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CNE archivó investigación a Iván Duque por caso Aida Merlano
La autoridad electoral perdió la capacidad para actuar porque ya superó el tiempo que dispone para investigar estos casos.
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La excongresista Aida Merlano aseguró que Duque recibió $6.000 millones de forma irregular para su campaña a la Presidencia en el 2018. FOTO: COLPRENSA
Fue archivada la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) al expresidente Iván Duque, que se abrió luego de que la exsenadora prófuga Aida Merlano asegurara que el empresario Julio Gerlein inyectó, en 2018, 6.000 millones de pesos para la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia.
La autoridad electoral señaló que el Estado perdió la capacidad de actuar porque ya pasaron cuatro años desde que se incurrió en la supuesta falta y el Código General del Proceso estipula que se pierde la potestad pasados tres años. Es decir, no hay posibilidad de sancionar ninguna conducta.
“Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”, cita la norma.
La decisión a favor del exmandatario se suma a la que tomó la Corte Suprema de Justicia en junio pasado, cuando determinó, ante una solicitud de la Procuraduría, que no aceptaría más pruebas de Merlano por la presunta corrupción electoral y compra de votos en la campaña de Duque.
El alto tribunal decidió que todas las pruebas necesarias ya están en el expediente y el paso a seguir es la programación de las citaciones para avanzar en el juzgamiento al expresidente por presunta violación de topes electorales, “la cual se limitará a la presentación de los alegatos finales, dado que las pruebas ya fueron practicadas”.
La afirmación sobre el supuesto ingreso de $6.000 millones a la campaña de Duque la hizo Merlano en el marco de una gran denuncia contra los clanes Char y Gerlein por presunta compra de votos en la Costa Caribe. Según aseguró, al menos $18.000 millones de pesos se torcieron en esta región con fines netamente políticos, a través de contratos desviados en la administración del departamento del Atlántico.
La excongresista se encuentra prófuga en Venezuela, tras ser procesada por presunta violación a los topes electorales para financiar su aspiración al Congreso en el 2018, luego de que la Corte le encontrara múltiples movimientos financieros durante ese año mientras hacía campaña al Senado, a los que le “habría buscado dar apariencia de legalidad sin que la tuvieran”, según la Sala de Instrucción.
