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Con el fin que las comunidades se comprometan y entiendan su papel en la conservación, el Gobierno firmó un acuerdo de voluntades con las comunidades cercanas al río Bita, en Puerto Carreño, para que sean ellas las que se encarguen de su protección. Así, el río Bita será el primer afluente protegido por las comunidades.
El proyecto piloto es liderado por el Instituto Humboldt, la Gobernación de Vichada, la Fundación Omacha, WWF Colombia, Corporinoquía, Parques Nacionales de Colombia, Fundación Orinoquía, Reserva Natural la Pedregoza, la Armada y la fundación Palmarito. Aunque en la actualidad el proceso está avanzando, se espera que en los próximos días se concrete con la firma del acta de inicio. Una vez se surta este trámite, tendrá 14 meses para ser ejecutado con una inversión $1.559 millones.
El viceministro de Ambiente, Pablo Vieira Samper, le explicó a EL COLOMBIANO que la iniciativa que se tiene es innovadora desde el punto de vista de lo que representa una área protegida en Colombia.
“Esta no es una declaración por parte de Parques Nacionales o de una corporación autónoma regional. Sino que es una iniciativa de acuerdo de comunidades que se benefician de la cuenca. Este es un río que tiene 500 kilómetros de largo donde tienen una serie de organizaciones que están trabajando por la protección, la preservación y el uso sostenible que está en la cuenca del río”, señaló.
El funcionario subrayó que no será, como tal, una zona protegida en donde a través de un acto administrativo se prohiben unas actividades y se delimita un área, “sino que es un acuerdo de voluntades entre las comunidades. Esto para nosotros es fundamental ya que como Estado no tenemos la capacidad de proteger todos los ecosistemas estratégicos a través de figuras como la de parques, ya que eso implica muchos recursos. Creemos firmemente en que la sociedad hace parte esencial de las estrategias de conservación. Si las personas no se involucran es imposible lograrlo, así se declare una área protegida”.
Entretanto, Clarita Bustamante, investigadora del Von Humboldt, explicó que la zona tiene una gran riqueza biológica, pero también riqueza cultural. Destacó que hasta ahora la sociedad cree que se va a crear un parque y eso ha generado “un poquito” de resistencia porque los parques tienen una restricción de uso.
“En este caso, no se está promoviendo restricciones si no usos sostenibles. Una vez la comunidad ha ido entendiendo que no implica restricción de uso, que no será un parque, sino una figura social para proteger al río, van incorporándose al proyecto”, explicó.
Por último, frente a la pregunta de cómo surgió la idea de trabajar con las comunidades, agregó que el sistema ambiental no “es suficiente a pesar de que son muy importante las áreas que están protegidas por el Estado”.
DESDE ADENTRO
El río protegido es un instrumento social
La investigadora Bustamante explicó que el objetivo del proyecto es que “la misma sociedad se compromete sin que esté mediando un instrumento legal. El río protegido es un instrumento social, son unos acuerdos. Entonces, se van a encontrar a lo largo de toda la cuenca, unas áreas protegidas a través de una figura legal y unas áreas del río que están protegidas, pero por un acuerdo de las comunidades”.