El exfuncionario fue imputado por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el recurso que busca anular la medida de aseguramiento impuesta contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) e imputado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González, quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, está prófugo desde hace varios meses y su paradero es desconocido.
En su pronunciamiento, la Corte informó que no es competente para conocer el asunto y dejó claro cuál es el procedimiento que se debe seguir en este tipo de casos. Citando el marco legal aplicable, recordó que:
“En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Los autos proferidos en ejercicio de esta función serán susceptibles del recurso de apelación ante la Sala que le sigue en turno del mismo tribunal”.
Este pronunciamiento deja en firme que, aunque el proceso involucre a aforados como González, los recursos sobre medidas de aseguramiento no se resuelven directamente por la Corte Suprema, sino por el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Penal, conforme al turno correspondiente.
Carlos Ramón González fue imputado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre el desvío de multimillonarios recursos de la UNGRD, en una trama que ya tiene en prisión a varios exfuncionarios, contratistas y excongresistas. La medida de aseguramiento en su contra se dictó en ausencia, pues el exfuncionario no se presentó ante las autoridades y hasta ahora permanece prófugo.
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Este pronunciamiento de la Corte aclara el camino jurídico mientras las autoridades continúan tras la pista del exfuncionario, quien enfrenta cargos por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
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