Dos millones de colombianos, y alrededor de 410 mil migrantes que se encuentran sin afiliación al sistema de salud en el país, están más cerca de acceder a este derecho fundamental consagrado por la Ley Estatutaria de Salud de 2015.
Así lo dio a conocer ayer el Ministerio de Salud al resaltar que la meta de Colombia es tener una cobertura del 100 % en todo el territorio nacional.
El ministro de salud encargado, Iván Darío González, manifestó que hasta ayer el 5 % de los colombianos no tiene seguro de salud y que el decreto 064 de 2020, publicado el miércoles pasado, “plantea el instrumento para alcanzar la cobertura universal en la ruta de lo que busca el presidente Duque de cerrar las brechas para lograr la equidad”, algo que prometió en campaña y que incluyó en un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo.
Para el ministro encargado esta tarea es clave, sobre todo porque según el Banco Mundial, ninguno de los países de América del Sur lograr superar el 80 % de cobertura en salud y Colombia está muy cerca.
Asimismo, el funcionario señaló que en cuanto a la situación de los migrantes, deberán contar con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y destacó que, para sufragar los gastos que esto representa, los recursos estarán incluidos dentro de la Unidad de Pago por Capitación, que es el dinero que recibe cada Empresa Promotora de Salud (EPS) por afiliado cada año, pero en este caso, la destinación será mensual. “Al afiliar esta población habrá una UPC, es decir, un recurso económico para cubrir sus recursos y brindar una mejor atención. Esto, sin duda, fortalece estas instituciones y el sistema de salud”.
Toni Vitola, vicepresidente de la Corporación Colonia de Venezolanos en Colombia (Colvenz), destacó esa posibilidad que abrió el gobierno colombiano, al resaltar que además de beneficiar a los venezolanos con PEP y los niños de progenitores venezolanos nacidos en Colombia, “también cobija a esos padres que no contaban con los servicios”.
El exministro de Salud Jaime Arias, manifestó que en Colombia siempre se sacó pecho porque había “una cobertura universal”, pero esto demuestra que la tarea todavía no estaba cumplida y con este empujón, al final de cuentas, se alcanzara lo que buscaba la Ley Estatutaria y que “eso debe incluir a todos los nacionales y a quienes habiten el territorio. Lo importante es definir un plan de salud especial mientras tengamos los recursos para ofrecer los servicios completos”, indicó.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Público (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, reconoció que con este impulso se busca que haya un beneficio social en términos de equidad, ya que “permitirá que disminuya la población pobre no afiliada y garantiza el acceso de los servicios a población y el pago de las atenciones”.
Aunque la noticia resulta positiva para los consultados, el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, plantea una duda alrededor de la cifra de dos millones de colombianos, porque para él no es claro en dónde se encuentran.
“¿Dónde están? La base de datos que manejamos en el sector salud está construida sobre las cotizaciones de las personas efectivamente registradas en el régimen subsidiado”, expresó Galán, al indicar que es una discusión de hace más o menos 12 años. La inquietud se le planteó al Ministerio de Salud a través de su oficina de comunicaciones, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.
Sin embargo, Galán recordó que en el país “pensamos que esa población desafiliada estaba en la guerrilla o los paramilitares que no estaban afiliados al sistema de salud”, pero esa duda sigue sin respuesta.
Frente a la presión que esto ejercerá en el presupuesto, la viceministra de salud, Diana Isabel Cárdenas, dijo que “los recursos provienen de impuestos generales aprobados por el Ministerio de Hacienda desde el año pasado y de igual manera aprobados en la Ley del Presupuesto”.
Con esta labor, el Gobierno empieza a sortear lo que el gerente de Frontera, Felipe Muñoz, llamó retos de segunda generación, es decir, que además de brindar la atención inmediata o de urgencias, se garantice la atención efectiva a los migrantes venezolanos.
Por ejemplo, en el artículo “Los desafíos para atender la migración venezolana”, publicado en EL COLOMBIANO el pasado 8 de enero, Muñoz manifestó que el país se enfocará en “encarar retos complejos, como salud sexual y reproductiva, salud mental y enfermedades de alto costo”.
Sobre la población migrante, Muñoz y Galán coincidieron en que la tarea que se mantiene es la regularización y formalización de los venezolanos pues, dijo Galán, aunque son alrededor de 200.000 que están cotizando y cofinanciando el sistema, “se debe formalizar a esta población, porque integrarlos a la economía de manera formal, llegan a aportar con recursos en el sistema con su cotización”.
Pese a esto, sigue existiendo una preocupación y es la deuda con los hospitales públicos, que bordea los $8 billones (que se empezó a sanear con el Acuerdo de Punto Final), en la que se incluye la atención que estas entidades han brindado a los migrantes. De acuerdo con Muñoz, bordea los 50 millones de dólares.
La presidenta de Acesi se mantuvo en que “esa es la preocupación”. “Esas deudas están pendientes de pago; solo han pagado $130.000 millones de los $430.000 millones facturados”.
