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‘Si la paz fracasa, la violencia que persiste será el rumbo del país’: comisionado Rueda a la JEP
Danilo Rueda acudió este martes al organismo y, durante una audiencia de seguimiento a las medidas para proteger a firmantes del Acuerdo Final, reclamó que el Gobierno encontró “inacción, omisión, tolerancia y complicidad” de la Fuerza Pública con grupos armados y delincuenciales.
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Rueda (derecha) acompañado de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. FOTO: JEP
28 de febrero de 2023
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En el marco de una audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) –a donde fue citado para hablar de los mecanismos de protección a excombatientes–, este martes el Comisionado de Paz del gobierno Petro, Danilo Rueda, advirtió que si los diálogos y acuerdos que han entablado con grupos armados en el marco de la paz total fracasan la “multiplicidad de violencia” será el rumbo para el país.
El funcionario, quien hizo una radiografía de lo que encontraron frente a la implementación del Acuerdo de Paz y un balance de sus acciones en 6 meses de gobierno, llamó la atención por la necesidad de que se avance en los procesos de paz para evitar violencias “mucho más desdibujadas, escabrosas y terribles”.
“Para el Gobierno cualquier asesinato o amenaza contra un excombatiente es un golpe duro al proceso de construcción de paz, que tiene muchos riesgos y que tiene la posibilidad, si fracasa, de que la multiplicidad de violencia que persiste y se consolida en los territorios sea el rumbo para el país (...) Si el Acuerdo de Paz (con las exFarc) fracasa, estaremos abocados a nuevos años de violencias, mucho más desdibujadas, escabrosas y terribles. No es una afirmación apocalíptica, es solamente una visión realista de lo que está sucediendo”, manifestó ante los magistrados de la JEP.
En ese sentido, Rueda defendió que el gobierno de Gustavo Petro ha privilegiado la búsqueda de “salidas diferentes” a las tradicionalmente desarrolladas para enfrentar a las distintas violencias, como escuchar a los jóvenes y mujeres.
“El 7 de agosto nos encontramos un país de regiones, con violencias mutadas y viejas violencias irresueltas. Hay zonas de control de casi un grupo heredero del paramilitarismo, nacido de los incumplimientos que hubo en la dejación de armas en la Ley 975 (Justicia y paz)”.
Según Rueda, el Ejecutivo también encontró “inacción, omisión, tolerancia y complicidad” de estructuras regulares de la Fuerza Pública con grupos armados y delincuenciales.
“Nos encontramos con el desmantelamiento de la Unipep, la Policía de la paz. Con altísimos niveles de corrupción en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Con planes de sustitución en los que el 95 % de las familias nunca recibieron los ingresos acordados por el Acuerdo o planes de desarrollo con enfoque territorial donde menos del 10 % de los 32.000 proyectos consensuados fueron respondidos”.
El comisionado también reclamó por una “respuesta ausente e ineficaz” para garantizar la reincorporación, el desplazamiento “gota a gota” y un “desmembramiento” de unidades colectivas “donde se proyectaban cooperativas e ideas políticas de partido que había nacido”.
Frente a todo este panorama, defendió la necesidad de cumplir el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y el propósito de paz total con grupos armados y delincuenciales.
“Durante seis meses hemos realizado diálogos exploratorios con todos los grupos armados que, explícitamente, han manifestado su disposición a sentarse a dialogar. Hemos hablado con disidencias; la Segunda Marquetalia (que dice tener orígenes rebeldes); con grupos no rebeldes como las AGC, las Autodefensas de la Sierra Nevada y grupos que ejercen violencia en Quibdó, Buenaventura y Medellín”.
De acuerdo con Rueda, en todos esos acercamientos no solo se ha ratificado la necesidad de que cesen los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales –“no es tolerable ningún asesinato, tortura o desaparición”, dijo–, sino que han exigido “un respeto irrestricto” a la libertad de expresión.
A ello se suma la idea de un cese al fuego bilateral, como lo reveló el 31 de diciembre pasado el presidente Petro, que abre paso al siguiente escenario de conversación, el cual incluye un diálogo sociopolítico y un diálogo socio-jurídico con involucramiento de la sociedad civil.
“Este segundo paso ha estado lleno de diversas dificultades que pretendemos intentar resolver, respetando la autonomía de poderes. Los ceses han tenido como centro el respeto a la vida y el poder garantizar, si se inician mesas, desminados territoriales y retorno de la población excombatiente, así como civiles”, explicó.
Danilo Rueda concluyó su intervención ante la JEP alegando por “las mentalidades incrustadas” que persisten en varios sectores del establecimiento frente a “enemigos internos”. Por ello, desde el Ministerio de Defensa, declaró que se ha trabajado en cambios doctrinales y con enfoque de seguridad humana, que implican, en frentes como la lucha contra las drogas, “no castigar al sembrador de hoja de coca, sino enfrentar, a través de la interdicción y la inteligencia, a aquellos que se benefician o planifican acciones armadas”.
Para el comisionado, es clave reconocer que hay 40 años de intentos y complicidades institucionales para frustrar la paz, lo que ha “imposibilitado transformaciones en los tipos de violencia” para el fortalecimiento del Estado de derecho.
