El escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se conoció hace más de dos años y aún siguen las investigaciones, juicios y negociaciones. En ese contexto, se conoció que tres de los exfuncionarios implicados iniciaron un proceso de negociación con la Fiscalía General.
Se trata del abogado Édgar Riveros Rey, procesado por intentar desviar una investigación con sobornos. Ana María Riveros, hija de Riveros Rey y contratista de la Ungrd, y Sonia Rocio Romero, cuñada de Riveros Rey, también contratista de la entidad. Según la Fiscalía, esta operación fue coordinada por Luis Carlos Barreto, entonces subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Los tres enfrentan cargos por sus presuntas actuaciones ilegales para reducir el monto de un convenio entre la unidad y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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El objetivo era disminuir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar los recursos restantes y trasladarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por sus posibles actuaciones ilegales, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“(Los tres procesados) han hecho presencia en la Fiscalía General de la Nación para hacer acercamientos respecto de la finalización anticipada del proceso y colaboración en virtud de principios de oportunidad. La Fiscalía ha estado atenta durante todo el transcurso de esta actuación, incluso desde antes de la vinculación de estas personas a través de imputación y de las solicitudes de medida de aseguramiento, no solamente con ellos, sino con todos los procesados dentro de esta carpeta, para adelantar conversaciones de esta naturaleza”, dijo ante un juez el fiscal Gabriel Sando.
Según la Fiscalía, esta operación fue coordinada por Luis Carlos Barreto, entonces subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Un juez deberá decidir si acepta o no el preacuerdo al que llegaron los investigados con la Fiscalía.
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