Otra vez el debate regresa al país: la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Esta vez hubo dos detonantes para que este tema reapareciera en la opinión pública: el asesinato y abuso sexual a una niña de 10 años en el municipio de El Retorno, Guaviare, y las palabras del presidente Iván Duque respecto al tema.
Textualmente, el mandatario indicó: “Debemos reflexionar sobre la conveniencia de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños”. Este asunto ya se ha debatido en casos como el referendo de la fallecida senadora Gilma Jiménez, que llevó la iniciativa hasta el Congreso en 2008; el de Yuliana Samboni, en diciembre de 2016, y la recolección de firmas para impulsar otro referendo en 2017.
Incluso, Jiménez se convirtió en la abanderada del tema y llegó al legislativo en 2010 con una votación histórica de 207.799 sufragios.
No es solo una iniciativa popular, también tiene componentes de salud y penales. El integrante del equipo de sicología jurídica de la U. Sergio Arboleda, Roberto Sicard, lo explica claramente: “La cadena perpetua no es un factor disuasivo de las conductas criminales sexuales”.
Incluso, para mayo de este año, la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal del Ministerio de Justicia emitió un concepto sobre este tema en el que indicó que en la prisión perpetua el condenado pierde toda esperanza de resocialización, este representa costos fiscales insostenibles para el Estado, la medida no es clave para lograr una disminución de la reincidencia y causaría violaciones a los derechos fundamentales de los presos.
“Tiene el efecto jurídico de desequilibrar la proporcionalidad de las sanciones y de desestructurar el programa punitivo del Estado (...) Hacen que la legitimidad del sistema judicial dependa de la percepción ciudadana”, indicó el documento entregado por el panel al Ministerio, que aún está en proceso de análisis.
Vale anotar que quien presidía esa Comisión, el abogado Ricardo Posada, renunció a esta el pasado 9 de julio y, ayer, en medio de la discusión de este delito, afirmó que “la lucha contra el crimen no se puede limitar a discursos populistas”. Para los expertos, volver a evocar la cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños tiene un concepto detrás: el populismo punitivo.
Este término significa que se intentan adoptar en las leyes temas populares en la ciudadanía. El abogado penalista de la U. del Rosario, Francisco Bernate, afirma que “es un debate oportunista, politiquero y una cuestión impertinente para Colombia. Es populismo punitivo”.
El máster en Derecho Penal y Política Criminal, Mauricio Urquijo, coincide con este concepto y agrega que en casos como los de la Ley Antibolillo, cuando el técnico Hernán Darío Gómez golpeó a una mujer; la Ley Rosa Elvira Cely, a propósito del caso de esta mujer que fue violada, empalada y asesinada; o la Ley Natalia Ponce de León, respecto a los ataques con ácido, se dieron debates similares.
“Incentivan un expansionismo punitivo. Cada ley que aumenta las penas dice que está justificada en algún escándalo público que llama la atención y que utilizan los políticos”, sentencia Urquijo.
Aunque estos expertos coinciden en que la cadena perpetua no resuelve la conducta criminal, también llaman la atención de la gravedad de las circunstancias de los niños víctimas de estos delitos.
Una de las voces más conocidas sobre la infancia es la de Yohana Jiménez, para quien “la prisión perpetua tiene que ser una realidad porque es el principio del fin de la violencia que viven los niños”.
Finalmente, el profesor de derecho penal de la U. Eafit, Juan Carlos Álvarez, llama la atención sobre si se necesitan estas penas o un sistema de justicia más eficaz que proteja a los niños.
Con ese panorama, el debate de la cadena perpetua vuelve al ruedo en Colombia.
