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Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 02 de junio de 2020
Con una tutela lograron suspender una audiencia pública virtual indispensable para volver a fumigar.
El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto tuteló a las asociaciones de campesinos de diferentes regiones sus derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, al acceso a la información y a la participación, que iban a ser violados con una audiencia virtual en la que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidiría el futuro de la fumigación con glifosato.
Esta audiencia es un trámite sin el cual el Gobierno no puede emprender la aspersión aérea, para lo que se está preparando hace casi dos años.
El argumento de los labriegos, apoyado por las organizaciones Dejusticia, Elementa Consultoría en Derechos, Acción Técnica Social y la Corporación Viso Mutop; el Municipio y la Personería de Policarpa (Nariño), y la Procuraduría, se sustentaba en que el acceso a los medios virtuales para las comunidades más apartadas, que son precisamente las que se verían más afectadas por las fumigaciones, son limitados, por no decir nulos.
Así las cosas, los campesinos no tendrían cómo acceder y hacerse escuchar. Para el Ministerio Público “la audiencia pública debe cumplirse con todas las garantías de participación, situación que no se verifica en el presente caso; del amparo deberá otorgarse hasta tanto se cumplan adecuadamente, y la audiencia virtual pueda adelantarse con la ayuda tecnológica para quienes no tengan la posibilidad de un acceso virtual directo”.
A juicio de los tutelantes, la pretensión de la Anla era comprimir en una única audiencia la participación en la toma de una decisión trascendental que afectaría directamente a 104 municipios y también los derechos ambientales.
Respuesta estatal
La Anla contestó para el trámite de la tutela que la audiencia no es vinculante y que los campesinos tendrían otras formas de enterar al Gobierno de sus opiniones, observaciones y peros, tal como lo establece la Ley 1437 de 2011.
Así mismo, la Policía Antinarcóticos consideró que para la reunión “se está convocando e involucrando a la ciudadanía de manera más amplia, general y organizada, como nunca se había visto antes en este país, generando espacios de interacción directa con las autoridades administrativas”.
Y agregó que “una audiencia presencial no garantiza que la población alejada pueda asistir, que tenga los recursos para su traslado y ejercer su participación efectiva”.
Sin embargo, el juez consideró justos los reclamos de los campesinos y ordenó frenar la realización de la audiencia.
A su vez, el ministerio de Defensa señaló ayer ante los reclamos de las comunidades en las útimas semanas que continuará con la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito porque “se realiza bajo los parámetros de respeto a los derechos humanos” .
Contexto de la Noticia
PARA SABER MÁS Las órdenes judiciales
El juez ordenó acumular cuatro acciones de tutela que cursaban en diferentes juzgados del país y acogió las solicitudes de los campesinos e impartió órdenes a la Anla y a la Policía Nacional, según las cuales suspende la audiencia ambiental hasta que se brinden garantías reales y efectivas de participación masiva para la comunidad en general por medios virtuales o en su defecto en forma presencial cuando ello sea ya posible. Así mismo, la Anla tendrá que pedir excusas a los labriegos y comunidades por incurrir en una violación infundada de sus derechos fundamentales.
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.
