Cuando el Gobierno Nacional y las organizaciones humanitarias describen el flujo de venezolanos que ingresan a Colombia por la frontera, lo llaman “gota a gota”: hay días en que el conteo oficial reporta el paso de 25.000 ciudadanos, a veces son 30.000 y en ocasiones suman 36.000.
Coyunturas como la elección de la Asamblea Nacional Constituyente son determinantes, pero los venezolanos que hacen el tránsito por el Puente Internacional Simón Bolívar cruzan para abastecerse y suelen retornar (ver informe). Por eso, las autoridades que hacen presencia en la frontera coinciden en que la situación está bajo control.
Ahora, si el gota a gota se convirtiera en avalancha por cualquier giro sorpresivo en la política o economía del país vecino, Colombia tiene bajo la manga un controvertido plan: construir campos de refugiados para venezolanos en la frontera.
El plan de contingencia es manejado en el más alto nivel de las instituciones. Juan Carlos Restrepo, consejero de Seguridad de la Presidencia, está a la cabeza. Según le dijo a EL COLOMBIANO, el presidente Juan Manuel Santos lo encargó, junto con Cancillería, para asegurar que ante una eventual crisis migratoria “en el territorio haya lo que se necesita”.
“Tenemos lista la logística y de dónde la vamos a sacar y cómo se va a administrar”, reveló. “Sabemos qué se requiere y pues estaremos preparados para abordar esa opción”, continuó, sin agregar más detalles.
De hecho, Restrepo y otros dos representantes del Gobierno Colombiano (Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, y Víctor Alfonso Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores), visitaron entre el 7 y el 14 de mayo pasados campos de refugiados en Turquía, país al que han llegado tres millones de sirios en seis años de conflicto.
“El Gobierno colombiano estaba interesado en saber cómo ha hecho Turquía para abrir las puertas a los sirios sin restricciones y con efectividad, y evaluar cómo ha sido la gestión de la política hacia los refugiados”, le respondió la Embajada de Turquía a este diario, y agregó que ese país, que ha levantado 10 campos de refugiados, está dispuesto a acompañar al Gobierno de Santos en esa materia.
De acuerdo con Restrepo, el viaje se hizo por invitación de la Agencia de Cooperación del Gobierno de Turquía (TIKA), y tenía como propósito compartir las experiencias de ese país en el manejo de una crisis de refugiados de grandes proporciones.
Dentro de los aprendizajes estuvo el énfasis del gobierno turco en tener una trazabilidad rigurosa de los migrantes, es decir, recoger información sobre cada una de las personas que llegan al país: su ubicación, sus necesidades y las condiciones, de tal forma que el Gobierno pueda prepararse para atenderlos y no se desborde en sus capacidades.
A la hora de trasladar esa estrategia al caso colombiano, el Consejero menciona que habría un grado de dificultad, en la medida en que parte de la migración de venezolanos ocurre por trochas y caminos irregulares, “impidiéndo tener información verificable”.
No obstante, lo que Colombia sí puede tomar de Turquía es ajustar la normatividad para facilitar la acción de las agencias del Estado: “Esto sería importante pues, por ejemplo, hace falta que se permita a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo actuar en ciertos casos sin necesidad de tener que declarar la calamidad pública, que es un evento extremo”, dijo, y anticipó que ya se está trabajando en eso.
El peor escenario
Si bien levantar campos de refugiados para venezolanos en Colombia está entre las opciones, también es cierto que es la última. “Es el peor escenario” (...) “solo en caso de que haya un tsunami de personas que vienen y se nos queden”, advirtió Restrepo, y afirmó que para la coyuntura actual, en donde los que están entrando al país son en buena proporción (70 %) colombianos o familias mixtas que retornan al país, “la figura no aplica”.
Ahora bien, ¿qué tan lejos estamos de ese “peor escenario”? Para los organismos que prestan ayuda humanitaria en la frontera, aún es remoto. Jozef Merkx, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estuvo hace poco en varios puntos fronterizos y encontró que aunque se habla mucho de un aumento, no hay flujos masivos. “Seguimos hablando de un escenario gota a gota. Estamos de acuerdo con el Gobierno en que hay que monitorear la situación, pero no alarmar”, señaló.
No obstante, en las últimas dos semanas, Juan Carlos Cortés, secretario de Fronteras de Norte de Santander, identificó un cambio de comportamiento en la dinámica migratoria: un aumento en el número de personas que ingresan a Colombia y no volvieron a Venezuela, como era usual.
El fenómeno, dice, se podría atribuir a que más venezolanos se motivaron a venir, aprovechando el recién expedido Permiso Especial de Permanencia, con el cual unos 150 mil ciudadanos del país vecino a quienes se les vencieron los permisos para estar en el Colombia, podrán solucionar su permanencia hasta por dos años, con posibilidades de trabajar y estudiar.
Otra causa, es que estas personas podrían estar en tránsito para salir por Ecuador hacia Chile, Perú y otros países, donde la regularización de su estatus migratorio es más ágil y hay más posibilidades de empleo.
Con todo y estas salvedades, EL COLOMBIANO conoció con fuentes que cooperan en el monitoreo de la frontera, que entre el 7 y el 16 de agosto pasados más de 26.000 venezolanos que ingresaron a Colombia por Norte de Santander no volvieron a su país y pudieron haber partido a otras ciudades del interior o a otros países.
Aunque reconoce que la mayoría de venezolanos que están entrando por la frontera no se quedan en su municipio, para Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, en Norte de Santander, en las últimas semanas, la migración dejó de ser gota a gota, y está “a chorros”.
