La Contraloría General de la República (CRG) encontró desorden administrativo al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), correspondiente a la vigencia 2014 en temas de contratación.
En el comunicado de prensa emitido por la entidad de control se indicó que anomalías como reconocimiento y pago de bienes y servicios sin los debidos soportes, así como arrendamiento de vehículos sin respaldo presupuestal y contractual son parte de las irregularidades que quedaron en evidencia.
La Contraloría detectó un presunto detrimento patrimonial por 14.790 millones de pesos, “representados en el acumulado de los reconocimientos y pagos de los denominados ‘Gastos Reembolsables’ de cuatro contratos de 2014 y de tres contratos de 2012, por facturas que no cuentan con los soportes respectivos como pasabordos utilizados, recibos de peaje, soporte de consumo de combustible y facturas de los pasajes comprados, por lo que existe incertidumbre sobre la real prestación del servicio cancelado”, dice la CGR.
La Contraloría encontró en la base de datos de la UNP, que tienen un total de 9.646 beneficiarios del programa de protección, pero la información tiene inconsistencias.
“La tercerización ha generado altos costos para la UNP, lo que aunado con las deficiencias en la prestación de sus servicios lo que han llevado a que la Entidad presente un déficit fiscal aproximado de 40.000 millones de pesos”.
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