Tras semanas de tensiones por la paz total del Gobierno y los beneficios para las narcobandas que se acojan a ella, el presidente Gustavo Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, sostuvieron una reunión de dos horas –en la Casa de Nariño– para analizar las objeciones a esa reforma y las líneas rojas en las que el jefe del ente investigador no está dispuesto a ceder. La principal y más delicada: su autonomía.
Según dijo el fiscal Barbosa, el gobierno Petro “no puede, a través de una Ley, suprimirle facultades al Fiscal General de la Nación”, una dura advertencia con la que el jefe de la entidad esquivó una jugada de la Presidencia que pretendía delegar las principales funciones de ese ente de control a la Unidad de Especial de Investigación.
Dicha subentidad es una dirección que hace parte de la Fiscalía, pero que no depende directamente de Barbosa y cuyo director, además, es elegido mediante una terna que presenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que el fiscal ha tenido sus reservas y discusiones jurídicas.
Aún así, Barbosa fue insistente en que el diálogo con el Jefe de Estado ha sido “razonable, tranquilo y con ánimo de escucha”, por lo que aseguró que votará a favor del proyecto de ley en el Consejo de Política Criminal, un órgano por el que el documento de 22 páginas pasa su última prueba antes de llegar al Congreso, donde deberá ser debatido.
Las 9 críticas a la Ley
Pero esa es solo una de la lista de objeciones que le presentó Barbosa a Petro. En esa reunión, que se llevó a puerta cerrada y bajo el máximo hermetismo político, el fiscal le detalló uno a uno los nueve puntos con los que el ente acusador no comulga.
Además de exigirle que respete su autonomía como fiscal y como jefe del máximo ente acusador, Barbosa también le pidió que extienda los plazos entre los escritos de acusación y la entrega de los beneficios para que los funcionarios tengan “el tiempo suficiente para analizar si lo que los sometidos están diciendo es verdad y concuerda con lo que la Fiscalía tiene en sus investigaciones”.
En cuanto a la extinción de dominio de los bienes obtenidos por medio del narcotráfico y las actividades ilegales, Barbosa dijo estar de acuerdo con que los sometidos se queden con el 6% de todo, pero advirtió que “deben haber topes de un máximo de dinero con el que se puedan quedar”.
Paso seguido, sugirió que “todos los bienes que la Fiscalía ha perseguido y que ya tiene medidas cautelares, o estén en procesos, no pueden ser incluidos como bienes para reparar víctimas”.
¿Estatus político para disidentes?
Otro punto clave de la conversación fue si las disidencias de las Farc tendrán estatus político o no. Ahí el fiscal fue claro: “el presidente tiene todas las facultades para decidir a quién le entrega ese estatus. Dependerá de él a quién les da características políticas o de sometimiento”.
Esa línea tiene sus bemoles en el Gobierno: por un lado, la Presidencia le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que asegura que la Segunda Marquetalia no puede tener estatus político porque le falló al Acuerdo de Paz, mientras que, por el otro, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que aún lo tienen.
De hecho, fuentes de la Casa de Nariño detallaron que la Presidencia está construyendo un proyecto de ley que le devolvería el estatus político a ese grupo armado bajo el argumento de un entrampamiento al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Por ahora, es espera que el Consejo de Política Criminal le de luz verde al proyecto de Ley y avance hacia el Congreso. Estando allí, como insistió Barbosa, el documento pasará por su prueba de fuego y se someterá a lupa de los legisladores