De hecho, un antiguo colegio, que fue trasladado a otra sede para ser remodelado, fue adecuado como albergue para 300 personas en caso de existir una emergencia. El Colegio La Frontera, a 200 metros de la línea fronteriza, ya tiene 15 salones con 10 camarotes cada uno, duchas, baños, luz y ventiladores. Además, el alcalde tiene preparados dos polideportivos en los que, en caso de requerirse, se instalarían carpas para acoger a más migrantes.
Luis Javier Agudelo, alcalde de San Cayetano, también siente que ya no se trata de un flujo gota a gota, sino “mayor”, y aunque no tiene una cifra de qué tanto ha aumentado la llegada de venezolanos y de colombianos retornados a ese municipio del área metropolitana de Cúcuta, describe que es “impresionante” la cantidad de personas en los andenes, las terminales y los parques: “quienes trabajaban en la informalidad, en las ventas ambulantes y en los lavaderos de carros, han sido desplazados por estos nuevos pobres que están llegando”.
Para Agudelo, el problema podría fácilmente salirse de las manos, en la medida en que “ningún alcalde de los municipios metropolitanos de Cúcuta está preparado para una emergencia como la que se teme”.
Sobre esa inquietud, el Secretario de Fronteras afirma que en caso de haber una entrada masiva está claro que se tomarán las medidas del plan de contingencia, en el que, dice, está previsto un campamento para refugiados. Sin embargo, el que entraría a hacer las inversiones sería el Gobierno Nacional, “porque nosotros (alcaldías y Gobernación de Norte de Santander) no tenemos los recursos necesarios para asumirlo”.
Más peros que aplausos
Cuando se le pregunta a Mukesh Kapila si le recomendaría a Colombia levantar un campo de refugiados en una eventual crisis migratoria, el exdirector del Departamento de Acción en Crisis de la OMS y excoordinador humanitario de la ONU en países conflictivos como Afganistán y Sudán, responde: “nunca lo hagan”.
Según dice, la medida ha demostrado que en zonas donde hay conflictos sociales y políticos, los campos conducen a problemas de seguridad interna (como violaciones sexuales y asesinato), a dificultades para conseguir agua y a la proliferación de enfermedades infecciosas.
De igual forma, estos espacios (que a veces se convierten en barrios o ciudades completas, como en la frontera de Siria con Jordania) son difíciles de desmontar. Una vez los problemas en los países de origen son resueltos, sus ocupantes quedan muchas veces dependientes de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir y prefieren quedarse.
Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, advierte que aunque su organismo ha manejado campamentos en Kenia, Somalia y Jordania, lo más apropiado es “evitarlos al máximo posible”. Según explica, estos espacios se vuelven difíciles de controlar y la garantía para el acceso a servicios se agrava, las condiciones de vida digna en carpas disminuyen y las zonas donde hay gran concentración de personas son altamente vulnerables a la violencia.
De acuerdo con Visnes, en la frontera con Venezuela la mayoría de zonas tienen particularidades que dificultarían el manejo de un campo para refugiados: baja infraestructura, violencia mezclada con impunidad e informalidad. “Siendo así, se van a generar unos niveles de inseguridad mayor y muy difíciles condiciones para proveer servicios básicos y protección”, infiere.
Ni siquiera ACNUR lo recomienda. De hecho, el organismo le ha sugerido al Gobierno que desista de esa opción y busque otras alternativas. Según cuenta Josef Merkx, los campamentos suelen frenarles a los refugiados las posibilidades de trabajar y de convivir con la sociedad receptora, por lo que frente a un escenario de crisis (aún lejano) sería mejor pensar en un sistema de asistencia humanitaria que, aprovechando la solidaridad en la frontera, dé apoyo a los venezolanos para que puedan quedarse temporalmente con otras familias u obtengan subsidios de arriendo.
“No aconsejaría crear campamentos en absoluto, sino establecer en lugares más pequeños a un número razonable de refugiados. Eso puede ser absorbido por las autoridades y permitirles acceder al mercado del trabajo”, sugiere por su parte Giovanni Peri, profesor de Economía del Desarrollo en la Universidad de California.
Pero no siempre estos lugares terminan siendo un desastre. Si hay recursos apropiados para buenos alojamientos, atención médica y psicológica y acceso a servicios básicos, “los campos son menos problemáticos”, menciona Kevin R. Johnson, experto en derechos de los migrantes de la Universidad de California en Davis, y agrega que dependiendo del número de refugiados, “pueden ser apropiados para controlar la afluencia venezolana a Colombia”.
Incluso, los campos de refugiados pueden ser económicamente beneficiosos. Carlos Vargas-Silva, investigador del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford, encontró que hay oportunidades para fortalecer las relaciones comerciales entre los refugiados y la comunidad de acogida, para aumentar la demanda de bienes y servicios e incrementar fuerza laboral de una región.
Por ejemplo, el campo de refugiados de Dadaab (Kenia), el más grande del mundo, logró que el comercio de carne representara 1,8 millones de dólares para ese país y que la comunidad de acogida obtuviera ganancias por 1,2 millones de dólares cada año en venta de leche.
Su historia de un cuarto de siglo acogiendo a refugiados no parece terminar. Tres generaciones de somalíes viven ahí, a 80 kilómetros de su país, entre el desierto y la maleza, y aunque persiste la discriminación de los kenianos y las ayudas pueden tardar más de un mes, según encontró Médicos sin Fronteras, solo el 20 % sueñan con retornar a su patria.
51
mil venezolanos han accedido al Permiso Especial de Permanencia en Colombia.
65 %
ha crecido el número de refugiados en el mundo en los últimos cinco años.
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