta.
“La reunión anunciada para este jueves 17 de julio, más que un escenario de concertación, obedece a una iniciativa de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, para hacer seguimiento a los acuerdos de marzo con la viceministra de agricultura. No se trata, tal como lo presenta el Ministerio de Agricultura, como una mesa de diálogo”, enfatizaron voceros del paro.
Anoche, según los organizadores de la manifestación se mantenían bloqueos en vías de los departamentos de Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y Santander.
“Dada la situación y la no convocatoria del Gobierno a una mesa de diálogo con el comité oficial del paro arrocero, se estudia la posibilidad de realizar hoy cierres de 6, 8 y hasta de 10 horas en los puntos de bloqueo de todo el país”, alertaron los líderes de los manifestantes.
Los arroceros de Tolima y Huila mencionaron que están contabilizando pérdidas hasta de $2,8 millones por hectárea cosechada, lo que los está llevando a la quiebra.
La decisión de ejecutar un nuevo paro obedeció al descontento de los agricultores y productores arroceros ante los repetitivos incumplimientos de los acuerdos firmados en marzo.
Insistieron en que las supuestas soluciones presentadas los últimos días no resuelven lo pactado, resultan claramente insuficientes y dejan en evidencia la improvisación del gobierno de Gustavo Petro.
La protesta arrancó el lunes con concentraciones de productores de arroz en localidades como Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Prado, Villavieja y Campoalegre, en el Suroccidente del país.
Agricultores de departamentos como Meta, Santander y Casanare también se han sumado al paro, reforzando el mensaje de que los acuerdos firmados en marzo no se cumplieron, a la vez que se han aplazando las soluciones estructurales que el sector viene exigiendo desde hace meses.
El paquete de exigencias de los arroceros abarca desde precios justos para el cereal nacional, regulación real y efectiva de la producción y comercialización, protección del único cultivo semestral estratégico del país, hasta la revisión urgente de los Tratados de Libre Comercio (TLC), para lo que demandan la participación de los ministerios de Agricultura, Comercio y Ambiente y de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de los representantes de la industria molinera.
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