A pesar de que la existencia del conflicto armado está contemplada en la normatividad colombiana desde 2011, cuando se aprobó la Ley de Víctimas y ha sido ratificada por la Corte Constitucional, un sector de la sociedad y, en alguna medida, el gobierno del presidente Iván Duque han abierto el debate sobre su inexistencia.
Ocurre desde la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuya membresía en la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia fue suspendida, el 3 de febrero, por no confirmar su posición con respecto al conflicto armado, lo vienen diciendo los parlamentarios del Centro Democrático en el Congreso, y en Medellín lo sostuvo, la semana pasada, Alfredo Ramos, excandidato a la Alcaldía y ahora concejal de la ciudad.
Contexto histórico
Esta corriente negacionista no es nueva. Desde su nacimiento, las guerrillas han recibido nombres de distintos, tratando de aminorar su impacto político: bandoleros, chusmas, rebeldes, cuatreros y terroristas. Incluso, en tiempos en los que el diálogo era inexistente, como en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, la prioridad era lograr el estatus de terroristas en el mundo.
La primera persona que desde el alto gobierno enfrentó el debate acerca de la existencia del conflicto armado fue el presidente Belisario Betancur, tal vez no con esa palabra que vino a tomar relevancia a mediados de los 90. Los llamó “alzados en armas” y les tendió la mano para negociar la paz.
Los esfuerzos germinaron en los mandatos de Virgilio Barco, cuando el M-19 entregó sus armas, y en el de César Gaviria, cuando el Epl, el Quintín Lame y una facción del Eln, conocida como la Corriente de Renovación Socialista, tomaron el mismo camino.
Más tarde, el presidente Andrés Pastrana, en 1998, le otorgó el estatus de beligerancia (reconocido como contraparte en el conflicto) a las Farc para negociar con ellas, y se los quitó una vez dio por terminados los diálogos del Caguán.
Pero fue a finales de la administración Pastrana y comienzos del gobierno de Álvaro Uribe que se les consideró amenaza terrorista al Eln y a las Farc. Para las organizaciones sociales que defendían la existencia del conflicto y que consideraban que la única salida posible era la negociación fue considerado un retroceso. Pero fue recibido con júbilo por una mayoría aturdida por las balas y adolorida por la empecinada actitud violenta de las Farc frente a la mano tendida del Estado.
Esta posición se vio reflejada justamente en el resultado electoral de Uribe, quien llegó a la presidencia, en primera vuelta, con casi 6 millones de votos. Lo siguió Horacio Serpa con apenas 3.5 millones.
“Tanta aceptación tenía el Gobierno en su política de seguridad que el presidente Uribe fue reelegido porque interpretó el deseo de los colombianos frente a esos grupos, que tenían en jaque al Estado”, explica el excongresista del Centro Democrático y experto en violencia, Alfredo Rangel.
Uribe logró que EE. UU. y la Unión Europea también los incluyeran en sus listados de terroristas. Era una época en la que el mundo estaba flanqueado por amenazas terroristas: en septiembre de 2001 ocurrió el ataque a las torres gemelas, extremistas islámicos se inmolaban en plazas de grandes ciudades y un tren en Madrid (capital española) en otro atentado en marzo de 2004. Las Farc y el Eln quedaron entonces al mismo nivel de Al Qaeda o de ETA.
Fue durante la presidencia de Juan Manuel Santos que se dio el giro más grande en el tratamiento de la violencia en Colombia. En el primer año de su administración (2011), el Congreso aprobó la Ley 1448, para reparar a “las víctimas del conflicto armado interno”, afectadas por paramilitares, guerrillas y Fuerza Pública.
Por primera vez la legislación reconocía la existencia de un conflicto armado (Ver claves) y además se creó el lugar para promover la investigación histórica y la difusión de sus resultados: el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Este fue el detonante en la relación de Santos y Uribe, quienes desde entonces caminan por orillas contrarias.
Ese es el escenario legislativo que existe en Colombia. Sin embargo, desde este Gobierno se tiene un planteamiento diferente sobre el conflicto en el país, lo que se evidencia con el cambio semántico al dejar de llamar así al conflicto y decirle violencia o pobreza, al posconflicto decirle estabilización, señalan los funcionarios.
Es de recordar que en la posesión del presidente Duque, Ernesto Macías, congresista del partido de Gobierno y entonces presidente del Senado manifestó: “En Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado”.
