Al completarse un mes del cierre fronterizo por parte de Venezuela, la atención humanitaria en la frontera continúa con 17 albergues activos en los que permanecen cerca de 2.400 personas. Detrás de la logística está Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, quien dijo que aunque no hay un dato consolidado, solo en asistencia humanitaria se han invertido cerca de 10.000 millones de pesos.
Explíqueme algo: ¿por qué la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asumió esta crisis humanitaria?
“Se da en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. Me explico: si hubiese sido únicamente la atención de las personas que entran a través de Migración, no hubiera sido necesaria la activación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero lo que ocurrió fue que se dio un éxodo grandísimo en el que mucha gente comenzó a salir de Venezuela y se requería atención humanitaria. Es esa situación la que hace activar el sistema de emergencias para brindarles ayuda humanitaria. También se activa debido a la declaratoria de calamidad y a la emergencia económica y social que declaró el Gobierno”.
¿Cuánto le ha costado al país atender esta crisis?
“El dato no lo hemos consolidado. Debemos sumar toda la logística de un servicio interinstitucional y eso lo estaremos haciendo próximamente. En la asistencia humanitaria los recursos pueden estar cerca a los 10.000 millones de pesos”.
¿Esos recursos estaban?
“Sí. Tenemos unos recursos con el Ministerio de Hacienda y hay voluntad política de atender la crisis”.
¿Cuánto tiempo le pone para que los albergues estén funcionando?
“Mientras esté cerrada la frontera la situación va a tener esa complejidad. Ahora, lo que se nos viene es la oferta institucional y es que ya la gente está recibiendo ofertas laborales, hay subsidios de arrendamiento por tres meses, tienen definida su situación militar. Además de toda la atención en salud que se ha manejado y no se ha bajado la guardia en la educación ya que los niños que están en los albergues están escolarizados y continúa el corredor humanitario por donde pasan cerca de 2.000 niños a diario”.
¿Qué es lo que está pasando con unos abogados?
“Hay abogados que están aprovechando para ofrecerles a los afectados la oportunidad para instaurar demandas para sacarle a esto provecho. Demandamos a una persona que está rondando por los albergues. Y también estamos haciendo un cruce de información, ya que aparte de los abogados, detectamos que hay gente que se ha registrado y que no tiene derechos y eso es un delito. Le digo algo, lo que esa gente hace, genera es un dolor de patria, no se entiende por qué una persona es capaz de hacerse pasar por un afectado para beneficio propio. ¡Eso es un acto ruin, eso es un delito!. Hemos visto que llegan en taxi hasta el albergue, con maletas y todo... para eso estamos acompañándonos de la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía”.
Además de atender la crisis en la frontera, la Ungrd tiene una temporada seca compleja. ¿Se pueden atender las dos cosas al tiempo? ¿Hay cómo reaccionar?
“Sí. La situación de la frontera la estamos trabajando con la capacidad de Norte de Santander que ha sido muy importante, con algunas carencias, pero contamos a nivel nacional con subdirecciones que están coordinadas. Además, tenemos la sala de crisis de sequía activada y ahí tenemos el apoyo del Ministerio de Ambiente. Además, desde Cúcuta tengo un centro de comunicaciones donde estoy en contacto permanente con el equipo, así que puedo estar al tanto de cada situación como la amenaza de tsunami que no hubo y también monitoreamos el sismo del Eje Cafetero”.
¿Qué ha sido lo más difícil de esta emergencia?
“Lo difícil es el alto grado de incertidumbre. La gente que está en los albergues tiene esperanza de volver por sus cosas. Cuando atendemos un desastre que es de origen natural, lo evaluamos y hacemos un plan de acción. Acá no, acá lo que hay que hacer es mantener la situación y manejar la incertidumbre de las personas”.
