Posconflicto también quiere decir hacer las paces con el ambiente, devolverle eso que por 58 años de conflicto se le ha negado: conservación. Es por eso que el Ministerio de Ambiente lanzó el programa Bosques de Paz, con el que se busca sembrar ocho millones de árboles en las zonas más deforestadas del país. La meta es hacerlo hasta diciembre de 2018.
Es de anotar que el 75 % de la deforestación se concentra en municipios afectados por el conflicto armado, según el Departamento Nacional de Planeación, DNP. De las siete causas evidenciadas por el Ministerio de Ambiente que llevaron a esta deforestación, cuatro estaban asociadas a la guerra: cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales y de madera y desplazamiento.
Así a la deforestación habría que sumarle otros graves daños: la contaminación por mercurio causada por la minería ilegal, los derrames de hidrocarburos por los ataques a la infraestructura petrolera y la presencia de minas antipersonal.
En un informe elaborado en diciembre de 2016, el DNP reveló que “en los últimos 35 años la infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol ha sido atacada 2.575 veces y se han derramado 4,1 millones de barriles de petróleo. Se calcula que cerca del 60 % de las fuentes hídricas principales del país se han visto potencialmente afectadas por la voladura de infraestructura petrolera y la minería ilegal”.
A todo esto es a lo que el Gobierno pretende ponerle un freno, aprovechando la salida de las Farc de territorios históricamente dominados por esa guerrilla, que paradógicamente, al ya no ser controlados por esa insurgencia pueden correr más riesgo aún.
“En este momento estamos observando que con la salida de las Farc de muchas de las áreas en las cuales llevaban muchísimo tiempo controlando el territorio, que las mismas comunidades que convivían con esta guerrilla, ahora no tienen un mandato o un régimen impuesto y están arrasando con sus bosques, sucede en Caquetá, Guaviare, Meta, Magdalena Medio”, señala Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
De acuerdo con la científica, es difícil conciliar esta perspectiva con el reconocimiento de que las Farc sí ejercían un control territorial porque, independientemente de la legitimidad de ese control, el efecto ecológico sí fue el control de la deforestación.
Por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, reconoce que en el municipio El Retorno, Guaviare, arrasaron, en los últimos tres meses, con cerca de 400 hectáreas de bosque. Según líderes locales e información del Ministerio, los responsables del daño ambiental serían redes criminales que buscan ampliar la frontera agrícola y que llegaron a las zonas que antes ocupaban las Farc.
Por eso el Gobierno tiene por delante un gran esfuerzo, que le exigirá mucha paciencia, agrega Baptiste.
“Necesitamos gobernar nuestros bosques y eso implica que las autoridades ambientales regionales desplieguen, junto con la Fuerza Pública o con alianzas con las comunidades, un nuevo modelo de gobernanza, por eso es que llegamos a los Bosques de Paz”, señala la directora.
Oficialmente, el programa se creó desde el 28 de febrero de este año a través de una resolución del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, fue hasta el pasado 10 de abril cuando se hizo realidad con la primera siembra de árboles en Granada, Antioquia.
Desde este municipio, el presidente Juan Manuel Santos se trazó la meta de sembrar ocho millones de árboles en honor a las víctimas del conflicto armado. Solamente para Granada, el Gobierno destinó 3.500 millones de pesos para intervenir un total de 1.200 hectáreas de bosque. Teniendo en cuenta que el 90 % de los municipios priorizados en el posconflicto tienen zonas boscosas, el Ministerio busca, en primera medida, salvaguardarlas. Según cálculos del Ministerio habrá entre 32 a 52 bosques de paz en Colombia.
En general, el Ministerio cuenta con 3 billones de pesos para disminuir los índices de deforestación en el país. A finales de 2018, en teoría, los bosques ya deberían estar en los paisajes que hoy en día se reducen a la desolación. Más allá del horizonte verde que promete este programa, existe la obligación de involucrar a las comunidades campesinas en proyectos para estos territorios, donde la ganadería y el comercio ilegal de madera son pan de cada día.
