El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Bogotá David Racero por presunto uso indebido de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para labores distintas a las funciones públicas que le corresponden.
La acción judicial fue asignada al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, que también estudia un recurso previo interpuesto por hechos similares. El alto tribunal busca acumular ambos expedientes para su análisis conjunto.
La demanda se fundamenta en la presunta destinación de un asistente del congresista a actividades relacionadas con un negocio de frutas y verduras de propiedad de Racero, ubicado en el sector de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con el escrito, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, el colaborador habría asumido tareas relacionadas con la operación del establecimiento comercial, lo cual implicaría una utilización indebida de recursos públicos.
Los funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo están vinculados con fondos del Estado y su labor debe centrarse en apoyar la gestión legislativa. Por ello, cualquier uso con fines particulares puede constituir causal de pérdida de investidura.
La demanda incluye como sustento una investigación periodística que reveló mensajes intercambiados entre Racero y su asistente, en los que se haría referencia a tareas del negocio familiar. Estos documentos fueron allegados al expediente como pruebas.
Los demandantes señalan que la acción fue presentada dentro del plazo legal, el 13 de mayo de 2025, y por tanto los hechos no estarían prescritos. Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado suspendió el cómputo de los términos procesales mientras se surte el trámite.
De forma paralela, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones por estos mismos hechos. En ellas se analiza si hubo un posible uso indebido de personal de la UTL y otras posibles irregularidades en el manejo del negocio.
Entre las evidencias figura un audio del conductor del congresista, también vinculado a su equipo legislativo, en el que se menciona el funcionamiento del establecimiento comercial.
El proceso también examina si existió contratación sin garantías laborales, lo cual podría configurar otro incumplimiento de las normas que rigen el empleo en el Congreso.
David Racero, miembro del Pacto Histórico, ha rechazado públicamente las acusaciones, argumentando que se trata de información inexacta. No obstante, corresponderá a los tribunales establecer la validez de las pruebas y si hay lugar a sanciones políticas o legales.
