La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer artículo del acto legislativo que le da forma a la reforma política que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. La mayoría de los representantes, en este debate, acordó modificar el artículo 40 de la Constitución y con ello quitarle algunas funciones sancionatorias a la Procuraduría.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, se lee en el artículo aprobado este miércoles por 22 representantes y rechazado por 7.
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Es decir, la suspensión del mandato contra mandatarios locales –función de la Procuraduría y de la que hizo uso, por ejemplo, en las pasadas elecciones para apartar del cargo a mandatarios como Daniel Quintero por su presunta participación en política– sería ahora una función propia de la rama judicial y no del ministerio público.
El ponente del articulado en la Cámara, Heráclito Ladinez aseguró que esta modificación se incluyó para “armonizar la Constitución política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos”.
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En efecto, el fallo de la Corte IDH que le devolvió los derechos políticos al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro –suspendido por el exprocurador Alejandro Ordoñez– determinó que la Procuraduría no podría ser la institución que destituyera e inhabilitara a los funcionarios públicos democráticamente electos.
Pese a la explicación del ponente y de la insistencia del Gobierno cuando radicó el proyecto de reforma política, algunos representantes consideran la medida como “anticonstitucional”.
