El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mostró su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia.
En un informe presentado en la mañana de este miércoles, la Cruz Roja reseñó que durante 2019 se registraron 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, entre las que se encuentran 159 civiles.
Para el CICR, el incremento en el número de víctimas, la continuidad del desplazamiento forzado y el confinamiento de las comunidades, la desaparición de personas y las agresiones contra la Misión Médica en el páis “marcan un crítico panorama en varias regiones del país”.
Los hechos se dieron, según el CICR, en 13 departamentos del país. Norte de Santander, Arauca y Antioquia son los tres departamentos con más casos, donde se concentró el 57 % de las víctimas. “Además, en ese mismo año, según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, se lee en el informe preliminar presentado.
Para el CICR, esta cruda realidad en la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias, se acentúa en las zonas más vulnerables del país.
“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
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El CICR considera preocupante que “los actores armados continúen irrespetando las reglas mínimas de la guerra”, pues el año pasado documentó 93 nuevos casos de desaparición, algo que se suma a otros factores, como las condiciones de salud mental, la desesperanza y el miedo, que no se alcanzan a dimensionar.
“El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio. Esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil”, indicó Harnisch.
Por su parte, destacó que en 2019 el Ministerio de Salud registró 218 agresiones contra el personal sanitario y la infraestructura de salud y en la mayoría de los casos, la naturaleza de las agresiones correspondió a lesiones y amenazas. “Estos hechos, junto con las precarias condiciones de las estructuras médicas, afectaron de manera directa el trabajo del personal de salud y dificultaron la labor fundamental de salvar vidas”, dice el CICR.
La organización plantea que en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia armada, obtuvo información sobre el paradero de 116 personas desaparecidas, 75 de ellas fueron localizadas con vida. Y además trasladaron los restos humanos de 60 desaparecidos para ser entregados a las autoridades o a sus familias.
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“Nos esforzamos para aliviar el sufrimiento de las personas que padecen las consecuencias de la violencia, y recordarles a las partes del conflicto la obligación que tienen de respetar las normas humanitarias y excluir a la población civil de la confrontación. No hay que olvidar que las guerras sin límites son guerras sin fin”, señaló Harnisch.
En el noroccidente colombiano, dice el CICR, se deterioró la situación humanitaria, teniendo en cuenta que se profundizó el conflicto y la violencia armada en el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, particularmente en los municipios de Cáceres, Tarazá, Caucasia, Ituango, San José de Uré y Puerto Libertador.
“En esta zona según cifras oficiales se registraron 10 desplazamientos masivos y 368 muertes violentas. De igual manera, el CICR documentó nuevos casos de desaparición de personas, de amenazas contra la población civil, y de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal”, relató el CICR.
Además, destacó que Chocó y Córdoba registraron especial afectación por la sospecha o presencia de artefactos explosivos y minas antipersonal, lo que propició el confinamiento de comunidades que no pudieron movilizarse libremente por su territorio, acceder a servicios de salud, ni desarrollar labores de subsistencia como la recolección de alimentos, la pesca y la siembra.
