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“Le quitan dientes” a la Procuraduría: aprueban artículo que le impide sancionar a elegidos en urnas

El trámite se dio en la Cámara. Siete representantes se opusieron a su aprobación. Consideraron que quitarle esas facultades afecta la lucha contra la corrupción.

  • El ponente del proyecto en Cámara aseguró que el artículo da cumplimiento al ordenamiento internacional. FOTO COLPRENSA
    El ponente del proyecto en Cámara aseguró que el artículo da cumplimiento al ordenamiento internacional. FOTO COLPRENSA
Juan Pablo Patiño | Publicado el 23 de noviembre de 2022

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer artículo del acto legislativo que le da forma a la reforma política que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. La mayoría de los representantes, en este debate, acordó modificar el artículo 40 de la Constitución y con ello quitarle algunas funciones sancionatorias a la Procuraduría.

“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, se lee en el artículo aprobado este miércoles por 22 representantes y rechazado por 7.

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Es decir, la suspensión del mandato contra mandatarios locales –función de la Procuraduría y de la que hizo uso, por ejemplo, en las pasadas elecciones para apartar del cargo a mandatarios como Daniel Quintero por su presunta participación en política– sería ahora una función propia de la rama judicial y no del ministerio público.

El ponente del articulado en la Cámara, Heráclito Ladinez aseguró que esta modificación se incluyó para “armonizar la Constitución política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos”.

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En efecto, el fallo de la Corte IDH que le devolvió los derechos políticos al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro –suspendido por el exprocurador Alejandro Ordoñez– determinó que la Procuraduría no podría ser la institución que destituyera e inhabilitara a los funcionarios públicos democráticamente electos.

Pese a la explicación del ponente y de la insistencia del Gobierno cuando radicó el proyecto de reforma política, algunos representantes consideran la medida como “anticonstitucional”.

“No comparto que eliminemos una de las funciones principales de la Procuraduría. Hay que tener en cuenta el gran liderazgo que la institución ha tenido en la lucha contra la corrupción, para mí es fundamental que siga cumpliendo con sus funciones de inhabilidad y destitución de funcionarios. Pido que se elimine este artículo”, señaló la representante Marelen Castillo.

A falta de que la reforma política continúe su trámite, la Procuraduría solo podría emitir pérdidas de investiduras contra funcionarios electos democráticamente.


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