Continúan las reacciones que han surgido después de la firma del Decreto 1851 de 2021 que aprobó la adición de 1.208 cargos a la planta de la Procuraduría General de la Nación, según la entidad para darle cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la demanda del exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro.
Respecto a la norma, se conoció un documento emitido por la Corte en el que expresa que la ampliación de la nómina del Ministerio Público no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde Gustavo Petro.
“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención americana de derechos humanos”, expresa el documento que habría sido emitido el pasado 25 de noviembre por la CIDH.
El documento de la Corte también expresó que la Procuraduría deberá presentar un informe en el que se justifique la actual situación.
“Se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”, anuncia el documento.
La Cancillería respondió
Por su parte, la Cancillería le afirmó a EL COLOMBIANO que la Corte IDH no ha efectuado un llamado de atención al Estado colombiano por presuntos incumplimientos en el caso de la sentencia que falló a favor de los derechos políticos de Petro.
“Por el contrario, el pasado 25 de noviembre de 2021 –dice la Cancillería en referencia al documento en cuestión– la Corte IDH profirió una Resolución de Supervisión de Cumplimiento en el que reconoció los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia internacional que fuera proferida el 8 de julio de 2020”.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado ha cumplido en su totalidad y dentro de los plazos establecidos en las órdenes correspondientes a pagarle la indeminización a Gustavo Petro por el daño inmaterial y “pagar a las dos organizaciones representantes de la víctima las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costos y gastos”.
Informaron también que el 4 de abril de 2022 el Estado deberá presentar un informe sobre el avance en estas medidas y ahí, se tocará el tema de las adecuaciones en procesos disciplinarios.
Este último es el punto de cumplimiento de esa sentencia que tiene envuelta en la polémica a la Procuraduría de Margarita Cabello, por la expedición del decreto 1851 de 2021, que creará 1.208 cargos nuevos en ese órgano de control.
¿La citarán al Congreso?
En contra de la procuradora Margarita Cabello también arremetió Juan Carlos Wills Ospina, representante a la Cámara, quien le solicitó a la funcionaria ir a una sesión del Congreso de la República en la que explique en qué consistirán los cargos y como serán distribuidos.
“La reforma al Código Disciplinario debe ser aclarada. Llamaremos a la procuradora Margarita Cabello para que le explique al país mediante una audiencia pública la reforma real que se tiene; no permitiremos más actos de corrupción”, expresó Wills en su cuenta de Twitter.