De hecho, el primer objetivo de Bosques de Paz, como lo señala esa cartera en la resolución, es “integrar la conservación de la biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades organizadas”. Esta meta está ligada con el punto uno del Acuerdo de Paz de La Habana, el cual busca la construcción de una “política de desarrollo agrario integral”, con la que se erradicaría la pobreza rural extrema y disminuiría, en un lapso de 10 años, el 50% de la pobreza en el campo.
Para este caso específico, a las familias que trabajen en la conservación y protección de esos bosques el Gobierno les pagará entre 300.000 y 600.000 pesos mensuales.
El ambientalistas Julio Carrizosa Umaña, especialista de la Universidad de Harvard, prevé que si se cumplen los objetivos de este proyecto en 10 años se podría detener la erosión que afecta al 40 % del territorio colombiano.
Pese a las bondades del proyecto, el Gobierno tendrá que precisar los planes agrícolas para las zonas deforestadas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la conversión de bosques a zonas para la agricultura representa el principal motor de la deforestación. Entre 2000 y 2010, en los países tropicales se perdieron 7 millones de hectáreas de bosque”.
El modelo de bosques de paz tiene tres ejes: conservación ambiental, desarrollo sostenible y participación comunitaria. Llama la atención que del valor total del proyecto, 150.000 millones de pesos , para conservación ambiental se destinará el 55 %, para educación ambiental el 8 % y para proyectos productivos solamente el 10 %. El porcentaje restante está distribuido en imprevistos, administración del programa y monumentos vivos de paz.
Actualmente se están creando Bosques de Paz en los siguientes territorios: Vaupés, Bolívar, Antioquia, Quindío y Cesar.
Para Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, “Bosques de Paz es una buena iniciativa siempre y cuando sea parte de una estrategia integral de sostenibilidad ambiental frente al cambio climático. No funciona como una acción puntual y aislada”. Como Bosques de Paz está en formulación, Hernández recomienda que el programa sea incluido “como parte de los Planes de Desarrollo Territorial (POT) de municipios y departamentos. Así se garantiza incluir actividades de mitigación y adaptación frente al cambio climático. También se puede garantizar el presupuesto a mediano y largo plazo”.
Alejandro Parra, ingeniero de la Universidad de Los Andes e investigador de la Universidad de Stuttgart (Alemania), considera que Bosques de Paz debe enfocarse de acuerdo a cada territorio en particular: “depende del tipo de vegetación que haya en la zona. Por ejemplo, en los lugares donde se hayan despejado las laderas de los montes, plantar árboles reduce la erosión. Eso sí, debe ser vegetación nativa y de varios tipos, no solo una especie de árbol. Sería riesgoso que por cumplir con el número de árboles en un tiempo tan corto, el Gobierno desarrolle el programa de la misma manera en todas partes, sin estudiar juiciosamente la vegetación nativa”.
“Bosques de Paz es, digamos, la respuesta rápida al tema de la deforestación en el posconflicto, pero claramente necesitamos unas inversiones mucho más grandes y duraderas”, manifiesta Baptiste, ya que hay que considerar que cultivar bosques o manejar ecosistemas forestales implica inversiones persistentes por lo menos por 10 años, sobre todo si se habla de madera o de productos no maderables del bosque que requieren cierta calidad en el ambiente, para lo que “todavía no hay un modelo de incentivos económicos suficientemente robustos”.
Así que la directora del Instituto Humboldt cree que Bosques de Paz es un muy buen punto de partida, pero se requieren reformas importantes, ojalá, vinculadas con el tema del Desarrollo Rural Integral.
En ese mismo sentido opina Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y del Desarrollo Sostenible: “Ocho millones de palos suman, pero no se pueden sobredimensionar, no son suficientes para recuperar medio país afectado por seis décadas de conflicto”.
Baptiste y Botero coinciden en que los daños reversibles podrán mitigarse al cabo de 25 o 30 años, habrá otros, como los ocasionados por el derramamiento de crudo, que nunca podrán recuperarse.
Sin embargo, Botero es pesimista, porque a esa cantidad de tiempo agrega el plazo en el cual el Estado pueda unificar sus criterios de atención territorial, en la que los gobiernos nacional, regionales, locales hablen el mismo lenguaje, sumado a que haya la inversión necesaria, por lo que podría tardar, incluso, siglos.