Los que dicen que no
“En Colombia no ha existido un conflicto armado, ha existido una amenaza terrorista desde hace décadas y un intento de grupos extremistas inspirados en el partido comunista de los años 60 de tomarse el poder por la vía armada, pero ese proyecto político no ha contado con el respaldo de sectores significativos de la población”, señaló Rangel.
Advirtió que para que exista conflicto es necesario que las guerrillas hubieran logrado un mayor apoyo similar al que ha tenido históricamente el Estado.
Al ser cuestionado por cuáles son las líneas académicas en las que basa su análisis, Rangel dijo que en la observación de fenómenos ocurridos en España y Latinoamérica: “En El Salvador y en la guerra civil española hubo polarización, ambos ejércitos tenían apoyo importante; pero nadie cree, por ejemplo, que con la ETA hubiera conflicto, eran terroristas y punto, aunque contaron con más apoyo del País Vasco del que nunca tuvieron las Farc”.
Darío Acevedo, director del CNMH, aseguró en una entrevista con EL COLOMBIANO, recién nombrado en ese cargo, que “hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue una defensa del Estado de una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”.
Ahora, después de mucha oposición de organizaciones de víctimas, Acevedo ha moderado su apreciación y ha reconocido públicamente la existencia del conflicto. En una reciente entrevista en Caracol Radio dijo: “¿qué es lo que quieren, que diga que hubo conflicto en el desayuno en el almuerzo y en la comida?, pues sí hubo conflicto armado”.
Los que dicen que sí
De acuerdo con el jurista Rodrigo Uprimny, hay dos abordajes que demuestran que en Colombia hay conflicto armado.
El primero es el académico: según las bases de datos de las universidades de Upsala, en Suecia, y de Michigan, en Estados Unidos, para hablar de conflicto armado la violencia debe ser intensa, ya que debe ocasionar mínimamente 100 víctimas mortales al año; además, debe tratarse de una violencia organizada, pues deben existir combates; lo que supone que el actor armado que se enfrenta al Estado debe contar con una estructura militar básica, y ser capaz de ofrecer una resistencia armada que perdure en el tiempo.
“Es indudable que existen combates armados en donde participan actores organizados que enfrentan al Estado, y que las muertes asociadas a esos combates han superado, desafortunadamente, los límites previstos por esas definiciones”, aseguró Uprimny.
El segundo abordaje es el del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y aquí es interesante la explicación del profesor Pablo Emilio Angarita, director de la especialización en esa materia de la Universidad de Antioquia.
“El DIH es el que regula los conflictos armados en el interior de los países y los internacionales, esta jurisprudencia dice que el conflicto interno se presenta cuando existen grupos armados organizados, que actúan de manera prolongada y persistente en un territorio, y que tienen enfrentamientos armados que producen muertes y eso es lo que hemos tenido en Colombia durante estos dos siglos: varias guerras”.
Por su parte, Cathalina Sánchez, directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, fue a lo fáctico: la presencia de las agencias de Naciones Unidas, como ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, y la presencia del CICR se da solo donde hay conflictos y guerras, demuestran la existencia y persistencia del conflicto.
De hecho, el CICR dice que en Colombia no solo hay un conflicto sino cinco: entre el Estado contra cuatro grupos: Eln, Epl, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc y, otro más, entre el Eln y el Epl en Catatumbo.
Desde la legislación colombiana, Sánchez agregó que “tenemos la Ley 1448 que de manera expresa reconoce el conflicto armado en Colombia, sentencias de la Corte que dicen que tiene que considerarse conflicto, y explican quiénes son las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido sentencias en las que ha expresado que en virtud de la jurisprudencia nacional existe un conflicto armado, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Yarce vs Colombia (en el que condena al Estado por hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín) cumple los requisitos para hablar del conflicto armado”.
Tanto Angarita como Uprimny coinciden en que el reconocimiento de este fenómeno no implica nada diferente a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, no es que el Gobierno esté obligado a negociar con los grupos armados, porque no se trata de ideología ni de la justificación de las causas que los llevaron a las armas, se trata de un entendimiento de la situación y un abordaje normativo que da posibilidades de solución.
Sin embargo, Rangel insiste en que reconocer la existencia del conflicto armado es darle a los grupos armados una legitimidad que no se han ganado
