El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo un decreto histórico que marcaría un hito en el tratamiento de los cultivos de uso ilícito. Se trata de la regulación de plantaciones de hoja de coca, cannabis y amapola con fines medicinales y científicos.
Tal como estipula el documento de 17 páginas –que aún está en correcciones y pendiente de sanción presidencial– las autorizaciones para este tipo de cultivos se entregarían a entidades públicas asociadas a personas de la sociedad civil y se extenderían hasta por cinco años continuos con posibilidad de renovar mediante una solicitud simple.
Pero la autorización no sería una carta en blanco para cualquiera que quiera tener un cultivo personal o lucrativo.
De hecho, el proyecto de decreto es bastante claro con que quienes soliciten la autorización deberán contar con dos componentes: la participación de una entidad pública, “que podría ser alcaldía, gobernación, entidades nacionales o cabildos”, y la asociación con organizaciones campesinas o comunidades étnicas situadas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.
Con esto último, se entiende que la intención del Gobierno Petro es, posiblemente, ayudar a los pequeños cultivadores de hoja de coca que son perseguidos penalmente y que, según él, deberían recibir el apoyo del Estado por estar en el eslabón más débil de la cadena.
De hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que este decreto para regular el cultivo y porte de coca, cannabis y amapola busca transformar esas plantas tradicionalmente vinculadas al narcotráfico en materias primas para la fabricación de productos legales como pinturas, alimentos, cosméticos, fertilizantes, gaseosas, entre otros.
“Lo que busca esencialmente este decreto es contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural, bajo un enfoque de justicia social. Es indispensable que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicadas en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico puedan usar estas plantas para la generación de una industria lícita, con la supervisión y el apoyo del Estado”, aseguró Osuna.
Por eso mismo, las licencias tendrían estrictos controles de calidad para asegurar que lleguen a las personas y entidades correctas. Dicho eso, MinJusticia aseguró que las autorizaciones tendrían que pasar previamente por el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo de decisión del que hacen parte entidades como la Fiscalía, la Policía y la Procuraduría.
Ahí mismo, según estipula el decreto, se crearía un “Comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias del Consejo Nacional de Estupefacientes”.
Por último, el documento establece las condiciones para cada una de las licencias que son distintas y que se deben solicitar por separado: poseer semillas, cultivar las plantas y usar las plantaciones para fines médicos o científicos.
