El presidente Gustavo Petro se enfrenta a un nuevo choque con la Corte Suprema apenas una semana después de la pelea por el bloqueo al Palacio de Justicia. Esta vez, el alto tribunal se fue con toda a criticar la “comisión internacional contra la impunidad” cuya creación están apoyando desde el Gobierno Petro.
Tal como lo informó el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, si el director de la Justicia Penal Militar y Policial insiste en la idea de solicitar dicha Comisión, la Corte Suprema “se abstendría de seguir participando en la comisión de reforma a la Justicia”.
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Esa decisión sería una de las primeras acciones del alto tribunal para demostrar su inconformidad y también enviaría un duro mensaje a las reformas de Petro, pues la Comisión de Reforma a la Justicia no se puede permitir que salga de la mesa uno de los tribunales más importantes del país.
Esto último, además, se suma a las tensiones entre la Casa de Nariño y la Corte por el bloqueo de manifestantes a una de las entradas del Palacio de Justicia. Esa vez, múltiples voces del país responsabilizaron al presidente de “impulsar” y “crispar los ánimos” para que esos ciudadanos intentaran tomarse de manera violenta esa sede institucional.
Pero, ¿qué es una comisión internacional de justicia y por qué Petro apoya su creación en Colombia?
Tal como explicó el mismo director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, la Comisión Internacional que funcionaría en el país sería una muy similar a la que ya funcionó en Guatemala.
Dicha entidad, fue “un organismo internacional independiente establecido por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en el 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el gobierno de ese país”.
Así las cosas, la Comisión funcionó entre el 12 de diciembre de 2006 y el 3 de septiembre de 201 y se concentró en apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado, “tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos”, tal como se lee en documentos oficiales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
De hecho, Colombia y el mismo presidente Petro fueron muy cercanos a ese proceso de investigación en Guatemala, pues uno de sus miembros investigadores fue el entonces fiscal Álvaro Leyva Durán, un hombre que tiene la entera confianza del presidente Petro y que nombró durante un año y medio como su canciller.
De hecho, el mismo Leyva propuso en abril de 2023, mientras era ministro del Exterior, crear una Comisión similar para investigar el supuesto entrampamiento que le habrían hecho algunos actores judiciales al Acuerdo de Paz entre las extintas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Esa vez, por supuesto, la discusión también implicó un duro choque con el entonces fiscal general Francisco Barbosa.
Lo cierto es que la idea de una Comisión Internacional contra la Impunidad puede sonar atractiva y hasta beneficiosa para un país como Colombia, pero el descontento de las Cortes es por una razón sencilla: crear una entidad de ese tipo en el país implicaría reconocer que la justicia no está funcionando como debería y necesita una “ayuda extra”, como se ha dicho todo este tiempo en Colombia.
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Así las cosas, para el Gobierno Petro estaría claro que solicitar una intervención exterior de ese tipo implicaría, per se, crear una nueva pelea con el poder judicial.
¿Continuará el Gobierno con su idea aun con el costo que eso podría traerle en gobernabilidad? Eso aún está por verse.
Según la propuesta de Rodríguez que el Gobierno apoyó, la Comisión “operaría bajo reglas de juego claramente concertadas con la comunidad de naciones, representada por alguno de los organismos multilaterales anejos al tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que hombro a hombro con las autoridades colombianas apoye investigaciones contra la delincuencia dura, sería un reforzamiento estructural del sistema judicial y con ello de la democracia nacional”.
Por ahora, solo queda esperar el proyecto de Reforma a la Justicia que le presentará el Gobierno al Congreso de la República y en el que deberá quedar, o no, ese punto de la Comisión Internacional.
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