En la reunión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra en Ginebra, el gobierno colombiano condenó la presión que ejerce Nicaragua contra líderes, Iglesia y periodistas, entre otros.
Colombia lo anticipó hace una semana: el canciller Álvaro Leyva manifestó que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno al que representa dio el visto bueno sobre el informe que señala que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, vulnera los derechos humanos de líderes, periodistas y representantes de la Iglesia.
El documento registró que el país centroamericano “sigue reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica, de asociación y de religión. Solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1.112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo y otras”.
El informe, entregado en la tarde de este miércoles, hizo énfasis en que el gobierno nicaragüense realiza graves violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos de su población, y frente a esta situación, Ortega ha cerrado con candado las puertas de un diálogo que a los ojos de la comunidad internacional, se hace necesario implementar. “El Gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico”, dice el informe.
La declaración fue firmada por 40 países, entre los que están Francia y España, además de Costa Rica, Chile y Perú.
La firma del documento se da después de que se hiciera público que en la pasada Asamblea de la OEA, Colombia estuvo ausente cuando Ortega fue señalado como un mandatario que viola los derechos humanos, razón por la cual la cancillería colombiana tuvo que salir a dar explicaciones sobre el episodio y afirmó que no estuvo en la votación porque adelantaban una labor humanitaria.
Esta labor consistía en solicitarle al gobierno de Nicaragua la liberación de 15 presos políticos, pero Ortega no dio su brazo a torcer y decidió dejar a los detenidos en prisión, situación que incomodó a Colombia.
Tras la negativa, Leyva precisó que Colombia no ayudaba ni apoyaba al régimen de Ortega, y expresó que firmaría la declaración en la que se registró que las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, “especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018 según datos de la sociedad civil”.
