Un joven de 17 años se había entregado a las autoridades para responder por su aparente participación en el crimen contra Miguel Uribe, senador y precandidato. Ahora, no hay pista del joven; al menos así lo advirtió la Procuraduría.
“La Procuraduría manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señaló el Ministerio Público.
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El adolescente se había entregado a las autoridades el pasado viernes 25 de julio. Prometió a la Fiscalía ampliar su versión en interrogatorio.
Según él, estuvo presente en una reunión previa donde se planificó el atentado contra el líder político. La medida de la Fiscalía fue entregarlo al ICBF para que iniciara el proceso de restablecimiento de sus derechos.
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“El adolescente, quien suscribió compromiso voluntario de ampliar interrogatorio, quedó bajo una medida de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF”, había dicho la Fiscalía sobre el menor.
Los centros de emergencia del ICBF, por lo general, son recintos que están bajo el acompañamiento de funcionarios de apoyo psicosocial y de trabajo social, pero que también cuentan con apoyo de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia.
Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado cerebro logístico del ataque quería, sí o sí, que el gatillero que atentara contra Miguel Uribe fuera un menor de edad.
En el expediente ya quedó consignado un interrogatorio que rindió Cristian Camilo González Ardila, motociclista capturado en este caso, en el que aseguró que el 2 de junio –cinco días antes del atentado– recibió una llamada de El Costeño.
Eran las 7:00 de la noche y alias El Costeño le hizo una videollamada a González Ardila. Le dijo que necesitaba “un man” que le hiciera “un homicidio”. El motociclista recomendó un sicario, pero “El Costeño” insistió en la necesidad de que el gatillero fuera menor de edad.
El encargado de accionar la pistola Glock 9mm, en todo caso, fue un niño de 15 años que permanece bajo medida de internamiento en el búnker de la Fiscalía y cuya familia ya entró en los beneficios de los programas de protección a testigos.
¿Qué responden las autoridades?
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se respondió que el joven de 17 años no tenía medida judicial en su contra y que se encontraba bajo una medida de restablecimiento de derechos. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, afirmó que no hay evasión, ya que no existía una orden de privación de libertad.
“No hay ningún adolescente judicializado. Hay un adolescente de 17 años que dio información voluntaria que valorará la Fiscalía y fue remitido al ICBF porque era migrante no acompañado”, publicó Cáceres en su cuenta de X.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció y aseguró que el menor “era una persona libre jurídicamente” y que “decidió retirarse del sitio del albergue que le ofrecimos. Previamente, dio voluntariamente toda la información de la que disponía a la justicia”.
En la tarde de este martes, fuentes de la Fiscalía señalaron a este diario que la Policía les notificó de la “evasión” del joven y que están tratando de contactarlo.
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