Ratificando la independencia y autonomía de la Registraduría Nacional, este martes la cabeza del organismo, Hernán Penagos, confirmó que pedirán a las altas cortes que, “ágil y oportunamente”, se pronuncien sobre la legalidad del decreto que da vía libre a la consulta popular. Lo anterior, ante la insistencia del Gobierno Nacional de convocar a las urnas, pese a que el Senado se pronunció en contra del mecanismo.
“Hay un problema jurídico de talla mayor”, admitió Penagos, quien señaló que ante diferentes instancias cursan varias demandas y que, ante la controversia jurídica, son las altas cortes las llamadas a dirimir el lío jurídico.
El registrador reconoció que hay una controversia jurídica mayúscula entre el Senado, que a través de su secretario concluyó que la plenaria negó el mecanismo, y lo que reclama el Gobierno de Gustavo Petro, que advierte por presuntas irregularidades durante el trámite de la consulta en Senado, entre ellas, que no se votó vía proposición, que no hubo suficiente tiempo para votar o que se cambió el sentido del voto de un senador.
“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, explicó Penagos.
Por todo ello, el registrador manifestó que, en primer lugar, solicitará concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por otro lado, emitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y remitirá copia de la solicitud ante la Procuraduría. Finalmente, pedirá a las altas cortes que se pronuncien “ágil y oportunamente” sobre las diferentes demandas interpuestas.
“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, agregó.
Además, Penagos llamó la atención por las certezas jurídicas que se requieren para convocar un proceso electoral, teniendo en cuenta que en juego estarían recursos por el orden de $750.000 millones. “Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada”, puntualizó.
Si bien el Gobierno confía en que el proceso, de prosperar, se celebre el próximo 7 de agosto, el registrador aclaró que hay cerca de 53 días y materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en este periodo de tiempo: “Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable”.
Sin embargo, ante el concepto del registrador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reclamó que el registrador no debe hacer una excepción constitucional, sino acatar el decreto y actuar como un operador logístico.
“Yo creería que él no está acatando el decreto, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno. Creo que se está equivocando que gravemente en eso”, dijo Benedetti.
