El Gobierno Nacional por medio del Decreto 312 de 2021 modificó la Justicia Penal Militar, advirtiendo fallas que podrían corregirse en los próximos meses, para hacer a ese sistema más cercano a las personas, en especial a las víctimas , y más moderno.
Entre otras cosas, estos cambios implican que esa jurisdicción funcionará con autonomía (actualmente depende del Ministerio de Defensa), adaptará su sistema penal a un modelo acusatorio y llevará a cabo una actualización tecnológica que permita mejorar la entrega de información.
Esto, sin embargo, tardará varios meses en ser implementado. Por lo tanto, las denuncias de presunto abuso policial en el marco del Paro Nacional serán atendidas por el sistema penal militar vigente.
Fabio Espitia, director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar, explicó los detalles de los cambios que vienen y el trabajo de esa jurisdicción en la coyuntura actual.
¿Qué casos atenderá la JPM en el marco de este Paro Nacional?
“Tenemos claro nuestro nivel de competencia y de jurisdicción. La JPM conoce de aquellos casos en los cuales intervienen miembros de la Fuerza Pública en actos de servicio. Estos pueden ser lícitos o también hechos en los cuales los miembros de la Fuerza Pública incurren en errores o en actos intencionales que hacen que su servicio se desarrolle de forma defectuosa o irregular”.
¿Cómo se determina que un caso es de su competencia?
“Esto hace parte de los criterios de valoración que tiene quien adelanta la investigación. Por ejemplo, si hay una investigación que se está adelantando por la JPM, el juez de instrucción es el que puede en un momento determinado establecer si se trata de un delito que es competencia de esa jurisdicción”.
¿Cuántos y cuáles casos ha recibido hasta ahora la JPM por hechos sucedidos durante estas manifestaciones?
“El último consolidado que tenemos (hasta el 1 de junio) es el de 35 indagaciones que se adelantan en relación con varios delitos como homicidios, abuso de autoridad y lesiones personales. Esto es a nivel nacional, en todos los territorios del país”.
¿Qué pasa con los presuntos delitos sexuales cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones?
“Un delito sexual no tiene nada que ver con el servicio y, por lo tanto, eso jamás será competencia de la JPM. Es competencia de la justicia ordinaria”.
¿A partir de cuándo comenzará la implementación de los cambios que se plantean en el Decreto 312 de 202, tanto a nivel penal como en la parte administrativa?
“A partir de la firma del presidente de la República, tenemos una Unidad Administrativa Especial que está en proceso de consolidación para hacerla más robusta. La idea es que tenga más posibilidad de tener un flujo de información y que todos los jueces penales y militares estén conectados con la Unidad Administrativa Especial, que a la vez tendrá un consolidado en tiempo real de lo que se estará haciendo, a efectos de dar a conocer estos datos a la opinión pública cuando así se requiera y cuando sea conveniente que se haga.
De otro lado, tenemos la implementación del sistema acusatorio, que será un paso muy importante porque vamos a tener la figura de un fiscal general, militar y policial y la idea es que esa figura se implemente a partir del próximo año. Después de ese momento, y cuando ya se implemente el sistema acusatorio, el fiscal general tendrá un grupo de fiscales que se encargará de direccionar las investigaciones. Y, cuando sea el caso, hacer formulaciones ante los jueces de control de garantías.
Pero también, en el momento en el cual existan conductas que hayan estado apegadas a los reglamentos, podemos hacer las correspondientes decisiones de archivo, que en todo caso pueden ser revisadas por los jueces”.
¿Por qué se dice que esta nueva Justicia Penal Militar les va a dar más garantías a las víctimas durante los procesos?
“Usar la palabra ‘garantías’ no quiere decir que en este momento no las tengan, porque aquí (actualmente) las víctimas pueden intervenir en los procesos. También el principal garante de la JPM y de sus quehaceres es la Procuraduría General de la Nación, que, por lo que yo he visto, está teniendo una participación diligente en cada uno de estos procesos.
Eso no quiere decir que el nuevo sistema es el que va a llegar con las garantías y que el anterior no las tenga. Lo que sí es importante resaltar es que el esquema mismo del juez de instrucción militar, que es un sistema escrito y reservado, en el sistema acusatorio va a ser más conocido porque muchas de las actuaciones se podrán hacer en audiencia pública”.
¿Por qué se hizo esta apertura hacia las audiencias públicas?
“Lo que se hace desde el año 2010 con la Ley 1407 es implementar el sistema acusatorio, que se basa fundamentalmente en audiencias verbales y públicas. Lo que se ha puesto en marcha en estos últimos tiempos es la posibilidad de que se logre dar cumplimiento a esa ley del 2010.
Esto es conveniente porque es muy difícil hacer compatibles los dos sistemas. Una cosa es el sistema de procedimiento que maneja la JPM, que es un viejo sistema, que yo llamo napoleónico. Y otra cosa es el sistema que está implementando la justicia ordinaria, que viene desde hace unos quince años. El mundo está muy orientado hacia el sistema acusatorio, más a la oralidad, más a la verbalización que a los sistemas escritos, por lo tanto hay que acomodar este sistema nuestro al nuevo”.
¿Cómo ha sido el manejo de los casos de la JPM que han pasado a la JEP?
“Cuando llegué a la dirección había más de mil peticiones de la JEP que no estaban resueltas. Hoy estamos resolviendo peticiones que no se demoran más de ocho, diez o quince días. Es decir, desde el punto de vista de gestión, tenemos un adelanto ostensible. La idea es tener toda la comunicación posible con ese tribunal.
Ahora, las decisiones en relación con qué casos puede llevarse la JEP, o no, son decisiones que tienen que ver con su jurisdicción. En un momento determinado hará las valoraciones y definirá si algunas investigaciones en grupo o individuales serán de su competencia. Entretanto, la tarea de la JPM es resolver lo que tenga y dar la información adecuada para que la JEP pueda tomar sus decisiones”.
